MADRIDIARIO* : El Juzgado Contencioso Administrativo nº22 de Madrid ha declarado ilegales las obras de soterramiento de la M-30, según anuncia Ecologistas en Acción. El Ayuntamiento recurrirá la sentencia y asegura que no tendrá efectos reales.
Ecologistas en Acción ha recibido la notificación del Juzgado en el que presentó un recurso contencioso administrativo por las obras de la M-30, en el que consideraba que el proyecto no contaba con evaluación de impacto ambiental y que incumplía la legislación de protección de patrimonio histórico.
La sentencia del juzgado anula la aprobación de los cinco proyectos de remodelación que dieron pie a la obra, correspondientes al soterramiento de la avenida de Portugal y de las calzadas que discurrían a lo largo del Manzanares. Este miércoles darán a conocer las repercusiones y los detalles de la sentencia, que según Ecologistas se basa en los planteamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por su parte, el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón confirmó este martes que apelará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la sentencia dictada el pasado 16 de octubre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 en la que se anula los proyectos de la parte oeste de la M-30.
Este juzgado de lo contencioso administrativo planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que fue resuelta el pasado julio. Entonces el TUE sentenció que la legislación comunitaria exige que las obras en vías urbanas, como la M-30, se sometan a una evaluación de impacto ambiental previa. No obstante, el Tribunal Europeo señaló que correspondía al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid, que fue quien consultó al Tribunal de Luxemburgo, determinar si en el caso concreto de la M-30 se vulneró la normativa de la UE.
En un comunicado emitido por el Consistorio, el equipo de Gallardón sostiene que "respeta, como ha hecho siempre, la decisión judicial, pero considera que la misma no se ajusta a la situación jurídica de los proyectos ni a la jurisprudencia que sobre esta cuestión ha sentado ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid".
Es por eso que el Ayuntamiento planteará un recurso de apelación ante el TSJM confiando en que la sentencia que finalmente dicte este órgano judicial "confirme la doctrina hasta ahora mantenida por el mismo y desestime el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción".
Consecuencias "resultas"
También matizaron que las consecuencias materiales de una posible sentencia anulatoria ya están resueltas por el Ayuntamiento con la realización del estudio ambiental acordado con la Comisión Europea. En definitiva, si la sentencia del TSJM fallara en contra del Consistorio ésta sólo tendría un alcance formal que, a juicio del equipo de Gobierno, "carecería de consecuencia alguna sobre los proyectos en su día aprobados y ya ejecutados y en servicio".
Y es que el Ayuntamiento de Madrid acordó con la Comisión Europea la realización de un estudio ambiental completo de naturaleza y contenido equivalentes a los previstos en la normativa comunitaria para el conjunto de actuaciones de remodelación de la M-30, compromiso que el Ayuntamiento de Madrid "está cumpliendo en los términos acordados". De esta manera, la Comisión no ha impuesto sanción alguna a las autoridades madrileñas en relación con la reforma de la vía, matizaron las mismas fuentes.
Desde el Gobierno municipal se recordó asimismo que, tras este acuerdo con la Comisión, el TSJM ha declarado en dos sentencias que los recursos contencioso administrativos relativos a si los proyectos en principio anulados debían o no haberse sometido a evaluación ambiental "han perdido su finalidad y utilidad, desestimando los recursos interpuestos".
Esta jurisprudencia coincide con el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, destacaron desde el Consistorio, que al resolver la cuestión prejudicial afirmó literalmente que una evaluación ambiental formal "puede sustituirse por medidas equivalentes que cumplan las exigencias mínimas" de la normativa ambiental comunitaria, como se acordó en este caso.
Por todo ello, el Gobierno municipal calificó de "sorprendente" que el juzgado 22 haya resuelto "en términos totalmente distintos a lo fallado anteriormente por tres juzgados de Madrid" y, en particular, que "no siga la jurisprudencia establecida por el Tribunal Superior de Justicia en esta materia".
Ecologistas en Acción rechazó hacer valoración alguna sobre la sentencia del Juzgado número 22 aunque adelantó que con ella se da la razón a la entidad ecologistas.
* Madridiario - 28-10-2008 - MDO / E.P.
Foto: Madrid, obras M30 - madridiario.es
Un juzgado declara ilegales las obras de la M-30
Detienen a los alcaldes de Zarra y Bigastro por delitos urbanísticos
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LEVANTE/Valencia* : La Guardia Civil ha detenido esta mañana al alcalde de Zarra, Juan José Rubio, de la agrupación independiente AEPZ, y al primer edil de la localidad alicantina de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya.
La Guardia Civil ha detenido esta mañana al alcalde de Zarra, Juan José Rubio, de la agrupación independiente AEPZ, según han informado a EFE fuentes del instituto armado.
Agentes de la Guardia Civil han realizado una actuación en el Ayuntamiento de la localidad y han detenido al primer edil municipal, según las mismas fuentes, que no han precisado más detalles sobre la detención.
La detención del alcalde de la localidad valenciana de Zarra, Juan José Rubio, perteneciente a una agrupación independiente, y la de su hijo, detenido en la misma actuación de la Guardia Civil, se debe a presuntos delitos urbanísticos, según informaron a Europa Press fuentes de la Benemérita. En enero de 2006, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana presentó una denuncia en el Juzgado Decano de Requena contra Juan José Rubio y tres concejales socialistas de Zarra por varios delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude y estafa.
A raíz de estas actuaciones, Rubio fue expulsado del PSPV-PSOE, según fuentes socialistas, y formó una agrupación electoral independiente (AEZP), con la que ganó 4 de los siete concejales de Zarra en las elecciones municipales de 2007.
Con la actuación judicial, el fiscal del TSJCV ratificaba la denuncia presentada en diciembre de 2005 por la concejal del PP de Zarra, Rebeca Gozálvez, contra el alcalde tras detectar una serie de irregularidades en las actividades de compraventa de inmuebles llevadas a cabo por la Sociedad Municipal de Servicios Zarra SL y por la Mercantil Telyzan SL.
El Ministerio Fiscal determinó la existencia de indicios de comisión de delito penal en los hechos investigados y extendió su denuncia, además de al alcalde, a otras siete personas por su presunta implicación en los hechos.
Entre ellos figuraban el hijo de Rubio y administrador único de Telyzan, la secretaria accidental del Ayuntamiento, el arquitecto municipal, un miembro del Consejo de Administración de la empresa de servicios y a tres concejales del Consistorio, dos de los cuales eran, a su vez, miembros del Consejo de Administración de la citada sociedad municipal.
El escrito de denuncia remitido al Juzgado de Requena recogía los hechos documentados por Gozálvez y determinaba que existían indicios racionales de que la adquisición de varios solares por parte de Telyzan fue una "operación urdida para perjudicar al Ayuntamiento de Zarra (al desprenderse de unos bienes cuyo valor económico era muy superior al precio recibido) y beneficiar directamente al hijo del alcalde".
TAMBIÉN EN BIGASTRO
El alcalde de la localidad alicantina de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, ha sido detenido hoy por la Guardia Civil, según han afirmado a EFE fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del propio PSPV-PSOE.
Hasta el momento no ha trascendido el motivo de su detención y, según han añadido las citadas fuentes, la investigación que rodea a este arresto "continua abierta".
Moya es alcalde desde hace 25 años de esta localidad, cuya población no supera los 7.000 habitantes. El secretario-interventor municipal del Ayuntamiento de Bigastro y un empresario han sido detenidos en la misma operación que el alcalde de la población, el socialista José Joaquín Moya, a partir de una investigación por un presunto delito urbanístico. Fuentes cercanas al caso no han concretado a Efe cuáles son los supuestos delitos que se les atribuyen ni las supuestas irregularidades que se investigan en una causa que lleva el juzgado número 3 de Orihuela. Por su parte, la primera teniente de alcalde de Bigastro, Inmaculada Martínez, ha informado a los periodistas de que a las 11.15 horas se personaron en el Ayuntamiento agentes de la Guardia Civil y que trasladaron al alcalde hasta dependencias del instituto armado en Jacarilla (Alicante) para prestar declaración. Tras asegurar que no se ha efectuado ningún registro en el edificio consistorial, ha reiterado que desconoce el motivo de esta actuación policial e, incluso, que Moya haya sido trasladado en calidad de detenido. Además del alcalde, ha relatado que también ha sido igualmente trasladado por la Guardia Civil el secretario-interventor municipal, Antonio Saseta. Martínez ha querido expresar a los vecinos de esta pequeña localidad del sur de Alicante un mensaje de "calma y tranquilidad", a la espera de conocer la situación del alcalde.
* Levante-EMV - Agencias - 28.10.2008
Foto: Bigastro (Alicante) - ebigastro.com
Empieza el segundo juicio del 'caso Andratx'
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TERRA/Mallorca* : La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma acoge a partir de hoy la vista oral del segundo juicio del llamado 'caso Andratx', sobre la construcción de un restaurante en un terreno protegido, por parte de Juan Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde de la localidad Eugenio Hidalgo.
En dicho juicio, correspondiente a la pieza separada número 32 del llamado 'caso Andratx', el Ministerio Fiscal acusa al ex alcalde de la localidad Eugenio Hidalgo, a su hermano Juan Carlos Hidalgo y al ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, de los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación urbanística, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
El Ministerio Público acusa además al hermano del ex edil, Juan Carlos Hidalgo, de un delito contra la ordenación del territorio.
Juan Carlos Hidalgo construyó un restaurante ampliando una antigua vivienda de 1950, ubicada en una parcela calificada como suelo rústico protegido en un Área Natural de Especial Interés (ANEI).
Según la Fiscalía Anticorrupción, dada dicha protección, era 'imposible autorizar' la construcción de la ampliación del inmueble para hacer posible su cambio de uso de vivienda a restaurante.
También se le acusa de transformar en aparcamiento una zona húmeda de unos 600 metros cuadrados, que se encontraba en una parcela colindante y con idéntico nivel de protección.
Según la Fiscalía, Juan Carlos Hidalgo sabía que se trataba de terrenos protegidos cuando los adquirió, pero él y su hermano, el alcalde Eugenio Hidalgo, convencieron al que era jefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, 'para que realizase cuantos actos administrativos fueron necesarios o convenientes aunque fuesen ilegales' para poder realizar 'las obras ilegales que proyectaba'.
La falsificación de la calificación del suelo, de rústico a zona general turístico residencial, fue llevada a cabo por Massot, mediante documentos oficiales redactados en enero y febrero de 2001, y enero de 2002, que dieron lugar a posteriores licencias de construcción también irregulares.
Por todos estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de acusación ocho años de prisión para Jaume Massot, seis y medio para Juan Carlos Hidalgo y ocho para Eugenio Hidalgo; además de la demolición de lo construido.
El Ministerio Público pide también que, con la apertura de juicio oral, se requiera a los acusados que presenten una fianza para asegurar el pago de sus responsabilidades, que sería de 97.000 euros para Jaume Massot, 188.000 para Juan Carlos Hidalgo, y 97.000 para Eugenio Hidalgo.
El Ayuntamiento de Andratx está personado como acusación particular en este proceso.
En la primera pieza del caso Andratx, referida a la construcción de un chalet ilegal en una caseta de aperos en un terreno propiedad del ex alcalde Eugenio Hidalgo considerado área protegida, y cuya vista se celebró entre el 5 y el 8 de mayo pasados, la misma sección de la Audiencia Provincial ya condenó al ex edil a cuatro años de cárcel.
La sentencia también condenó a tres años y seis meses al ex director general de Ordenación del Territorio del Govern balear Jaume Massot, a un año al ex asesor legal del Ayuntamiento Ignacio Mir, y a cuatro meses el ex celador municipal Jaume Gibert.
* Terra Actualidad - EFE - 28.10.2008
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
El fiscal mantiene la acusación contra el ex alcalde de Benalmádena al entender que dio una licencia "ilegal"
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METRO* : La Fiscalía de Málaga mantuvo hoy la acusación contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Benalmádena Enrique Bolín por un delito contra la ordenación del territorio, al considerar que concedió una licencia en la zona de La Leala "a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística".
La fiscal sostuvo la petición de ocho años de inhabilitación y multa de 16.200 euros, según la defensa de Bolín, que pidió la libre absolución del ex regidor, quien aseguró al final de la vista que actuó "correctamente" y no ha cometido "ningún delito". El juicio quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 7 de la capital.
Para la representante de la acusación pública, "se construyó en suelo no permitido" y se cambiaron los usos "para una mayor densidad" en una operación en la que "se tenía que haber seguido un orden riguroso", según dijo, y en la que Bolín "omitió los trámites necesarios a sabiendas de que no podía ser modificado el planteamiento general".
Asimismo, dijo que el acusado "aprobó los decretos con informes contrarios de los técnicos" y precisó que "es posterior a la concesión de la licencia cuando se hizo la modificación de elementos necesaria", por lo que aseguró que "no se puede presumir buena fe" en el acusado.
Por su parte, la defensa aseguró que el suelo era urbanizable y que la licencia "no es ni injusta, porque el acto administrativo está legalizado, ni arbitraria ni se dio a sabiendas de su injusticia", al tiempo que insistió en que el Ayuntamiento era competente para modificar los parámetros urbanísticos.
El letrado explicó que había un desfase en superficie de la parcela de unos particulares y se le iba a dar un uso diferente para las vías del tren, por lo que se firmó un convenio "con el que se pretendía compensar esos usos". Además, señaló que la operación fue "amparada por el pleno y los informes técnicos" y dijo que en todo caso pudo haber "un desfase procedimental administrativo", pero no un delito.
Bolín, en su derecho a la última palabra, explicó que "había la necesidad imperiosa de obtener unos terrenos para el ferrocarril y por eso se firmó el convenio y se llevó a pleno y al equipo redactor para que se modificaran los elementos, "pero no se hacía", indicó el regidor, quien apuntó que "no podía evitar dar la licencia porque era un beneficio muy grande para el pueblo".
Negó que la operación supusiera un aumento de la edificabilidad y recordó que la licencia no fue impugnada inicialmente por la Junta de Andalucía, sino que se denunció por el PSOE dos años después, cuando ya está la obra. Además, indicó que cuando se recibió la orden de suspensión del acto administrativo "paralicé las obras", por lo que consideró que actuó "correctamente y no he cometido ningún delito".
* Diario Metro - Europa Press - 27.10.2008
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)
La dimensión de la burbuja: 4 millones de pisos, 4 años, 877.000 millones de euros
COTIZALIA* : Construir casi cuatro millones de viviendas nuevas entre 2003 y 2007 ha costado 562.000 millones de euros, pero los españoles han pagado por ellas 877.000 millones de euros, 315.000 millones de euros más. ¿Dónde ha ido a parar la diferencia?, se pregunta Ricardo Vergés, arquitecto y economista en un reciente estudio publicado por El Observatorio Inmobiliario y de la Construcción titulado El ladrillo no es desarrollo.
Vergés sostiene que buena parte del dinero que han adquirido entidades españolas a los demás bancos en el interbancario de Fránkfurt (algo que, según él, “no debería haber sucedido”) ha servido para financiar el boom inmobiliario español. Concretamente, entre 2003 y 2007, lo que él denomina “el último auge de la era inmobiliaria” dicha liquidez ha pasado de 78.000 a 428.000 millones de euros, según el FMI.
Esta cifra, según sus cálculos, representa aproximadamente un 75% de los costes de producción residencial incluyendo honorarios, salarios, e impuestos directos de la actividad inmobiliaria entre 2003 y 2007, según las Cuentas Nacionales. Dichos costes ascienden a 562.000 millones. Sin embargo, son muchos más (877.000) los millones de euros que los compradores de los 3,94 millones de viviendas nuevas promovidas durante dicho periodo han debido pagar por ellas (en promedio 223.000 euros por unidad). “No se tienen noticias de dónde ha ido a parar la diferencia de 315.000 millones en excedentes de explotación o beneficios netos (eso sí, impuestos deducidos)”, cuestiona.
“Lo primero para Europa ha sido cerrar la ventana abierta en 2003, por la que se colaba la corriente interbancaria de 350.000 millones que han financiado buena parte de las obras de más de cuatro millones de viviendas. Cosa hecha a finales de 2006 al descubrir la magnitud de los hechos. Acto seguido caen inmobiliarias, constructoras y entidades que contaban con la perennidad del fabuloso negocio que, según Cuentas Nacionales, les traían otros tantos beneficios. Caen también los visados mientras se acumulan los invendidos. Todo ello desinfla la actividad, el consumo, la confianza y la abundancia de dinero, antes mismo de empezar a hablar de subprimes”, explica Vergés.
El esfuerzo inversor en nueva vivienda en España es 4,5 veces más intenso que en EEUU
Es precisamente al comparar la evolución del mercado inmobiliario de EEUU con el de España cuando se pone de manifiesto la dimensión de la burbuja propia. “Los EEUU nunca llegaron a construir más de 9 viviendas por mil habitantes y siempre las vendieron a precios equivalentes, como mucho a 3,5 rentas familiares medias”, afirma. En España, se han llegado a alcanzar las 22 nuevas viviendas por mil habitantes, vendidas a precios que todavía superan las 6,5 rentas familiares medias. “O sea que en los últimos años, el esfuerzo inversor en nueva vivienda en España ha llegado a ser cuatro veces y media más intenso que en EEUU”.
El presente estudio depara más sorpresas, como el hecho de que en los mismos cinco últimos años se han contratado 8,4 millones de hipotecas, de las cuales menos de seis millones son hipotecas de origen y el resto refinanciaciones sin incremento de capital. “El modelo QDAM de endeudamiento estima que la deuda por cuotas (principal más intereses) de 1,56 billones que los hipotecados de 2003 a 2007 tenían que devolver sobre el papel, asciende ya a 1,86 billones a causa de la refinanciación solicitada entretanto. En efecto, ésta se ha disparado en los dos últimos años, posponiendo el principal y alargando el calendario de amortización y por tanto los intereses, de modo que el importe pendiente no cesa de aumentar”, estima. Dicho de otro modo, y utilizando su propia terminología: vamos a tener esclavitud por deuda (debt slavery) para rato.
“El bosque de la crisis mundial nos oculta los árboles de nuestra propia crisis. Ciertamente, cuando Wall Street se resfría, los demás mercados estornudan. El problema es que España no tiene un resfriado, sino una pulmonía crónica y que el pronóstico no es halagüeño: cada vez se nos hace más difícil respirar”, concluye.
* Cotizalia - Fátima Martín - 27/10/2008
Foto: Burbuja inmobiliaria - cotizalia.com
