El pasado domingo 15 de febrero tuvo lugar en Compostela una manifestación denunciando la destrucción del territorio, de la biodiversidad, de los recursos naturales, y del patrimonio cultural de Galiza; denunciando la actitud continuísta neoliberal del gobierno galego (PSOE y BNG) respecto a las políticas anteriores del PP; y apostando por proyectos basado en la sostenibilidad ecológica y la justicia social.
¿Qué es Galiza Non Se Vende? Difundimos un breve acercamiento a esta plataforma y la cobertura de su última manifestación.
La plataforma Galiza Non Se Vende se presentó públicamente en noviembre del 2007. 57 colectivos componen dicha plataforma que denuncia la destrucción del territorio y exige un cambio inmediato que "ponga la sostenibilidad ecológica y la justicia social en el centro de las políticas" con el objetivo de construir "una Tierra viva y una vida digna para todos"
Los colectivos parte son organizaciones y asociaciones políticas, sociales, ecologistas, culturales y vecinales. De la red no formarán parte fuerzas políticas y sindicales. La red será horizontal y con una estructura mínima, y el protagonismo será de los colectivos integrantes.
Las mobilizaciones convocadas por la plataforma surgen como una reacción y denuncia contra la destrucción del territorio, del paisaje, de la biodiversidad, de los recursos naturales, y del patrimonio cultural. Contra el empeoramiento de la calidad de vida y la hipoteca que se impone a las generaciones futuras para enriquecer a una minoría. Contra la extensión de un modelo económico insolidario y depredador al servicio de los intereses capitalistas y especulativos. Contra el neoliberalismo y por un desarrollo sostenible.
Galiza No Se Vende sitúa entre los principales problemas de Galiza el plan acuícola elaborado por la Xunta que implica la devastación de espacios protegidos poniéndolos en manos de multinacionales del pescado, la Ley de Minería, la Ley de Puertos Deportivos, el urbanismo salvaje, la destrucción del litoral y de las rías, la instalación de industrias peligrosas y contaminantes como Reganosa y Ence, la eucaliptización de los montes galegos, la falta de un proyecto de desarrollo agrario, así como la destrucción del entorno provocada por los parque eólicos y la contaminación generada por las centrales térmicas.
Los objetivos de la plataforma son:
- Intercambiar información y experiencias entre personas y colectivos en defensa del patrimonio natural, social y cultural de Galiza y de sus valores ambientales proponiendo alternativas de conservación y restauración que mantengan su integridad. La red Galiza Non Se Vende actuará de multiplicadora de los esfuerzos destinados a generar alternativas y cambios en el modelo de gestión del territorio.
- Apoyar las mobilizaciones sociales en defensa de los valores del territorio y actos de protesta por la represión e injusticia (denuncias, juicios) contra personas y colectivos que pacificamente están ejerciendo el derecho libre a defenderlo y de su legalidad, difundiendo alertas y convocatorias de mobilización.
- Difundir las noticias de los colectivos, logrando que trasciendan del ámbito local, convirtiendo la red Galiza Non Se Vende en una herramienta de amplificación de la problemática del territorio galego y permitiendo adoptar una visión de conjunto de las agresiones a nuestro patrimonio natural.
- Aumentar la sensibilización social mediante la divulgación y concienciación de la ciudadanía ofreciendo un canal de denuncia y participación activa.
- Generar sinergias que permitan mejorar la capacidad de presión sobre gobiernos y empresas sumando las fuerzas de los colectivos integrantes.
- Alcanzar un gestión más sostenible y solidaria de los recursos naturales de Galiza y una ordenación del territorio racional y socialmente justa.
Más información: Galiza Non Se Vende: Manifesto por un Litoral Vivo
2ª Manifestación nacional: "Goberne quen goberne, Galiza non se vende"
El pasado domingo 15 de febrero, Galiza Non Se Vende convocó su segunda manifestación nacional, el lema "Goberne quen goberne, Galiza non se vende". Miles de personas -la cifras rondan las 6.000 personas- se acercaron a Compostela para manifestarse.
La manifestación partió de la Alameda al mediodía, recorrió las principales calles del casco histórico de Compostela y concluyó en la Praça da Quintá, donde se leyó el manifiesto consensuado por la totalidad de las organizaciones convocantes de la mobilización
Un manifiesto que denuncia la actitud continuísta neoliberal del gobierno galego (PSOE y BNG) respecto a las políticas anteriores del PP, "cayendo en manos del capitalismo más depredador"
Un manifiesto que incide en las nefastas políticas ambientales que devastan los recursos naturales de Galiza y alimentan un orden social injusto e insostenible.
Texto íntegro del comunicado[Traducción]
Compañeros y compañeras:
Volvemos hoy aquí, un año después de la última cita, porque sobran los motivos.
Las personas que gritamos GALIZA NON SE VENDE expresamos nuestra más enérgica protesta ante el panorama que deja este gobierno disfrazado de progresista con sus políticas ambientales y sociales que están destruyendo los recursos naturales de Galiza, su biodiversidad y su patrimonio humano y cultural. Políticas ambientales y sociales que significan la continuación de las de gobiernos anteriores en el triste camino de entregar el país a las grandes empresas multinacionales y a los grandes intereses económicos, utilizando el gasto público para alimentar este obsoleto e injusto modelo económico y social.
Políticas que, ciegas y sordas ante las profundas crisis económica, energética y ambiental que vivimos, pretenden seguir, como si nada pasara, en la senda imposible del “crecimiento económico continuo e ilimitado”. En la trastornada senda de destruír más, para producir más, para consumir más.
La lista de los objetivos y puntos de denuncia es, por desgracia, larga y variada. Se centran en el corazón dañado de nuestra realidad natural y social: Denunciamos el proceso de marbellización de nuestro litoral. Especulación y paseos de hormigón. Niveles de contaminación de nuestras rías que las hacen incompatibles con la pesca y el marisqueo. Un Plano de Puertos Deportivos que pretende multiplicar por cuatro los que ya existen, enmascarando urbanizaciones y apropiación privada del litoral, buscando tan sólo un buen negocio a cuenta de nuestra costa.
Denunciamos un Plano Acuícola devastador de las zonas mejor conservadas del litoral para provecho de las empresas transnacionales. Un plano acuícola que ameaza Corrubedo, Quilmas, Corcubión, Merexo, Camelle, Arou, Seráns, Oia, Lira, Camariñas, Muros, Malpica, Valdoviño, Ribadeo… y hasta 12 lugares más.
Denunciamos un Plano Eólico caótico que no tiene en cuenta áreas de alto valor ecológico, arqueológico, ni las zonas protegidas, que agasalla con nuestros montes a las compañias privadas de electricidad: Serra da Groba, Serra do Xistral, Serra de Careón, Serra do Suído, Os Ancares y tantos otros lugares.
Denunciamos un Plan de Minería, que es un triste modelo de expoliación del territorio, zonas de gran riqueza natural: A Serra do Courel, a Terra Cha y muchas otras comarcas de Galiza.
Todos estos planes y deshechos se camuflan bajo la mentirosa cantinela de una supuesta creación de puestos de trabajo. Una cuenta que sólo cuantifica los puestos que se crean y nunca tiene en cuenta los que se destruyen, tanto en la pesca como en el marisqueo, como en la agricultura, en la pequeña industria, en el comercio tradicional y en el turismo rural y cultural. Defendemos la pesca artesanal, totalmente desamparada en el camino programado hacia su extinción.
Denunciamos la continuidad del modelo de concentraciones parcelarias destructoras de áreas de valor ambiental, agrícola y paisajístico, que ahondan en un modelo de agricultura industrial e insostenible.
Exigimos medidas que eviten el progresivo abandono del rural y del agro, que nos hace ser dependientes, teniendo que importar los productos más básicos y, por la contra, fomenta la introdución de los peligrosos transgénicos y de los cultivos energéticos.
Nuestros ríos están completamente contaminados y la degradación y sobre-explotación hidroeléctrica está matando su biodiversidad. Los vertidos a los ríos Umia, Tambre, Sar, Gallo, Alvedosa, Lagares, Lengüelle o el desastre do Xallas, son sólo algunos ejemplos.
Nuestros montes están sufriendo un proceso de eucaliptización total, acabando con la biodiversidad autóctona, para beneficio exclusivo de las celulosas. Un proceso estrechamente ligado a los incendios forestales que genera mayor vulnerabilidad ante temporales como los que acabamos de padecer.
Industrias nocivas y peligrosas se esparcen por todo el país, como Reganosa, Ence, o el proyecto de Parque de Residuos en el Ribeiro… Denunciamos los lagos artificiales d´As Pontes y Meirama por el peligroso impacto ambiental y social y denunciamos el posible traslado de Ence a la localidad d´As Pontes.
Sufrimos un sistema de transportes que fomenta el uso del vehículo privado, significa la continua construción de carísimas autovías y supone un fuerte e irreversible impacto en el territorio. Un sistema que nunca resuelve definitivamente el problema de la saturación del tráfico sino que lo acrecenta. El Plan de Carreteras de Galiza o el de Vigo Íntegra son buenos ejemplos de malgasto del dinero público en la perpetuación de un sistema obsoleto e ineficaz, que lleva aparejado el abandono del transporte público, terrestre, marítimo y ferroviario.
El golpe de gracia a nuestra pobre red de ferrocarril viene ahora de la mano del AVE, que va a significar el cierre de docenas de estaciones y el desmantelamiento del precario sistema de trenes de proximidad, en aras de un negocio destructor del territorio, elitista y energéticamente insostenible. La legalidad urbanística, ambiental y de patrimonio son sistemática e impunemente vulneradas con la complicidade de las distintas administraciones, cuando no por su propia actuación e iniciativa. Los cascos viejos de las villas y ciudades, nuestro patrimonio histórico, arqueológico y natural son presa de la destrución más feroz, incluso los espacios que supuestamente están protegidos.
Proliferación de parques industriales desproporcionados y sin planificación; directrices de ordenación del territorio simplistas y de óptica meramente urbana; proyectos de áreas metropolitanas impactantes y centralizadoras, como las de Coruña-Ferrol o Vigo-Pontevedra; urbanismo masificador y salvage, campos de golf, depuradoras inoperantes, tratamiento de residuos ineficaz basado en la incineración contaminante y tantas cosas más…
Las personas que gritamos GALIZA NON SE VENDE expresamos nuestras ganas de vivir y de recuperar y potenciar los espacios y conocimientos que nos sirvieron durante siglos, para que nosotros y las personas que vengan después tengamos un futuro garantizado.
“Nosotros sabemos que la Tierra no nos pertence, sino que somos nosotros los que le pertencemos a la Tierra“. (1)
Por eso no la podemos vender.
Pertenecemos a una tierra antigua, montuosa y delicada, humanizada de hecho sostenible a lo largo de siglos. Una tierra donde casi cada lugar tuvo y tiene utilidad material y significado vital y que lleva asociado, por tanto, un importante patrimonio cultural, histórico, arqueológico y etnográfico. Es un importante patrimonio inmaterial que está inserto en la conciencia colectiva del País.
“Nosotros sabemos que el ser humano no creó el tejido de la vida, sino que es tan sólo un hilo de él. Y aquello que hagamos a ese tejido lo haremos también a nosotros“.(1)
Las personas que gritamos GALIZA NON SE VENDE tenemos muy claro que no vamos a quedar indiferentes ante falsos discursos de ciudadanías y democracias cuando se nos criminaliza por ser ciudadanos y ciudadanas y expresar lo que pensamos. No nos vamos a quedar indiferentes ante discursos que vacían de contenido las palabras, e ocultan detrás actuaciones llenas de parcialidad.
“Cómo se puede comprar el azul del cielo o el calor de la tierra? Quién puede vender el viento, las ondas del mar o la luz del amanecer? El ser humano no puede poseer la tierra, como tampoco puede ser amo del cielo, del frescor del aire o del brillo del agua. Nosotros somos una parte de la Tierra, y ella es una parte de nosotros”.(1)
Por eso estamos aquí, para mostrar que aún mantemos intacta nuestra dignidad de pueblo que no quiere morir. Para defender el paisaje, la naturaleza, la Tierra, nuestra identidad y nuestra forma de vida. Para reclamar nuestro derecho a una tierra viva y a una vida digna.
Para gritar una vez más, con voz unánime, fuerte y clara:
GOBERNE QUEN GOBERNE, GALIZA NON SE VENDE
Compostela, 15 de febreiro de 2009
(1) “Nosaltres som una part de la terra” Mensaje del Gran Jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos de América en el año 1855. J.J. Olañeta, editor. Palma de Mallorca 2002.
Fuente: Galiza Non Se Vende
* Nodo 50 - Martes 17 de febrero de 2009
Foto: Galiza Non Se Vende
"Goberne quen goberne, Galiza non se vende"
Un conseller de Camps lleva 10 años adjudicando obras a la empresa de unos íntimos amigos
SER/Valencia* : Serafín Castellano ha adjudicado numerosas obras a la empresa de unos amigos personales, Construcciones Taroncher y Asociados SL. Con esos amigos comparte además intereses comunes, ya que su esposa y la administradora de Construcciones Taroncher y Asociados SL compraron unos terrenos en abril del año pasado. En la firma ante notario para formalizar la hipoteca de las tierras estuvo presente el propio Conseller, casado en gananciales con su esposa.
Durante 2008, la empresa de los amigos personales de Serafín Castellano, Conseller de Gobernación de la Comunidad Valenciana, Mari Ángeles García y José Miguel Pérez Taroncher, administradora y apoderado de Construcciones Taroncher y Asociados SL respectivamente, se ha encargado de distintas obras de la Generalitat.
En concreto ha llevado a cabo, por ejemplo, las obras de la sala de mando del Centro de Emergencias de la Comunidad Valenciana, la reparación del tejado del mismo centro, la instalación del sistema de detección de incendios y gran parte de la reforma del alumbrado. En todos los casos a través de contratos menores que evitan el concurso con otras compañías y que la adjudicación tenga que hacerse pública a través de los boletines oficiales. Según la documentación en poder de la Cadena Ser, la firma autorizando las obras es del propio Conseller de Gobernación.
Desde que Construcciones Taroncher y Asociados se crea, en septiembre de 1996, ha contratado con distintas administraciones de la Comunidad Valenciana, pero fundamentalmente con la Generalitat a partir de que Serafín Castellano se convierte en Conseller de Sanidad, en el año 2000.
Un año después, la constructora se hace con la adjudicación de las obras en el laboratorio de hormonas del Hospital Universitario La Fe de Valencia por 63. 523 euros. En el mismo año, la Consejería de Sanidad que dirige Serafín Castellano le adjudica la ampliación del centro de salud de Riba-Roja de Túria por 227.970 euros. Construcciones Taroncher y Asociados también se encargaría de las obras de rehabilitación de suelos y puertas en los quirófanos del hospital maternal y del hospital infantil del Hospital Universitario La Fe, por los que recibiría casi 100.000 euros.
Y a partir de ahí, cuando Serafín Castellano deja de ser Conseller de Sanidad para asumir la portavocía del Partido Popular en las Cortes, la Consellería de Sanidad seguirá usando los servicios de la constructora. Le adjudica otras reformas que se acometen en el Hospital Universitario La Fe y en otros centros, como las obras de acondicionamiento del Centro de Salud de Manises. En total, más de 800.000 euros.
Serafín Castellano ha reconocido en que es íntimo amigo de los dueños de esta empresa constructora. Admite también que firmaron juntos la compra de unos terrenos, pero no ve inconveniente alguno en que sean contratistas del departamento que el dirige. Ni siquiera en las obras encargadas sin concurso, las obras a dedo que él mismo autoriza con su firma.
Compra de terrenos
La esposa de Serafín Castellano, Nuria Fundamento Rioja, y Mari Ángeles García, propietaria de Construcciones Taroncher y Asociados desde que la funda en 1996, compran juntas en abril de 2008 unos terrenos de 27.000 metros cuadrados en Lliria, en Valencia. Para ello suscriben una hipoteca con el Banco Popular de la que son responsables solidarias. A la formalización del préstamo acuden el propio Conseller de Gobernación, su esposa, Nuria Fundamento Rioja y el matrimonio de Mari Ángeles García y José Miguel Pérez Taroncher.
Serafín Castellano, un zaplanista reconvertido
Serafín Castellano fue zaplanista hasta que se distanció del ex presidente de la Generalitat, como tantos otros, para acercar su postura a la de Francisco Camps, actual presidente autonómico. Castellano ha ocupado distintas consellerías del gobierno valenciano con los populares en el poder. En el año 1999 fue Conseller de Justicia y Administraciones Públicas hasta el año 2000, cuando pasa a ocupar la Consellería de Sanidad hasta el 2003. A partir de este año es el portavoz del Partido Popular en las Cortes y en el 2007 ocupa el cargo de Conseller de Gobernación, que ocupa en la actualidad.
Serafín Castellano es amigo personal de José Miguel Pérez Taroncher, con el que comparte cacerías y partidos de pelota.
* SER - 16.02.09
Garzón investiga una comisión de tres millones por un pelotazo inmobiliario
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ELPAÍS/Madrid* : Correa exigió cobrar una deuda de dos millones al Gobierno de Esperanza Aguirre. La promoción Boadilla Park, aprobada en 2006, es uno de los más lucrativos casos de supuesta corrupción que tiene bajo su lupa el juez Baltasar Garzón en relación con la trama vinculada al PP que dirigía Francisco Correa.
Los datos que obran en el sumario tienen el siguiente perfil acusatorio: UFC, constructora de José Luis Ulibarri, amigo de Correa, partió como claro caballo ganador en un concurso de suelo en Boadilla del Monte, un municipio madrileño donde el PP gobierna con amplia mayoría absoluta. Al concurso también se presentaron Nozar y Tecomsa, entre otras empresas constructoras.
Según fuentes conocedoras del sumario, la explicación que tiene Garzón en la denuncia que investiga sobre el desenlace del concurso es tan simple como explosiva: "Se adjudicó a UFC porque esta empresa pagó tres millones de euros [en comisiones ilegales]" a los responsables de adjudicar el concurso y a los que intermediaron en favor de Ulibarri. El concurso se adjudicó el 28 de octubre de 2006.
Según los testimonios obrantes en el sumario, dicha suma se la pagó el constructor José Luis Ulibarri, dueño de UFC, a Correa en su despacho profesional de Valladolid. La entrega fue en metálico. La denuncia señala que el chófer de Correa lo llevó en ese viaje. El chófer fue detenido ayer por la policía, que realizó registros relacionados con la operación, informa Efe. Además, hay testimonios que apuntan que tal suma fue posteriormente repartida con Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, del Partido Popular. González Panero lo niega tajantemente.
Reparto de dinero
En el sumario se han incorporado grabaciones donde se habla de una promoción en Boadilla, sin concretar cuál, donde Correa asegura que cobró el dinero por sus gestiones y luego lo repartió. Correa solía usar un discreto sistema para entregar sus sobornos o reparto de comisiones en metálico: lo hacía en el interior de cajas de zapatos que entregaba a cargos madrileños del PP.
Existe una singularidad en la oferta ganadora que UFC presentó al concurso del Ayuntamiento de Boadilla por 35 millones de euros: era tres millones más barata que la que perdió la adjudicación. Casualmente, la cifra ahorrada por Ulibarri para hacerse con la jugosa promoción inmobiliaria es idéntica a la suma presuntamente pagada en comisiones ilegales y sobornos a la trama de Correa y a los miembros del Ayuntamiento de Boadilla implicados.
UFC, a cambio de quedarse con el suelo, ofreció culminar el proyecto de construcción de 139 viviendas libres "de alto standing" en un tiempo récord doce meses, plazo que, según fuentes municipales de Boadilla del Monte, incumplió. Fue justamente el plazo de ejecución lo que inclinó la balanza a su favor en el fallo final del concurso. Un concejal independiente de Boadilla, Ángel Galindo, denunció en 2005 la irregularidad de esta operación inmobiliaria sobre suelo público.
Existe la sospecha, no verificada, y que consta en el sumario, de que hubo dos pagos por esta operación de 500.000 euros cada uno a una firma de Jacobo Gordon, amigo y ex socio del yerno de Aznar, Alejandro Agag.
En el negocio, según la denuncia que investiga Garzón, también estaba Alfonso Bosch, un alto cargo de Boadilla que hoy es diputado autonómico del PP. Sobre este presunto negocio bajo cuerda entre González Panero y Correa existe un precedente que facilitó su logro. Garzón posee testimonios sobre la existencia de un vídeo en el que González Panero cuenta dinero de una presunta comisión anterior rodeado de diversos cargos de su partido.
La grabación tuvo lugar, según los testimonios obrantes en el sumario, en el salón de la finca de Correa. Ese vídeo le sirvió a Correa, según se jactaba de contar a sus interlocutores íntimos, para presionar a González Panero y lograr sucesivos tratos de favor en el Ayuntamiento de Boadilla. González Panero jura ignorar la existencia de dicho vídeo y, por supuesto, niega dicha reunión.
El vídeo presuntamente comprometedor para el regidor de Boadilla también fue visionado por un alto cargo del Gobierno de Castilla y León. Es el vídeo por el que se jacta Correa de tener asegurado negocio en Boadilla por cuatro años. "Tuve que hacerle el vídeo para defender lo mío", se justifica Correa.
"Una empresa grande"
Correa no anda lejos de otro negocio que cobra inusitada turbidez: "Ibámos a adjudicar una cosa grande, una residencia de tercera edad en Boadilla; yo ganaba un pastón, la empresa era de un antiguo amigo mío de Córdoba". Lo decía Correa, sin cargo alguno en el Ayuntamiento de Boadilla, pero que figura como maestro que dirige no pocas operaciones municipales.
El chantaje parece haber sido un habitual método para conseguir contratos. Así, en relación con los contratos obtenidos a través de su trama de empresas, de modo directo o camufladas tras empresas blancas, Correa empezó a hacer llegar el siguiente mensaje a la Comunidad de Madrid: si no cobraba su deuda, que elevaba a más de dos millones de euros, difundiría que la Comunidad de Madrid había estado pagando facturas de actos del PP por la vía de abonar servicios no prestados a sus firmas.
El mensaje amenazador tenía como primer destinatario al entonces consejero de Deportes, Alberto López Viejo, destituido por Esperanza Aguirre sin haber detallado una sola de las decenas de irregularidades que ha dejado como herencia y a las que, el consejero de Hacienda, se esfuerza por depurar y buscar salida legal.
Legó un auténtico marasmo de facturas, ya que las asignaba a cada consejería organizadora de actos de Aguirre y las troceaba para adjudicar a dedo. López Viejo sigue siendo diputado autonómico, aunque Garzón posee datos de que recibió presuntos sobornos.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 17/02/2009
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
El TSJ paraliza la construcción de 300 pisos sobre suelo inundable
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LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado un proyecto urbanístico en Peñíscola que contemplaba la construcción de más de 300 viviendas en un sector "inundable" y que fue aprobado por el ayuntamiento en 2003 y avalado posteriormente por la Comisión Territorial de Urbanismo en mayo de 2004.
La sentencia, dictada el pasado día 2 de septiembre de 2008, la dio a conocer ayer la asociación de vecinos Camí Vell, colectivo que tras cinco años de peleas judiciales ha logrado frenar el denominado Plan de Reforma Interior (PRI) delimitado por las calles N-26, N-17, N-36 y la avenida Papa Luna.
El fallo judicial es muy claro al declarar que la zona en cuestión está efectivamente afectada por el Plan de Acción Territorial de Riesgos de Inundación (Patricova) de la Generalitat. En este sentido, destaca la afección de drenajes al mar desde los barrancos Moles y Mongells, apuntando al respecto que es un sector inundable.
La sentencia emitida por el TSJCV determina que "no se han adoptado ninguna de las medidas previstas, pues ni se ha realizado el estudio de inundabilidad, ni las correspondientes actuaciones de drenaje, ni en definitiva consta que se haya efectuado estudio alguno de la incidencia de riesgo de inundación en la zona y la consecuente adecuación del planeamiento". En consecuencia, en el fallo se declaran "los citados actos contrarios a derecho, anulándolos y dejándolos sin efecto". La sentencia, según señaló el portavoz de Camí Vell, Ezequiel Llorach, es firme y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ya ha ordenado su ejecución a los servicios territoriales en Castelló.
El proyecto urbanístico se aprobó de forma provisional por el Ayuntamiento de Peñíscola el 25 de septiembre de 2003 y de forma definitiva el 18 de noviembre de 2004, mientras que la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón avaló todas estas actuación el 4 de mayo de 2004. Desde la entidad vecinal aseguran que "muchos de los que ejercen funciones en el ámbito urbanístico de Peñíscola en la actualidad, tanto técnicos como políticos, aprobaron activa o pasivamente este proyecto sin tener en cuenta la inundabilidad", por lo que consideran los vecinos que "éstas personas pusieron en peligro la vida y los bienes de terceros que hubieran podido adquirir sus inmuebles en esta zona inundable".
Ezequiel Llorach lamentó que "éstas mismas personas son las que ahora pretenden aprobar un Plan General de Ordenación Urbana según una ley, la LRAU, derogada hace más de tres años", por lo que apuntan que "algo falla en el urbanismo en Peñíscola".
Responsabilidades políticas
Para la asociación de vecinos la resolución del tribunal pone de relieve que "ninguna administración posee carta blanca sino que existen unas reglas que deben ser respetadas por todos". Del mismo modo, consideran que "el Ayuntamiento de Peñíscola debe extraer las consecuencias lógicas de lo anterior respecto a la tramitación del Plan General" y exigen, tras conocer la sentencia, "que se asuman las responsabilidades políticas oportunas", así como la "apertura de expediente a los técnicos que participaron en este proyecto para depurar sus responsabilidades".
Los vecinos de Camí Vell recordaron para concluir que si la entidad no llega a presentar la denuncia, el plan hubiera salido adelante.
* Levante-EMV - Noemí Oms - 17.02.09
Foto: PARALIZADO. Panorámica del sector donde se pretendía construir y que se asienta sobre una zona inundable incluida en el Patricova. - lluïsa garcia, levante-emv
