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INFORMACIÓN/Alicante* : La titular del juzgado de Instrucción nº3 de Torrevieja ha dictado un auto contra seis miembros de la anterior Corporación de San Miguel de Salinas, de los cuales cuatro (del PP) continúan en esta legislatura -entre ellos el alcalde- al considerar que hay indicios de un delito de prevaricación en la aprobación, el 26 de abril de 2007, de un convenio urbanístico con la mercantil Urbanizadora Villamartín pese a existir "informes en contra tanto de los técnicos municipales como de la secretaria interventora", recoge la resolución.
Según el auto, los técnicos y la fedataria municipal estaban en contra de esta aprobación, y así lo reflejaron en sus informes, porque el sector urbanístico, propiedad de la Urbanizadora Villamartín y que aparecía en el convenio -y conocido como SUS-16 "Entrenaranjos"- tenía que ser previamente desarrollado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que aún no estaba aprobado. Es decir, los técnicos consideraban que no se podía hacer un convenio si antes no se aprobaba el PGOU que lo permitía. Así, el auto judicial recoge que sin existir aún el Plan General "no hay garantía de que el PAI (Plan de Actuación Integral) se vaya a desarrollar en el futuro", pero además añade que "no ha mediado concurso público ni subasta en la compraventa directa del 10% de obligatoria cesión municipal".
Ilegalidad
El procedimiento se dirige contra el regidor, Ángel Sáez Huertas, y contra los entonces concejales Inmaculada Hernández Valero, Nuria del Rosario Colomina, Juan Román Patiño (los tres del PP y que siguen en esta legislatura), además de Andrés Joaquín Martínez, y Manuel Pérez (que eran independientes y ya no siguen en el Ayuntamiento). Todos ellos, según la magistrada, votaron a favor del citado convenio urbanístico, en su condición de ediles, pese a que "conocían expresamente la tacha de ilegalidad que la secretaria del Ayuntamiento había formulado".
La decisión adoptada por la magistrada Beatriz Escobar Bosch pone fin a la fase de diligencias previas y abre el procedimiento abreviado, algo que la legislación sólo ve preceptivo para el caso de que la instructora vea indicios de delito tras la práctica de la prueba (declaraciones, documentos,...).
La magistrada ha dado un plazo de diez días a las partes: las defensas, la Fiscalía y la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel que ejerce la acusación particular, para que soliciten la apertura de juicio oral contra los imputados o bien soliciten el sobreseimiento de las actuaciones. El delito conlleva penas de prisión de hasta 9 años por lo cual de llegar el procedimiento a juicio éste tendría que abrirse ante la Audiencia, en Elche.
Archivo previo
Se da la circunstancia de que este asunto se archivó durante sus inicios y fue reabierto por recursos. El sobreseimiento judicial se acordó con base a que dicho convenio no se había llegado a ejecutar, por lo cual se entendía que el delito como tal no se había perpetrado. La Fiscalía entendía que sí, concretamente el día que votaron en el pleno a favor del convenio a sabiendas de los informes técnicos negativos y que ésto es independiente de que se llegue a ejecutar el mismo.
El pacto que iba a llevar agua potable a 3.000 vecinos
El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas justificó el polémico convenio con la promotora en que resolvería el grave problema de suministro de agua potable que arrastran más de 3.000 vecinos de la urbanización Blue Lagoon, que tienen prohibido desde hace cinco años el consumo del agua que reciben de pozos contaminada con nitratos. La mercantil adelantaba 3 millones de euros al Ayuntamiento para la ejecución de la tubería que iba a resolver el problema de Blue Lagoon a cuenta de la cesión municipal del 10% del plan urbanístico de la promotora que ni se contemplaba en el Plan General. El promotor aprovechaba esa tubería para dotar a las viviendas que iba a promover en un futuro y, con el adelanto económico, condicionaba a su favor el visto bueno municipal a la urbanización.
* Información - D.P. - 31.05.09
Foto: San Miguel de Salinas (Alicante), ayuntamiento - san-miguel-de-salinas.com
La juez ve indicios de prevaricación en el alcalde y cinco ediles de San Miguel
La Audiencia declara ilegales las casas de madera en suelo rústico
ELCORREODEANDALUCÍA/Sevilla* : La Audiencia Provincial lo advierte con una nueva sentencia contra las casas de madera en la sierra: esta fórmula barata para tener una segunda residencia en el campo puede salir muy cara porque se considera tan ilegal levantarlas en rústico como un chalé de cemento.
Así, un matrimonio ha sido condenado por delito urbanístico tras instalar una casita de madera en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos. La sentencia considera que la cabaña se trata de una “edificación” con vocación de permanencia y que sirve para habitación humana.
La Audiencia anula una sentencia favorable a la pareja emitida por el Juzgado de lo Penal no11 de Sevilla, que los absolvió por la “pasividad” del Ayuntamiento ante esos comportamientos y las “costumbres relajadas” –en temas urbanísticos– que imperaban en la zona.
La Sección Tercera de la Audiencia ha rechazado todos esos argumentos y establece que el concepto edificación incluye las casa prefabricadas y que, a efectos penales, se aplica la norma de planeamiento vigente en el momento del hecho, no la que en el futuro pueda llegar a aprobarse.
El matrimonio compró la parcela e instaló en ella una cabaña de madera, una caseta destinada a trastero y una piscina de poliéster. Tomaban la luz mediante un enganche con la parcela colindante y el agua de un pozo instalado en la caseta, explicaron a la agencia Efe fuentes judiciales.
La Audiencia determina que es irrelevante que el entorno de Las Minas o cualquier otro esté ya degradado, pues eso se agrava por la conducta de los acusados, y añade que es también irrelevante que previamente hubiera levantadas otras construcciones, porque no existe “derecho a la igualdad en la ilegalidad”.
No más manga ancha. En cuanto a la supuesta pasividad municipal, dicen los jueces que no justifica la actuación de los acusados y ni tampoco la creencia de que en el futuro todo puede ser legalizado. Por ello, la Audiencia ordena la demolición de la casa, la caseta y la piscina aunque exista un avance de PGOU en Castilblanco que las puede legalizar.
* El Correo de Andalucía - Sevilla - 30.05.09
Foto: CAMPO. Las casas de madera proliferan en el ámbito natural. / SUR
Galicia: Los juicios por delitos urbanísticos y contra el territorio se duplicaron en 2008
FARODEVIGO* : La crisis económica e inmobiliaria no ha sido suficiente para atajar la escalada de delitos urbanísticos en la comunidad. Si en su memoria de 2007 la Fiscalía gallega alertaba del espectacular y preocupante aumento de las denuncias por actuaciones relacionadas con el urbanismo, el año pasado la tendencia se mantuvo generando prácticamente las mismas diligencias de investigación que el ejercicio anterior.
El dato más llamativo, con todo, es el notable incremento de los juicios por delitos urbanísticos y de ordenación del territorio, un capítulo que se duplicó respecto a 2007 al contabilizarse 123 procedimientos judiciales frente a los 58 celebrados un año antes.
La delincuencia urbanística, de hecho, ocupa el segundo lugar en importancia dentro de las actuaciones incoadas por la Fiscalía gallega especializada en Medio Ambiente y Urbanismo desde su creación, en el año 2005. Sólo los incendios forestales generan más trabajo en materia medioambiental que las actividades ilícitas relacionadas con la construcción, algo lógico en una comunidad que cada año concentra más de la mitad de los incendios de todo el país.
Y es que entre denuncias de particulares y actuaciones de oficio los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo de Galicia abrieron el año pasado 129 diligencias de investigación. Es una cifra similar a la del último ejercicio (128) aunque lo más llamativo es que se mantiene la tendencia ascendente desde que se creó la fiscalía especializada ya que en 2006 sólo hubo 100 diligencias.
Este importante número de diligencias incoadas –la cuarta cifra más alta de España– guarda una relación directa con los cientos de infracciones contra el territorio que cada año se producen en la comunidad. A falta de que se cierren aún los datos del año pasado, durante 2007 el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) detectó 560 infracciones urbanísticas en Galicia, una actividad delictiva que sólo superaron Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha.
De hecho, el incremento de las diligencias abiertas por la Fiscalía ha sido sustancial en todo el país, hasta el punto de que 2008 se cerró con un 21% más de investigaciones sobre urbanismo.
No obstante, el dato en el que Galicia realmente sobresale por encima de la media nacional es en el número de juicios tramitados por delitos urbanísticos: 123 frente a los 58 del año anterior. El espectacular incremento de este tipo de procedimientos en la comunidad destaca incluso sobre el conjunto de España, donde los juicios iniciados para perseguir este tipo de infracciones aumentaron un 36,8%. Las dificultades para reunir pruebas contra los presuntos responsables de delitos urbanísticos, unida a la compleja y lenta tramitación de este tipo de procedimientos, que suelen tener múltiples implicaciones y partes personadas, ayudan a explicar por qué sólo se lograron 11 sentencias condenatorias en Galicia el año pasado.
Es una tónica común a toda España, donde únicamente se consiguieron 301 condenas por delitos urbanísticos, ocupando Galicia el tercer lugar del ranking nacional con más sentencias de este tipo. Sólo Andalucía, una comunidad en la que la corrupción urbanística ha alcanzado niveles escandalosos en los últimos años, y Murcia consiguen un número de condenas superior. De los 887 procedimientos judiciales que se tramitaron en toda España, 236 –el 26,6%– se saldaron con sentencia de culpabilidad en Andalucía.
Las penas que establece el Código Penal para estos delitos son de seis meses a tres años de cárcel, multas de 12 a 24 meses e inhabilitación de seis meses a tres años para los constructores, promotores o técnicos implicados. La ley también contempla la demolición de las obras construidas ilegalmente con el objetivo de restaurar la zona afectada, aunque esta decisión queda en todo caso a criterio del juez.
* Faro de Vigo - M. VÁZQUEZ - 31.05.09
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Valadolid: Derriban las dos fachadas del 37 y el 39 de Labradores pese a estar protegidas
NORTECASTILLA* : La llegada de la maquinaria pesada al mediodía de ayer para proceder a la demolición de los ilustres edificios de los números 37 y 39 de la calle Labradores, declarados en ruina el pasado lunes, obligó a la Policía Municipal a cortar la calle, incluido el acceso al centro por el túnel desde Delicias, con los consiguientes atascos de circulación por los cuatro puntos cardinales en torno al subterráneo.
Los operarios de la empresa palentina de demoliciones Sierra montaron en cuatro horas un gigantesco brazo mecánico de 27 metros terminado en una pinza con el que a las 16.00 horas, en punto, comenzaron a demoler las casas. Y lo hicieron sin miramientos y haciendo caso omiso al decreto municipal que obligaba a conservar las dos fachadas de centenario ladrillo caravista -los edificios fueron construidos en el siglo XIX-. De ambas sólo quedaba el recuerdo en apenas dos horas.
¿Quién dijo miedo?, debieron pensar los operarios y el director facultativo de la demolición a la hora de afrontar unos trabajos que comenzaron con la enorme pinza articulada propinando un primer empujón a la vetusta fachada catalogada del número 37, que la hizo desaparecer en apenas segundos en medio de una gran polvareda.
«Sin demoler las fachadas es imposible proceder a la demolición interior de los edificios con unas mínimas garantías de seguridad para los trabajadores», justificaba a pie de obra el director facultativo, un arquitecto contratado por la promotora Euro Cosmos 21, propietaria de sendos inmuebles.
El mismo responsable ahondó en que esa misma mañana comunicaron a Urbanismo las condiciones en las que se iba a proceder a la demolición y, siempre según su versión, «ellos mismos reconocen en su declaración de ruina que no se puede hacer desde el interior con garantías de seguridad dado el estado que presenta por dentro».
Hasta 300.000 euros
Tan claro no lo debían tener los técnicos municipales habida cuenta de que la propia concejal de Urbanismo, Cristina Vidal, mostró su sorpresa a media tarde por la demolición, para entonces inevitable, de las fachadas. «A nosotros no nos han comunicado nada, al menos hasta las tres menos cuarto, y ahora mismo voy a enviar a un técnico para valorar la situación dado que la declaración de ruina recogía expresamente la obligación de proteger las fachadas y de proceder a la demolición del interior», anticipó a las 18.30.
Del informe que emita el arquitecto municipal dependerá la apertura o no de un expediente administrativo, con la correspondiente sanción, por incumplimiento del artículo 122 del Plan General de Ordenación Urbana, que establece la obligación de los dueños de conservar las fachadas catalogadas con un grado P4 de protección ambiental, como era el caso. La multa por una infracción, en principio grave, oscilaría entre los 10.000 y los 300.000 euros, según contempla la Ley de Urbanismo.
Pero eso es historia y la política de hechos consumados llevada a cabo ayer sobre el terreno por los obreros impedirá la conservación de un solo ladrillo. El derribo comenzó sin que los operarios hicieran siquiera ademán de asegurar las fachadas -no trajeron material para ello- y con la actuación de la citada máquina arremetiendo sin piedad, con una precisión quirúrgica, eso sí, contra los inmuebles para evitar derrumbes en las medianerías de los edificios contiguos. El del número 41, en la esquina con la calle Niña Guapa, y el del lado de Nicolás Salmerón.
Los trabajos continuarán a lo largo del fin de semana con la intención de reabrir hoy al tráfico, al menos, un carril en cada sentido cuando finalicen las labores del brazo mecánico. Después comenzará la demolición de los restos de las edificaciones, con maquinaria más ligera, y las tareas de desescombro, en principio, este lunes.
El corte total de Labradores, entre Niña Guapa y Nicolás Salmerón, se produjo a las 12.00 horas y enseguida comenzaron a formarse los primeros atascos después de que los policías municipales cortaran el acceso desde Delicias y desviaran la circulación -incluidas seis líneas de Auvasa- por el paseo de San Vicente rumbo a San Isidro y la Circular. En estas tres vías, además de los ya de por sí saturados paseos de Farnesio y de Juan Carlos I por el corte del carril de entrada a la ciudad de la carretera de Madrid, se formaron los mayores atascos en hora punta.
Un lustro deshabitados
La declaración de ruina inminente de los edificios demolidos ayer se produjo el lunes, tres días después de que un primer derrumbe interior, al que siguió otro el domingo, obligará a intervenir a los Bomberos. Los técnicos municipales visitaron ese día los edificios y constataron su mal estado por culpa de dos boquetes en la cubierta que dejaron pasar la lluvia durante meses. El agua fue minando la estructura de madera hasta dejarla al límite del desplome.
Las deficiencias de sendos inmuebles comenzaron hace más de un lustro, cuando abandonaron las casas del número 37 los últimos inquilinos de renta antigua -sus vecinos del 39 hicieron lo propio cinco años antes-. Después, sólo los indigentes se cobijaron en el 37 hasta que el último derrumbe lo dejó inhabitable el viernes.
* El Norte de Castilla - J. SANZ - 30.05.09
Foto: Las fachadas de los números 37 y 39, a punto de ser demolidas./ R. G. , nortecastilla.es
V de Vivienda 'clausura' el Salón Inmobiliario de Madrid
MADRIDIARIO* : Un grupo de activistas de la asamblea 'V de Vivienda' clausuró este sábado de forma simbólica el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) con un acto con el que quisieron denunciar el "exceso de especulación en el sector de la construcción" y la "necesidad de apostar por un marco regulatorio que haga efectivo el derecho a la vivienda a través del Alquiler Social Universal".
Según informó este colectivo, el acto consistió en un pasacalles festivo que recorrió el pabellón 4 de Ifema, que acogía la feria. Así, los activistas portaron pancartas con lemas como 'Que no te enreden: la vivienda es un derecho', 'La vivienda fuera del mercado. Alquiler Social Universal', o 'Yo no soy tonto y en SIMA no compro'.
Además, durante el recorrido, los participantes pararon en varios puntos de la feria, en los stands de Sacyr Vallehermoso, Metrovacesa, SEPES Ministerio de Vivienda, Banco Santander, Caja Madrid con El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. En estas paradas se leyeron textos de denuncia de la situación del derecho a la vivienda, y se abogó por el Alquiler Social Universal, un programa de medidas que 'V de Vivienda' reivindica para garantizar el acceso a la vivienda.
Tras la lectura del último comunicado, a la entrada de recinto, los activistas lanzaron ovillos de lana para simular una red que clausuraba la feria, plasmando así "que no te enreden, que la vivienda es un derecho y no un negocio".
* Madridiario - 30-05-2009 - MD0/EP
Foto: Kike Rincón
En prisión el ex teniente de alcalde de Arrecife y el asesor del Patronato de Turismo
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ELMUNDO/Lanzarote* : El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Arrecife ha ordenado el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, por supuestos delitos de cohecho del ex primer teniente de alcalde de Arrecife, Ubaldo Becerra Robayna, y el asesor del Patronato de Turismo de Lanzarote Matías Curbelo Luzardo.
Así lo informó en un comunicado esta madrugada el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en relación a las declaraciones que se realizan en Arrecife en el marco de la "Operación Unión", contra una trama de corrupción municipal y urbanística destapada en la isla.
El TSJC comunicó horas antes que el juez ha dejado en libertad con el cargo de cohecho a uno de los primeros detenidos, Alfredo Santiago Rodríguez, trabajador del Patronato de Turismo de la isla.
Este imputado fue detenido en la primera fase de la operación, desarrollada el pasado lunes y que se saldó con once detenciones tras el registro del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, mientras que el jueves se produjeron otras siete detenciones al hilo de otro registro en el Ayuntamiento de Yaiza, un municipio del sur de la isla.
Continúan las declaraciones
Durante esta madrugada ha seguido declarando el ex concejal de Urbanismo, Economía y Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, de cuya situación procesal y personal se informará en las próximas horas.
El juez ha informado que en la mañana de hoy tomará declaración al líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín Martín, que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de ocho años, y ha recordado que sigue decretado el secreto de sumario.
La "Operación Unión", en la que han sido detenidos cargos públicos, funcionarios, empresarios e intermediarios de Lanzarote implicados en una trama para el cobro de comisiones ilegales, se desencadenó a raíz del pago de una de las supuestas comisiones cobradas, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.
* El Mundo - EFE . 30.05.09
Foto: Arrecife (Lanzarote) - flickr.com
El fiscal acusa al alcalde de Vilaller de ‘pelotazo’ urbano en la nave de Monthidro
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LAMAÑANA/Lleida* : El fiscal de la Seu d’Urgell considera, después de haber realizado la instrucción del caso, que el alcalde de la localidad de Vilaller, Jaume Monsó, ha incurrido en un delito de prevaricación urbanística y en otro de tráfico de influencias en relación a los terrenos de la nave de Monthidro, de propiedad municipal, en la que se disponía de una licencia para construir un centro de día y en su lugar se intentaron levantar 36 viviendas con sus respectivas zonas de aparcamiento.
Dentro de este mismo proceso, también considera que han cometido los dos mismos delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias el concejal de Cultura del consistorio, Marc Moreno, y el asesor del Ayuntamiento, así como los administradores de dos empresas.
La investigación de este presunto pelotazo urbanístico partió a instancias de la Fiscalía de la Seu d’Urgell, después de que un total de 48 vecinos de los bloques de Mercè y Lavaix de Vilaller denunciaran los hechos en el juzgado.
Según esta misma denuncia, en mayo de 2006 el Ayuntamiento aprobó una licencia urbanística en la que se aprobaba la permuta y segregación de los terrenos de la nave de Monthidro de propiedad municipal. Esta nave es una zona de equipamiento y estaba destinada a hacer un centro de día, pero gracias a esta licencia pretendía no sólo ampliar la zona de equipamientos, sino construir un bloque de viviendas. Presuntamente, según la denuncia presentada en su día la obra ilegal habría sido adjudicada a una empresa y ésta a su vez las había subcontratado a un constructor que trabajaba con el concejal de Cultura.
Esta causa ya ha sido calificada por el fiscal de la Seu d’Urgell y tan solo queda que esta próxima semana formule el escrito de acusación ante el juez que lleva el caso.
Separar las causas
El lunes, 1 de junio, el fiscal de la Seu también solicitará al juez que segregue la segunda causa que se unió a este primer procedimiento, otro presunto delito urbanístico que fue denunciado al considerar que se había vulnerado la ley en la edificación de unos pisos de cuatro plantas en la avenida de Catalunya.
Según explicaron a este diario fuentes judiciales, esta segunda causa, cuyo delito urbanístico se habría cometido en octubre de 2005, todavía está pendiente de la inclusión de diversas diligencias, lo que provocará una demora en la formulación del escrito de acusación cuyo tiempo se desconoce. Para evitar esta demora del primer proceso, que ya está calificado, se solicitará que se abra este segundo procedimiento como totalmente independiente del primero, aunque afecta también en buena medida al alcalde de Vilaller y a la mayoría de los concejales del consistorio.
En esta causa de la avenida Catalunya de la localidad todavía quedan que practicar varias diligencias como es las declaraciones de algunos de los imputados, la declaración de la votación y el informe de la Comisión de Urbanismo.
En esta segunda causa, al parecer, el Ayuntamiento de Vilaller otorgó la licencia para la construcción de un bloque de pisos de cuatro plantas en la avenida de Catalunya de la localidad, contraviniendo la normativa urbanística del municipio.
El edificio se construyó en un solar donde estaba situado un viejo almacén de una sola altura. Al parecer, la parcela que ocupa el bloque pertenece al núcleo antiguo, donde la normativa preve sólo la rehabilitación de inmuebles y la construcción de nuevos edificios que no pueden superar los volúmenes que había anteriormente en el solar. El edificio, según constaba en la denuncia, supera en cuatro veces la autorizada.
El alcalde de Vilaller, Jaume Monsó, siempre ha manifestado a este rotativo que se encuentra tranquilo, “no he cometido ningún delito y sólo soy una cabeza de turco”.
* La Mañana - Vilaller - Felicidad Pérez - 2009-05-30
Foto: Vilaller (Lleida) - vilaller.ddl.net
Andratx: La jueza ordena el derribo de una veintena de apartamentos en Cala Llamp
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DIARIODEMALLORCA* : Nuevo golpe al urbanismo salvaje y la corrupción urbanística en Mallorca.Una jueza ha ordenado la demolición de una veintena de apartamentos en la zona de Cala Llamp (Andratx). La jueza ha declarado nula la concesión de la licencia de edificación de las citadas viviendas que en su día denunció el Grup Balear d´Ornitologia (GOB). El Ayuntamiento de Andratx otorgó esta licencia a la empresa Marmacén Sol SL.
El grupo ecologista interpuso en julio de 2006 un recurso contencioso administrativo contra la concesión por parte del consistorio andritxol de una licencia de obras para construir un bloque de viviendas en Cala Llamp. Según argumentaba el GOB, se permitió a la empresa Marmacén Sol SL levantar las edificaciones en suelo rústico protegido, según se contempla en el Plan Territorial de Mallorca.
La Justicia ha dado ahora la razón a los ecologistas, quienes en su día denunciaron que el bloque de apartamentos estaba situado en una zona que "curiosamente es la única parcela no edificable de la cala". El GOB explicaba en su día a este diario que "prácticamente todo Cala Llamp está clasificado como suelo urbano, a excepción de una pequeña zona que la normativa urbanística de Andratx clasificaba como rústica y el Plan Territorial de Mallorca como área de transición-harmonización".
La licencia municipal puesta en entredicho por el GOB tiene el número de expediente 135/05 del 23 de diciembre de 2005 y el nombre de la constructora que ejecutaba las obras es la denunciada Marmacén Sol SL. Los ecologistas consideraron que el Ayuntamiento no podía otorgar esta licencia ni por el tipo de zona que es ni por el tipo de edificación que se construía.
La jueza reconoce ahora en su sentencia que en la citada parcela "no se cumplían los requisitos necesarios para ser calificado el suelo como urbano,(...) al no cumplirse los requisitos previos (...) siendo por tanto aplicable a las normas del PTM y por todo ello debo declarar y declaro nula la licencia concedida". Por esta razón, la magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número dos de Palma da la orden al Consistorio de Andratx de proceder a la demolición de las obras realizadas con motivo de la concesión de esa licencia "para la restauración del orden urbanístico infringido".
* Diario de Mallorca - 30.05.09
Foto: Andratx - solares_Cala_Llamp - A.M. (El País)
Valladolid: Urbanismo dará licencia a otra tanda de 60 casas ilegales en Puente Duero
NORTECASTILLA* : El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, anunció ayer el Ayuntamiento prepara la modificación del Plan General para legalizar la última tanda de viviendas sin licencia de Puente Duero. El regidor, quien presidió en este barrio el primer concejo abierto de la capital después de 17 meses, advirtió que serán las últimas, siempre y cuando la operación cuente con el respaldo de la Junta, y que no se admitirá «ni una más».
Fuentes de la asociación de vecinos explicaron que en un primer momento se legalizaron cerca de 40 viviendas y quedarían por contar con las bendiciones municipales otras sesenta. Los propietarios de estas casas deberán pagar entre 3.000 y 4.000 euros para conseguir los papeles.
El primer edil atendió ayer a las demandas de esta zona residencial, con 1.163 vecinos, en un clima cordial. Entre las peticiones más urgentes, Juan Carlos Prieto, presidente de la organización vecinal, reclamó al Consistorio que actúe con los dos propietarios que se niegan a desmantelar los jardines de sus casas que invaden la calle Real, ahora en proceso de remodelación. El alcalde reconoció que se está ocupando claramente la vía pecuaria y dijo que se urbanizarán esos dos terrenos. «Únicamente no se hará, si me lo impide un juez», dijo. El máximo responsable municipal destacó que la obra en la travesía supondrá «un antes y un después para este barrio», que contará con un moderno bulevar de 750 metros con jardines, zonas para el paseo y juegos infantiles. «Los fondos provienen del Gobierno de España, pero quien decide dónde gastarlos es este equipo de gobierno», subrayó ante un auditorio de más de cien personas.
Asimismo, León de la Riva destacó la inversión de más de diez millones de euros de la Junta para construir un emisario que llevará las aguas sucias hasta la depuradora del Camino Viejo de Simancas.
Otras peticiones pasaron a la carpeta de 'se estudiará'. La más importante, el aumento de las frecuencias de los autobuses urbanos por la mañana para que pasen de una hora a treinta minutos. León de la Riva recordó el gran déficit que arrastra Auvasa y aclaró que, con los estudios técnicos en la mano, el número de usuarios no permitiría incrementar los autobuses. No obstante, se comprometió a darle una vuelta.
Respecto a la petición para buscar un aparcamiento para camiones, el alcalde avanzó que se está estudiando habilitar una explanada junto al campo de fútbol, siempre que la Consejería de Medio Ambiente lo autorice.
* El Norte de Castilla - J. ASUA - 29.05.09
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Arca presenta alegaciones a la modificación de las NUR y acusa a Mazón de "fomentar la especulación urbanística"
EUROPAPRESS/Cantabria* : La asociación ecologista Arca ha presentado alegaciones a la propuesta del Gobierno de Cantabria para modificar las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) ya que, a su entender, "todas" las modificaciones planteadas implican un aumento de las posibilidades de construir en suelo rústico en los municipios del interior de la región.
En este sentido, ha denunciado el "interés" del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Ejecutivo autonómico, José María Mazón, de "fomentar la especulación urbanística" en la Comunidad.
En concreto, el presidente y vicepresidente de Arca, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, respectivamente, acusaron a Mazón de pretender, con la modificación de las NUR, y también, con la modificación de la Ley del Suelo, "trasladar la interior" de la región la "especulación urbanística que ya ha destruido bueno parte del litoral" de Cantabria.
En rueda de prensa, Canales precisó que dichas modificaciones permiten aumentar las alturas de las edificaciones, pasando de 6,5 a 7 metros; que los sótanos no computen como superficie construida por lo que, por tanto, "se podrá construir mucho más"; que las cubiertas y los tejados se alteren "como se quieran"; construir buhardillas debajo de los tejados; o construir sótanos en aquellas viviendas que no dispongan de ellos.
Asimismo, con las modificaciones del Ejecutivo se permite aumentar la edificabilidad del 0,2 al 0,3%, pasando la ocupación del 20 al 30%. A esta modificación, "a cara perro y directa", se añade una última por la que se reducen las distancias de las edificaciones a los linderos, a los ejes de los viales y de éstos a los cierres de las parcelas.
Según el presidente de Arca, estas siete modificaciones van a tener "una gran trascendencia" en el mundo rural ya que van a "desfigurar completamente" los núcleos tradicionales rurales.
También dijo que estas modificaciones no se basan en "ningún estudio técnico", sino que son "modificaciones políticas" conforme a lo que "están pidiendo" los alcaldes de los municipios del interior de la región.
Respecto al informe de evaluación ambiental --creado a partir de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anuló las NUR por carecer de dicho estudio--, Canales indicó que si bien se ha realizado, es un informe "a la carta".
EL PROT, "ABANDONADO"
Frente a todo ello, Herrera señaló por su parte que el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) "ha quedado abandonado", pese al anuncio del consejero de que en 2009 se aprobaría dicho instrumento.
A este respecto, recordó que Mazón hizo esta "promesa" a principios de 2008, en base a una encuesta elaborada por la propia Consejería según la cual los cántabros pedían, de forma "aplastante", que se proteja el paisaje y se actúe contra la especulación urbanística. Así, Herrera hizo un llamamiento al consejero para que "cumpla la promesa adquirida con los cántabros".
"EN DIRECCIÓN CONTRARIA"
Por último, Arca sostuvo que la gestión del consejero "va en dirección contraria" a las medidas que se pusieron en marcha en la anterior legislatura en relación a la Ordenación del Territorio y Urbanismo.
"Primero modifican la Ley del Suelo para poder construir en el suelo rústico, para hacer habitables todas las cabañas. El segundo paso, dar mayor edificabilidad en ese suelo rústico y en los suelos rurales", advirtieron, al tiempo que señalaron que "se demuestra claramente que el señor Mazón por lo que apuesta es por la especulación urbanística en Cantabria".
* Europa Press - Santander - 29.05.09
Foto: Cantabria, vista - wikipedia.org
El juez envía a prisión a Segundo Rodríguez, ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote
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LAPROVINCIA* : El ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote Segundo Rodríguez González ingresó ayer en prisión incondicional en la cárcel de Tahíche, por orden del juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Arrecife, que investiga la supuesta trama de corrupción urbanística dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. A Rodríguez se le imputa un delito de cohecho y, además, fue suspendido el pasado lunes, cautelarmente, de militancia en el PSC.
Por otro lado, el magistrado ha decretado la puesta en libertad de la empresaria de un grupo de comunicación de Lanzarote, María José García Acosta, con los cargos de cohecho y tráfico de influencias; el presidente de los Jóvenes del PIL, Dayrán Jesús Muñoz Armas, con el cargo de cohecho; y el empresario Jorge Ramón Álvarez Pérez, gerente de la empresa de recogida de basura domiciliaria en los municipios de Tías, San Bartolomé, Teguise y Tinajo, así como en los colegios de Arrecife, con el cargo de cohecho. Los tres han quedado en libertad sin fianza. El pasado martes la que quedó en libertad, con cargos, fue Elena Martín, jefa de Contratación de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife.
Asimismo, cabe destacar que al empleado del Cabildo y persona de confianza de Dimas Martín y Matías Curbelo, Alfredo Rodríguez, también implicados en el caso y miembros del PIL, se le ha prorrogado su detención, por lo que tendrá que declarar en las próximas horas. Cerca de la media noche de este jueves el magistrado tomaba declaración a Matías Curbelo, asesor del Patronato de Turismo, por lo que al cierre de esta edición estaban pendientes de determinar los delitos que se le imputan.
El magistrado ha confirmado que durante la jornada de hoy seguirán prestando declaración los restantes imputados del caso, que sigue bajo secreto de sumario. Aún no han acudido ante el juez instructor Dimas Martín, Rafael Arrocha, Ubaldo Becerra ni José Miguel Rodríguez.
* La Provincia - A. F. - ARRECIFE - 29.05.09
Foto: Arrecife (Lanzarote) - EDDC.NET
La Fiscalía de Alicante, colapsada por los delitos urbanísticos
ELPAÍS* : El aluvión de denuncias, la mayoría relacionadas con la delincuencia urbanística (tramas político-empresariales gestadas a la sombra del boom del ladrillo) ha acabado por desbordar el destacamento de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, puesto en marcha a finales de 2004.
Desde esa fecha, y de manera ascendente, el departamento ha recibido una media de 100 denuncias anuales, lo que materialmente incapacita a su titular, Felipe Briones, para realizar una "supervisión con detenimiento" antes de enviarlas a los juzgados para iniciar la correspondiente investigación.
Esta "ingente" carga de trabajo de Anticorrupción, según fuentes de la Fiscalía de la Audiencia de Alicante, ha llevado al fiscal-jefe, Juan Carlos López Coig, a replantearse esa área. La primera iniciativa pasa por el aumento de fiscales en esta área, "uno como mínimo, aunque lo deseable serían dos dedicados exclusivamente a Anticorrupción", precisan fuentes del ministerio público. López Coig ya ha cursado esa demanda al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Y mientras llega la respuesta de la Fiscalía General del Estado, López Coig ya ha dado algunos pasos para conseguir "aligerar" de trabajo a Briones. Una de las primeras decisiones ha sido designar un fiscal de apoyo en los partidos judiciales de Orihuela y Torrevieja (estos dos núcleos urbanos de La Vega Baja centraron la investigación de Anticorrupción en sus dos primeros años de andadura). Otra medida, en este caso para el resto de partidos judiciales de la provincia, es repartir las denuncias propias del destacamento entre los fiscales de la zona, estén o no especializados la materia.
La precariedad de medios del destacamento de Anticorrupción es tan severa, que incluso el despacho carece de rotulación identificativa.
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante se puso en marcha a finales de 2004 con el primitivo objetivo de luchar contra las redes mafiosas instaladas en la provincia, y en especial en la comarca de La Vega Baja. En esa zona anidaban grupos organizados criminales relacionados con el tráfico de drogas y la prostitución que blanqueaban sus ilícitos beneficios mediante el negocio inmobiliario.
Sin embargo, pronto el fondo de las denuncias presentadas ante el destacamento que dirige el fiscal Felipe Briones derivó hacia tramas político-empresariales vinculadas, básicamente, con programas urbanísticos municipales. En la actualidad, según mantiene la Fiscalía Anticorrupción, el grueso de las denuncias que tramita incluye siempre presuntos delitos de cohecho y prevaricación relacionados con el urbanismo.
La creación de este departamento de anticorrupción, según fuentes de la Fiscalía, actuó como incentivo ante los ciudadanos y los partidos políticos para sacar a la luz supuestas tramas corruptas, ante la garantía de que sus denuncias iban a ser canalizadas por un fiscal con dedicación exclusiva.
Briones estima que anualmente su departamento recibe un centenar de denuncias. La cifra multiplica por diez las diligencias que tramitan los destacamentos homólogos que operan en el resto de España, donde las diligencias que incoan los correspondientes titulares apenas superan la decena.
El volumen de denuncias, según fuentes de la Fiscalía, frustra, primero, una investigación detallada de los casos antes de ser remitidos a los juzgados y, en segundo término, el seguimiento de la instrucción en primera persona del fiscal Briones.
De las cerca de 500 denuncias que han llegado al departamento desde su creación, Briones sólo está presente a título personal en la instrucción y en calidad de acusador público en 40 causas. Las demás están en manos de los fiscales de los distintos departamentos. Este dato, derivado la falta personal, "desvirtúa" la naturaleza de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del ministerio público.
Solo en dos de los 40 sumarios, la intervención de Briones ha obedecido a una orden expresa de la Fiscalía General del Estado. Se trata de las causas del supuesto desfalco de seis millones de euros en la empresa pública Mercalicante y de la denuncia por supuestos delitos urbanísticos y contables en el Ayuntamiento de Orihuela.
Al primer sumario, y por lo que respecta a uno de los primeros implicados, el ex alcalde de Alicante y diputado autonómico Luis Díaz Alperi, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de echarle el cierre definitivo. El alto tribunal ha rechazado el último recurso, presentado por el PSPV, contra la exculpación del ex regidor alicantino.
Mientras, el segundo sumario, desglosado en 16 causas (la principal contra el ex alcalde José Manuel Medina, del PP, por el uso de bienes de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales) prosigue una cansina instrucción en las distintas oficinas judiciales del palacio de justicia oriolano. La causa que afecta al ex alcalde ha sido archivada inicialmente por el juez y está pendiente del recurso de apelación ante la Audiencia.
Al caso Orihuela, en La Vega Baja se suma el sumario abierto al actual alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, por supuesto tráfico de influencia en la compraventa de una finca, el falso soborno de San Fulgencio y el cohecho y cuatro delitos urbanísticos del ex alcalde socialista de Bigastro.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 29/05/2009
Foto: Alicante, vista - J.Navarro, diarioinformacion.com
La nueva zona residencial de Viladecans apenas tiene vecinos
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Los 10 enormes bloques de la flamante urbanización de Vilamarina, en Viladecans, han tropezado en su propósito de atraer a nuevos vecinos para sus 320 pisos. Desde hace tres años, Sacresa promociona una zona de alto nivel (casi de lujo) en un área privilegiada: frente a la estación de tren, al lado de un parque excepcional y un centro comercial recién inaugurado.
Pero solo unas 40 familias se han trasladado a los nuevos bloques desde que se entregaron las primeras llaves a finales del año pasado. Otros 60 han sido comprados pero mantienen sus viviendas vacías (algunas fueron se adquirieron para invertir), según explica el presidente de los propietarios, Fernando Benito.
La inmobiliaria, que ha tenido que entregar gran parte del complejo a los bancos que lo financiaron para saldar su deuda, lanzará estos días una agresiva promoción para liquidar el último bloque de viviendas. No obstante, la empresa considera que los pisos han sido "bien vendidos y no regalados" a las entidades financieras como BBVA, que ya han desplegado anuncios de venta. Sacresa rebajará entre un 15% y un 35% las viviendas aún por vender. La empresa ya había recortado el 25% unos pisos el año pasado por medio de una oferta que despertó la ira de los propietarios que habían comprado con anterioridad. Entonces, la promotora negoció entregar plazas de párking gratuitas para aplacar los ánimos de los dueños.
Vivir en Vilamarina se ha convertido en el sueño de muchos ciudadanos de Viladecans, que se sienten atraídos por sus jardines, piscina y pistas deportivas. Pero el precio por piso, unos 350.000 euros (600.000, los áticos), ha sido motivo suficiente para alejar de la nueva urbanización a muchos posibles interesados. Sacresa cree que las viviendas se venderán sin problemas, ya que, a su juicio, son una excelente inversión.
EXPANSIÓN DE LA CIUDAD El Ayuntamiento de Viladecans, que planificó a principios de esta década la nueva urbanización y nuevos espacios para acercar la ciudad a la estación de tren, no teme que Vilamarina se convierta en un eje fantasma. "Poco a poco, con promociones, se están vendiendo los pisos. No es una situación que nos agrade, pero no estamos preocupados", explicó el teniente de alcalde José Luis Nicolás.
El proyecto urbanístico no ha estado exento de polémica y el ayuntamiento ha recibido numerosas quejas de ciudadanos que critican la altura excesiva de los 10 bloques, fácilmente reconocibles desde el tren y la autopista. "Se han convertido en el nuevo icono de Viladecans", añade Nicolás. En el complejo no se planificó ninguna vivienda pública pero el municipio asegura que habrá pisos sociales en una zona cercana.
Pese a que seis de los 10 bloques no tienen ningún vecino, el desarrollo de la zona sigue imparable. El centro comercial junto a los edificios fue inaugurado hace pocas semanas y también continúan las obras de urbanización del entorno que harán posible el futuro parque aeroespacial, otro proyecto que intentará atraer a empresas.
* El Periódico - DAVID PLACER - 28.05.09
Foto: La flamante y semidesierta urbanización de Vilamarina, el pasado viernes. - JOAN CORTADELLAS, elperiodico.com
El Defensor del Pueblo recrimina a Formentera por su pasividad en disciplina urbanística
DIARIODEIBIZA* : El Defensor del Pueblo recriminó ayer al Ayuntamiento- Consell de Formentera por su «pasividad» a la hora de comprobar materialmente presuntas infracciones urbanísticas, en lo relativo a su «incapacidad de verificar» la existencia de un tendido eléctrico subterráneo a través de un bosque mediterráneo.
El informe, correspondiente a 2008, fue presentado el pasado lunes por Enrique Múgica ante el presidente del Congreso de los Diputados y del Senado. La oficina del Defensor del Pueblo habla, en su reflexión, sobre la actitud de las administraciones de actuar para la conservación del patrimonio y el medio ambiente. En el mismo texto se expone que el caso de Formentera no ha sido «enmendado» durante cinco años de investigación. El informe señala: «Resulta llamativa la pasividad del Ayuntamiento de Formentera en la comprobación material de presuntas infracciones urbanísticas de importantes consecuencias negativas para un entorno de especial valor ambiental, pasividad que no ha sido enmendada en ningún momento durante los cinco años de investigación».
El Defensor del Pueblo detalla que en ese periodo de tiempo, el Ayuntamiento, actualmente Consell, no ha verificado la existencia de un tendido eléctrico subterráneo, presuntamente construido sin autorizaciones urbanísticas y ambientales, a través de un bosque mediterráneo muy bien conservado, con destrozos en la masa arbórea, una zona considerada área natural de especial interés.
Aunque el informe no precisa la zona exacta, se trata de los daños forestales provocados por las polémicas obras del tendido de agua y alcantarillado a la subida de la Mola. Esta importante infraestructura comenzó en 2007, bajo mandato del PP, y no está terminada.
* Diario de Ibiza - FORMENTERA | EP/ C. C. - 28.05.09
Foto: Formentera - wikipedia.org
La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Yaiza, en Lanzarote
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ABC* : La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registra esta mañana el Ayuntamiento lanzaroteño de Yaiza y su oficina técnica en el marco de la operación contra una trama de corrupción municipal y urbanística, destapada esta semana en la isla. La Guardia Civil procede de igual forma que lo hizo el pasado lunes, en el que rodeó el ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote e impidió la entrada y salida de funcionarios y público mientras duraban los registros.
Sobre las 07.45 horas de hoy, efectivos de la Guardia Civil tomaron las dependencias municipales de la casa consistorial y de la oficina técnica, que está en un edificio distinto, a unos 500 metros del Ayuntamiento.
La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), llegó posteriormente y accedió al recinto, que se encuentra cerrado «a cal y canto», según testigos, ya que tiene hasta las persianas bajadas.
El ayuntamiento de Yaiza está gobernado desde el 5 de febrero de 2008 por un pacto entre el PIL y Coalición Canaria (CC), después que que presentaron una moción de censura contra el alcalde del Partido Nacionalista de Lanzarote, José Francisco Reyes.
En la operación «Unión», la Guardia Civil ha detenido a once personas, entre ellas el líder del Partido de Independientes de Lanzarote, Dimas Martín, y diez de ellas continúan detenidas y se espera que pasen esta mañana a disposición del juez encargado del caso.
* ABC - EFE - 28.05.09
Foto: Yaiza (Lanzarote) - dis.ulpgc.es
Una juez ordena a Gallardón demoler el Palacio de Hielo
ELPAÍS/Madrid* : La larga y tortuosa batalla de los vecinos de cuatro comunidades de propietarios del distrito de Hortaleza contra el mastodóntico Palacio Municipal de Hielo arroja un desenlace inesperado. El primer acto del final de la pelea, que dura ya seis años, concluye con la orden de una juez para que se derribe el gigantesco centro comercial por haberse saltado la ley en varios puntos del Plan General de Ordenación Urbana.
Y la orden la da al Ayuntamiento, que pese a que no fue la actual corporación quien aprobó el acuerdo para la construir el complejo, deberá ahora acatar la demolición. De momento, dicen, ya la han recurrido.
La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 suscribe parte del contenido del recurso interpuesto por el despacho de Mariano Benítez de Lugo en defensa de los vecinos. Según la juez, las irregularidades urbanísticas de la obra eran conocidas por el Ayuntamiento en un informe que realizó en 2004.
Los excesos consisten en haber superado el límite de plantas (tiene cinco y la ley sólo le permitiría tener tres), haber excedido en casi el doble la superficie edificable y también considera que se ha infringido el régimen de usos. Por todo ello, no queda más remedio que tirarlo.
O no. Porque lo curioso de este asunto es que el concejal del PSOE Óscar Iglesias presentó casi idéntico recurso ante otro juzgado (el número 17) y recibió una sentencia hace pocos días opuesta a la de los vecinos. Por cuestiones de forma y fondo, ese tribunal sí desestima la demanda. Y en eso se amparan ahora el Ayuntamiento de Madrid y la concesionaria, Equidosa, para presentar su recurso ante el TSJM. "La sentencia ya está recurrida. Porque igual que ésta, tenemos otra de un recurso del PSOE que dice todo lo contrario. La misma demanda, dos jueces. Ya dirá el TSJM lo que procede", advierte el dueño y administrador de Equidosa.
El Palacio de Hielo, situado en la calle de Silvano, tiene bastante más de centro comercial que de lugar donde practicar deporte. Y en eso ha consistido parte del recurso. La superficie de la pista de patinaje no llega al 2% del total del edificio. En cambio, el recinto cuenta con 60 locales comerciales entre los que hay unos multicines, una bolera y decenas de tiendas y restaurantes.
Se trata de una concesión aprobada en el año 1995 y por la cual la adjudicataria se comprometió a construir el edificio y a disfrutar de su explotación durante 50 años. Además de construirlo, Equidosa paga alrededor de 360.000 euros al año (60 millones de pesetas). Eso le permite subarrendar los locales comerciales y hacer el correspondiente negocio.
El Palacio de Hielo se inauguró en noviembre de 2003. Alberto Ruiz-Gallardón acababa de llegar al Consistorio, y nadie de su equipo acudió al acto. Ése fue el reflejo protocolario del regalo envenenado que la nueva corporación consideraba que José María Álvarez del Manzano les había dejado. Un proyecto que nunca gustó a los nuevos inquilinos del Ayuntamiento y que ahora tienen que defender a capa y espada. Más que nada por el perjuicio económico que podría suponer la demolición del gran centro comercial.
En medio del largo conflicto, el asunto llegó hasta el Defensor del Pueblo en 2004. Seis locales que ocupaban zonas de paso y comunes tuvieron que cerrar.Lo que alega el Consistorio ahora para evitar el derribo del Palacio de Hielo es que hay diferencias en la interpretación de la norma urbanística. Tanto por los vecinos como por los jueces. El Ayuntamiento considera que las obras están regidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1985. Dicho documento urbanístico es más flexible que el de 1995, especialmente en lo que atañe a la definición de uso social de un equipamiento, que en ese caso incluye apartados comerciales.
"Una se basa en los informes de urbanismo que se realizaron en 2004 y sostiene que hay que demoler. Y la otra, sostiene que está todo bien. Hay un conflicto entre el plan del 1985 y el del 1997. Lo que era en el 1985 equipamiento social no es lo mismo que en el de 1997. Además, hay algunas cosas que se podrían subsanar. La demolición es un criterio muy excepcional", explica la coordinadora general de Urbanismo, Beatriz Lobón.
No suele ser normal que dos jueces distintos admitan procedimientos tan parecidos. Sin embargo, según fuentes de la acusación, ninguno de los dos magistrados rechazó el caso y pidió la acumulación. Es decir, que recayesen ambos procedimientos en el juez que llevara más tiempo con el asunto.
Los vecinos, contentos
Los vecinos afectados por la construcción del Palacio de Hielo estaban ayer muy satisfechos. Sin embargo, uno de sus portavoces, Carlos Crespo no quiso dar más detalles ni valorar la sentencia y se remitió a una rueda de prensa que piensan dar el próximo jueves. "Todavía no hemos tenido tiempo de leer la sentencia, pero el jueves aportaremos más documentación sobre otras ilegalidades que se están cometiendo", explicó.
Ésta no es la primera batalla que ganan los vecinos al Ayuntamiento. Primero consiguieron que el Ayuntamiento realizara un informe reconociendo parte de las ilegalidades urbanísticas que se habían cometido. Luego, ese mismo año, lograron que el defensor del Pueblo, Enrique Múgica les diera la razón y realizara un informe. A raíz del documento, consiguieron que la Concejalía de Medio Ambiente precintara unas torres de refrigeración que causaba ruidos superiores a los permitidos. Finalmente, seis locales ubicados en zonas de paso tuvieron que cerrar.
Los vecinos, sin embargo, todavía mantienen que hay terrazas y bares en algunos lugares comunes que deberían estar cerrados.
LA HISTORIA DEL PALACIO
- Noviembre de 1995. El Ayuntamiento, gobernado por José María Álvarez del Manzano (PP), adjudicó a Equidosa la concesión, la construcción y explotación del Palacio de Hielo.
- 2003. El PSOE se opone a la construcción del Palacio de Hielo. Denuncian infracciones en la edificabilidad.
- Noviembre de 2003. Se inaugura el centro. La pista de hielo sólo ocupa el 1,8% de la superficie total. Nadie del Ayuntamiento de Gallardón acude al acto.
- Noviembre de 2004. Un informe municipal determina que se utilizan ilegalmente zonas de paso. Se clausuran seis locales y dos torres de refrigeración por exceso de ruido. El Defensor del Pueblo realiza un informe criticando al Ayuntamiento.
- 2005 Los vecinos y el PSOE recurren las obras.
* ELPAIS.com - MÓNICA CEBERIO BELAZA / DANIEL VERDÚ - Madrid - 27/05/2009
Foto: Pista de patinaje del Palacio de Hielo desde un local del centro comercial.- LUIS SEVILLANO, elpais.com
Andratx: El fiscal pide dos años de cárcel para Hidalgo por cerrar el párking de Isabel Alemany
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ÚLTIMAHORA/Mallorca* : El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de 2 años de cárcel para el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo por el delito continuado de coacciones al ordenar el cierre del aparcamiento público, propiedad de la madre de la regidora de UM Isabel Alemany en Sant Telm, al parecer, como «venganza» por las «profundas» diferencias que mantenía con su entonces adversaria política, según el escrito de acusación del fiscal.
Asimismo, la Fiscalía pide 9 años de inhabilitación especial para Hidalgo por el delito continuado de prevaricación. Ambas peticiones coinciden, prácticamente, con las presentas por la acusación particular -ejercida por Isabel Alemany-, que solicita 3 años de cárcel para el ex alcalde por el delito continuado de coacciones y 9 años de inhabilitación especial.
Hidalgo ya ha sido condenado a 4 años de prisión en el primer juicio del 'caso Andratx' -la supuesta trama de corrupción urbanística en ese municipio- celebrado en la Audiencia de Palma por la casa que se construyó sin licencia. No ha ingresado en la cárcel debido a que su abogado, Rafael Perera, recurrió el fallo en casación ante el Tribunal Supremo.
La vista por el cierre del párking de Sant Telm se celebrará en un juzgado de lo Penal, después de que la juez instructora de esa causa, Piedad Marín, de Instrucción 4, hubiese decretado la apertura de juicio oral.
En su resolución, la juez decreta la libertad provisional de Hidalgo, con la obligación de comparecer ante ese juzgado cuando sea llamado, y le requiere para que en 24 horas aporte una fianza de 600 euros.
El fiscal señala en su escrito que Hidalgo, entonces alcalde de Andratx, actuó «en represalia» contra Isabel Alemany (defendida por el abogado Miquel Borràs), hacia la cual sentía «una gran animadversión», ya que había promovido acciones judiciales contra él, al ordenar el cierre del aparcamiento.
El representante del Ministerio Público añade que Hidalgo quiso hacer coincidir el cierre con la época estival «para así provocar mayores perjuicios económicos a la madre de la señora Alemany, que sabía que venía explotándolo desde hacía años». Señala que intentó darle una apariencia de legalidad al cierre y encomendó a la Policía Local la confección de un informe sobre el párking, en el que constaba problemas de atascos circulatorios en el referido aparcamiento.
* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 26.05.09
Foto: El aparcamiento de la madre de Isabel Alemany en Sant Elm fue cerrado por Hidalgo en julio de 2006. - ultimahora.es
Vecinos de Valdecarros dicen que la operación urbanística que el Ayuntamiento planea "es un escándalo igual al de Marbella"
EUROPAPRESS/Madrid* : La Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB) denunció hoy que la operación urbanística que el Ayuntamiento de Madrid pretende llevar a cabo en el barrio de Valdecarros es "un escándalo similar en tamaño al destapado por la operación 'Malaya' en Marbella". En este sentido, AVIB recalcó está prevista la construcción de 50.000 viviendas en la zona y recordó que la reclasificación de suelo en la zona "está anulada por una Sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2007".
Así, explicó que el Consistorio ha rechazado las alegaciones presentadas en las que solicitaron la retirada del proyecto.
Por ello, la Asociación vecinal advirtió que las viviendas previstas en Valdecarros "podrían ser declaradas ilegales y, en caso de llegarse a construir, ser demolidas por orden judicial", en cuyo caso "se verían gravemente perjudicados las 150.000 personas que se prevé podrían llegar a residir en dicho desarrollo, y los madrileños se verían obligados a afrontar las multimillonarias indemnizaciones que correspondiesen a los afectados".
Además, la asociación vecinal defendió la protección de espacios de gran valor medioambiental, cultural e histórico que hay en la zona y alertó que el desarrollo "pone en peligro los cantiles y riberas del Manzanares".
Por último, los vecinos subrayaron que la respuesta del Ayuntamiento "no es más que una excusa para no entrar a valorar el grave fondo de la cuestión", por lo que indicaron que están estudiando la puesta en marcha de iniciativas legales ante los tribunales españoles y las instituciones europeas.
* Europa Press - Madrid 26.05.09
Foto: Madrid, fuente Valdecarros - flickr.com
Marbella: El TSJA declara ilegal una urbanización ya ocupada y en vías de legalización
MÁLAGAHOY* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ha declarado ahora ilegal la licencia de obras de la urbanización Fuentealoha impugnada por la Junta de Andalucía hace siete años, que no sólo ha sido edificada y ocupada, sino que, además, se encuentra en vías de legalización.
El Ayuntamiento de Marbella autorizó en 2002, siendo alcalde Julián Muñoz, la construcción de las 76 viviendas de lujo de esta urbanización enclavada en la zona de Nueva Andalucía, a pesar de que excedía el volumen de edificación permitido. Este hecho motivó que la Junta de Andalucía recurriera el permiso y demandara al Ayuntamiento y a la promotora Fuentealoha.
No obstante, el Ayuntamiento de Marbella, una vez superado el gilismo y sus secuelas, se allanó, es decir, se mostró conforme con la impugnación formulada por la Junta, circunstancia que, según el criterio del tribunal, "trae aparejado el expreso reconocimiento de la ilegalidad de la licencia impugnada". En estas circunstancias la sala estima nulo el acto administrativo de concesión del permiso municipal "sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial en la que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento" por haber autorizado indebidamente unas obras.
Sin embargo, no parece que la sangre vaya a llegar al río, puesto que la urbanización Fuentealoha se encuentra en la actualidad en vías de legalización. La promoción forma parte del 90% de viviendas ilegales de Marbella que serán regularizadas en el futuro plan general de ordenación urbana (PGOU). Este documento, que se encuentra en este momento pendiente de aprobación definitiva, plantea compensaciones para la abrumadora mayoría de las edificaciones ilegales para incorporarlas a la legalidad urbanística del municipio. Se calcula que apenas quedarán sin regularizar medio millar de casas.
En este sentido, el letrado Antonio Belón, que defiende los intereses de Fuentealoha, precisó ayer tarde que la promotora ya compensó al Ayuntamiento por el exceso de edificación y el municipio aceptó las alegaciones al plan general de ordenación urbana planteadas por la empresa para que se incluyera entre las promociones a regularizar.
El abogado se quejó de la "alarma social" que desencadena el conocimiento público de una sentencia que tiene lugar cuando todo está en "vías de solución" y Fuentealoha "ya no tiene nada que ver con la urbanización. Todos los pisos fueron vendidos y sus actuales propietarios desconocían cualquier conflicto previo. Ahora lo que están es preocupados por la aparición de este tipo de noticias".
El retraso de esta resolución judicial es expresivo de la saturación y sobrecarga de asuntos que padece la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Málaga. Los nueve magistrados de plantilla soportan casi más de un 40% de procedimientos de los que el Consejo General del Poder Judicial considera recomendables y, de acuerdo con la memoria del alto tribunal andaluz correspondiente a 2008, a finales del año pasado arrastraba en torno a 10.000 asuntos pendientes en primera y segunda instancia.
* Málaga Hoy - E. M. · H. S. / Málaga · Marbella - 27.05.09
Foto: Vista general de la urbanización Fuentealoha que aparece en la página web de la promotora.- malagahoy.es
Fiscalía reabre la investigación sobre comisiones ilegales en Terra Mítica
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ELPAÍS/Alicante* : La fiscalía quiere recuperar para la causa sobre fraude fiscal de una veintena de empresas, entre ellas Terra Mítica, toda la información judicial que se derivó de la querella del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por supuestas comisiones ilegales durante la construcción del parque. El juez, de permiso según consta en un escrito firmado por el secretario del juzgado, aún no ha contestado.
Eduardo Zaplana se querelló contra los empresarios imputados en el caso Terra Mítica José Herrero y Antonio Moreno Carpio, y contra los diputados socialistas autonómicos José Camarasa y Antoni Such. Lo hizo porque se hicieron públicas unas grabaciones realizadas por los diputados de dos reuniones mantenidas con los empresarios en las que Herrero y Moreno Carpio explicaban que el también empresario e imputado en el caso Vicente Conesa entregaba supuestamente dinero que presumían era para Eduardo Zaplana y que provenía del cobro de comisiones ilegales de las empresas que participaban en la construcción del parque.
La querella fue inicialmente archivada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en lo que a los diputados se refería, pero continuó viva para los dos empresarios. El Juzgado de Lo Penal número dos archivó la causa porque un día antes del juicio Eduardo Zaplana aceptó un supuesto perdón pedido por los empresarios acusados.
Ahora, la fiscalía, en el marco de las diligencias por fraude fiscal de más de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas en relación con la construcción del parque temático de Benidorm reclama toda la documentación del caso. Un escrito firmado el pasado día 12 y con registro de entrada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia de seis días después pide al magistrado que reclame toda la documentación.
En concreto, la fiscalía reclama que se pida la querella interpuesta por Eduardo Zaplana, la información que generó en prensa, la ampliación de la querella, el sobreseimiento de la querella por parte del TSJ para los parlamentarios autonómicos, la declaración del empresario imputado Vicente Conesa, la de José Herrero, el informe pericial de procesado de las dos cintas de conversación, el informe fiscal, el escrito de conclusiones del fiscal, el escrito de defensa del empresario acusado y también imputado en el caso Terra Mítica José Herrero, el auto de señalamiento de juicio oral, el escrito de renuncia del querellante y la sentencia dictada. Y, además, la fiscalía pide al juez del caso Terra Mítica que se dirija a la Dirección General de la Policía, a la sección de acústica, y que le solicite una copia del disco compacto que se grabó con el contenido de las grabaciones y que fue remitida al Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, el que se encargó de la investigación de la querella cuando quedó reducida a los dos empresarios.
Por último, la fiscalía de Valencia pide que el instructor del caso Terra Mítica cite a los peritos que firman el informe para que lo ratifiquen. Según fuentes de la causa, a pesar de que el grueso de la investigación se centra en el delito fiscal, el pago de comisiones ilegales no está ni mucho menos descartado, por difícil que pueda resultar acreditarlo con pruebas.
Precisamente, para encontrar esas pruebas están aún pendientes de respuesta las comisiones rogatorias instadas por el juez a entidades bancarias en el extranjero, en Andorra y Suiza entre otros destinos, para despejar si el presunto principal cerebro de la red, Vicente Conesa, directamente o a través de su mujer o alguno de sus dos hijos, imputados también, depositaron dinero en el extranjero, con qué objeto y con qué origen. La causa Terra Mítica está abierta por delito fiscal, falsificación, blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, alteración contable y estafa. Hay casi 30 imputados.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 26/05/2009
Foto: Benidorm (Alicante), Terra Mítica - mediterranea.org
Madrid: Precisiones sobre la querella contra Lamela por prevaricación
Ante las informaciones incorrectas y confusas, cuando no falsas, que han venido divulgando diversos portavoces de la Comunidad de Madrid sobre la noticia hecha pública ayer acerca de la querella de la Fiscalía de Madrid contra el ex-Consejero de Transportes e Infraestructuras, Manuel Lamela, Ecologistas en Acción* quiere hacer las siguientes precisiones...
Plan de Carreteras 2007-2011
La querella se refiere al Plan de Carreteras 2007-2011. Algunas fuentes de la Comunidad de Madrid dicen ahora que dicho plan no existe, pero Ecologistas en Acción dispone de la trascripción de las comparecencias parlamentarias del propio Manuel Lamela en la que presenta dicho Plan y desgrana los diversos proyectos que incluye: cierre norte de la M-50, desdoblamiento de la M-600, ampliación de carriles de la M-607, desdoblamiento de la M-501…
¿Partidismo de la Fiscalía?
Los portavoces del Gobierno regional han hablado de la “utilización partidista y sectaria de los poderes del Estado contra los adversarios políticos de ZP”, o del “partidismo de la Fiscalía”. Pero los incumplimientos de la ley son flagrantes:
- Si no existía el Plan de Carreteras, como dice ahora el Gobierno regional, se incumple la Ley 3/1991 de carreteras de la Comunidad de Madrid, que impide actuaciones en carreteras si no están incluidas dentro de un Plan de Carreteras. La mejor prueba de este incumplimiento es que la Comunidad de Madrid modificó justo el artículo que establecía esta obligación en la conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos aprobada en diciembre de 2008. Pero hasta esa fecha, la normativa previa era de obligado cumplimiento.
- Y si por el contrario sí existía el Plan de Carreteras, entonces se incumple la Ley estatal 9/2006, de Evaluación Ambiental de Planes y Programas, que obliga a evaluarlo ambientalmente en su conjunto. Nuevamente, la mejor prueba del incumplimiento es el siguiente movimiento de la Comunidad de Madrid, que ha encargado la redacción del Plan de Carreteras 2009-2020 para, esta vez sí, someterlo a evaluación ambiental en su conjunto. ¿Qué sentido tiene presentar primero un Plan 2007-2011 y luego un 2009-2020, si no es por que se quiere subsanar una actuación “irregular”?
No está de más recordar que hasta la redacción de este nuevo Plan de Carreteras 2009-2020 se le ha encargado a una empresa privada (la mercantil Equipo Técnico en Transporte y Territorio, S.A.). El ansia privatizadora de la administración regional llega hasta el punto de renunciar hasta a lo más básico, la planificación, y dejarla en manos de intereses privados.
“La Comunidad de Madrid evalúa ambientalmente todos los proyectos de carreteras”
Tampoco se han ruborizado los diversos portavoces al afirmar que el Gobierno regional cumple siempre la ley en materia de evaluación ambiental. Ahí están los casos del desdoblamiento de la M-501, o de la ampliación de la M-30, ambos con sentencias en contra. Aunque esta última obra fue ejecutada por el Ayuntamiento de Madrid, la autorización para realizarla sin evaluación ambiental vino de la Comunidad de Madrid.
Ecologistas en Acción confía en que a partir de ahora los administradores públicos de la Comunidad de Madrid pongan tanto empeño en el cumplimiento de la ley como están poniendo desde ayer en disfrazar de ataque injustificado algo que no es sino una evidencia: que la Comunidad de Madrid lleva tiempo funcionando como una auténtica insumisa de buena parte de la legislación ambiental.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 26.05.09
Foto: Madrid, carretera pantanos - publico.es
Salamanca: Ahora lo derribo, ahora no
ELMUNDO* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Salamanca ha paralizado de forma cautelar el derribo del Teatro Bretón, después de que la empresa propietaria empezará a tirarlo abajo con las primeras luces del día. La causa de la paralización no tiene que ver con el valor artístico del inmueble, sino con una sentencia sobre la construcción de una piscina ilegal en una zona verde que construyó la empresa Santher, propietaria del Teatro, en Villamayor de la Armuña y que le impide realizar trabajos en Salamanca durante un año.
La juez titular de dicho juzgado ha convocado el próximo jueves a la empresa y los denunciantes a una vista oral, en la que se decidirá si se autoriza continuar con el derribo o lo paraliza hasta que se cumpla el plazo de la sentencia anterior.
Las asociaciones vecinales, Izquierda Unida y Los Verdes Foro de Izquierdas pusieron el recurso a las 9 de la mañana de este martes al ver cómo avanzaban los trabajos de demolición.
A las 11 del a mañana, la jueza emitió el auto. Después, y según denuncia el PSOE, la Policía Local tardó más de una hora en hacerlo cumplir.
En ese tiempo, diversos miembros de las asociaciones denunciantes intentaron detener la acción de las máquinas, que continuaban trabajando, provocando momentos de fuerte tensión.
El recurso también se basa en que existe un expediente presentado por Ciudadanos en Defensa del Patrimonio ante la Junta de Castilla y León para que el Teatro Bretón sea declarado BIC, que ha provocado que el Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León solicitara un informe justificativo de los valores y singularidad que concurren en el inmueble, por si reúne las características y relevancia necesaria para alcanzar la categoría de Bien de Interés Cultural, según lo previsto en la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León
Las obras de derribo han comenzado por la fachada de la Plaza de San Román y las retroexcavadoras han derribado un importante porcentaje del Teatro Bretón.
El Ayuntamiento de Salamanca concedió permiso a la empresa Santher a mediados de mayo para derribar el edificio, después de que fracasaran las negociaciones que los propietarios mantuvieron con Caja Duero y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez para comprar el edificio y darle un destino cultural. Sin embargo, el futuro de esos terreros será acoger una residencia de ancianos y un parking privado.
* El Mundo - José Manuel Blanco - 26.05.09
Foto: Imagen de parte del Teatro Bretón recién derribado. | E. Carrascal, elmundo.es
Declaran ante el juez 35 cargos del Gobierno valenciano que autorizaron contratos a Orange Market
ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Valencia retoma las declaraciones en la investigación del caso Gürtel. Un total de 35 cargos de la Generalitat que autorizaron contratos entre la administración y la empresa Orange Market, presidida por Álvaro Pérez, El Bigotes, testifican hoy ante el juez. La directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, ha sido la primera en comparecer, tras llegar al tribunal minutos antes de las nueve y media de la mañana. A la entrada, no ha querido responder a las preguntas de los medios.
El Bigotes, quien mantiene una íntima amistad con el presidente valenciano, Francisco Camps, obtuvo contratos de la Generalitat vinculados directamente a la actividad del jefe del Ejecutivo. La mayor parte de las adjudicaciones estaban relacionadas con la Consejería de Turismo, si bien, el Bigotes también hizo negocios muy ligados a la esfera del presidente valenciano.
Entre los 35 altos cargos citados hoy por el magistrado instructor de la causa abierta por un supuesto delito de cohecho, no hay ningún consejero valenciano. Las declaraciones de los imputados en la rama valenciana del caso Gürtel se iniciaron la semana pasada con la comparecencia del ex vicepresidente y ex consejero de la Generalitat valenciana Víctor Campos, el portavoz popular en las Cortes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el presidente Camps, y del ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, y el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez.
Tras ser interrogado durante casi una hora por el juez, el tribunal mantuvo la imputación sobre el presidente Camps, quien declaró estar "contento y satisfecho" de haber podido contar lo que había ocurrido en los últimos meses. El presidente valenciano no aportó ninguna prueba en su comparecencia y se presentó sin las facturas de los trajes por valor de más de 12.000 euros, que supuestamente recibió de las empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa.
Personación del Estado
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado hoy que la Abogacía de Estado está a la espera del informe que prepara la Agencia Tributaria para comprobar si se han puesto "en juego" intereses "importantes" para la Hacienda Pública en el caso Gürtel. "Si hubiese en juego intereses importantes para la Hacienda Pública de todos los españoles por supuesto. No lo dudo", ha respondido Caamaño en declaraciones a RNE, al ser preguntado si el Estado se personará en la presunta trama de corrupción.
Por otra parte, el presidente del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, ha pedido disculpas "a los periodistas que hayan podido sentirse aludidos" por sus palabras sobre la investigación de la trama corrupta, y ha subrayado que cuando dijo que "alguien debería estar en la cárcel" se refería "a quien de forma interesada" está "filtrando el sumario del caso". Ayer por la tarde, Ripoll ya se disculpó con el mismo argumento.
* ELPAIS.com - 26/05/2009
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
"Las medidas llegan tarde"
ELPAÍS/Entrevista* : Ángel Núñez dejará pronto su puesto de fiscal de Medio Ambiente en Cádiz, desde el que coordina al resto de compañeros de Andalucía, para dedicarse temporalmente al asesoramiento para la reforma del Código Penal. Durante años ha sido el azote de administraciones, jueces y particulares contra el urbanismo ilegal.
Pregunta. ¿Cómo se encuentra la Fiscalía que abandona?
Respuesta. Esta Fiscalía sufre una pertinaz falta de medios, sobre todo, de personal. La de Cádiz es una Fiscalía tremendamente compleja con cuatro unidades, Ceuta, Cádiz, Algeciras y Jerez, cada una de las cuales es más grande incluso que la de otras capitales. Y eso resulta complicado de trasladar a los que tienen que hacer las dotaciones de medios. Se suple con una enorme dedicación y horas y horas de trabajo.
P. La Junta ha puesto en marcha un plan de inspección con la colaboración de los ayuntamientos. ¿Es el camino correcto?
R. Sí. La necesidad de imponer la disciplina urbanística es absolutamente perentoria y para imponerla lo primero que hay que saber es cuál es la situación y trazar un mapa de la ilegalidad. Hasta ahora se avanzaban cifras muy dispares pero no se ha realizado el inventario que se está realizando ahora.
P. ¿Se llega a tiempo?
R. No. Se ha llegado tarde por una conjunción de factores: ha habido desidia municipal para aplicar las competencias que contiene la ley; han faltado órdenes judiciales de demolición; se han antepuesto intereses electorales, incluso con momentos de corrupción. Las medidas llegan tarde pero había que hacer algo. Es una situación irreversible pero hay que ponerle coto y decir de ahora en adelante no va a volver a suceder.
P. ¿Y cuál ha sido el papel de la Fiscalía?
R. Hemos conseguido un doble objetivo: que los tribunales hayan ido atendiendo nuestros planteamientos y que la sociedad tome conciencia de que las víctimas de los delitos urbanísticos somos todos. Es la sociedad la que se debe movilizar para ir en contra de estos comportamientos, frente a los grupos de presión que tratan de influir en los ayuntamientos.
P. Ahora va a participar en la reforma del Código Penal. Casos como el de Marta del Castillo han avivado el debate sobre el endurecimiento de las penas, incluso el de la cadena perpetua. ¿Esa presión influirá?
R. Me aventuro a decir que no. Cuando se producen hechos de esa magnitud y cuando se les da mucho relieve, no exento de amarillismo, la reacción popular es lógica. Pero considero que el agravamiento de las penas no conduce a una mayor eficacia del derecho penal. Lo que hay que hacer es dotar de medios a la justicia para que responda de una manera más rápida y eficiente.
* ELPAIS.com - 25.05.09
Diez detenidos en el Ayuntamiento de Arrecife por cobrar comisiones ilegales a empresarios
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RTVE/Lanzarote* : Diez personas han sido detenidas este lunes tras un registro en el Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, en una operación anticorrupción contra concejales, funcionarios y empresarios del consistorio lanzaroteño, entre ellos varios políticos del PIL (Partido de Independientes de Lanzarote). Según la Guardia Civil, la trama de corrupción municipal y urbanística se dedicaba a cobrar comisiones ilegales a empresarios.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que no facilita ningún nombre, entre los detenidos se encuentra un ex presidente del Cabildo de Lanzarote, dos concejales del Ayuntamiento de Arrecife, dos funcionarios del consistorio y varios empresarios.
Aunque el TSJC informó esta mañana de la detención de diez personas implicadas en esta trama, la Guardia Civil asegura que los detenidos en la denominada 'Operación Unión' son nueve, aunque no se descartan más arrestos.
El líder del PIL, Dimas Martín, que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 8 años, es uno de los diez detenidos en la trama de corrupción de Lanzarote, junto a su hija Elena Martín, jefa del Servicio de Contratación, y dos concejales del Partido de Independientes de Lanzarote.
Según han informado fuentes de la investigación, otro de los detenidos en la operación es el empresario Segundo Rodríguez, ex alcalde de Tinajo, ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote y que fue secretario general del PSC-PSOE de Lanzarote durante mucho años.
A los detenidos se les imputa delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.
Algunos testigos han dado otros nombres no confirmados
Según testigos presenciales, en el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña, que se encuentra acordonado por la Guardia Civil, han sido detenidos el primer teniente, Ubaldo Becerra (PIL); el concejal de Urbanisno y Hacienda, José Miguel Rodríguez (PIL) y el ingeniero jefe de la oficina técnica municipal, Rafael Arrocha, y la jefa del servicio de contratación del ayuntamiento, la abogada Elena Martín (PIL).
Las detenciones han sido ordenadas por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, quien ha declarado secretas las actuaciones, cuyo operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desplazados desde Madrid.
Investigación a raíz de una comisión de 100.000 euros
La operación policial, bautizada con el nombre de Unión y que se ha extendido a Gran Canaria, se inició a raíz del cobro de una de las presuntas comisiones ilegales, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.
En esta operación, dirigida por el juez de instrucción número 5 de Arrecife, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado las dependencias del Ayuntamiento de Arrecife y de su Oficina Técnica, una oficina y varios estudios de arquitectura, así como los domicilios de algunos de los detenidos y la celda que ocupa Dimas Martín en la prisión de Tahiche.
Según la Guardia Civil, la investigación ha permitido desarticular "una importante trama organizada" dedicada al cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresarios cuyos intereses económicos "dependen en buena medida de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización".
Así, la Guardia Civil cita "el pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos y concesión de licencias". Además, también investiga una supuesta manipulación de la adjudicación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife.
Cortada la comunicación con el exterior
Pasadas las 09.00 horas, el ayuntamiento de la capital fue rodeado por efectivos de la Guardia Civil, que impidieron la salida de los funcionarios y la entrada de público en las dependencias, al tiempo que cortaron los teléfonos para evitar que algunos implicados que iban a ser detenidos se comunicaran con el exterior.
Mientras se producían las detenciones en el interior del ayuntamiento, fue registrado el domicilio familiar de Dimas Martín en Guatiza, en el municipio de Teguise.
Además del ayuntamiento y la casa de Dimas Martín, la Guardia Civil también procedió a los registros de empresas y domicilios de los principales imputados en esta operación.
Los detenidos fueron trasladados a los Juzgados de Arrecife de Lanzarote para ponerlos a disposición del juez encargado del caso. Desde las últimas elecciones municipales, el ayuntamiento de la capital lanzaroteña es gobernado por un pacto entre el PSC-PSOE y el PIL.
* RYVE.es - EFE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25.05.2009
Foto: Arrecife (Lanzarote) - flickr.com
