IDEAL/Jaén* : Ninguna empresa quiere hacer el trabajo de tirar construcciones ilegales condenadas a demolición por sentencia judicial firme. Es el panorama que se están encontrando los ayuntamientos cuando intentan ejecutar las resoluciones de los tribunales de Justicia. En los últimos tres años se acumulan pendientes de ejecución en la provincia más de medio centenar de sentencias que incluyen como reparación del daño la medida de demolición.
Dos tercios de ellas, aproximadamente, se refieren a la capital. Pero no hay forma de ejecutar ninguna.
El que fuera hasta hace unos meses coordinador de la sección de la Fiscalía especializada en combatir los delitos conta el Medio Ambiente en Jaén, Juan Ignacio Fernández Amigo, ha indicado que se conoce esta circunstancia desde hace ya «más de un año». Los jueces condenan al infractor, que debe apechugar con el coste de la demolición. Como no lo hace por su propia voluntad, son los ayuntamientos los encargados de tirar la casa para luego pasarle la factura al condenado. En varias ocasiones se ha redactado el proyecto de demolición y se ha sacado a licitación, que sistemáticamente queda desierta.
Fuentes consultadas en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jaén confirman que desde Urbanismo se han licitado varios proyectos de demolición de viviendas ilegales. Pero ninguna empresa se ha mostrado interesada en hacerse con el contrato.
La voluntad del Consistorio jienense de cumplir con las resoluciones judiciales llegó al punto de plantearse adquirir la maquinaria necesaria para hacer el trabajo, y evitarse así tener que contratarlo, informan desde Medio Ambiente. Pero el alto coste de las inversiones necesarias y la ruina de las arcas municipales llevaron al dique seco esta decisión. Al menos de momento.
Desde Medio Ambiente indican que incluso el Consistorio llegó a intentar demoler una casa en La Mella cuyo propietario fue absuelto por la Audiencia de un delito urbanístico (que antes un juzgado de lo Penal había considerado probado). Los ayuntamientos son competentes para demoler por vía administrativa. Si encuentran a alguien que quiera hacerlo.
* Ideal - JUAN ESTEBAN POVEDA - 7.12.2008
Foto: Zona Protegida. Paraje de la Mella en Jaén. /IDEAL
Casas ilegales condenadas a demolición se salvan porque no hay empresas que las tiren
La Costa de "los terceros de buena fe"
ELPAÍS/Málaga* : Las asociaciones de vecinos afectados por irregularidades urbanísticas han descubierto la mejor manera de hacerse oír por los ayuntamientos de la Costa del Sol: olvidarse del de asociación y pasar a llamarse "plataforma".
En Marbella, la más influyente es la Plataforma de afectados por el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). Este grupo, liderado por José Ortiz, engloba a los propietarios de las viviendas que el documento urbanístico considera ilegales y sobre las que pesa la posibilidad de la demolición. Estos propietarios, que se califican a sí mismos como "terceros de buena fe" -compradores que adquirieron sus viviendas sin saber que eran irregulares- también rechazan la posibilidad de pagar compensaciones al municipio a cambio de la regularización de las casas.
La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz (PP), ha cultivado ampliamente la amistad de este grupo, que nunca ha cargado contra ella en sus protestas. En octubre de 2007, antes de la aprobación provisional del PGOU, la plataforma sacó a la calle a 2.000 vecinos contra el plan urbanístico que consideraban "impuesto desde Sevilla".
Frente a este grupo, se encuentra la Plataforma Vecinal 29-M, fecha del inicio de la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella. Este grupo, de unos 3.000 vecinos, aglutina a los realmente perjudicados por los desmanes urbanísticos de la era Gil y cuenta con la asesoría legal de la abogada Inmaculada Gálvez. El colectivo exige el cumplimiento de unas 40 sentencias firmes de demolición y plantea impugnar el plan urbanístico al entender que "es una ley de amnistía y no profundiza en las responsabilidades de las infracciones urbanísticas que se han cometido en Marbella", con más de 18.000 viviendas ilegales.
Los vecinos de Mijas que viven en las 1.700 casas diseminadas con expediente de demolición se miran en la plataforma de José Ortiz. A pesar de que su asociación ha forzado un pleno sobre sus casas, se quejan de que el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), no paraliza los expedientes mientras se revisan.
En Estepona también luchan por regularizar los campitos, las viviendas aisladas de las afueras. Este grupo denuncia que mientras a ellos les ponen multas por sus casas, empleados municipales han construido en zona agrícola impunemente.
* ELPAIS.com - F. J. P. / J. V. - Málaga - 07/12/2008
Foto: Marbella -elpais.com
Alcaldes en el banquillo
DIARIODEMALLORCA/Editorial* : La imagen de diez alcaldes o ex alcaldes del PP, dos cargos más de este mismo partido y dos funcionarios públicos, sentados en el banquillo de los acusados, ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, es de las que hacen época. Supone un nuevo paso adelante en la campaña emprendida por la Fiscalía contra la corrupción tras haber dado en la diana en otros casos, quizás de mayor envergadura e impacto, pero que no implican a tantos políticos como éste. La trama montada por el ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, para legalizar su casa, construida o reformada de manera presuntamente ilegal en suelo rústico, no hubiera tenido la repercusión que tiene si no fuera por sus protagonistas.
Irregularidades grandes y pequeñas en la foravila las encontramos por doquier, pero el hecho trascendente está en quién las ha podido cometer: un alcalde, con el amparo de otros diez alcaldes de su mismo partido, que son -en teoría- quienes debían velar por la legalidad en sus respectivos municipios.
Desde el punto de vista de la construcción ilegal en suelo rústico, el caso caballistas podría no ser un asunto tan grave, habida cuenta de la proliferación de irregularidades que encontramos a lo largo y ancho de la geografía insular. Sabemos que muchos alcaldes han sido tolerantes con este tipo de construcciones por motivos de vecindad, por conveniencia electoral o por falta de medios de algunos ayuntamientos para ejercer el control -y de ahí que el Consell se haya visto obligado a crear un organismo supramunicipal para evitar estos compromisos-, pero tal cosa no disculpa el incumplimiento de la ley, como en el caso del que hablamos, denunciado en su día por Diario de Mallorca. ¿Dónde empieza la corrupción? ¿Hay una corrupción menor y otra en mayúsculas? La corrupción no tiene medidas, pero lo que para nosotros estuvo claro desde el principio es que el entonces alcalde de Ses Salines había traspasado la raya, en caso de que la hubiera, y así lo entendió la Fiscalía.
La disciplina urbanística no obedece a razones exclusivamente recaudatorias por parte de los municipios o al capricho de los legisladores y de los responsables municipales de turno, sino que es, o debiera ser, de interés general para el uso de un recurso escaso como es el territorio y el paisaje. En esta cuestión hay que ir con mucho cuidado. Y, por eso, no es nada ejemplar que unos alcaldes se muestren tan poco prudentes o, en el caso de Vidal, pretendieran legalizar su casa con el pretexto de ser sede de una agrupación de caballistas, cuya actividad, por otra parte, es absolutamente respetable. Ese carácter ejemplarizante es, precisamente, lo que mejor define el juicio al que hemos asistido esta semana. Las leyes son iguales para todos los ciudadanos y nadie, por muy alcalde o influyente que sea, puede infringirlas.
Es por eso que si algo ha chirriado estos días en relación al caso caballistas es la declaración del nuevo portavoz del Partido Popular, Carlos Simarro, al querer minusvalorar la importancia del juicio y denunciar una supuesta orquestación judicial en contra de su partido. A estas alturas, con tantos juicios por corrupción en marcha, apelar a una persecución política es un auténtico sarcasmo que no ayuda, en absoluto, a que la sociedad retome la confianza en los partidos y las instituciones. Ver a diez alcaldes sentados en el banquillo, sean del partido que sean, no contribuye a restituir esta confianza, pero ojalá sirva para que los ciudadanos crean en la Justicia y sepan que los delitos, por insignificantes que a algunos les parezcan, no quedan impunes.
* Diario de Mallorca - Editorial - 7.12.2008
Arca denuncia el incumplimiento de la Constitución en materia urbanística
CANTABRIACONFIDENCIAL* : La asociación ecologista Arca denunció el incumplimiento de la Constitución española, con motivo del treinta aniversario de su aprobación. En un comunicado, Arca aseguró que "la intervención de los poderes públicos en política territorial y urbanística sigue sin dar satisfacción a los derechos constitucionales de acceso a una vivienda digna y disfrute de un medio ambiente saludable".
La asociación ecologista incidió en el incumplimiento "sistemático" del artículo 47 de la Carta Maga, que exige regular "la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", y que establece que el conjunto de la población "participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".
"El urbanismo en Cantabria ha generado unas plusvalías multimillonarias, pero la población no ha recibido participación alguna, sino que ha sufrido un deterioro ambiental y una espiral de precios y endeudamiento sin comparación en el conjunto de la Unión Europea", aseveró Arca.
* Cantabria Confidencial - 6.12.2008
Foto: Cantabria - abc.es
