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LAPROVINCIA/GranCanaria* : Organizaciones como Ben Magec, defensores del Patrimonio Histórico y vecinos de Gáldar plantarán batalla al proyecto de construir un centro comercial y 1.400 viviendas en la vega agrícola del municipio, a pocos metros de la Cueva Pintada, algo que prohíbe una sentencia del TSJC.
Así lo afirmó hoy el portavoz de los ecologistas de Ben Magec, Antonio Hernández, quien agregó que la sentencia será firme cuando pase por el Tribunal Supremo y que, aunque en Canarias es costumbre incumplir los fallos judiciales como sucedió con la "supercomisaría", las torres del Canódromo y el edificio Woerman, en este caso "se cumplirá la ley".
El plan territorial especial contempla un proyecto que abarca un millón y medio de metros cuadrados, incluido el desvío de la autovía para no aislar el centro comercial, que ocuparía una superficie de 140.000 metros, cuando Las Arenas, en la capital grancanaria, ocupa 35.000.
Además, 1.400 viviendas suponen un desarrollo "desorbitado" que no cuenta con estudio de sostenibilidad.
En el entorno del lugar escogido para el proyecto existen cuatro bienes de interés cultural más un quinto que próximamente puede ser declarado como tal y es el primer pozo de agua de la isla que data de 1750, lo que se suma al los vestigios aborígenes que esconden estas tierras y que serían desvelados en cuanto comiencen las obras.
Antonio Hernández criticó que los empresarios ligados a la promotora Yudaya estén tan empecinados en la idea que usen sus medios de comunicación, Canal 9 radio y televisión, dijo, para vetar a artistas como Arístides Moreno por manifestarse en contra de este proyecto, que a su juicio debe ser sometido a debate público y no sólo a información pública consistente en la entrega de un engorroso CD.
Los representantes vecinales agregaron no estar en contra del centro comercial, pero sí de su ubicación, pues afectaría a la vega agrícola como sucedió en Vecindario, Telde o Jinámar, que se asentaron sobre terrenos rústicos que desaparecieron, igual que está sucediendo en Arucas y Gáldar.
Además, esta política está en contra del documento de lucha contra el cambio climático del Gobierno canario, que apuesta por recuperar las zonas agrícolas de las islas.
Por ello, los vecinos concluyeron que cuando quieran vivir en poblaciones de 50.000 habitantes la elegirán ellos mismos, pero no permitirán que se la impongan los políticos, que cuando están en la oposición luchan contra el centro comercial y al obtener la Alcaldía la defienden, pues "poderoso caballero es don dinero".
* La Provincia - EFE - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 08.07.2008
Foto: Gáldar (Gran Canaria), costa - laprovincia.es
Gáldar, en contra del nuevo centro comercial y las 1.400 viviendas
A Estrada: Denuncian irregularidades en la tramitación de la Cidade do Moble
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FARODEVIGO* : La Asociación pola Defensa do Val do Liñares acaba de alegar al proyecto de la Cidade do Moble que se pretende emplazar en la parroquia estradense de Lagartóns denunciando "irregularidades en el procedimiento administrativo, la no consideración de los principios de sostenibilidad establecidos por Medio Ambiente en la redacción del proyecto, la incompatibilidad urbanística del proyecto y la valoración inadecuada de las características naturales del entorno así como de los impactos ambientales previstos".
El colectivo solicita que la exposición pública sea declarada nula "de pleno derecho" y que se abra un nuevo período de exposición "en el que se cumpla la legalidad vigente" así como "la retirada del proyecto y su posterior adecuación a la normativa ambiental y urbanística vigente".
En cuanto a su petición de declaración de nulidad de la exposición pública del estudio de impacto ambiental, la asociación la justifica asegurando que dicho estudio "debería haber sido expuesto al público durante un plazo de 2 meses en lugar de los 30 días establecidos en el anuncio publicado en el DOG" y que, además, ese estudio n estuvo "disponible durante los 30 días establecidos de manera que no se ha podido localizar el mismo ni en el Concello da Estrada ni en el Instituto Galego de Vivenda e Solo". Para justificarlo, aporta un acta notarial.
Asimismo, respecto de los principios de sostenibilidad ambiental, entiende que no se han valorado otras ubicaciones diferentes y que se propone su ubicación en suelo rústico especialmente protegido "en un claro incumplimiento de la legalidad urbanística".
En cuanto a la justificación del carácter supramunicipal y de interés público, entiende que "no se ha tenido en cuenta a todo el sector del mueble en A Estrada sino que se pretende beneficiar únicamente a un porcentaje ínfimo de empresarios, ubicados en Lagartóns", que "las acciones de promoción empresarial, mejora del marketing, mejora de los procesos productivos" y el asociacionismo se pueden propiciar sin la creación del polígono industrial especializado, que la creación de la Cidade do Moble supondrán la utilización "de dinero público para duplicar instalaciones existentes en A Estrada" como el recinto de exposiciones o las aulas de formación y que la justificación esgrimida para la ejecución del polígono permiten su inclusión en cualquier terreno del término municipal de A Estrada.
Respecto de la caracterización ambiental de la zona de implantación del polígono, entiende que no se tuvo en cuenta la existencia de flora y fauna protegidas, que no se cuantificó el valor ambiental de los recursos fluviales existentes en la zona y que no se realizó un estudio de dispersión de la contaminación atmosférica. Finalmente, asegura que en la realización de la valoración de impacto ambiental del polígono no se usó una metodología objetiva y que no se tuvieron en cuanta los impactos sobre los ríos y humedales de la zona, sobre las especies protegidas y sobre la calidad del aire.
* Faro de Vigo - Silvia Pampín / A ESTRADA - 08 de julio de 2008
Foto: A Estrada (Pontevedra), polígono Lagartons - farodevigo.es
La Fiscalía incoa diligencias por la macrourbanización de Candeleda
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ÁVILADIGITAL* : La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo ha incoado diligencias informativas por las posibles irregularidades en una macrourbanización que se pretende construir en Candeleda y que no cuenta con Declaración de Impacto Ambiental.
Se trata de la urbanización ‘Candelas de Gredos’, que promueve la empresa Dávila Monteblanco en el paraje de Navalpilón, junto al Parque Regional de la Sierra de Gredos.
En total son 431 viviendas y 200 plazas hoteleras en una superficie de 26 hectáreas las que incluye el proyecto, con lo que la ocupación podría llegar a las 2.000 personas. El municipio cuenta ahora con 5.000 vecinos.
Fue en el mes de mayo cuando la Plataforma Ciudadana contra la Especulación Urbanística de Candeleda, junto con varias asociaciones locales, denunció ante la Fiscalía General del Estado el inicio de las obras para el suministro de agua y las “diversas irregularidades” del Plan Parcial aprobado en la zona de Navalpilón, en la zona en la que pretende construirse la urbanización.
Los hechos denunciados ya han sido investigados por la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha comunicado a la Plataforma contra la Especulación de Candeleda la incoación de diligencias informativas para valorar si tiene trascendencia penal.
La Fiscalía de Medio Ambiente ha dado trasladado, además, del contenido de la denuncia y de la documentación anexa a la Fiscalía Provincial de Ávila.
Irregularidades en la tramitación
El plan parcial fue aprobado en octubre de 2006 y entre las irregularidades que denuncia la Plataforma contra la Especulación de Candeleda figura la recalificación de terrenos rústicos después de que fueran comprados por la promotora o la ausencia de un estudio de impacto ambiental.
Se ha variado, además, el dominio público hidráulico en zona protegida que establece el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos y de la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León, según se detallaba en la denuncia interpuesta en el mes de mayo por la Asociación para la Protección del Medio Natural de Candeleda, Cinclus, integrada en la plataforma, que aseguraba también que se trata de una zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).
Las obras para la captación de agua en el arroyo Castañarejo, el principal afluente de la garganta de la que se abastece Candeleda, y la construcción de un depósito se iniciaron en el mes de mayo, aunque a principios de junio, el Ayuntamiento de Candeleda suspendió temporalmente los trabajos para revisar el expediente.
A finales de mayo, más de 2.000 personas, entre las que se encontraba el actor Daniel Guzmán, se manifestaron contra la urbanización.
* Ávila Digital - María Cuenca - 08.07.2008
Foto: Candeleda (Ávila), terreno urbanización - aviladigital.com
Los defensores del ladrillo recuperan la alcaldía de Dénia
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ELPAÍS/Alicante* : Un tránsfuga otorga el poder al PP entre gritos de "especuladores". Los defensores del ladrillo recuperaron ayer la alcaldía de Dénia. Gracias al apoyo de un tránsfuga socialista, la popular Ana Kringe recibió a la una del mediodía la vara de mando entre gritos de "usurpadora", "mafiosos" y "especuladores".
Kringe, que ni siquiera pudo acabar su discurso de investidura por culpa de los abucheos del público, había recibido minutos antes el apoyo del concejal tránsfuga socialista Juan Collado y de los ediles de Gent de Dénia, Centre Unificat y PSD, cuyos votos en el pleno sirvieron para aprobar la moción de censura que derroca al anterior gobierno de PSPV y el Bloc, encabezado por la socialista Paqui Viciano. De esta manera, vuelve al gobierno municipal el equipo que entre 1999 y 2003 planificó la construcción de 20.000 viviendas en la costa norte de Dénia. Un plan que abortó la alcaldesa socialista Paqui Viciano, que se proponía la protección de cuatro millones de metros cuadrados en la localidad. Protección que estaría incluida en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya redacción no pudo concluir y que ahora está en manos del nuevo equipo de gobierno local. Tanto Kringe como Pepa Font, de Centre Unificat, formaron parte del equipo que impulsó los planes que paró Viciano.
Fue sin duda el pleno más tenso de la historia democrática de Dénia. El público abarrotó tanto el salón de plenos como la escalinata exterior del edificio consistorial, donde fue necesario colocar una pantalla de televisión. La mayoría de los asistentes eran partidarios del PSPV y el Bloc e interrumpieron con sus gritos los diferentes discursos de los portavoces que habían firmado la moción de censura y que prácticamente no pudieron escucharse.
Las iras del público, que en numerosas ocasiones mostró su temor por los intereses urbanísticos que escondería el nuevo gobierno, se concentraron sobre todo en la nueva alcaldesa, contra la que clamaron "Kringe, el pueblo no te admite" y a quien compararon con Zaplana por haber alcanzado el poder gracias al apoyo de un tránsfuga: A este último le espetaron "Collado, traidor" y "Collado, Judas".El público desplegó en la sala una pancarta contra el transfuguismo en la que podía leerse "Contra la traición, escuchar a la voluntad popular". No obstante, y aunque en clara minoría, también hubo partidarios de la moción de censura que aplaudieron cuando pudieron las intervenciones de Kringe y de sus aliados. Destacó la presencia de conocidos promotores de Dénia, cuya presencia no era baladí: en juego está el futuro de una de las costas más emblemáticas del Mediterráneo, cuyo Plan General ha de redactarse en apenas un año.
El urbanismo de Dénia y la ruptura del pacto antitransfuguismo centraron las diferentes alocuciones. Viciano definió el día de ayer "como el más triste de la historia democrática de la ciudad", acusó a los partidos votantes de la censura de cometer un "atentado contra la soberanía del pueblo" (instante en que el público gritó "manos arriba, esto es un atraco") y dijo que el gobierno de Kringe quiere redactar un nuevo PGOU "basado en intereses particulares".
El portavoz socialista, Vicent Grimalt, acusó a Collado de "traicionar a su partido" y advirtió de que el gobierno de Kringe "llenará la costa de hormigón". Y el del Bloc, Pau Reig, indicó: "La amalgama de partidos que nos van a gobernar no son tan distintos, porque constituyen la derecha de siempre".
Por su parte, los partidos que arropan a Kringe incidieron en las presuntas irregularidades urbanísticas que habrían cometido PSPV y Bloc. Cansado ya de que el público le tildara de "especulador", el edil tránsfuga advirtió de que "quien ha especulado aquí ha sido Viciano, quien debería explicar sus relaciones con las empresas Realia y Conca"·, mercantiles que han desarrollado varios planes parciales en Dénia. Collado aseguró haber recibido "amenazas telefónicas y por e-mail" contra su familia y anunció que liderará una comisión anticorrupción sobre asuntos urbanísticos. La nueva alcaldesa también anunció que realizará una auditoría urbanística, si bien quiso hacer un guiño a la nueva oposición y le ofreció consensuar el futuro Plan General.
Kringe prometió una política económica "seria y restrictiva" y reducir los ediles liberados de ocho a tres. Kringe se aprestaba al cierre de esta edición a firmar las nuevas delegaciones de su Corporación, cuya distribución demuestra que todos los partidos van a tener voz y voto en la gestión del urbanismo. Las principales carteras de esta última área recaerán en la portavoz de Centre Unificat, Pepa Font, quien en su día fue la principal precursora del plan de las 20.000 casas en Les Marines y que asumirá Planeamiento; en el portavoz del PP, Vicent Chelet, que gestionará Grandes Proyectos; en el de GD, Miguel Llobell, con licencias; y en el propio Collado, que llevará Aguas y Medio Ambiente. Chelet también será el responsable de Hacienda y Llobell de Gobernación, mientras que, significativamente, el ex presidente de los promotores, Juan Sancho, sea el portavoz más alejado de las competiciones urbanísticas, al asumir Cultura y Juventud. Turismo recaerá en Toni Sentí, el número dos de CU.
Al pleno acudieron numerosos responsables de ambos partidos. Por el PP, asistió la zaplanista Mónica Lorente, así como el alcalde de Ondara, Ximo Ferrando. También estuvo el presidente del PSD de Alicante, Antoni Romera, quien, paradójicamente, mantiene en Calp un pacto con socialistas y nacionalistas.
La derrota unió a las diferentes familias socialistas. Junto al candidato a la secretaría general del PSPV, Jorge Alarte y a varios miembros de la actual gestora del PSPV, estaba el secretario general de La Marina Alta, Paco Carrió. También acudió el secretario general de los socialistas alicantinos, Roque Moreno, que mantuvo una amplia discusión con Collado. El PSOE responsabilizó al presidente del PP, Mariano Rajoy, de romper el pacto antitransfuguismo y avalar la moción de Dénia.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 08/07/2008
Foto: Moción de censura en el Ayuntamiento de Dénia- NATXO FRANCÉS, elpais.com
Barrientos se negó a revocar una licencia para 75 casas junto al mar
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ELPAÍS/Málaga* : Desde que hace tres semanas se desarrolló la operación policial y judicial por corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, no se ha cansado de repetir que lo ocurrido en esta ciudad tiene poco que ver con lo que pasó en Marbella durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) investigado en el caso Malaya.
Una de las diferencias esenciales es el cumplimiento de la legalidad urbanística. Durante 15 años, los gobiernos municipales de Marbella concedieron licencias de obras contrarias a la normativa urbanística, no siguieron ningún tipo de planeamiento, recalificaron suelo sin seguir los procedimientos reglamentarios y autorizaron la construcción de unas 18.000 viviendas ilegales. Todo ello a cambio de comisiones y dádivas cuando no el propio gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, participó en los negocios de las promociones ilegales.
No es que el Ayuntamiento de Estepona haya sido modélico en la disciplina urbanística, pero no hay constancia de que haya existido una práctica sistemática de los gobiernos municipales de adoptar resoluciones contra las normas en la materia. La juez instructora del caso Astapa investiga cuestiones como si en los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Marbella se fijaron compensaciones proporcionadas, si se tasaron por debajo del valor de mercado suelos municipales antes de ser permutados, o si pudo haber extorsión a promotores por parte de técnicos y políticos municipales. Otra cosa es que de estas corruptelas se derivaran también incumplimientos de la legalidad urbanística.
A diferencia de Marbella, por los datos conocidos hasta ahora no parece que en Estepona haya ocurrido así, al menos de forma generalizada. Cuando en marzo de 2006 saltó el caso Malaya, la Junta de Andalucía tenía impugnadas en los tribunales 400 licencias de obras otorgadas por el Ayuntamiento.
En Estepona, la Junta sólo tiene impugnados en la vía de lo contencioso administrativo cinco acuerdos municipales en materia de urbanismo, si bien han podido producirse más resoluciones susceptibles de ser recurridas -desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en 1994 el Ayuntamiento ha introducido 150 modificaciones puntuales-.
De los acuerdos impugnados en los tribunales por la Junta, tres son anteriores a la llegada a la alcaldía de Antonio Barrientos, y los tres son por autorización de viviendas unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable.
De los otros dos contenciosos que datan de la etapa de Barrientos, en la legislatura 2003-07, hay uno especialmente significativo, por la concesión de licencia para construir 75 viviendas junto a la playa de Punta la Plata en un suelo que PGOU vigente reservaba como sistema general. Antes de poner el recurso contencioso administrativo, la Junta conminó al equipo de gobierno presidido por Antonio Barrientos a revocar la licencia de obras, el consistorio acordó ratificarla. La Junta pidió al juzgado de lo contencioso la suspensión cautelar de las obras, pero éste lo negó, de forma que la promotora ha continuado la construcción, ya concluida. Quien sea nuevo alcalde de Estepona se encontrará con la patata caliente, ya que la promotora ha solicitado al consistorio la licencia de primera ocupación
La otra impugnación se refiere a una modificación de elemento del PGOU para transformar en urbanizable una zona de verde y de espacios libres porque el Ayuntamiento la aprobó pese a tener informe desfavorable de la Consejería de Obras Públicas y no pidió un pronunciamiento que es preceptivo al Consejo Consultivo.
Pero el principal problema de legalidad urbanística en Estepona es el control de las construcciones de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, asunto en el que el Ayuntamiento si se ha mostrado laxo y ha evidenciado cierta dejadez. Puede haber más de un millar de viviendas ilegales en suelo rústico, según estimaciones del concejal de Urbanismo.
Cuando Rafael Duarte se hizo cargo de la concejalía, tras las elecciones municipales de 2007, comprobó que en las dependencias municipales había un atasco de 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas de particulares sin resolver. Fuentes de la Junta han reconocido que hasta 2007 el Ayuntamiento de Estepona solía no contestar los requerimientos que le realizaba pero que a partir de entonces, es decir, de la llegada de Duarte a la concejalía de Urbanismo, lo hace con regularidad y ha incoado expedientes de protección de la legalidad y de suspensiones de obras.
El urbanismo de Estepona y Marbella
- Antes del 'caso Astapa', la Junta había impugnado cinco acuerdos municipales, tres anteriores al mandato de Antonio Barrientos, en prisión preventiva por esta operación contra la corrupción.
- Antes del 'caso Malaya', la Junta había recurrido la concesión de unas 400 licencias. Se emitieron durante los 15 años de gobierno del GIL en la ciudad.
- En mayo de 2007, el Ayuntamiento de Estepona tenía un atasco de 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas de particulares sin resolver, pendientes de tramitación.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 07/07/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
El desajuste
ÁNGEL RODRÍGUEZ* : No podemos dudar ya de la existencia de un grave desequilibrio en la reacción del Estado de Derecho contra el uso del urbanismo como fuente irregular de financiación de municipios, partidos o particulares. Está originado por la práctica desaparición de los controles ordinarios, por una parte, y el uso abusivo de los extraordinarios, por otra.
Los controles ordinarios deberían de ser, como marca el sentido común, los que, tanto preventivamente como con carácter sancionatorio, frenaran en primer lugar esta modalidad de corrupción política de algunos ayuntamientos. Pero no se extrañe usted si al leer una afirmación tan inocentemente naif le ha aflorado involuntariamente una sonrisa en los labios: hace tiempo que la fiscalización del Tribunal y de la Cámara de Cuentas, la supervisión de la Administración autonómica o el control de la jurisdicción contencioso-administrativa demostraron que no servían prácticamente para nada en estos casos, y permítame que no me refiera a la labor de los funcionarios supuestamente encargados de reparar o de velar por la legalidad del funcionamiento de estas corporaciones, para evitar así que su sonrisa se transforme en una abierta carcajada.
Existen, además, otros tipos de controles, tan importantes como los citados, de los que también hace tiempo que no tenemos noticia: el que deberían proyectar los partidos políticos sobre sus propios cargos públicos. ¿Ha oído usted hablar alguna vez de un partido cuyo comité de ética haya impedido formar parte de una candidatura a alguien de poco fiar pero capaz de llenar de votos las urnas de su pueblo? Yo tampoco. Es realmente lamentable que los partidos, a los que nuestra propia Constitución encomienda un papel trascendental para el desarrollo de la democracia representativa, hayan hecho una dejación tan evidente de sus funciones, y se limiten, en el mejor de los casos, a proclamar la tolerancia cero ante la corrupción, pero nunca antes de que hayan sido enviados a la cárcel los que ellos mismos presentaron como los mejores candidatos: la caballería llegando cuando ya se han ido los indios. Si el escenario permitiera ponerse chistoso, sería un buen momento para apostillar que, más que de educación para la ciudadanía (ya saben, para los ciudadanos y para las ciudadanas), la verdadera urgencia de este país consiste en elevar considerablemente la dosis de educación cívica de nuestra clase política.
¿Qué tenemos por el otro lado? Un Derecho Penal que, ante el enorme vacío provocado por la inoperancia de esos instrumentos, pretende erigirse como la única respuesta jurídica capaz de atajar el problema, pero que, ignorando su papel de última ratio (algo que nuestros estudiantes aprenden casi cuando entran en la Facultad), se ha expandido claramente fuera de sus límites: el panorama actual no podría describirse sin tener en cuenta instrucciones sumariales con más protagonismo policial que judicial, interceptaciones indiscriminadas de las comunicaciones, detenciones a la carta y en directo, prórrogas arbitrarias de privación de libertad y un uso interesado de los medios de comunicación con un irreparable daño para la reputación de las personas.
Todo ello, además, con un alto riesgo de ser igualmente ineficaz, porque, como saben muy bien los criminólogos, una vez que se ha dejado que la corrupción política llegue a ese nivel delictivo ya se ha generado a su alrededor un trama de criminalidad muy difícil de erradicar; y, además, porque, precisamente por la trascendencia de los bienes jurídicos en juego (la libertad de las personas), el Derecho Penal se rodea de una muñida red de garantías que sembrará de potencial nulidad todo lo actuado sin su observancia, con la eventual frustración del ciudadano que, creyendo ya juzgado y condenado al detenido que ve por televisión entrar esposado en la cárcel, no llega a entender que poco después pueda reintegrarse a su vida normal y que al cabo del tiempo sea incluso declarado inocente.
En definitiva, nos jugamos mucho en la lucha contra la corrupción urbanística local, una lacra cuya erradicación debería constituir un objetivo prioritario de nuestros gobernantes. Pero, precisamente por la trascendencia del partido, no deberíamos ceder a la tentación de apostar todo a la tanda de penaltis sin haber jugado antes los dos tiempos reglamentarios y, si fuera necesario, la prórroga. Quien piense que al fin y al cabo lo importante es sólo ganar al adversario debería reflexionar sobre lo que ocurre cuando se justifican como meros "daños colaterales" los que se producen cuando, con la mejor de las intenciones, se entra en la vida y en el honor de las personas como elefante en cacharrería.
* Diario de Cádiz - la tribuna - 06.07.08
