ELPAÍS* : El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) Javier Muñoz ha dictado hoy una providencia en la que cita a declarar en calidad de imputados a Maria Antònia Munar, presidenta del Parlamento balear, y al diputado del PP Fernando Rubio. El juez investiga el caso Can Domege, por posibles delitos de malversación de fondos, revelación de secretos oficiales y prevaricación en la adjudicación de unos terrenos de Palma para construir 600 viviendas.La operación la efectuó el Consell de Mallorca en la pasada legislatura, bajo la presidencia de Maria Antònia Munar, con el apoyo del PP.
Munar, presidenta fundadora de Unió Mallorquina (UM), es una de las figuras clave en la formación de las mayorías políticas con el PP desde los años 80. En las últimas legislaturas ha dado mayoría parlamentaria al PP encabezado por Jaume Matas y al PSOE liderado por Francesc Antich. En la causa de Can Domenge, por el último gran solar disponible en el centro de Palma, de 52.000 metros cuadrados, está imputado también Miquel Nadal, consejero de Turismo de Baleares y ex dirigente de Unió Mallorquina (UM). Nadal, ex vicepresidente del Consell, rechazó que vaya a dimitir del Gobierno de Baleares. Cuatro políticos de UM están encausados en este sumario.
El Consell premió la oferta inmobiliaria de 30 millones de las firmas Sacresa y Ferrá-Tur con un proyecto del arquitecto Jean Nouvel. Nadal, antes de convocar el concurso, se reunió con el ex consejero de la Generalitat Joan Maria Pujals (CIU), que representaba a Sacresa. La empresa Núñez y Navarro, que ofreció 60 millones al Consell, se querelló contra los políticos de la antigua mayoría de UM y PP que votaron la decisión.
Un juez de Palma fijó una fianza de 38,5 millones de euros para diversos políticos y empresarios que intervinieron en la toma de decisiones y trámites previos, entre ellos el actual presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer; la empresa Sacrera y el político catalán Joan Maria Pujals.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma - 21/10/2009
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
Imputada la presidenta del Parlamento balear por corrupción urbanística
Detenido el alcalde de El Ejido por una trama que malversó más de 150 millones
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La ristra de delitos que se les imputan es nutrida: blanqueo, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.
En un lateral de la plaza está la empresa mixta de servicios municipales Elsur, participada en un 30% por el Consistorio y cuyo presidente es Enciso. Esta sociedad, que gestiona aspectos vitales como agua, alcantarillado, aceras, alumbrado y parques, supone el 40% del presupuesto ejidense y tiene como gerente al interventor municipal José Alemán, también detenido.
Este alto funcionario, a quien muchos comparaban ayer con Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya, por su manejo de todos los resortes de la ciudad en su beneficio, supuestamente subcontrataba obras y servicios a empresarios asociados con el regidor, y abonaba facturas infladas hasta el delirio.
El Ayuntamiento llegó a pagar 3.000 euros por cambiar una bombilla o 2.100 euros por reparar una baldosa rota. Con semejantes albaranes no es extraño que Enciso impusiera a sus 90.000 vecinos, que le votan fervorosamente desde 1991, los impuestos y tasas municipales más altos de la provincia. El actual gerente de Elsur, Mario Pulido, también ha sido detenido.
En el extremo opuesto al Consistorio se halla la sede del Partido de Almería (PAL), la formación fundada por Enciso en 2005 cuando abandonó el PP la víspera de que lo fueran a echar. Ayer, los ediles afines a Enciso se refugiaron en la sede tras ser autorizados a salir del Ayuntamiento por la Policía durante el registro, que acabó a las 21.40.
En el lateral derecho de la plaza dos sociedades tienen su domicilio: Arborimar y Maviroad y están dirigidas por otro personaje central de la trama: José Amate Rueda. Hasta diciembre de 2006, Amate ejerció como director de producción de Elsur. Tras su salida, el directivo fundó estas dos compañías. Una semana después de registrarlas, Arborimar y Maviroad obtuvieron, sin concurso previo, un contrato de seis millones de euros para mantenimiento de jardines. Las empresas no tenían experiencia en el sector.
Sin embargo, la empresa clave del entramado se ubica en Madrid y se llama Gestora Ejidense SL. En esta sociedad, puesta a nombre de un supuesto testaferro, figuran como representantes la esposa de Enciso, Francisca Aguilera, también detenida, y otras empresas de personas que recibieron subcontratas de Elsur, como Juan Antonio Galán, también arrestado junto a Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón. En los registros practicados ayer en El Ejido, Almería, Sevilla y Madrid por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, la Policía se incautó de 120.000 euros.
La juez tiene previsto comenzar a tomar declaración a los imputados a partir de hoy. Gestora Ejidense SL es propietaria de unos terrenos que cambiaron de clasificación urbanística con el voto favorable y la firma del alcalde, un asunto que IU denunció ante la Fiscalía Anticorrupción.
El Ejido paga un canon anual de 33 millones de euros a Elsur, a los que hay que sumar las obras contratadas al margen y de las que no hay ningún control.
* ELPAIS.com - F. J. PÉREZ / M. J. LÓPEZ DÍAZ - El Ejido - 21/10/2009
Foto: Agentes de la policía, ayer, a las puertas del Ayuntamiento de El Ejido mientras se realizaba el registro.- FRANCISCO BONILLA, elpais.com
EL Paso: Juicio contra el alcalde y un constructor acusados de delito urbanístico en 2000
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ELDÍA/La Palma* : El Juzgado de lo Penal Nº6 de Santa Cruz de Tenerife se trasladó ayer a las dependencias judiciales de Los Llanos de Aridane para llevar a cabo la primera parte de la vista oral en el juicio abierto contra el alcalde de El Paso, Higinio Máximo Brito (CC), acusado de un supuesto delito de prevaricación al permitir presuntamente la comisión de una infracción urbanística durante su primer mandato, hace nueve años, al frente del Ayuntamiento pasense.
Junto a él, en el banquillo de los acusados se sentó el promotor Ricardo Javier Barrios Morales, acusado de un delito contra la ordenación del territorio. El Ministerio Fiscal reclama una inhabilitación de ocho años para el mandatario local, así como un año de prisión para el constructor.
Los hechos hablan de que se edificó en suelo rústico (zona de Tacande) y sin licencia municipal, antes de que Brito fuera alcalde, una nave o almacén-garaje, junto a varias infraestructuras anexas para ampliar la vivienda en donde reside, con un total de 500 metros cuadrados en conjunto. Aunque la nave fue paralizada y precintada tras la intervención del Seprona, sobre la vivienda ampliada recayó, pocas semanas después de la denuncia, un decreto de la Alcaldía que declaraba la prescripción (caducidad) de una infracción urbanística considerada grave.
El juicio para determinar el alcance de los hechos denunciados fue presidido por el juez instructor Fernando Paredes Sánchez. En la sala comparecían primero los dos acusados, con el interrogatorio protagonizado por la fiscal y los abogados de la defensa y la acusación. Luego, la acusación particular formada por los hermanos Pedro Javier y Ana Marlene Moreno Pérez.
Los tres informes.- Máximo Brito se declaró inocente. Aseguró que su decisión se basó en la existencia de tres informes técnicos favorables: el de la Policía Local (sobre la antigüedad de la vivienda), el del arquitecto y el de los Servicios Jurídicos. Además, se refirió a que el Seprona de la Guardia Civil sólo actuó contra la nave, no contra la vivienda, por lo que "entendí que había superado los plazos que marca la Ley para la caducidad de la infracción".
Ante un aluvión de preguntas de la fiscal y los abogados, mostró su convencimiento de que hubiera sido irregular negar su firma a una prescripción informada favorablemente. Al respecto, afirmó: "Mi formación es de maestro y si hoy en día me encuentro con informes técnicos favorables actuaría de la misma manera que lo hice".
El alcalde negó cualquier relación amistosa con el otro acusado, sólo dijo estar vinculado a la intervención en contratos públicos administrativos de las obras que salían a concurso. Además, aseguró que "tampoco sabía que era amigo o conocido del teniente de alcalde y socio de gobierno Jesús Manuel Rodríguez (PP por aquel entonces), al que el constructor le había arreglado su casa particular".
Además, Brito afirmó que no hubo relación entre la denuncia previa de la familia y la celeridad con la que el ayuntamiento solventó la prescripción urbanística a favor de Barrios: "No sabía que se trataba de la misma persona. Sólo me fijé en los informes técnicos. No había pruebas que dijeran lo contrario y la acusación tampoco las aportó".
Además, concretó, "dos meses después, a requerimiento de la oposición (PSC), solicité un nuevo informe técnico que certificó lo mismo, que la prescripción de la infracción urbanística era correcta".
"No pedí ayuda al alcalde".- Por su parte, Barrios reconoció que había cometido una ilegalidad con la construcción de su vivienda y de la nave, aunque en la primera "es cierto que ha prescrito". Sin embargo, la fiscal se centró más en intentar encontrar un enlace más directo entre el promotor de la obra y el alcalde, algo que negó tajantemente el acusado: "Aunque me ha invitado a realizar obras municipales, la relación se queda ahí, como a cualquier otro que llama para hacer trabajos".
Así, en cuanto a la prescripción que solicitó tras conocer la denuncia aseguró que "nunca hablé con el alcalde para que arreglara el problema. Sólo era el momento de presentar la solicitud". Además, afirmó que "no supe hasta hace poco que las obras invadían el suelo que se requiere para el retranqueo con la finca de la parte denunciante". Pese a eso, consiguió la cédula de habitabilidad para llevar electricidad hasta su vivienda.
El promotor dijo que actuó como "muchos otros en suelo rústico, pidiendo licencia para garaje y construyéndome una casa. No sabía que cometía un delito para ir a la cárcel, sino más bien que era una infracción para una sanción administrativa".
* El Día - MAIKEL CHACÓN, Los Llanos - 21.10.09
Foto: Los Llanos de Aridane (La Palma) - mma.es
La Xunta tiene 300 edificaciones ilegales pendientes de demolición
XORNAL* : La Xunta reconoce en la memoria que acompaña a sus presupuestos que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), el ente consorciado entre Administración autonómica y concellos que comenzó a funcionar en 2008 para perseguir las irregularidades en este ámbito, tiene pendientes de ejecutar unas 300 órdenes de demolición. También reconoce que el año próximo se incrementarán los expedientes de persecución de este tipo de ilegalidades.
En la memoria de los presupuestos se indica textualmente que “en el año 2010 se prevé un incremento de los expedientes de legalidad urbanística, teniendo en cuenta la dinámica de actuación de la agencia, pues ya en 2009 tiene 300 expedientes de demolición pendientes”. Para acometer esas demoliciones la APLU destinará 600.000 euros de su partida de inversiones, que ha pasado de 5.000 euros en 2009 a 720.000 en 2010.
Los expedientes de demolición que tiene pendientes la APLU se corresponden únicamente con procedimientos que han seguido la vía contencioso-administrativa, no la penal, se aclara desde la Xunta. Además solo se referirían a suelos no urbanos, ya que en suelo urbano las competencias las siguen teniendo los concellos. Así que quedan fuera de este recuento de demoliciones pendientes, entre otras y principalmente, los grandes edificios que han acaparado la atención en los últimos años, como la colina de Castrelos o las torres de Finca do Conde en Vigo, o el Conde de Fenosa en A Coruña.
Por contra, los derribos que acometerá la Xunta se corresponden con edificaciones principalmente en entornos rurales. Un vistazo a las ya demolidas (en la propia web de la APLU, www.axenciaurbanistica.es, se pueden observar una veintena de casos) permite comprobar que son en su mayoría construcciones enmarcadas en lo que se podría calificar como feísmo: galpones o segundas residencias y naves industriales levantadas en suelo rústico, la mayoría aisladas de otras construcciones.
BALANCE DE 2008
El último balance de actividades de la APLU, el de 2008, reflejaba que ya se habían impuesto 85 multas coercitivas con el fin de ejecutar órdenes de demolición. Esto es, la Administración multa recurrentemente a un particular con una edificación ilegal hasta que éste acometa por su propia cuenta el derribo de lo construido irregularmente. Solo cuando pasa un tiempo considerable es la propia Administración la que ejecuta con sus propios medios el derribo pasándole con posterioridad la correspondiente factura. Fruto de esas multas coercitivas se recaudaron el pasado año 443.000 euros, cifra a la que hay que añadir 1.442.000 euros de las sanciones impuestas por infracciones muy graves. Los ingresos obtenidos por la APLU a través de estas sanciones son repartidos a partes iguales de forma que la mitad es ingresado por la Administración autonómica y la otra mitad por la Administración local afectada.
Con independencia de esos expedientes de demolición, la agencia urbanística levantó en 2008 un total de 265 actas de inspección y completó un total de 218 investigaciones de ilícitos urbanísticos.
Según el plan de inspección aprobado para este año, la APLU está haciendo un especial hincapié en las zonas con mayor presión urbanística o con mayores valores ambientales como son los suelos de protección de costa, de aguas o de espacios naturales. También está extremando la vigilancia en los concellos que tienen su planeamiento urbanístico suspendido y en los limítrofes con las grandes ciudades.
* Xornal.com - David Reinero - 21.10.09
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Roca se escuda en el difunto Jesús Gil para eludir el juicio del 'caso Malaya'
ELPAÍS/Málaga* : La defensa de Juan Antonio Roca recurrió ayer a una argucia clásica en su intento, probablemente vano, de evitar que el ex asesor urbanístico sea juzgado como presunto cerebro del caso Malaya: echar la culpa sobre una persona fallecida. En este caso, el chivo expiatorio es de primera categoría penal: el difunto alcalde de Marbella Jesús Gil.
El abogado de Roca, Aníbal Álvarez, sostuvo que su cliente "ni diseñó ni ordenó el urbanísmo de Marbella, sino que fue Gil", y, por si no había quedado claro, abundó: "En Marbella no se movía nada sin las órdenes de Gil".
Álvarez sostuvo esta idea ante la Audiencia Provincial de Málaga en la primera sesión de la vista sobre los recursos que 63 de los 103 imputados en el caso Malaya han presentado contra el auto de procesamiento dictado en julio de 2007 por el primer instructor de la causa, el magistrado Miguel Ángel Torres. La vista, que se celebra desde ayer hasta el día 30 en la nueva sala del jurado de la Ciudad de la Justicia, es una especie de ensayo general para el macrojuicio por la corrupción en Marbella, para el que todavía no se ha fijado fecha. La Audiencia confía en que el juicio se inicie en 2010.
El alegato del abogado de Roca era el más esperado de los escuchados ayer. Álvarez evitó desvelar su línea de defensa para el juicio y echó mano de argumentos que ya había utilizado anteriormente en otras vistas sobre recursos. El letrado rechazó la participación del ex asesor urbanístico en la moción de censura que en agosto de 2003 desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz. "Ni era político ni tenía cargo como funcionario, así que malamente podía dirigir el Ayuntamiento".
En la misma línea de negación, el abogado arguyó que "no existe ni un solo convenio urbanístico o licencia firmado por el señor Roca, ni éste apareció en los plenos o comisiones en los que se aprobaban".
Respecto a su patrimonio, obtenido supuestamente a través de mercadear con el suelo marbellí y tasado inicialmente por la policía en 120 millones de euros, Álvarez afirmó que "esta cifra corresponde al pasivo, no al activo" de su cliente.
El entramado societario del que, según el juez instructor, Roca se sirvió para ocultar su riqueza también está libre de sospechas, aseveró el letrado: "Todas las sociedades de Roca tiene sustantividad legal, no son fachadas. Presentaban cuentas y tributaban a Hacienda. Si fueran meras pantallas habría que imputar por blanqueo a los bancos que por otra parte, les concedían créditos importantes". Estos argumentos eran anotados por el delegado de la fiscalía anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, que no intervendrá hasta la última jornada de las vistas, el 30 de octubre.
La nueva sala del jurado, con 260 plazas y ampliada para albergar el juicio del caso Malaya, acogió ayer a un ejército de abogados cuyo objetivo principal era echar por tierra el auto de procesamiento -y la instrucción entera- del juez Torres. El defensor de Julián Muñoz, Ignacio Prieto, dijo que que el ex alcalde "no tomaba decisiones urbanísticas y se limitaba a firmar lo que le pasaban". El letrado de Muñoz trasladó la responsabilidad delictiva de su cliente a Roca y a sus sociedades.
El resto de abogados se cnetró en quejarse de la falta de motivación y concreción del auto de procesamiento. Pablo Luna, defensor de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, sostuvo que en la instrucción se ha vulnerado el derecho de contradicción de los imputados mediante un secreto sumarial excesivamente largo. También afirmó que la causa debería juzgarse en la Audiencia Nacional y no en la Audiencia Provincial de Málaga y acusó al juez Torres de "falta de imparcialidad" por haber aceptado, en junio de 2007, la medalla de la Policía Local de Marbella.
* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 20/10/2009
Foto: marbella, ayuntamiento - google
