LAOPINIÓN/Málaga* : La Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Málaga, tiene expedientes o procedimientos de ejecución de más de 40 sentencias de licencias urbanísticas del municipio malagueño de Marbella, según aseguró el presidente de dicha Sala, Joaquín García Bernaldo de Quirós.
García Bernaldo de Quirós señaló que se están tramitando estas ejecuciones solicitadas por la parte actora y, mientras que "algunas están pendientes de resolver", en otros casos se está iniciando esa tramitación. Así, precisó que del total de estas sentencias, siete fueron solicitadas antes del verano.
En este sentido, afirmó que se trata de situaciones "jurídicamente confusas y complicadas" y entendió que "no se puede frivolizar porque hay personas que están afectadas, personas con nombres y apellidos". "Hay que ser muy prudentes", apostilló.
Así, indicó que Marbella ocupa en cuanto a número de asuntos "el lugar que merece por la cifra de habitantes y la cantidad de inversión, así como las modificaciones del suelo, consecuencia de esa demanda de viviendas", puesto que, según explicó, "el urbanismo que llega a la Sala está en relación con la demanda de desarrollo que tiene ese municipio".
A este respecto, precisó que desde enero de 2004 "el urbanismo litigioso, es decir, el control de las licencias, está en los juzgados de lo Contencioso, por tanto, lo que tiene la Sala es desde el inicio de ésta, 1989, hasta 2003" y, actualmente, que llegan las apelaciones.
Por esto, indicó que "no son tantos" los asuntos que están pendientes "porque esta Sala las cuestiones que ahora están saliendo como interesantes respecto a Marbella las solucionó hace tiempo". "Otra cosa es que la instrucción penal esté llegando ahora a juicio", precisó.
Preguntado por la colisión entre la vía penal y la contenciosa respecto a las licencias urbanísticas marbellíes, aseguró que "si se plantean dudas de interpretación, quien ha fallado ha sido el sistema jurídico". "No vayamos a matar al mensajero", apuntó García Bernaldo de Quirós.
"Si hay un problema de que la jurisdicción penal dice no sé si esto es ilegal hasta que no se pronuncien los tribunales de lo contencioso, el problema es que hay una confusión en la interpretación de la norma, si la norma es clara y diáfana la jurisdicción penal entra, porque es muy escrupulosa si hay confusión", apuntó.
Consideró "una opinión muy focalizada el decir la tardanza de la Sala de lo Contencioso cuando hace cuatro años que tenemos sentencias clarísimas sobre la legalidad urbanística de Marbella y todavía hay un problema de interpretación penal, por lo que no estaría tan claro desde ese punto de vista".
* La Opinión de Málaga - EUROPA PRESS - 26 de diciembre de 2007
Foto: Urbanismo. Una construcción del municipio de Marbella. la opinión
Cuarenta fallos urbanísticos, a punto de ejecutarse en Marbella
Benidorm: Últimas torres sobre el acantilado
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ELPAÍS* : El urbanismo salvaje, en primera línea del mar, no es solo la caótica herencia del desarrollismo urbano de los sesenta y sesenta. En Benidorm, paradigma del urbanismo vertical, continúa el afán depredador del territorio bajo el amparo de licencias otorgadas en extrañas circunstancias hace décadas. En el cabo de Punta Llisera, junto a su famosa playa de Levante, los obreros trabajan a destajo para levantar dos torres de 21 plantas, antes de que cristalice el expediente de expropiación del Gobierno para recuperar para el dominio público el solar (10.000 metros cuadrados) e incorporarlo al parque natural de Serra Gelada.
El Ministerio de Medio Ambiente tramita la compra forzosa de la parcela que invade la servidumbre de protección, donde se levanta el complejo Gemelos 28, dos torres de 21 plantas para construir 168 apartamentos, promovido por el empresario Andrés Ballester. La empresa ha tasado en 90 millones de euros el valor del terreno. A pesar del proceso de expropiación iniciado por el Gobierno, Edificaciones Calpe, del promotor Ballester, continúa construyendo y ya ha vendido el 25% de la promoción de lujo, a precios que oscilan entre los 400.000 y los 800.000 euros. Ballester dice que parará las obras cuando reciba alguna compensación, ya que el proyecto se ajusta a la ley.
En 1988, el empresario Achille Cafarelli pidió licencia al Ayuntamiento de Benidorm para el derribo y la construcción de viviendas en esta parcela. El PSOE, que gobernaba entonces en la ciudad, otorgó permiso el 1 de junio de 1988 en medio de una gran polémica, sin esperar a que estuviera listo el nuevo Plan General de Ordenación Urbana -en trámite, que se aprobó en 1990-, ni la Ley de Costas, que veía la luz el 26 de julio, pocas semanas después, y que lo hubiera impedido. La Ley de Costas obliga a guardar 20 metros de servidumbre de paso desde el linde del mar, y el edificio se sitúa a tan solo 7. Costas ha intentado todos estos años frenar las aspiraciones de Cafarelli y de Ballester, que en 1995 le compró los derechos. La justicia les dio la razón y, en 1996, PSOE y PP aprobaron un estudio de detalle definitivo en virtud del cual se agrupaban las parcelas y se obtenía una edificabilidad total de 26.597 metros cúbicos. La Abogacía del Estado presentó un recurso contencioso administrativo contra ese trámite que prolongó el proceso y fue desestimado. En 2005, finalmente, la Consejería de Infraestructuras y Transportes otorgó la última autorización a Edificaciones Calpe. El condicionante es que la empresa está obligada a ceder una parcela adyacente de 7.755 metros cuadrados para uso público, sobre la cual construirá un mirador. Edificaciones Calpe inició en 2005 el derribo del antiguo Coblanca, tras obtener todos los permisos y múltiples sentencias favorables en dos décadas de litigios.La demolición dejó al descubierto los acantilados que tapaban el cemento, y los vecinos y la oposición, sorprendidos por la nueva realidad, iniciaron las protestas para impedir nuevas construcciones. La jefatura provincial de Costas intentó de nuevo paralizarlas. Pidió medidas cautelares al TSJ -que fueron rechazadas en cuatro ocasiones-, mientras mediaba con el consistorio -también sin éxito- para que permutara los terrenos. Al final, la única fórmula posible para impedir su construcción, según reconoció el jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, era la expropiación. El Consejo de Ministros aprobó el 15 de junio la declaración de utilidad pública de la parcela, y el BOE publicó el expediente el 21 de agosto.
Andrés Ballester considera que Gemelos 28 está "totalmente integrado en la configuración urbanística" y que su realización "mejora, en todos los aspectos, el área en la que se ubicaba el edificio derribado", al construir un mirador sobre el cabo. El empresario considera que sufre "un grave e incomprensible abuso de posición dominante que quiebra el Estado de Derecho y el principio de seguridad jurídica".
El gobierno local de Benidorm, del PP, aplaude la iniciativa y el alcalde, Manuel Pérez Fenoll, no duda de la legalidad de la promoción, avalada con dos sentencias del Tribunal Supremo. El PP sostiene que el Gobierno central "intenta lavar su conciencia", ya que fueron los socialistas quienes dieron la licencia cuando gobernaban en el año 1988.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 26/12/2007
Foto: Benidorm (Alicante), proyecto torres Gemelos2 - adn.es
La Justicia declara ilegal el 70% de nuevas construcciones en Madrid
DIAGONAL* : Una sentencia del Tribunal Supremo declara nulos 22 de los 27 nuevos barrios previstos en el actual Plan General de Madrid por no justificar el cambio de suelos protegidos a urbanizables. La sentencia del Tribunal Supremo afecta a cerca de 150.000 nuevas viviendas de la capital, que tras el fallo se convierten en ilegales. Todo comenzó cuando en 1997, a raíz de la nueva Ley del Suelo del PP, la Comunidad de Madrid, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, y el Ayuntamiento de Madrid, con el entonces alcalde Álvarez del Manzano, aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la región.
Para ello, las administraciones desclasificaron 28 zonas protegidas del cinturón verde de Madrid, donde vendrían a levantarse las nuevas viviendas, barrios enteros como Valdebebas, Los Ahijones o Arroyo del Fresno, entre otros. Tras casi una década de litigios interpuestos contra el PGOU, el fallo del Supremo finalmente ha declarado nulos los proyectos urbanísticos en buena parte de estos terrenos, al ser zonas anteriormente protegidas por su valor agrícola, forestal, ganadero o histórico, y que se convirtieron en urbanizables sin justificación.
Modelo urbanístico
En teoría no es una sentencia cualquiera, sino la que vendría a anular uno de los planes urbanísticos más ambiciosos de la capital. En ese sentido la Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS) espera que el fallo “ponga freno a la barbarie del ladrillazo madrileño, repartiendo responsabilidades entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y concentrándolas en las personas de Alberto Ruiz-Gallardón, Álvarez del Manzano y Esperanza Aguirre”, máximos responsables políticos de la aprobación y ejecución del Plan. Sin embargo, esta sentencia, si bien sirve para deslegitimar el modelo de urbanismo de los últimos años, es muy probable que no tenga las repercusiones esperadas. Llega demasiado tarde, la mayor parte de los terrenos reclasificados ya están urbanizados o tienen las obras en un estado muy avanzado. Es la estrategia, ¿qué hacer con un barrio una vez que ya está semiconstruido? Ya en febrero de 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una sentencia similar, pero que fue recurrida por el Ejecutivo regional, ganando así más de cuatro años para continuar el plan de urbanismo. Y en diez años, el tiempo de espera de una sentencia firme, da tiempo a construir y vender mucho.
“El urbanismo depredador que esta sentencia desenmascara ha generado un problema de una envergadura social incalculable, ya que ha permitido y fomentado la comercialización de cientos de miles de viviendas que se encuentran fuera de la legalidad, lo que puede dejar a miles de jóvenes y familias en la calle y sin ahorros”, denuncia la Plataforma PAUS. Ése es el principal problema político que se presenta ahora, qué hacer con aquellos proyectos que ya han sido terminados, aprobados o que están en trámite, y que podrían afectar directamente a propietarios y promotores, con costos de miles de millones de euros. De no solucionarse la situación, desde PAUS afirman que “podríamos estar asistiendo a la mayor estafa reciente de la historia del Estado español, al permitirse el comercio de viviendas ilegales”.
En principio, la Administración regional y municipal madrileña deberá elaborar e iniciar un nuevo Plan General de Urbanismo para todos los ámbitos que se hayan declarado nulos y que respete todo el suelo que estaba calificado como de especial protección antes de 1997. Sin embargo, aún no se sabe de manera clara cómo se llevará a cabo el veredicto y cuál será su verdadero alcance. El grupo socialista ha solicitado la creación de una comisión de seguimiento de la sentencia, para que ésta sea aplicada en el menor tiempo posible. Pero desde el Gobierno regional se encargan de quitarle importancia al asunto. Pilar Martínez, delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, explicó recientemente que la sentencia en realidad sólo plantea “un defecto de forma, no de contenido”, así que los inversores y los compradores no deben alarmarse. Se trata de solucionar algo así como pequeños defectos administrativos, justificar lo que no esté justificado, rediseñar lo que sea rediseñable y continuar con los proyectos. Evidentemente, 22 de los 27 nuevos y flamantes barrios de Madrid no se van a ver reducidos a escombros.
* Diagonal - Andrea de Pablo. Madrid - 15 nov - 28 nov 2007
Foto: Algunos observadores consideran la venta de viviendas ilegales como la mayor estafa de la historia del Estado /Juan Carlos Rojas - diagonalperiodico.net
Corrupción total y descarada en Madrid
Zonas verdes recalificadas, obras sin licencia "dirigidas" por técnicos municipales, sentencias firmes que no se cumplen, proyectos que no se paran, juntas de compensación fantasmas, políticos que no se enteran de todo lo anterior, ¿QUÉ ES ESTO?, ¿Una versión urbanística del Show de Benny Hill?
No, es el "AY-UNTAMIENTO DE MADRID" ..."una moderna administración dirigida durante años por políticos competentes y honestos, escrupulosos cumplidores de la Ley y del Estado de Derecho que gobiernan de acuerdo a los intereses del bien común de los madrileños".
Pasen y vean tan solo un avance de cómo la ley se vulnera ABIERTAMENTE en el barrio de Valdemarín, una zona que pertenece al distrito de Moncloa y que se encuentra cerca de la zona del hipódromo. Es tan solo la punta del Iceberg.
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YouTube - enriqueeduardo1961 - 13 de diciembre de 2007
