LAVOZDEGALICIA* : Además de ser demoledor con el proyecto del teleférico para unir Santiago con el monte Gaiás, el organismo asesor de la Unesco en materia de patrimonio reprocha a los promotores del proyecto su sordera. «Se aconseja -se lee en el dictamen del Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)- al Ayuntamiento y al Consorcio de Santiago que sean más sensibles al parecer ciudadano respecto a la iniciativa del teleférico [hacia la Ciudad de la Cultura]».
El informe, rubricado por la presidenta del comité español del organismo asesor de la Unesco, María Rosa Suárez-Inclán Ducassi, asegura que los expertos del Icomos apenas encontraron opiniones favorables al proyecto fuera de las dos citadas instituciones, que son las que lo impulsan.
Por ese motivo, los propios asesores de la Unesco instan a que los responsables de la iniciativa del teleférico les remitan tanto a ellos como a la propia capital de Galicia «más opiniones, tanto de asociaciones ciudadanas que representen al tejido social compostelano, como de personas cualificadas de la ciudad».
En esa línea, la portavoz local del BNG y teniente de alcalde, Socorro García, pidió al regidor, Xosé Sánchez Bugallo, que comience de nuevo el proceso y que se abra a un debate ciudadano que ha sido inexistente. El Bloque, que gobierna en coalición con el PSOE, asegura que conoció el proyecto al mismo tiempo que los medios de comunicación. El PP de Gerardo Conde Roa también pidió al gobierno local que apueste por otras soluciones de conexión.
* La Voz de Galicia - Á.?P. - 28.09.2008
Foto: Santiago, Cidade da Cultura - lavozdegalicia.es
Los asesores de la Unesco reprochan al Concello de Santiago que no haya oído a la ciudad sobre el teleférico
El Puerto: Justifican el proyecto del campo de golf en los efectos sobre las viviendas ilegales
,+golf+-+diariodecadiz.es.jpg)
DIARIODECÁDIZ* : Uno de los argumentos fundamentales que esgrimió el Ayuntamiento, y que respaldó la Junta de Andalucía, para la construcción del campo de golf de la Carretera de Sanlúcar (cuya denominación comercial es Golf El Puerto) fue la presencia de viviendas ilegales "consolidadas" en su entorno.
Por paradójico que pueda resultar, el Consistorio recurrió a la situación ilegal de un núcleo de viviendas para promover la regularización de unas instalaciones también fuera del planeamiento.
Actualmente el equipo de Gobierno de PP y PA están tramitando la modificación del vigente PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) para declarar urbanizables los terrenos en los que está construido el campo de golf. Dos sentencias, de 2004 y 2005 (aunque recurridas actualmente ante el Tribunal Supremo) anularon el cambio del planeamiento que permitió originariamente la instalación de Golf El Puerto. En ambas se establecían que se habían producido unos errores formales en la tramitación, circunstancia que tanto el anterior gobierno de IP y PSOE como el actual de PP y PA apostaron por arreglar para 'salvar' el proyecto que actualmente está en manos de Caja Inmaculada y de una sociedad del ex consejero de Trabajo de la Junta Ramón Marrero.
Para ello, se iniciaron los trabajos para, primero, modificar la normativa local que impedía que estos suelos fueran urbanizables (hecho que también ha sido respaldo por la Junta) y, segundo, reiniciar la tramitación del cambio del PGOU en estas fincas.
Precisamente ahora, el Área de Urbanismo tiene que proceder a contestar a las alegaciones que se han presentado a esta modificación puntual del ordenamiento tras una nueva exposición pública. Y durante este periodo se ha podido tener acceso al documento técnico realizado por el Ayuntamiento y que respalda la necesidad de ejecutar el proyecto urbanístico en el campo de golf (que lleva aparejado la construcción de 700 viviendas cuya urbanización se está realizando actualmente).
En la justificación se recurre en varias ocasiones a la necesidad de que la ciudad tenga una infraestructura deportiva de este tipo por los beneficios que ello conlleva para el turismo. No obstante, uno de los argumentos más utilizados es la "oportunidad" que tendrán los diseminados ilegales aledaños a las instalaciones (caso de Montes de Oca o Dos Palmeras) con el campo de golf. Así se habla en el documento de que tendrá una "favorable repercusión" sobre sus alrededores "incrementando los sistemas generales y dotaciones de uso público, reordenando la planificación descontrolada". Así en el caso concreto de Montes de Oca asegura que resolverá los problemas de inundación que sufre el diseminado gracias a las conducciones que se instalarán con el campo de golf y su desarrollo residencial. Asimismo se dará una "solución definitiva" a la recogida de aguas fecales de estos núcleos ilegales, que en el documento, por cierto, denominan "barriadas".
Eso sí. En el escrito se produce una incongruencia ya que por un lado asegura que estos diseminados están plenamente consolidados. "Se constata la existencia de un conjunto de barriadas [...] que desde luego la acepción marginal no sea la más adecuada, ya que se trata de auténticas urbanizaciones, con algunas viviendas de alto nivel y en todo caso unifamiliares aisladas de gran calidad, que disponen de acceso rodado, abastecimiento de agua sanitaria, energía eléctrica y evacuación de aguas residuales". Pero más adelante, el mismo documento justifica la actuación en el campo de golf por la necesidad y oportunidad de dotar estos servicios a los diseminados. Este informe fue ratificado el pasado mes de julio en Pleno por PP, PA e IP.
Pero se da la circunstancia, además, de que éste es el mismo documento que se utilizó en 2001 para argumentar la modificación puntual del PGOU en estos suelos. El Área de Urbanismo no ha considerado necesario actualizarlo o adecuarlo a la situación actual ya que entiende, según su asesoría jurídica, que lo único que hay que resolver son los errores formales que determinó el TSJA que hubo durante el procedimiento y no el proyecto en sí ni su justificación.
* Diario de Cádiz - E. M. Cañas / El Puerto - 28.09.2008
Foto: Uno de los hoyos del campo de golf con Montes de Oca, al fondo. - diariodecadiz.es
El Consell ignoró la Ley de Aguas en 129 urbanizaciones
,+proyecto+Gran+Manises+-+lasprovincias.es.jpg)
ELPAÍS* : El Consell ha validado entre 2005 y 2007 sucesivas iniciativas urbanísticas sin tener acreditado el abastecimiento de agua mediante el preceptivo informe favorable de las confederaciones hidrográficas, como recoge la Ley de Aguas. En ese espacio de tiempo el Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, ha autorizado un total de 129 PAI (entre ellos gigantescas macrourbanizaciones como Gran Manises, Nou Mil.leni o Plan Rabassa) de espaldas a la norma estatal.
Esta práctica ha sido denunciada ante la Comisión Europea por el eurodiputado de Los Verdes, David Harmmerstein, por poner en riesgo los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Bruselas, a través del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha recogido el guante y ha abierto una investigación. La primera decisión ha sido recabar del Gobierno central el listado de proyectos autorizados sin el informe favorable de las cuencas hidrográficas. En el caso de la Comunidad Valenciana, los proyectos afectados, según la denuncia del eurodiputado de Los Verdes, son 129. En total, estas iniciativas prevén unas 200.000 nuevas casas con cerca de un millón de habitantes.
La Ley de Aguas (artículo 25.4 reformado el 22 de julio de 2005) establece como obligatorio la emisión de un informe previo de la confederación hidrográfica en el caso de los planes urbanísticos que planteen nuevas necesidades de agua. En el informe, el organismo de cuenca debe pronunciarse de manera "expresa" sobre la existencia de recursos hídricos suficientes. Como norma general, los PAI tramitados no incluyen ese documento. Y cuando lo recoge, siempre ha sido negativo. Este fue el caso del PAI de La Serreta, en plena huerta de La Nucia, que prevé levantar 3.834 casas.
En la mayoría de los planes aprobados definitivamente, la ausencia del preceptivo informe de la confederación se sustituye con por otros de empresas colaboradoras (Mancomunidades y Consorcios de Aguas) o simplemente la aprobación por parte de los plenos municipales de un "informe de disponibilidad de recursos hídricos", confeccionados al margen de los organismos competentes.
El recurso a entidades colaboradoras para garantizar el consumo de agua la futura población ha sido esgrimido en proyectos de envergadura como el Plan Rabassa (periferia norte de Alicante con casi 13.000 casas), el nuevo planeamiento Urbano de Sant Joan d'Alacant, que prevé unas 20.000 nuevas viviendas y el PAU 21, en Orihuela, con otras 2.286 viviendas.
La reacción del Consell a iniciativa de la Comisión Europea ha sido arremeter contra el denunciante. El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, acusó ayer en Alicante al eurodiputado de Los Verdes de utilizar la UE con "fines partidistas y en contra a los intereses generales de todo el mundo". Según García Antón, Bruselas "no investiga estos proyectos porque carezcan de nada, sino porque falta algún informe". El consejero, no obstante, se escudó en las entidades colaboradoras para asegurar que los proyectos, como el caso del Plan Rabassa, tiene garantizada el agua, pese a que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mantiene la tesis contraria.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 28/09/2008
Foto: Manises (Valencia), proyecto Gran Manises - lasprovincias.es
"Se deberían hacer 1.500.000 casas, pero no para despilfarrar suelo"
ELMUNDO/Entrevista* : Carlos Hernández Pezzi preside el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y cree que la crisis se veía venir pero no se reconoció la existencia de la burbuja inmobiliaria, negada, según él, por políticos de todos los colores y que ahora se lamentan sin pensar que han engañado a los ciudadanos. Dice que el millón y medio de casas que ha prometido el Gobierno en 10 años se debe construir sin «aumentar el despilfarro de suelo y recursos».
Pregunta.- ¿Cuál es la reflexión como presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos sobre la crisis inmobiliaria?
Respuesta.- Era una crisis previsible, por lo que se ha denominado la «exuberancia irracional de los mercados», que se ha gestionado con información asimétrica en el sentido utilizado por Joseph Stiglitz, sin antecedentes y sin avisos, ni prevención, a pesar de lo insólito de un ciclo tan largo de crecimiento de la demanda, la oferta y el precio, lo que se conoce como burbuja. Su existencia se ha negado intencionadamente por muchos organismos y responsables económicos y políticos de todos los colores que ahora se lamentan, sin considerarse culpables de engañar a los consumidores. P.- ¿Dónde se ha originado y por qué? R.- En España, en el segundo semestre de 2006, el sector inmobiliario dio ya muestras inequívocas de agotamiento nacional y de entrada en crisis. En EEUU, con la crisis de las subprime en agosto de 2007, se ha desatado la crisis financiera mundial que vivimos, que tiene escala global y coincide con el encarecimiento de materias primas, energía y créditos.
P.- ¿Cuál es su papel, como presidente del Consejo, en momentos delicados o de crisis inmobiliaria?
R.- Hemos pedido prudencia en los momentos álgidos de sobrecalentamiento del sector. En la crisis procuramos favorecer el impulso a la salida al mercado de suelo urbanizado de todas las clases y administraciones, fomentar la rehabilitación masiva, procurar acelerar el proceso de adjudicación y construcción, la licencia digital, la oferta de más concursos en el mercado público y privado. Exigimos la voluntad política de acelerar mucho más las medidas de política de suelo y vivienda, sobre todo económicas y fiscales.
P.- ¿Se le ocurre alguna solución para que el sector inmobiliario se equilibre de nuevo? Es decir, para que la demanda encuentre casas a precios asequibles.
R.- Si se hicieran todas las viviendas de los planes, las programadas, y se ofertaran rápido los suelos públicos (Sepes; etc.) y privados susceptibles de ser urbanizados en un año y se acortaran los plazos de intervención administrativa y ejecución de la obtención de suelo, sólo a la mitad, tendríamos viviendas en tres años. En otro caso, la crisis se prolongará. La demanda de casas seguirá, pero la oferta tiene que adaptarse a más velocidad y poner en juego el parque edificado, ya que no se venderá tan deprisa si no se alquilan primero muchas viviendas desocupadas que no tienen salida en venta.
P.- El Senado aprobó una moción para la desaparición del Ministerio de Vivienda. Apunte razones para que exista y razones para que no.
R.- Creemos que su contenido y denominación son estrechos: para servir de verdad, debería abarcar el de un Ministerio del Hábitat Urbano o denominarse mejor para ser un Ministerio de las Ciudades. En otro caso, basta con reconducirlo a una Secretaría de Estado para las Ciudades y el Hábitat. Llamarlo de Vivienda es reduccionista en nombre y contenidos, cuando además de viviendas sostenibles hacen falta decenas de miles de plazas de guarderías, centros de dependencia, alojamientos especiales, equipamientos de tele-trabajo, rehabilitación y reciclaje de barriadas y ecobarrios integradores y no excluyentes.
P.- Parece que el futuro para que los ciudadanos tengan casas es la VPO. ¿Es ésa la única solución?
R.- Ni mucho menos. El futuro está en diversificar las gamas de la oferta y sus relaciones porcentuales, públicas y privadas. Hemos vivido el monopolio de la vivienda libre, nueva y de compra. Éste se ha demostrado como un camino ineficiente.
P.- ¿La VPO tiene el reglamento adecuado? ¿En qué aspectos hay que incidir para que existan buenas casas y, sobre todo, para lograr un reparto justo entre los aspirantes a vivienda?
R.- Lo mejor que se ha hecho en VPO son los cambios recientes (por ejemplo, las Normas para el Hábitat Galego). Los estándares, los baremos y las tipologías responden a otro tipo de sociedad y de usuario, a otras exigencias ambientales, económicas y sociales. Mantener la idea de una VPO unitaria con arreglo a la reglamentación de los 70 es tan irracional como la maraña de burocracia que tiene y que dificulta su acceso a los agraciados (entre un 5% y un 10% de los demandantes) que la reciben, ¡por sorteo!, al cabo de seis u ocho años de espera y trámites.
P.- ¿Se pueden hacer casas de 130.000 euros (como una VPO en Madrid, por ejemplo) en el mercado de vivienda libre?
R.- Se pueden hacer, claro, pero entre 1996 y 2006 se ha ido a lo más caro, pensando que el mercado lo aguantaría todo, sobre la base de calcular el beneficio sobre las posibilidades de hipotecarse de los compradores, normalmente sobre la base de dos nóminas por hogar.
P.- ¿Sirve para algo la Ley de Suelo?
R.- Sin ella seguiríamos en la apoteosis inmobiliaria que hemos vivido. La reforma del 1998 ha sido la causante de este gran desarrollo que ha agotado los recursos de suelo, ha propiciado corrupciones urbanísticas y no ha resuelto el problema de la vivienda, sino que lo ha acrecentado. La Ley de 2007 es un primer paso, falta acelerar los reglamentos, los planes autonómicos y locales y cambiar la cultura sobre el territorio de estas dos últimas décadas.
P.- Se habla de las ayudas a la emancipación de los jóvenes. ¿No le parece una forma de encarecer los alquileres? ¿Usted le ve virtudes?
R.- Ayudar a la emancipación tiene todas las virtudes. Encarecer los alquileres sobre esa base, por parte de los arrendadores, es, sin más, especular. Los españoles hemos especulado con los precios de la vivienda en venta y en alquiler. Lo contrario de la emancipación es atar a la gente a hipotecas de por vida. Las hipotecas a largo plazo se han revelado como anzuelos perversos para los jóvenes.
P.- ¿Puede el encarecimiento de las hipotecas cambiar el chip de los españoles y que alquilen casa en vez de comprar, como pretenden desde el Ministerio de Vivienda?
R.- El alquiler es la pretensión racional de los grupos inmobiliarios inteligentes, la creación de REIT y de un mercado profesional del alquiler de viviendas y oficinas debería ser una demanda conjunta del sector público y del sector privado. Cambiará el chip en cuanto haya posibilidades de alquilar y no retóricas y burocracia ineficiente. El alquiler es un grave problema de la economía española. Si no se alquila, la economía no se mueve y los recursos humanos tampoco.
P.- Por otra parte, ¿por qué hay que cambiar la mentalidad de los españoles para que alquilen en vez de comprar?
R.- Porque es saludable la mentalidad de que se puede alquilar y comprar, indistintamente, en etapas distintas de la vida. Ser propietarios es una condición pasajera, si el sistema económico funciona bien. Si funciona mal, el alquiler es menos arriesgado, como desgraciadamente vamos a comprobar ahora.
P.- ¿De qué es más partidario usted?
R.- De las dos cosas. Lo inaudito es que el alquiler haya descendido hasta por debajo del 10% gracias a unas campañas de desinformación del consumidor que se han hecho a mayor gloria del beneficio de sólo unos pocos y que han hecho creer que comprar era la única inversión, la más rentable y para siempre.
P.- ¿En qué aspectos debió mejorar el sector inmobiliario con vistas al futuro, cuando era pleno boom, todo se vendía y había dinero?
R.- En su propia sostenibilidad, en las buenas prácticas de información, calidad y precio, en la prevención de riesgos y en la estricta legalidad urbanística de los agentes urbanizadores.
P.- ¿De qué manera puede proyectarse la actividad del Consejo en los ciudadanos de a pie que simplemente compran o alquilan una casa?
R.- Cooperando con la sociedad para ser útiles. Trabajamos para los ciudadanos en la medida en que cooperamos con administraciones, promotores y usuarios en defensa de la calidad (CTE), transparencia (estadísticas de la edificación, concursos…) y asesoramiento urbanístico, constructivo y de mantenimiento (RITE, certificación energética, tasaciones, ITE, accesibilidad, patrimonio, rehabilitación de edificios…).
P.- ¿Por qué es tan difícil, o eso parece, planificar las ciudades urbanísticamente hablando para 10 o 20 años?
R.- Porque existe un déficit democrático de gobernabilidad y falta innovación en los mecanismos de participación.
P.- El Gobierno quiere hacer 1.500.000 viviendas protegidas en 10 años. ¿Se pueden hacer? ¿Se deben hacer?
R.- Se pueden hacer, falta el decidido impulso político colectivo. Se deberían hacer si contribuyen a compactar ciudades, restablecer equilibrios urbanos y a luchar contra el cambio climático. No sólo para resolver el problema de la vivienda y aumentar el despilfarro de suelo y recursos.
P.- ¿No cree que alguien debería hacer un estudio de población para comprobar qué tipo de casa y cuántas casas hay que hacer?
R.- Falta una Agencia de Innovación Urbana que, de forma transversal, barata, ágil y profesional, señale objetivos comunes a las ciudades, más allá de las fronteras autonómicas y locales que ahora sirven para justificar la exagerada politización territorial; y que, más allá de electoralismos y desarrollismos, procure la belleza y funcionalidad de los espacios urbanos del siglo XXI en España.
* El Mundo - BENITO MUÑOZ - 26 de Septiembre de 2008
