ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Comunidad de Madrid, por medio de la Dirección General de Patrimonio, permite un nuevo expolio en este parque emblemático de la capital. La Puerta del Río corre el serio peligro de ser desmontada de forma vergonzosa,en clara complicidad y complacencia del Ayuntamiento de Madrid.
Un enorme bloque de hormigón de la M-30 es el causante del desaguisado, al tapar la vista de este símbolo histórico, que obliga- innecesariamente- a cambiar la Puerta de sitio. La supuesta solución genera nuevos problemas, además de burlar la ley. La prevaricación podría estar tras esta discutible actuación.
En la tarde de ayer, lunes 2, comenzó a desmontarse un lateral de la Puerta del Río, una de las tres habilitadas en el acceso principal a este Parque. Esta actuación se esconde tras las múltiples que se van a desarrollar a lo largo del llamado proyecto Madrid Río.
Ecologistas en Acción, una vez conocido el proyecto, no puede sino juzgarlo como una aberración y un desprecio a la historia y el patrimonio de nuestra ciudad. Se trata en esencia de una recreación caprichosa en la que se encadenan sucesivas violaciones de la legislación proteccionista vigente, hecho frecuente en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Según lo conocido, se pretende:
* Cambiar de ubicación un bien inmueble de carácter histórico.
La puerta que se desmonta fue construida en 1812 por el arquitecto real Juan de Villanueva. Por aquí transitaba, de la Casa de Campo al Palacio Real, el impuesto rey francés José I, conocido, injustamente, como ‘Pepe Botella’.
* Desmontar, como un rompecabezas, un conjunto histórico. Se pretende reubicar los 6 pilares, de las 3 puertas del conjunto, a modo de menhires
A unos 30 metros hacia el Este. Se prescinde del resto de elementos ( farolas, herrajes, escudos, etc..) y desaparecen de aquel ámbito. La Puerta del Río desaparece como referente histórico y patrimonial para siempre, como ya lo fue el túnel de Bonaparte por gracia de la M-30 .
* Se sustrae, físicamente, un bien patrimonial del pueblo de Madrid al sacarlo de los límites físicos de la Casa de Campo.
En estas fechas en las que se perfilan los últimos rasgos legales, en la Asamblea de Madrid, para aprobar, definitivamente, que la Casa de Campo sea Bien de Interés Cultural, se procede a este robo ‘ legal’ de un bien tan emblemático. Tal aprobación, prohibiría- formalmente- este expolio realizado con toda impunidad.
Ecologistas en Acción considera esta desgraciada actuación como un serio atentado al que se debe responder, desde dentro de las mismas instituciones responsables del desastre, Ayuntamiento y Comunidad. Pero, esencialmente, la oposición tiene una fuerte responsabilidad en hacer oír, al menos, su voz ante este atropello.
Por otro lado desde los responsables de Madrid Río se esgrimen mentiras y argumentos falsos, afirman:
“la puerta no es la original”
Se dispone y se adjunta documentación gráfica irrefutable que lo desmiente. Una de estas fotografías corresponde a los años 1910s con el Palacete de los Vargas al fondo y una hilera de árboles, ahora desaparecidos. Asimismo otra segunda fotografía, entre años 1932 y 1934, que corresponde a la apertura de dos nuevas puertas en la época de la República.
“el limite de la Casa de Campo no es ese”
Ahora aparece un supuesto límite de la Casa de Campo de 1650, que desborda los bordes reconocidos, legalmente, de su cerca histórica. Todo un afán de crear la confusión para justificar este desastre. En ocasiones similares hemos tenido que oír estos falaces argumentos ( derribo de cerca histórica en el Club de Campo, jardines renacentistas anexos al Palacete de los Vargas…)
Ecologistas en Acción, junto con otras entidades y reconocidos paisajistas, historiadores y arquitectos especialistas y conocedores de la Casa de Campo, considera que la mejor opción es dejar la Puerta del Río en su ubicación actual. Ello supone la adecuada reposición de los daños causados a la puerta en estos años por las obras de la M-30 .
La causa aparente de este cambio de ubicación, un enorme bloque de hormigón armado de 10 x 15 metros debido a las obras de soterramiento de la M-30 , podría muy bien desaparecer y nunca anteponer una solución chapuza como es este traslado de la Puerta por un error no previsto en razón de...
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 3.03.09
Foto: madridiario.es
Expolio en la Casa de Campo
Procesan al ex alcalde de Coria del Río por prevaricación al recalificar su terreno
ABC/Sevilla* : Un juzgado de Sevilla ha dictado auto de procedimiento abreviado contra Tomás Alfaro (PA), ex alcalde de Coria del Río (Sevilla), por presunta prevaricación y cohecho al conseguir, siendo regidor, la recalificación de unas parcelas de su familia, lo que le reportó un beneficio de 753.737 euros.
El juzgado de instrucción 1 de Coria, en un auto dice que cuando Alfaro era alcalde "cedió dos parcelas de terreno de su propiedad al Ayuntamiento por él regido, obteniendo a su vez el cambio de calificación de otras dos parcelas de terreno, sin seguir el procedimiento urbanístico vigente".
Ello "generó para el imputado beneficios económicos", dice el juez, que por ello acuerda seguir la causa contra Alfaro por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, para lo que da traslado de las actuaciones al fiscal y a la acusación particular para que presenten escrito de acusación o pidan el sobreseimiento de la causa.
Alfaro, que dejó la Alcaldía por una moción de censura en 2003, es actualmente diputado provincial por el PA y fue denunciado por la actual corporación municipal.
El abogado denunciante, Benjamín Muñoz, ha informado de que Alfaro está imputado por haber llevado a cabo, el 23 de enero de 2003, una cesión de terrenos por parte de su familia al Ayuntamiento, a cambio de una serie de actuaciones y recalificaciones que afectaban a terrenos de su propiedad.
El acuerdo, según la denuncia presentada en octubre de 2008 por la actual corporación, incluía la recalificación de un terreno que pasaría de deportivo a residencial, con lo que el ex alcalde y su familia obtenían "grandes beneficios por sobrevaloración de su parcela", cifrados por un informe pericial en 712.999,58 euros.
A cambio, la familia Alfaro cedió dos parcelas al municipio valoradas en 176.902,88 euros.
Parcela sin coste alguno
Además, consiguió supuestamente la recalificación de una parcela que constituía un viario, y por lo tanto debía ser cedida al Ayuntamiento sin coste alguno, para pasar a la categoría de urbana residencial, con un valor de 40.738,87 euros.
A cambio, Alfaro cedió al Ayuntamiento una parcela "que carece de valor alguno pues constituye una servidumbre de paso", según dicho peritaje.
Benjamín Muñoz sostiene que, de las actuaciones, se desprenden indicios de prevaricación en la conducta del ex alcalde, pues "llevó a cabo actuaciones en detrimento de los intereses del Ayuntamiento y en beneficio propio o de su familia".
Ello se hizo "sin las más mínimas comprobaciones o requisitos, como era la emisión de un informe previo de valoración antes de la recalificación o permuta de los terrenos, como reconoció la arquitecta municipal", añade el letrado de la acusación.
La resolución del juez no es firme y contra ella el ex alcalde puede interponer recurso, precisa el auto judicial.
* ABC - 3.03.09
Foto: Coria del Río - entrepueblos.com
Los vecinos de Corralejo denuncian ante Anticorrupción una supuesta trama urbanística
CANARIAS7/Fuerteventura* : Un centenar de vecinos de Corralejo, al norte de Fuerteventura, denunciarán ante la Fiscalía Anticorrupción una supuesta trama urbanística que amenaza con quitarles la propiedad de 115 viviendas del casco viejo de esa localidad, según anunciaron hoy sus representantes legales.
Después de cinco años de una larga batalla legal, los afectados presentarán al fiscal, en una visita que harán el viernes a Las Palmas de Gran Canaria, un abultado y complejo informe con el que tratan de demostrar un supuesto montaje mercantil en el que estarían unidas diferentes sociedades que en los últimos años han comprado y vendido sus casas aprovechando que no estaban registradas.
Según explicó hoy el representante del Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo, Miguel Benítez, "tras una ardua labor de investigación llevada a cabo en torno a las diversas empresas que han intervenido en estas operaciones urbanísticas, se ha llegado a la conclusión de que se trata de sociedades fantasma, sin actividad mercantil y comercial de clase alguna".
Estas mismas investigaciones habrían descubierto conexiones incluso internacionales que concluyen en Costa Rica, señaló la misma fuente.
Hace unos meses, la Audiencia Provincial de Las Palmas ya remitió todas las sentencias falladas relacionadas con este caso a la Fiscalía Anticorrupción, tras apreciar indicios de un delito de estafa continuada.
Según explicación de Benítez, con el informe redactado ahora por una empresa de abogados a petición de los vecinos y que firman 169 afectados, "tan sólo pretendemos facilitar el trabajo de investigación a los fiscales".
Hasta el momento los vecinos han ganado todas las demandas presentadas para recuperar sus casas, construidas hace más de cien años por pescadores y que dieron origen a la actual localidad de Corralejo.
* Canarias 7 - efe - 3.03.09
Foto: corralejo.tv
Corrupción, corruptelas y comportamientos irregulares
BERNARDO DEL ROSAL* : Cuando se habla de corrupción en el lenguaje vulgar (esto es, el lenguaje que usa el vulgo, el pueblo llano), siempre se hace referencia, inequívocamente, a comportamientos delictivos de las autoridades o funcionarios, por más que, quien así se expresa, no sea capaz de acertar a calificar, en términos precisos, de qué delito de los tipificados en el Código penal se está hablando. No hace falta ser un jurista para comprender que si un ministro, un conseller o un alcalde o concejal acepta dinero por otorgar la concesión de un servicio público a una empresa privada, o por adjudicar una determinada obra pública, o el desarrollo, como agente urbanizador, de un determinado plan urbanístico, ese funcionario está cometiendo un delito, sin importar mucho si se está ante un cohecho o ante una prevaricación, o ante ambos.
Sin embargo, cuando el vulgo habla de corruptelas o de comportamientos irregulares, normalmente, hace referencia a comportamientos ilegales, aunque no necesariamente delictivos; o, incluso, a comportamientos que, siendo legales, implican un cierto abuso o, al menos, un uso discutible de posición dominante o un ejercicio arbitrario del poder. El pueblo llano entiende, perfectamente, que la Administración goza, en determinados ámbitos, de un margen discrecional de actuación y, en el ejercicio de ese poder discrecional, tiene un margen de arbitrio para tomar determinadas decisiones. Arbitrio, obviamente, no quiere decir arbitrariedad, y esto también lo entiende el más común de los mortales, pero también todo el mundo es consciente de que hay múltiples formas de amparar esas decisiones, aparentemente discrecionales pero sustancialmente arbitrarias, porque la propia ley utiliza, en ocasiones, conceptos (ejemplo clásico es el de "interés general") cuyo contenido, por su vaguedad o ambigüedad, no es fácil de precisar y sirven, más veces de lo deseable, para justificación esas decisiones arbitrarias.
Todo esto viene al caso porque cuando un ministro, un conseller o un alcalde es sorprendido habiendo favorecido a amigos o parientes, la automática respuesta, en los últimos tiempos, suele ser siempre la misma: "Mi conciencia está tranquila porque todo lo hecho es legal". Aceptando la conclusión, no la de que la conciencia de esa autoridad esté tranquila, cosa que al pueblo llano le suele importar poco, sino la de que todo lo hecho es legal, aún queda mucho trecho para poder decir, a su vez, que también es éticamente irreprochable. Porque la actuación de un servidor público no sólo está regida por la estricta legalidad, dentro de los márgenes de actuación de sus atribuciones discrecionales; sino, del mismo modo, por las reglas del buen gobierno, entre las que se incluye, generalmente, la necesidad de un comportamiento objetivo, íntegro, neutral, responsable, creíble, imparcial, transparente, ejemplar, austero, accesible, honrado, etcétera, según rezan los propios Códigos de Buen Gobierno que, en los últimos tiempos, han llegado a adquirir rango legal.
Un funcionario que acepta sobornos o que decide, de forma ilegalmente injusta y grosera, conceder una licencia de obra, es un sujeto que habrá cometido un delito y, por ello, afortunadamente, todo el mundo acepta, incluso los propios políticos, que debe ser castigado y apartado del cargo. Ese apartamiento del cargo también es sentido como necesario para el pueblo llano cuando se imputa (no ya se condena) a un funcionario por delito o, incluso, cuando detecta que ese funcionario ha cometido corruptelas o comportamientos que se deben de valorar como irregulares desde la ética del buen gobierno, y, sin embargo, los políticos que rigen los partidos, o los gobiernos, suele tener, en todos estos casos, una conciencia laxa. No tanto porque, si son sinceros con ellos mismos, sus convicciones éticas profundas no les dicte lo mismo que al pueblo llano, sino porque hay intereses prevalentes (fundamentalmente, de partido o de Gobierno) que les modela, de esa forma tan inaceptablemente tolerante, su conciencia, la cual, en algún punto de su carrera, termina por esfumarse.
En nuestra Comunidad Autónoma estamos viviendo, en los últimos días, un caso llamativo en el que un conseller ha sido sorprendido favoreciendo a amigos en el ámbito de determinadas concesiones administrativas y, automáticamente, su respuesta, aún admitiendo, básicamente, los hechos que le eran atribuidos, ha sido la previsible: todo es legal. Como ciudadanos, obviamente, damos eso por descontado; hasta ahí podríamos llegar, que un conseller no actúe sometido a la estricta legalidad. Pero el problema no reside en eso, o al menos no sólo en eso. Lo narrado por la prensa pone en evidencia, de una forma tan meridianamente clara, una falta absoluta de ética en el buen gobierno que es más que suficiente para que, si el interesado no dimite, sea fulminantemente cesado. Porque nos estamos jugando, especialmente en el caso de las generaciones jóvenes, un descrédito y un descreimiento en la política y en los políticos que, a medio o largo plazo, puede poner en riesgo el propio sistema democrático, porque ya está generando los argumentos, de naturaleza fascistoide, de que todos los políticos son iguales, de que la política no sirve para nada, y un largo etcétera argumental, del mismo tenor, que en Alemania, por ejemplo, y en una maltrecha y convulsa situación política, económica y social, echó por tierra la República de Weimar y dio paso, en el año 1933, al nazismo.
Quien no recuerde y tenga presente la Historia está condenado a repetirla y los ciudadanos nos merecemos que los políticos sean los primeros en recordar la Historia y asumir su responsabilidad para garantizarnos un futuro democrático y evitar que el ciclo del autoritarismo nos vuelva a visitar más pronto que tarde. Los tiempos que corren, con una crisis económica global que, seguramente, transformará nuestra realidad política, social y económica en los años venideros, exige una forma de hacer política y una ética gobernante mucho más exigente y no basta con que, repetidamente, como ocurre por estos lares, se nos venda humo, contándonos las bondades de la gestión pública y la honorabilidad de los gobernantes, bondades y honorabilidad que, sinceramente, a un ciudadano de a pie a veces le es difícil reconocer.
* Bernardo del Rosal es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante y ex Síndic de Greuges.
* ELPAIS.com - Opinión - 23/02/2009
