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TELEPRENSA/Almería* : Los dos autos de suspensión cautelar de todas las zonas C3 y D (núcleos urbanos preexistentes y zonas urbanas, respectivamente) del PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) del Parque Naturald e Cabo de Gata-Nijar, que decretó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en respuesta a la denuncia de Salvemos Mojácar, el Grupo Ecologista Cóndor y Salvemos Macenas el pasado 31 de Marzo, ha sido declarado firme.
La suspensión afecta a más de 50 zonas del parque que habían sido ilegalmente desprotegidas en el nuevo PORN, tanto para legalizar viviendas ilegales como para preparar nuevos desarrollos urbanísticos en suelo protegido.
Los autos, sorprendentemente, no han sido recurridos por nadie, ni Junta de Andalucía, ni Ayuntamientos, ni particulares afectados.
Esto significa que durante los años que dure el proceso judicial, que se estiman en más de siete, la suspensión cautelar no podrá levantarse.
De esta manera quedan definitivamente ilegalidazas las miles de viviendas que ocupan suelo protegido del parque, en tanto no halla una sentencia, al final del proceso, que diga lo contrario, lo cual es improbable. Esto incluye el hotel del Algarrobico, así como viviendas ilegales en casi todos los núcleos del parque. A su vez este auto impide que se desarrolle ningún nuevo sector urbanístico ubicado en ninguna de las más de 50 zonas suspendidas queda definitivamente en suelo protegido.
Las asociaciones ya han comunicado a los ayuntamiento de Nijar, Carboneras y Almería que deben suspender cualquier actuación urbanística en los sectores afectados y que deben informar a los propietarios de las viviendas ilegales de su situación.
Se trata para los tres colectivos ecologistas de una victoria judicial sin precedentes, que tendrá consecuencias desconocidas ya que, por un lado, deja en suspenso miles de viviendas ilegales ya habitadas en el Parque y a su vez se suspenden los planes urbanísticos que pretendían desarrollarse para todas la áreas afectadas.
Por otro multiplica exponencialmente las razones de las diligencias por prevaricación que ordenó abrir el Juez Rivero el pasado septiembre contra la Junta de Andalucía por la manipulación ilegal de lo planos del Parque Natural, diligencias que se encuentran ahora en la mesa del Fiscal General del Estado, a quien las asociaciones remitirán inmediatamente este auto con un escrito solicitando que se amplien las diligencias.
Se trata pues de un varapalo sin precedentes para la Junta de Andalucía que esperamos tenga consecuencias políticas de primer orden ya que entendemos que la única salida digna para el presidente de la Junta, Manuel Chaves, seria el cese inmediato de todos los cargos políticos potencialmente implicados en este caso de extrema gravedad.
* Teleprensa - 17.07.09
Foto: El Algarrobico (Almería), aérea - greenpeace.org
Declarada firme la suspensión cautelar de más de 50 puntos del PORN de Cabo de Gata, entre ellos El Algarrobico
El TSJC derriba el Plan General de Arucas
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha propinado un fuerte varapalo judicial al ordenamiento urbanístico de Arucas al anular un acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de 22 de junio de 2005.
Dicho acuerdo aprobaba definitivamente, en forma parcial, la Adaptación Básica del Plan General de Ordenación del municipio al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
La sentencia del TSJC, emitida el pasado 30 de junio, estima en parte el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comunidad de Regantes El Chorro y la Comunidad de Regantes Pozo de las Ñameras, contra esta decisión de la Cotmac. Las dos comunidades se oponen a la construcción de la variante de Bañaderos, por lo que en el recurso también solicitaron la anulación de la ordenación de la variante y del desdoblamiento de la vía Arucas-Guía, así como la nulidad del suelo urbano consolidado, aledaño a la planificación viaria de la costa del municipio norteño.
Sobre estos aspectos de la demanda, la sala del TSJC indica que no puede acceder a estas pretensiones, ya que "anulada la Adaptación desaparece del mundo jurídico, y no es posible que el Tribunal lleve a cabo una labor de ordenación del territorio que no le corresponde".
La Sala se basa en la existencia de una sentencia de 15 de diciembre de 2006, en la que a instancia del Ayuntamiento de Gáldar se anulan los acuerdos de la Cotmac de aprobación definitiva de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Arucas de 15 de febrero de 2001 y de 12 de marzo del mismo año, que originaron la famosa guerra por el centro comercial cerrado del Norte, entre ambas ciudades.
Además, se indica que la Comunidad Autónoma favoreció los intereses municipales frente a los generales, ya que aprobó el cambio de uso de varios suelos a conveniencia y otros los dejó suspendidos para una posterior revisión, alterando el modelo de territorio sin garantías legales.
También se señala en la sentencia que el Ejecutivo autónomo dio carácter de simples reparos a verdaderas omisiones de las que no podía asegurarse el resultado, vulnerando así la seguridad jurídica.
Según explicó el alcalde de Arucas, José María Ponce, la sentencia les llegó ayer, por lo que no han tenido tiempo de valorarla ni de decidir si se presetará recurso, ya que el fallo judicial no es firme.
Por otro lado, fuentes de la Mancomunidad del Norte han indicado, que en principio, esta sentencia no tiene por qué afectar a los proyectos viarios que se están ejecutando en la comarca, ya que el Gobierno regional ha presentado un recurso contra la anulación judicial del plan especial de carreteras del Norte.
Además, para la entidad supramunicipal, el proyecto de la variante ya no es prioritario para la comarca, dado que la construcción del cuarto carril está muy avanzada.
* La Provincia - M.J. MONZÓN - 16.07.09
Foto: Arucas (Gran Canaria), vista - wikipedia.org
Llanes: tres veces en la misma piedra
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LNE/Asturias*: Llanes sabe de anulaciones urbanísticas más que nadie. No en vano, el concejo ha visto cómo los tribunales le «tumbaban» los tres últimos planes urbanos, un hecho sin precedentes en España. Tanto así que el urbanismo de Llanes sigue funcionando en la actualidad «de prestado»: sólo porque el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento recurrieron ante el Tribunal Supremo la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
La amenaza de que el Supremo ratifique la anulación ha obligado al equipo de gobierno, que encabeza la socialista Dolores Álvarez Campillo, a iniciar la redacción de un nuevo planeamiento. Ni así acaba la polémica en Llanes: el PSOE ha optado por revisar el PGOU actual, que como se ha dicho podría ser declarado nulo de forma definitiva por el Supremo. ¿Puede revisarse un planeamiento nulo? Fácil que sean de nuevo los jueces los que tengan que dar una respuesta.
El urbanismo siempre ha provocado grandes polémicas en Llanes. Cuando gobernaba la derecha, antes de 1987, el PSOE local arremetió con extrema dureza contra la política urbanística del equipo de gobierno, al considerar que favorecía la masificación y un crecimiento desmesurado. El PSOE prometía entonces un urbanismo bien diferente, basado en un crecimiento armónico (aún no se había inventado el término sostenible), acorde con las necesidades de los vecinos.
En 1986, el Ayuntamiento aprobaba las normas subsidiarias municipales, una suerte de plan urbanístico, que nunca llegó a entrar en vigor. Un particular denunció que las normas llaniscas no habían sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA), por lo que debían ser declaradas nulas. Los tribunales ratificaron ese argumento y Llanes se quedó sin planeamiento.
Antes de que llegara la anulación definitiva de aquellas normas llegaron las elecciones municipales de 1987. El «cambio» llegaba a Llanes con cinco años de retraso: el PSOE arrasó. Con una holgada mayoría absoluta y un alcalde joven y, dinámico, Antonio Trevín, los socialistas se pusieron manos a la obra. En 1989 convocaron a los «inversores reales y comprometidos», interesados en impulsar actuaciones urbanísticas en el concejo. Fue el primer error del PSOE: no hubo un avance de planeamiento. Los posteriores recursos de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) y dos particulares incidieron en esta y otras irregularidades.
La polémica rodeó desde el primero momento la tramitación del plan urbanístico (en realidad una revisión de las normas anuladas anteriormente). Sobre todo porque el PSOE proponía una «franja de asentamiento costero» que hubiera permitido levantar miles de adosados entre la carretera N-634 y la zona de protección de Costas, y porque había firmado trece convenios urbanísticos con otros tantos «inversores reales y comprometidos» (la mayoría relacionados entre sí) que convertían en urbanizables miles de metros cuadrados de terrenos rústicos, buena parte de ellos en primera línea de costa.
Los jueces zanjaron la polémica al anular el plan urbanístico, que había sido aprobado en 1992, por los defectos de forma observados, entre ellos la ausencia de un avance de planeamiento abierto a toda la ciudadanía, y no sólo a los «inversores reales y comprometidos».
El Ayuntamiento redactó un nuevo planeamiento, en este caso un PGOU. Y de nuevo AVALL, Andecha Astur y un particular recurrieron. El Ayuntamiento y el Principado perdieron los tres juicios: el PGOU fue anulado por triplicado, también en este caso por la gravedad de sus defectos de forma, entre ellos, haber incluido los terrenos de los «convenios» a espaldas de la ciudadanía. Los recursos hacen que el PGOU aún siga vigente.
La Talá, un paraje situado junto a la costa, a la salida de la villa de Llanes hacia el Oeste, ha sido el centro de buena parte de la polémica urbanística en los últimos veinte años, más que por el número de viviendas, por su privilegiada situación. La Talá -en la imagen- es un símbolo, tanto para los partidarios como para los detractores de la política urbanística del PSOE de Llanes. Veinte años después continúan los recursos y las denuncias.
* La Nueva España - Ramón DÍAZ - 17.07.09
Foto: lópez de arenosa, lne.es
La alcaldesa de Marbella reta a la Junta al legalizar todas las viviendas
ELPAÍS/Málaga* : Ninguna casa habitada debe ser demolida por ilegal que sea. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), está dispuesta a llevar su compromiso electoral hasta las últimas consecuencias, por más que ello suponga romper el consenso mantenido hasta ahora con la Junta sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el riesgo de que sea rechazado por la administración autonómica, a la que compete su aprobación definitiva.
El desafío de la alcaldesa se confirmó ayer, cuando informó a los grupos de oposición de que que en el PGOU que someterá a la aprobación provisional del pleno el día 29 no habrá ni una sola vivienda habitada que quede fuera de ordenación, ni por tanto expuesta a una posible demolición. El Gobierno municipal ha modificado el documento elaborado por el equipo redactor, que mantenía como "incompatibles" con el modelo urbanístico unas 500 viviendas en tres promociones.
Muñoz explicó que evitar las demoliciones "ha sido siempre la postura coherente del PP y un compromiso personal". Muñoz dice no querer romper el consenso, pero su empeño es el de un equilibrio muy difícil porque la Junta también ha hecho una cuestión irrenunciable, al menos hasta ahora, la incompatibilidad de determinadas construcciones con el ordenamiento urbanístico que considera coherente y deseable para Marbella.
"La intención es que la Junta asuma el plan y no haya elementos de confrontación", insistió Muñoz, quien recordó como prueba "inequívoca" de su voluntad que cuando llegó a la alcaldía en junio de 2007 asumió el plan elaborado por el equipo redactor contratado por la Junta "sin cambiar ni una coma". "Pero tenemos que incluir criterios municipales, nuestra impronta, y los cambios entendemos que son asumibles", explicó.
El documento aprobado inicialmente en julio de 2007 establecía la normalización de la mayoría de las 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones en suelo por los espacios libres y equipamientos perdidos; y dejaba fuera de ordenación 700 casas. En el documento aprobado provisionalmente en julio de 2008 esta cantidad se redujo a 500. Ahora, después de una nueva información pública, el equipo redactor mantenía estas 500 viviendas como ilegalizables por ocupar suelos del frente litoral. Pero el gobierno del PP entiende que "es de justicia para los compradores de buena fe" no demoler una sola casa habitada.
Según explicó Muñoz, en el caso de Banana Beach y Río Real, que suman unas 350 viviendas, se harán entregas de suelo compensatorio que ahora son aparcamientos y jardines de las urbanizaciones, y en el edificio de La Víbora se harán modificaciones que impidan el riesgo de inundación.
El Ayuntamiento de Marbella además podrá seguir adelante con su propuesta de deslinde con Benahavís después de que el Consejo Consultivo haya emitido un dictamen que recomienda este procedimiento a seguir en el caso de suelos que han sido ordenados por un ayuntamiento aunque en la demarcación oficial de lindes del Instituto de Cartografía resulte que pertenezca a otro, siempre que esas actuaciones hayan sido de buena fe.
Y así ha ocurrido con los casi 400.000 metros cuadrados que son de Marbella pero que durante 30 años ha ordenado Benahavís y que el consistorio marbellí quiere que sean adscritos ahora su municipio vecino. Durante la tramitación del PGOU es el momento de hacerlo, según el Consejo Consultivo, aunque la decisión final compete a la Junta.
La administración autonómica encargó el informe al Consultivo después de la polémica originada por la pretensión del deslinde que afecta a la vivienda de la alcaldesa y a suelos de una promotora de su marido. En el PGOU de Marbella serían suelos no urbanizables, y en el de Benahavís si lo serán.
* ELPAIS.com -DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 17/07/2009
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
