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ELPAÍS/Murcia* : La Guardia Civil ha detenido esta mañana a seis personas en las localidades de Los Alamos y San Javier, Murcia. Entre los detenidos, se encuentra el arquitecto municipal de San Javier, Miguel Botella. Seis agentes de la Benemérita lo han arrestado esta mañana, según han informado testigos presenciales.
Una hora después han entrado en el ayuntamiento dos agentes en compañía del edil y del arquitecto municipal detenido para registrar las dependencias de Urbanismo del ayuntamiento, ubicadas en la primera planta.
Esta operación la lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que, por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier, realiza desde las once de la mañana registros en dependencias de los ayuntamientos de San Javier y Fuente Alamo, así como en varios domicilios. Estas acciones se inscriben en una operación contra posibles delitos fiscales y negociaciones prohibidas a funacionarios públicos.
La alcaldesa de San Javier, Josefa García, del PSOE, está de camino a la población puesto que asistía en la sede regional de su partido, en Murcia, a una reunión de alcaldes socialistas. Esta operación la ordenó un Juzgado de Instrucción de San Javier para la entrada y registro, además de dependencias municipales, de varios domicilios y empresas privadas.
El alcalde del PP de San Javier en 2006, José Hernández, constructor de profesión, fue investigado a finales de ese año por presuntos tratos de favor en la cesióln de terrenos para su edificación.
* ELPAIS.com - EFE - Madrid / San Javier - 16/12/2008
Foto: San Javier (Murcia), ayuntamiento - regmurcia.com
Seis detenidos en una operación contra la corrupción en San Javier
Avalancha de alegaciones contra el macroproyecto hotelero finca Carrasco en Ronda
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NUEVACULTURATERRITORIO/Málaga* : Numerosos grupos, asociaciones y plataformas sociales (1), así como muchos ciudadanos preocupados por el deterioro del territorio han presentando alegaciones al plan especial de actuación urbanística sobre la Finca Carrasco, impulsado por el gobierno del Ayuntamiento de Ronda, para la construcción de 15 hoteles de 250 plazas cada uno.
Una vez más, los políticos que gobiernan en Ronda muestran el más absoluto desprecio por su patrimonio natural y por el bienestar de los ciudadanos, promoviendo mega-proyectos urbanísticos en la mejor dehesa de encinas de la provincia de Málaga.
La mayoría de las alegaciones contra el edicto publicado en el B.O.P. de Málaga, destacan que el proyecto no prevé el abastecimiento de agua, no hace referencia al futuro del encinar, ni justifica la necesidad de triplicar las plazas hoteleras a 11 kilómetros de Ronda.
Este proyecto de 3750 plazas hoteleras, lo que supone triplicar las plazas hoteleras actuales ubicando dos tercios de las mismas en la dehesa, es una iniciativa que fomenta el despilfarro y la insostenibilidad, actúa contra los valores constitucionales de solidaridad colectiva, eficacia y eficiencia de las Administraciones públicas, y contraviene el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente de calidad.
Asimismo, se destaca la perplejidad que produce la actuación directa de los funcionarios y autoridades intervinientes que, dolosa o culposamente, no tienen en cuenta en el proyecto -como es su obligación- las deficiencias y finalidades desviadas de este plan especial, por lo que en el caso de que avance en éstas primeras fases, podría generar graves (incluso irreversibles) daños medioambientales, y gastos que pudieran ser luego invocados por los promotores para exigir responsabilidad e indemnizaciones a las Administraciones públicas. De éste modo, los vecinos sufrirían los daños causados, y el dinero -como siempre - acabaría saliendo de las economías de todos los ciudadanos.
La Finca Carrasco está próxima a la zona de Merinos-Parchite donde el consistorio de Ronda promueve y trata de consolidar otros complejos urbanísticos, especialmente Merinos Norte que, además de generar una larga e intensa contestación social, tiene denegado por parte de la Consejería de Medio Ambiente el abastecimiento de agua.
Las razones para la oposición al proyecto de la Finca Carrasco pueden ilustrarse con las palabras del Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el cierre del VI Congreso de la Fundación Nueva Cultura del Agua celebrado en Vitoria la pasada semana, que manifestó que no se pueden hacer más concesiones de agua porque ya no hay más agua. Solo se puede obtener mediante medidas de ahorro, mejora de la eficiencia o del cambio de usos. Por tanto, es la falta de agua la que limitará los nuevos proyectos urbanísticos...
Coordinadora Ciudadana de Málaga, Nueva Cultura del Territorio (NCT)
(1) Algunos colectivos que han presentado alegaciones al Proyecto de la finca Carrasco:
Silvema Ecologistas en Acción Comarca de Ronda; Grupo de Trabajo del Valle del Genal; A.R.A.C.A. Asociación Rondeña de Amigos de los Caminos Andaluces Ronda; S.E.O. Sociedad Española de Ornitología de Málaga; Plataforma Cueveña Defensa del Agua Cuevas del Becerro; Ecologistas en Acción El Burgo; Plataforma Arriateña en Defensa del Agua Arriate; Foro Ciudadano RdV; Taha de Bezmiliana Asociación de A del Patrimonio y la Arqueología; Asociación Cultural y Deportiva Jábega Rincón de la Victoria, Plataforma Salvemos Gibralfaro Málaga; Guiris contra los campos de golf Ronda, Ecologistas en Acción Comarca de Antequera; Ecologistas en Acción Mijas; Plataforma Ciudadana en Defensa del Territorio Alhaurino; Asamblea Ciudadana por la Supervivencia de los Baños del Carmen Málaga; Federación Provincial de Ecologistas en Acción Málaga, C.O.A.G. Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Málaga y Coordinadora Ciudadana de Málaga Nueva Cultura del Territorio.
* Coordinadora Ciudadana de Málaga, Nueva Cultura del Territorio (NCT) - 11.12.2008
Foto: Ronda (Málaga), ayuntamiento - andaluciaimagen.com
Puente Castro se echa otra vez a la calle para pedir más servicios
LACRÓNICA/León* : Unos 250 vecinos de Puente Castro tomaron ayer de nuevo las calles del centro de León provocando cortes de tráfico intermitentes para mostrar su disconformidad con el cambio que el Ayuntamiento pretende llevar a cabo en el uso de una parcela dotacional de la zona, que supondría la supresión de numerosos espacios de servicios y daría paso a la construcción de 150 viviendas sociales para jóvenes.
Fue la cuarta protesta impulsada por el colectivo vecinal Aljama con el objetivo de que el equipo de gobierno se comprometa a respetar el destino inicial de los 7.541 metros cuadrados que tiene la parcela donde inicialmente estaban previstos un polideportivo y un centro de salud que podría dar servicio a Villaturiel, Valdefresno y la Lastra.
En este sentido, la presidenta de Aljama, Flory Fernández, anunció la presentación de dos recursos de reposición contra el acuerdo plenario del 31 de octubre que daba luz verde a las 150 viviendas sociales.
Ante lo que los vecinos consideran “excusas” del equipo de gobierno, anuncian medidas legales contra el citado acuerdo. Para ello, han lanzado la campaña ‘Salvemos Puente Castro’ y han abierto una cuenta bancaria para que los vecinos contribuyan a esta batalla legal con sus aportaciones voluntarias.
El manifiesto leído ayer tras concluir la manifestación hasta las puertas del Consistorio respondió además al alcalde, quien afirmó que “si a Puente Castro le molestan los pisos para jóvenes, los hacemos en otros barrios que seguro que están encantados de recibirles”. En este sentido, los vecinos se preguntaron: “¿Es que aún no se ha enterado de que no las queremos?”.
El manifiesto denuncia además que el cambio de uso de la parcela “incurre en la ilegalidad”, ya que el polígono aún no está entregado y la Junta sólo permite que se destinen a uso privado las parcelas dotacionales cuando hayan pasado ocho años desde la recepción y no se hayan construido los equipamientos.
* La Crónica - Alfonso Martínez León - 12.12.2008
Foto: Los vecinos de Puente Castro se manifestaron para exigir al Ayuntamiento que respete las parcelas para equipamientos del barrio. m. marcos, la-cronica.net
El PP lleva al pleno un plan de Ribalta que omite el trolebús e incumple las exigencias de Cultura
LEVANTE/Castelló* : El Gobierno del Ayuntamiento de Castelló (PP) llevará al pleno de diciembre después de 3 años de retraso el dictamen técnico del plan especial de protección del parque Ribalta y remitirá a la Conselleria de Cultura un documento que finalmente no autoriza el paso del trolebús y que tampoco refleja las condiciones de mejora y peatonalización del entorno del jardín histórico.
Los informes técnicos del Plan Especial de Protección Ribalta-Tetuán evidencian que las alegaciones ya estaban resueltas en febrero de 2008 y que desde entonces se ha bloqueado un documento que prohibe cualquier alteración urbanística como la que significaría el paso de un transporte masivo.
Durante este periodo de paralización, el PP ha aprovechado para comenzar los primeros trabajos del proyecto del trolebús (Tram) por dentro de un parque protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).
El ayuntamiento y la Conselleria de Infraestructuras comenzaron en agosto las excavaciones arqueológicas en el parque con el aval de una autorización de la Conselleria de Cultura que permite el paso del trolebús con una serie de condiciones que tanto el ayuntamiento como Infraestructuras siguen sin cumplir.
La resolución exige que el paso del Tram se refleje previamente en un plan especial conjuntamente con diez medidas entre las que destacan la peatonalización de los viales adyacentes, la reconstrucción de la antigua pérgola y la reforestación del parque.
Ahora, el ayuntamiento aprobará en el pleno del próximo lunes el plan especial que será remitido a Cultura con la salvedad de que el documento ni contempla el paso del trolebús ni el resto de medidas exigidas por los técnicos de la Dirección General de Patrimonio.
En el caso de que Cultura lo ratifique, Ribalta quedará protegido por un plan especial que prohibe el trolebús con la paradoja de que los primeros trabajos de la obra ya han comenzado y el ayuntamiento no ha cumplido ni una sola de las condiciones ineludibles exigidas por Patrimonio, ni siquiera la de incluir la actuación del Tram dentro del plan especial.
De hecho, este documento no puede contemplar el trolebús porque fue expuesto al público en el año 2005 y la propuesta final se ha mantenido sin incluir la obra del trolebús, dado que ello implicaría una nueva exposición pública y el correspondiente periodo de alegaciones.
El Bloc pide que Patrimonio sea firme
El portavoz municipal del Bloc, Enric Nomdedéu, cuestionó ayer que el PP "no ha incluido en el Plan Especial de Protección Ribalta-Tetuán ninguna de las condiciones de Cultura, y ello representará, como la propia directora general nos transmitió, que la conselleria no dará el visto bueno al proyecto. Esperamos que la directora cumpla su palabra".
* Levante-EMV - Nacho Martín - 16.12.2008
Foto: clamor social. 1.500 personas salieron a la calle en octubre para pedir que el trolebús no atraviese Ribalta. - vicent gamir, levante-emv.com
El futuro plan de Móstoles ignora un informe ambiental y desprotege suelo
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ELPAÍS/Madrid* : "El plan general de ordenación urbana de Móstoles quedará visto para ver la luz antes de que termine 2008". Fue el anuncio que hizo ayer el director general de Urbanismo y Estrategia Ambiental, Raimundo Herraiz, en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, donde avanzó que hoy dará su visto bueno al planeamiento en la Comisión de Urbanismo de la consejería.
El siguiente paso será que lo apruebe el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre.
Pero el plan de Móstoles (206.000 habitantes, gobernado por el PP) nace ya con una tara importante, que le afeó ayer el diputado socialista Antonio Fernández-Gordillo al director general en la comisión: no cumple con las medidas correctoras que impuso el informe definitivo de análisis ambiental, preceptivo y vinculante, que emitió la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad el 23 de enero.
"Considerando los previsibles efectos ambientales sinérgicos y acumulativos del plan general derivados de la urbanización de la mayor parte del término municipal, deben preverse pasillos ecológicos y zonas sin ocupar conforme al informe previo de análisis ambiental", afirma dicho dictamen.
Los pasillos corresponden a cinco áreas, de las que el plan ha desprotegido tres, calificándolas como suelo urbanizable no sectorizado. Para urbanizarlas haría falta un futuro plan especial, pero abre la posibilidad de que se construya en estos terrenos. Se engloban en dos amplias superficies, que suman cuatro millones de metros cuadrados (400 hectáreas, equivalentes a 400 campos de fútbol), situadas una al sur del arroyo de la Reguera hasta el límite con el término de Fuenlabrada (y que incluye otra área entre la R-5 y la frontera del municipio) y otra desde el arroyo de la Peñaca hasta el límite con Villaviciosa.
Para cumplir con la tramitación del planeamiento, era necesario que la Dirección General de Evaluación Ambiental emitiera un "informe favorable" que verificara el cumplimiento de las medidas correctoras. Así lo estipulaba el dictamen de deficiencias que la consejería elaboró el 24 de noviembre. Nueve días después, el 2 de diciembre, la misma consejería emitió otro informe idéntico al anterior, salvo que ya no incluía el requisito de que Evaluación Ambiental verificara las condiciones ambientales.
Lo que ocurrió entremedias lo expuso el diputado socialista Fernández-Gordillo en la comisión. "El 28 de noviembre se produce una reunión entre el Ayuntamiento y la consejería en la que me imagino que se modifica el contenido del informe para hacer el del 2 de diciembre", explicó. Esta tesis viene avalada por la documentación presentada en el pleno municipal del 9 de diciembre, en la que los técnicos municipales reconocen que se ha mantenido el encuentro y que en ella la Consejería se comprometió a dar el visto bueno al plan.
Sin embargo, no existe en la tramitación justificación alguna del cambio de criterio. Tampoco la ofreció ayer Herraiz en la comisión, donde dijo que el plan ha contado con "un amplio número de informes sectoriales y todos acaban favorablemente".
"¿Dónde está el informe favorable verificando el análisis ambiental?", le reprochaba el diputado socialista. "¿Piensa aprobar así el plan general?".
Y el director general se sorprendía de que considerara el suelo no sectorizado como desprotegido. "¿Por qué no se puede meter ahí un parque urbano?", preguntaba. "No se podrá hacer ni una vivienda sin un plan de sectorización".
Gordillo exigió la retirada del plan de Móstoles. El director general insistió en que se había "limitado a cumplir escrupulosamente con los informes de evaluación ambiental". No hubo acuerdo. Una vez más.
Tramitación acelerada
- 23 de enero. El informe de Análisis Ambiental (Comunidad de Madrid) definitivo obliga a establecer corredores ecológicos en cinco áreas.
- 28 abril. Un pleno del Ayuntamiento de Móstoles reduce de cinco millones de metros cuadrados a un millón el área desprotegida.
- 17 de julio. Tras la exposición pública, el pleno estima dos alegaciones y desprotege cuatro millones de metros cuadrados.
- 11 de septiembre. Aprobación provisional del plan por el pleno del Ayuntamiento, que lo envía a la consejería.
- 24 de noviembre. Informe de incidencias en el que se requiere verificación de las medidas ambientales.
- 2 de diciembre. Informe de incidencias que omite la misma verificación.
- 8 de diciembre. El pleno del Ayuntamiento aprueba la revisión del plan.
* ELPAIS.com - SOLEDAD ALCAIDE - Madrid - 16/12/2008
Foto: El municipio de Móstoles tramita el nuevo plan urbanístico- SAMUEL SÁNCHEZ, elpais.com
Demolición
FERNANDO SANTIAGO* : Resulta insólito que personas que se hicieron sus casas de manera ilegal a sabiendas exijan ahora su legalización. Si ocurriera así sería una bofetada para quienes construyeron con todos los permisos y los papeles en regla. Un desaire a quienes cumplen la ley: es más barato y mejor hacer las cosas mal porque a la larga te lo arreglan. Si se generaliza esta salida es posible que nadie quiera pagar impuestos porque luego alguien lo va a perdonar. Nadie pida licencia de apertura si luego las van a conceder con carácter retroactivo.
Conculcar la ley es fácil, barato y no tiene consecuencias. Cumplirla es de idiotas. Por si fuera poco, los infractores se ponen estupendos con las exigencias: que si han pasado cuatro años, que si no se pueden consentir los derribos, que los ayuntamientos tienen la obligación de arreglar calles, alcantarillado, recoger la basura, dar luz y agua. El infractor es osado porque sabe que al final gana.
La cuenta es más o menos así: una vivienda ilegal es un problema administrativo, 100 viviendas ilegales son un problema urbanístico, 1.000 viviendas ilegales son un problema político. Así que se da solución política, se mira para otro lado por la cantidad de funcionarios, notarios, arquitectos, aparejadores y constructores que colaboraron en el fraude y se busca el apoyo político de quienes han infringido la ley. Los que cumplen con la norma no crean plataformas, no se manifiestan, no cortan calles, no van a los plenos y no exigen. Simplemente cumplen con su deber. Lo que no hacen los alcaldes y concejales que legalizan o quieren legalizar las tropelías. Y si un alcalde quiere tirar alguna casa, son capaces de perseguirlo: habrase visto semejante desfachatez, querer que se cumpla la ley, como si fuera un servidor público. Es lo que se ha venido en llamar pragmatismo, que en el fondo no es más que calderilla política. El infractor es como el defraudador, como el delincuente: nunca tendrá suficiente y nunca apoyará gobiernos honrados. Por si fuera poco, la infracción urbanística es el caldo de cultivo de cualquier delito. Un fraude lleva a otro fraude. Y, además, desmoraliza a quien pide permisos, hace proyectos en regla, paga impuestos, cumple con las cargas urbanísticas que establece la normativa.
Como dijo Ángel Núñez, coordinador de los fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, es necesario demoler lo ilegal para restituir el orden e impedir el efecto llamada. Si hoy legalizamos, mañana vendrán nuevas viviendas ilegales sean en pinares, en el dominio público marítimo terrestre, en cañadas o en zonas verdes. La gente ya sabe que en 10 o 15 años vendrá un político pragmático, de un partido o de otro, y lo resolverá todo. Los ciudadanos pagarán con sus impuestos lo que tenían que haber pagado los infractores. Los ilegales y los "terceros en su buena fe" tendrán papeles, calles asfaltadas, infraestructuras y se cruzarán como buenos vecinos con quienes han obrado bien desde el principio. Y no se notará la diferencia. Quizás una sonrisa de suficiencia en el listo de la clase, el que sabía que para qué cumplir la ley si al final todo se arregla. Y si alguien se permite el lujo de quejarse, saldrá el españolito indignado, el que pide que nadie se meta en sus asuntos. Es el español que no paga impuestos, el que se escaquea, el absentista, el que tiene invalidez pero trabaja en la economía sumergida. La España del chapú, de lo quiere sin IVA o con IVA, la del engaño y la picaresca, la del dinero negro, la del todo vale, la de la impunidad. De nada sirve tirar Montenmedio si en la provincia de Cádiz puede haber 50.000 viviendas ilegales. Por si fuera poco hay toda una economía sumergida dedicada a la construcción ilegal, empresas que saben hacer las cosas rápido y que saben que todo es un negocio. Esa España avanza a pasos agigantados. Los españoles decentes sólo tienen a sus conciencias porque sus gobiernos los han abandonado y los tribunales son indolentes.
* ELPAIS.com - Opinión - 15.12.2008
