JORGE BENAVIDES SOLÍS* : El genial García Márquez, a partir de un hecho real sucedido en 1951, comienza su novela Crónica de una muerte anunciada por el final: Santiago Nasar, que tranquilamente pasea por el pueblo, “está muerto”. Todos sus vecinos lo sabían, menos él. Guardando las proporciones –faltaba más– algo parecido sucede en Sevilla siglo XXI. (Tablada)
Acerca de una especulación anunciada (Ed. Padilla 2003)
Todos lo saben, menos los ‘poderes públicos’ que, según el art. 47 de la Constitución, tienen la obligación de impedirla. La cronología lo corrobora. Tablada es el único suelo virgen en Andalucía que, desde hace 12.000 años, nunca ha sido arado. Sólo por este hecho debería estar especialmente protegido. ¿Por qué el Parlamento ha resuelto no incluirlo en el Inventario de Espacios Protegidos y la Consejería de Medio Ambiente calla?
Mal Lara en 1.570 por primera vez menciona Tablada. En estos terrenos tenía su Huerta Merlina.
La Federación Aérea Guadalquivir quiere hacer un museo con
motivo del 1er Centenario del aeropuerto(2.010). En Tablada dejó de
estar operativo por la construcción del Puente del V Centenario.
Para la Base Militar, en 1.935 el Ministerio compró la dehesa cedida previamente por el Ayuntamiento –según Nicolás Salas, propietario desde 1.252– a la Compañía
aérea CETA. Por esta razón precisamente, cuando el Ministerio, tomando en cuenta el derecho preferente en 1.996, ofrece la venta al Ayuntamiento y obtiene respuesta negativa de Soledad Becerril y Alejando Rojas Marcos, a la fecha alcalde y vicealcalde, saca a subasta pública esos terrenos.
Serán adquiridos por una entidad financiera sobre cuyos orígenes y finalidad Manuel Titos dice: El siglo XIX alumbró en Andalucía dieciséis Cajas de Ahorros y Montes de Piedad con distintos orígenes fundacionales pero con idénticos objetivos: el fomento del ahorro como regenerador moral, económico y social y el combate contra la usura.
El Monte, contradiciendo lo dicho, adquiere 356,8 Hs. de suelo rústico inundable en 48 millones de euros y, cinco años después sin invertir ni un solo “duro”, lo vende
a nueve inmobiliarias dedicadas a la edificación, en 78 millones. Se desata así un proceso de pura y dura especulación que todavía no ha terminado. Los poderes públicos quieren pero no pueden integrarse en él: los propietarios, ya en 2.004, exigían 210 millones.
Con respaldo del Tribunal Superior de Justicia y del Parlamento Andaluz que ha rechazado la solicitud del Pleno del Ayuntamiento para declarar espacio protegido
al Parque Metropolitano que consta en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla Potaus (aprobado por la Junta) ahora, los propietarios exigen que si les expropian el suelo para dedicarlo a Parque Periurbano como sugiere el PGOU y ordena el Potaus, el justiprecio deberá ser el de suelo urbano.
En esas condiciones, tomando en cuenta expropiaciones similares realizadas, el precio podría ascender a 240 millones; una cantidad de euros superior a la que el
Ayuntamiento ha gastado para hacer tres obras: el Metrocentro (90 mill.), los Champiñones de la Encarnación (54 mill.) y el servicio con mayor rentabilidad social, SEVICI (18 mill.)
Sin invertir ni un solo duro, las inmobiliarias exigen tener un beneficio de entre
162 y 192 millones. Y claro, como los ‘poderes públicos’ no encuentran cómo salir de este proceso, han comenzado a ver con simpatía, pero sin comprometerse, la
tercera vía presentada por los dueños de Tablada a través de una empresa de expertos: primero, inundar el suelo para crear el Charco de Tablada (azul) con el
fin de atraer a los flamencos y a otros pajaritos que están en Doñana; segundo, hacer el Parque Metropolitano (POTAUS, verde) y tercero, con el fin de generar puestos de trabajo, edificar en su borde (gris) con proyectos de los más destacados arquitectos del mundo.
Están agotando posibilidades. Ya lo intentaron en diciembre de 2002: los siete propietarios de Tablada presentaron sendos proyectos en un ámbito de 700 hectáreas
(250 más que la superficie de propiedad del Consorcio) para colonizar el parque de Tablada.
Según se deduce, a partir del justiprecio para la expropiación, lo que finalmente exigen es firmar otro Convenio Urbanístico con una edificabilidad equivalente, al menos a la de un conjunto de 15.000 viviendas, claro está, con una dotación verde (parque equipado) y otra azul (suelo inundado). Como a todas luces las dos iniciativas propuestas por los propietarios de Tablada son claramente inaceptables porque el artículo 47 de la Constitución así ordena a los ‘poderes públicos’; el
Ayuntamiento tendría que pensar en la posibilidad de usar un recurso técnico y legal que cae en su competencia: reclasificar el suelo de Tablada y ponerlo en el PGOU como espacio natural protegido no urbanizable. Y todos contentos. Digo, toda la ciudad y todo el Aljarafe. Los únicos recursos habría que dedicarlos a la redacción, a la ejecución y a la futura gestión de los contenidos de un Plan Especial. Para la gestión habría que contar con la positiva experiencia de quienes están al frente del Alamillo. Alguna vez le escuché a su director la sugerencia de que todos los espacios verdes (partes) deberían convertirse en un Sistema Verde: partes, todo y entorno inter-relacionados.
Hacer ciudad también es construir la civilidad y, ésta desde luego, no es posible si los ciudadanos no quieren o son indiferentes frente a nuestros delegados en el
gobierno que proponen y deciden.
Tablada: verde. ¿Y usted qué dice?
* Profesor Titular de la ETSA
* El Correo de Andalucía - La Tribuna - 31.10.09
Crónica de una especulación anunciada
El Algarrobico, 25 años atrás
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ELMUNDO/Almería* : La reciente aprobación definitiva del Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el socialista Cristóbal Fernández, de la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en la que mantiene la clasificación de suelo urbanizable al paraje donde se asienta el hotel de El Algarrobico, ha retrotraído de un plumazo la situación legal del terreno a 25 años atrás, cuando en 1984 se redactaron las normas urbanísticas del municipio, salvo que por el camino ha quedado un hotel de cuatro estrellas prácticamente concluido, pero abandonado.
En el camino ha quedado también una inversión millonaria de Azata del Sol, la empresa que lo construyó con el beneplácito de todas las administraciones, desde el Ayuntamiento al Gobierno, pasando por la Junta de Andalucía, que promocionaron, autorizaron y subvencionaron su construcción en razón del interés general, dentro del Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata-Níjar.
Este plan fue, en su día, auspiciado por la Junta de Andalucía para crear actividad y empleo en la zona. Sin embargo, amparándose también en el interés general, las mismas administraciones que habían promocionado el proyecto desde 2002 dieron en 2006 una drástica vuelta de timón a su actuación, y pasaron a presentar el hotel de El Algarrobico como el buque insignia de la lucha contra la especulación urbanística.
En 2006, y pese a que el Ministerio de Medio Ambiente había autorizado la edificación en esos terrenos años antes, su titular, Cristina Narbona, tomó la iniciativa política de derribar el hotel y devolver el terreno a su estado natural.
El entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, secundó la decisión, a pesar de que la Junta había gestionado la subvención del Ministerio de Economía para su construcción en 2002, de que las consejerías de Turismo y Salud resolvieron favorablemente a su instalación en 2003, de que la Consejería de Medio Ambiente dio el visto bueno al proyecto en mayo de ese mismo año, y de que la Junta aprobó en enero de 2004 el Plan de Desarrollo Sostenible que promovía la construcción de hoteles en la zona.
El Ministerio de Medio Ambiente anunció que iniciaba "de forma inmediata el expediente de expropiación para la restauración paisajística de la zona", después de que Greenpeace denunciara su ilegalidad por encontrarse en terreno protegido y por construirse dentro de la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.
Ley de Costas
Las administraciones habían respaldado hasta entonces el proyecto del hotel a pesar de que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque calificó los terrenos como protegidos desde 1994 y de que en 1988 la Ley de Costas aumentaba a 100 metros la zona de servidumbre, que antes era de 20 metros.
La empresa constructora siempre ha mantenido que no tenía por qué acogerse a esta nueva legislación, al entrar en vigor después de la aprobación del plan parcial. Azata del Sol también afirma que la protección del terreno fue un error de la Administración autonómica a la hora de hacer los planos. De hecho, la Junta había entendido hasta que se tomó la decisión política de derribar el hotel, que El Algarrobico era zona urbanizable.
El 23 de febrero de 2006, cuando el hotel estaba ya prácticamente construido, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería ordenó la paralización de las obras. El hotel tenía previsto abrir en junio de ese mismo año y ya había iniciado la contratación de unas 500 personas. Según la empresa Azata, la demolición y la restauración paisajística de la zona podía costar 300 millones de euros.
Azata del Sol sigue considerando ahora totalmente inviable la demolición del edificio. Es más, el portavoz de la empresa, Antonio Baena, asegura que la demolición es "técnica y físicamente imposible, tal y como han certificado los arquitectos de la constructora, debido a que para la construcción del hotel se han incrustado en la ladera del monte 65.000 metros cúbicos de hormigón que no podrán eliminarse".
Baena afirma que este 'detalle' impedirá devolver el paraje a su estado inicial, con lo que el hotel estaría condenado a permanecer como una ruina perpetua en plena playa de El Algarrobico.
Ahora, los grupos ecologistas han interpretado la decisión del Ayuntamiento de Carboneras de clasificar el suelo como edificable y de la Administración autonómica como "una apuesta por la legalización" del hotel, que les deja "tan perplejos como la actitud ambigua de la Consejería de Medio Ambiente que por un lado garantiza la demolición y por otro aprueba actuaciones urbanísticas dentro de un espacio natural protegido y alejadas de toda legalidad".
Por su parte, la actual ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha decidido desestimar el procedimiento de expropiación iniciado, inhibiéndose, de esta forma, de la resolución de su antecesora en el cargo.
* El Mundo - Miguel Cabrera - 9.11.09
Foto: Aspecto que presenta en estos momentos el hotel que se levantó en la playa de El Algarrobico. | Miguel Cabrera, elmundo.es
Santa Cruz: Colectivos exigen no gastar nada más en el ´mamotreto´
LAOPINIÓN/Tenerife* : La lista de declaraciones que se están produciendo dentro del conocido como caso mamotreto ha causado ya reacciones. Así los colectivos, Amigos de Las Teresitas y la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz han mostrado su indignación por alguno de los aspectos que van trascendiendo. Consideran inaudito que se plantee la posibilidad de gastar 300.000 euros más en encargar un nuevo proyecto al arquitecto francés, Dominique Perrault para proceder a la autorización de un edificio que probablemente va a ser derribado después.
La portavoz de la Asociación, Lola Redbrow y de la Plataforma, Cándido Quintana, dejan claro que no se debe gastar ni un duro más en mantener en pié esta obra y que las cantidades a invertir se hagan únicamente en la demolición.
Centro comercial. La asociación indica que de las declaraciones llevadas a cabo se desprende que efectivamente "el proyecto jamás tuvo el destino inicial de plazas de aparcamiento, sino más bien de centro comercial, porque de las 400 plazas previstas ahora se dicen que 160 son obligatorias para el centro comercial, quedando tan sólo 240 para los usuarios de la playa". Frente a las más de mil que existen ahora a lo largo de Las Teresitas cuyo uso es además gratuito.
Recuerdan los miembros de estos colectivos que el pasado mes de junio se adecuaron 240 plazas por encima del Infobox, en apenas un día y sin que supusiera un coste significativo de dinero público. "El derribo del mamotreto y descartar el proyecto del arquitecto francés, Dominique Perrault se decidió en el pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 18 de septiembre por mayoría y de ningún modo se debe desoír la voluntad de los ciudadanos. Mucho menos gastar un sólo euro más en este desastroso proyecto salvo para su demolición".
Rebrow recuerda que las obras se han llevado a cabo careciendo de las autorizaciones mínimas que a cualquier ciudadano se exige para iniciar los trabajos. Así se han construidos 10.000 metros cuadrados sobre un solar de 4.000, en el que tan sólo estaban previstos 3.000 metros cuadrados. Todo ello según las estimaciones de los técnicos de la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), que han declarado ya en dos ocasiones como testigos y que han elaborado hasta tres informes a petición del Juzgado.
"Este desaguisado se debe a la incomprensible actuación de los máximos responsables de la Gerencia de Urbanismo, Luz Reverón y Manuel Parejo y es por eso que están siendo requeridos judicialmente. Está claro que detrás de toda esta operación se encuentra el equipo gobernante del Ayuntamiento de Santa Cruz, que es Coalición Canaria (CC) a cuyo frente está Miguel Zerolo. Y ésta es la punta del iceberg de todo lo que se ha estado planeando en la playa de Las Teresitas y en el entorno de San Andrés. Como viene sucediendo en todos estos casos, tan sólo hay que buscar a quién beneficia para saber quiénes son los responsables principales".
En las investigaciones del caso mamotreto declararon recientemente también diversos técnicos de la Gerencia de Urbanismo como Candelaria Benítez o el interventor, José Luis Roca, entre otros varios.
"Este deslinde debe caer"
Cándido Quintana recuerda que su colectivo presentó en su momento un recurso contra el deslinde de Las Teresitas. Arremete especialmente contra las declaraciones como testigo del jefe de la Demarcación de Costas, Carlos González, de quien dice que sus palabras ante la jueza, "no tienen ni pies ni cabeza". Recuerda junto con Redbrow que el deslinde aprobado a principios de este año no es firme ya que ha sido objeto de múltiples recursos. Estos colectivos creen que no será definitivo hasta que el juez se pronuncie sobre los mismos. Tanto Quintana como Rebrow recuerdan que el deslinde lo marca el mar y no las personas. "Y nosotros sabemos exactamente hasta donde llegaba en su momento el mar". Estos vecinos habrían presentado pruebas en este sentido durante el proceso judicial abierto. De prosperar su punto de vista, entonces quedaría claro que el edificio conocido como mamotreto, efectivamente invade terrenos de Costas, en contra de lo indicado por el jefe de este Departamento. Por todo ello, ambos dirigentes sociales consideran que "este deslinde debe caer". Señalan que hace poco el mar entró y llegó por el barranco a la altura del parking.
* La Opinión Tenerife - 9.11.07
Foto: El edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como mamotreto. delia padrón, laopinion.es
Vigo: El Casco Vello arrastra desde hace una década 150 edificios en estado ruinoso
FARODEVIGO* : El término gallego que mejor define la situación del Casco Vello es esmorecer, pues los vecinos ven cómo desfallecen decenas de construcciones abandonadas desde hace décadas. El mayor problema del barrio es que el 57 por ciento de los inmuebles están desocupados, lo que explica la escasa aportación de la iniciativa privada a su esperada rehabilitación.
El primer intento serio de hacer frente al problema fue la aprobación en 2007 del Plan Especial de Reforma Interior (Pepri), la radiografía más exacta de su situación urbanística hecha hasta el momento y que incluye alrededor de 150 construcciones en estado ruinoso y otras 50 con necesidad de reformas.
Los tres incidentes registrados en apenas una semana en Bouzas, con un herido grave tras el derrumbe de una vivienda, y calle Real y Herrería, cerradas todavía al tránsito de peatones, han puesto en alerta a los vecinos y al Gobierno local, que reconoció públicamente tener sometidas a vigilancia 12 casas con riesgo serio de desprendimientos. No son los únicos pero sí los casos más graves, a los que se suman decenas por todo el conjunto histórico, desde el Berbés hasta San Sebastián.
El Pepri Casco Vello contabiliza 930 construcciones repartidas en 73 calles. Fuera de los núcleos de actividad como Porta do Sol, Praza da Constitución, Cabral o el Paseo de Alfonso, son excepciones los viales con todos sus edificios en buen estado. Apenas una docena. En el extremo opuesto por su grave deterioro figuran calles como Herrería, con una veintena de inmuebles en "muy mal estado-ruina" o Santiago, con otros trece, a los que se suman viejos edificios apuntalados en San Sebastián, Subida ao Castelo, Perigos o Canellón do Estreito, entre otras muchas.
Frente al despegue de los cascos históricos de Ourense o Pontevedra, el de Vigo ha tardado en tomar protagonismo. Un intento claro por sacarlo del ostracismo urbanístico fue la creación en 2005 del Consorcio Casco Vello, una iniciativa pública de la que empiezan a verse ahora sus frutos. En cuatro años ha colaborado económicamente en la rehabilitación de catorce edificios y acaba de conceder subvenciones a otros ocho, mientras continúa con la compra de viviendas en ruinas para recuperarlas.
Muy lentamente, la iniciativa pública avanza, mientras la privada apenas se percibe. El mismo teniente de alcalde, Santiago Domínguez, hacía esta semana un llamamiento a los particulares para que reformen sus inmuebles o al menos garanticen la seguridad de los mismos, pues el Concello no puede asumir la expropiación de todas las construcciones en mal estado.
Degradado y con una población muy mayor, el barrio se fue vaciando por zonas y los antiguos inquilinos apenas se molestaron por conservar sus casas. Prueba de esta desidia son los datos de la Oficina de Rehabilitación, donde sólo consta la reforma de 23 edificios completos en once años a iniciativa de particulares, cuatro desde 2005. El número total de ayudas tramitadas en el centro desde 1998 son 495, que se reparten entre reformas interiores en viviendas, rehabilitaciones integrales y mejoras en elementos comunes.
Los particulares acometen trabajos de mejora en edificios ocupados, pero resta otra mitad de inmuebles vacíos en los que hasta ahora son el Concello y la Xunta a través del Consorcio los que actúan, y muy poco a poco por la escasez de fondos. Este año la oficina viguesa de rehabilitación cuenta con 513.078 euros en ayudas para obras de mejora de las que se han completado 39.
* Faro de Vigo - A. MÉNDEZ - 8.11.09
Foto: Grupo de viviendas en ruinas y semiderruidas en la Subida ao Castelo. Rircardo Grobas - farodevigo.es
El ex alcalde de Pinto vendió las casas que el Consistorio financió en Argentina
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ELPAÍS/Madrid* : Antonio Fernández, alcalde socialista de Pinto de 1995 a 2005, vendió a particulares las 18 casas que se construyeron con dinero del Ayuntamiento en la ciudad homónima de Argentina. Afirma haber ingresado los réditos de esos inmuebles, que él estima en 60.000 euros, en la cuenta de una fundación presidida por él mismo.
Documentos a los que ha tenido acceso este periódico y que forman parte del proceso judicial por malversación de fondos contra Fernández, su hija Patricia (ex concejal de Pinto) y Juan Tendero (su sucesor en la alcaldía, también del PSOE), demuestran que la ciudad argentina cedió a la Fundación Pinares, presidida por el ex alcalde, el cobro de la venta de las viviendas. Fernández lo reconoce.
En el Ayuntamiento de la localidad madrileña (PSOE) afirman desconocer que las casas que se construyeron con parte del millón y medio de euros destinados al Pinto argentino, dentro de un convenio de cooperación, fueran a ser objeto de transacciones inmobiliarias.
Los dos Pinto habían firmado en diciembre de 2004 un convenio por el cual la localidad española construiría viviendas destinadas "a personas necesitadas". A mitad de partido, las reglas de juego cambiaron. Una vez que Fernández dejó la alcaldía de Pinto, en junio de 2005, creó la fundación, de la que era vicepresidente Emilio Rached, entonces alcalde de Pinto Argentina y actual senador nacional. Ese mismo septiembre, Antonio Fernández, en nombre de su fundación, y Guillermo Ganón, que sustituyó a Rached como alcalde, firmaron un convenio que fijaba un cambio de criterio en la adjudicación de las viviendas. No serían para necesitados sino para personas con ingresos no inferiores a 1.000 pesos argentinos (176 euros), una cantidad que excluiría, según reconoce Fernández, a la mayoría de habitantes de Pinto, porque "el 95% de la gente son pobres". El precio de las viviendas se fijaba en 50.000 pesos (8.800 euros), con una entrada de 10.000 pesos.
Ganón ha explicado en medios argentinos el cambio de criterio afirmando que el objetivo era atraer profesionales que contribuyeran al desarrollo del pueblo. Según Fernández, algunos son médicos y educadores. El Ayuntamiento madrileño afirma que no tenía constancia de cambios y que no los habría autorizado. Ganón y Fernández sostienen que todos los partidos de la localidad española lo supieron en una reunión en octubre de 2005, pero el Partido Popular y la formación independiente Juntos por Pinto lo niegan. Fernández dice que los nuevos criterios no se registraron por escrito "porque nadie cayó. A veces la burocracia es complicada." El actual alcalde, Juan José Martín (PSOE), declaró la semana pasada que espera una notificación de Argentina sobre el criterio de reparto de las viviendas antes de reclamar el dinero.
En mayo de 2006, otro convenio de Fernández y Ganón delegó en la Fundación Pinares "el cobro de todas las cuotas que se produzcan por la venta de las viviendas durante el año 2007, 2008, 2009, 2010", así como el de "las entradas pertinentes, para que [la fundación] destine el equipamento a su sede". La sede es la Casa España, un chalé edificado en terrenos cedidos.
Desde ese momento, Fernández, en nombre de su fundación, firma los contratos de las casas como "el vendedor". Entre quienes adquirieron una se encuentran la hija menor de edad de Rached, político y vicepresidente de la fundación, y Juan Manuel Rodríguez Sguario, abogado que Fernández admite que le representó en Argentina. "Estoy harto que se hable de 'hijos de'. Si la gente cumple los requisitos, tiene derechos", protesta el ex alcalde.
Fernández admite que su fundación ha percibido por los pagos de las viviendas 60.000 euros, aunque sumar la venta de las 18 supondría más de 150.000. Afirma que su intención era reinvertirlos "en proyectos socioculturales en Argentina". Por el momento, estos proyectos se han limitado a "dos fiestas para los niños el día de Reyes".
En respuesta a la polémica surgida en Argentina, Fernández remitió a este periódico un escrito dirigido a Ganón en el que renuncia a la gestión de las viviendas. El Ayuntamiento madrileño declaró ayer que, si se comprueba que se han realizado operaciones comerciales con viviendas pagadas con sus fondos, tomará medidas legales.
El periplo argentino de Fernández ha levantado ampollas. En la inauguración de la Casa España se gastaron 3.547 euros, y 63.649 en amueblarla, según sus cuentas. No se tiene constancia de que el chalé tenga ninguna función aparte de alojar al ex alcalde en sus visitas. La fundación ha recibido a lo largo de los años donaciones de miles de euros de políticos e industriales de Pinto de España.
* ELPAIS.com - JERÓNIMO ANDREU - Madrid - 09/11/200
Foto: Pinto (Madrid), ayuntamiento - wikimedia.org
