ELPAÍS/Madrid* : Pedro Antonio Martín Marín, uno de los hombres del vicepresidente Ignacio González y ex alto cargo del PP -secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar-, consiguió la recalificación de 11,9 hectáreas de suelo protegido en Collado Villalba, de las que él poseía una parte. Incluso con la prohibición de la fiscalía, que dijo en 1997 que no se podía construir en esos terrenos porque tenían una "especial protección ecológica".
Martín recurrió supuestamente al arquitecto Pedro Ortiz, entonces director general de Urbanismo en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón. "Me pidió que recalificara sus terrenos", denunció el jueves Ortiz en la cadena SER. Él se negó porque "era ilegal". Fue entre 1995 y 1996. Finalmente, logró la recalificación en 2001, con Ortiz ya fuera de Urbanismo. Martín es amigo de González y le acompañaba en el viaje a Johanesburgo, donde fue espiado. Es presidente de Madrid Deportes y Espectáculos, que gestiona el Palacio de Deportes.
González se desvinculó ayer de la petición ilegal de recalificación de Martín a Ortiz. "Es evidente que yo conozco a Pedro Antonio Martín Marín pero en 1995 y 1996 yo no conocía a este señor. Le conocí cuando llegamos al gobierno en el 96", subrayó. "Si alguien quiere insinuar que aquí hay algún tipo de connivencia para una recalificación de hace 14 años es claramente una tergiversación", añadió ayer, en la firma de un convenio entre el Canal de Isabel II y Collado-Villalba.
Martín inició la gestión de recalificación de las 11,9 hectáreas en 1995. Junto a los otros cuatro propietarios de la zona Arroyo Arriba -entre ellos, una concejal del PP del municipio, Esperanza Seoane- pidió al Ayuntamiento que cambiara el uso de la finca. Los terrenos, pegados al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, estaban protegidos, igual que la cuenca del río, puesto que la norma subsidiaria de 1986 que ordenaba el territorio (a falta de un plan general) sólo distinguía entre suelo protegido y urbanizable.
El Gobierno municipal del PP consideró que como el terreno linda por el sur con una urbanización, podía recalificarse, y que además eso convenía a las necesidades de crecimiento del municipio. En consecuencia, el PP, con el apoyo del PSOE, aprobó en octubre de 1995 un proyecto que permitía la construcción de 613 viviendas de tipo multifamiliar (pisos de hasta tres plantas) en la zona.
En esa primera gestión, y en todas las posteriores el PP y el PSOE se aliaron para aprobar la recalificación y se encontraron de frente tanto a IU como a Ecologistas en Acción. El proyecto se discutió en cuatro ocasiones en pleno entre 1995 y 1997, y acabó en 144 viviendas, en lugar de las 613 previstas inicialmente.
En ese intervalo, Martín acudió supuestamente a Ortiz y le pidió que autorizara la recalificación, que necesitaba la aprobación de la Comisión de Urbanismo regional. Ortiz, según lo declarado a la cadena SER, se negó. En 1997 se discutió por última vez en pleno el cambio de uso del suelo. La recalificación estaba casi acabada. Pero entró en juego la fiscalía. Tras examinar las denuncias de IU y de Ecologistas en Acción, dijo que el Ayuntamiento había ocultado a la Comunidad que la finca que pretendía hacer urbanizable tenía una catalogación de "especial protección ecológica". El alcalde de entonces, José Luis Peñalvo (PP) lo negó. Y replicó que un informe de Medioambiente aseguraba que "los valores ecológicos de Arroyo Arriba" estaban "notablemente deteriorados". El que era consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, aseguró que después de la revelación de la fiscalía, la recalificación estaba denegada.
Pero no fue así porque esos terrenos son hoy de uso residencial urbanizable. Tienen varias casas construidas y otras muchas en construcción. El alcalde socialista, José Pablo González, aprobó en 2001 el Plan General de Ordenación Urbana que recogió el cambio de uso. La Comunidad no se pronunció sobre la recalificación, y dio luz verde al Plan General. Hoy las viviendas de Arroyo Arriba tienen una vista privilegiada de la cuenca del Manzanares, con la que linda.
El actual alcalde de Collado-Villalba insinuó ayer que quizá Ortiz se confundió en sus declaraciones y se refería a un solar de Galapagar, también propiedad de Martín (con el que este periódico trató de contactar, sin éxito). Ortiz lo negó: el suelo que Martín quería recalificar y al final se recalificó es el de Collado-Villalba.
* ELPAIS.com - REBECA CARRANCO - Madrid - 31/01/2009
Foto: Collado Villalba (Madrid) - guiavillalba.net
El ex cargo del PP obtuvo la recalificación en Collado Villalba
Municipios sostenibles, una oportunidad
ISABEL AGUILERA* : Desde hace meses es una constante escuchar y leer a diario sobre los múltiples y graves efectos de esta crisis de la que nadie se escapa, aunque algunos se proclamen inmune. Pero en paralelo saltan a la palestra propuestas y medidas para minimizar el impacto y abordar soluciones, bien sea desde la empresa privada, las asociaciones sectoriales, los gobiernos central, autonómico y local, la Unión Europea u otras instituciones públicas internacionales.
Este maremagno de soluciones nos lleva a reflexionar de modo especial sobre la apuesta del Gobierno por las Administraciones Locales a través de la inyección de 8.000 millones de euros a los municipios españoles para facilitar la creación de puestos de trabajo y revitalizar la economía local a través de nuevos proyectos de obra pública. Esto es, sufragar la rehabilitación de inmuebles, los servicios municipales, la apuesta por la tecnología, la movilidad sostenible, la eliminación de barreras arquitectónicas o la seguridad vial, entre otras áreas.
Lógicamente, es una medida que los municipios deben adoptar de forma inminente, pues está muy condicionada en el tiempo, pero tras esta inmediatez de actuación existe el riesgo de acometer proyectos que, si bien tendrán los efectos positivos buscados a corto plazo, puede que no lo tengan después en el largo. Pensemos, por ejemplo, en una infraestructura que exige un consumo energético muy elevado; carecerá de sentido bajo el prisma del desarrollo sostenible.
Es evidente que esta medida debería acelerar la adaptación y respuesta de los municipios a sus desafíos en esta materia y ante su necesidad de planificar y rediseñar su modelo de crecimiento a largo plazo. Una estrategia que, en definitiva, configurará el tipo de ciudad en el que viviremos en el futuro, esto es, si me lo permiten, cómo seremos los humanos en los años venideros y cuáles serán nuestras prioridades y preocupaciones.
Para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, es un factor indispensable que una ciudad crezca de acuerdo con los fundamentos del desarrollo sostenible. Su aplicación a la arquitectura, el urbanismo y la planificación del territorio, la eficiencia energética o la conservación y el aprovechamiento de recursos son clave ante el reto de las autoridades municipales de evolucionar en la dirección acertada.
Problemas como el cambio climático o la inestabilidad de los precios del combustible tienen consecuencias complejas y a veces sorprendentes en el ámbito local. Los nuevos entornos modifican los hábitos residenciales y vitales de los ciudadanos y, paralelamente, sus necesidades de bienestar. Así, los consistorios deben adaptar el servicio prestado a los ciudadanos a los nuevos paradigmas y macrotendencias que están marcando, en definitiva, la agenda municipal.
A pesar de estar tan manido, y en muchas ocasiones mal empleado, el desarrollo sostenible es la línea estratégica más directa al progreso de las ciudades, sea cual sea su dimensión. De hecho, el desarrollo sostenible es para la Unión Europea el motor principal de la evolución mundial. Los modelos de crecimiento que en él se apoyan ofrecen nuevas y amplias perspectivas a los municipios, puesto que encierran un gran potencial de innovación y dinamismo.
Una ciudad planificada y gestionada con criterios de sostenibilidad permite valorizar su patrimonio natural e inmobiliario así como los recursos socioeconómicos del municipio. Se consigue que las ciudades sean más competitivas, atractivas, limpias y seguras y, en definitiva, posicionarse respecto a los criterios de bienestar y calidad de vida, la máxima para una ciudad del siglo XXI.
Por todo esto, los ayuntamientos -todos- necesitan optimizar sus inversiones y redirigir los modelos de crecimiento adoptados hasta ahora, tristemente caracterizados en muchos casos por el despilfarro de recursos, la ineficiencia energética, la falta de gestión de residuos o la degradación del medioambiente urbano. Ésta ha de ser la apuesta: invertir de forma planificada. Cada ciudad es diferente, pero el reto y las oportunidades son comunes.
Bajo este contexto, la innovación y las soluciones tecnológicas juegan un papel primordial. La mayoría de las orientaciones estratégicas y tendencias adoptadas en la Unión Europea para adaptar los principios del desarrollo sostenible a las ciudades coinciden en prestar atención a algunos de los aspectos, todos ellos básicos en la planificación urbanística, dotacional y tecnológica de los municipios del futuro, que abordo a continuación.
Uno de estos puntos clave para las Administraciones Públicas es la eficiencia energética. Los consistorios deben tender a una gestión integral de todos los servicios prestados a los ciudadanos desde la perspectiva de la eficiencia y del ahorro de energía, desde el fomento del empleo en energías renovables o el control del tráfico rodado, hasta un alumbrado público más eficiente y menos contaminante.
Otra línea de actuación a tener en cuenta por parte de los municipios es la conservación del agua. Las ciudades requieren una importante red de distribución, posibilidades de almacenamiento y de tratamiento del agua para su buen funcionamiento. Sin embargo, la Comisión Europea ha amenazado a España con emprender acciones legales por el incumplimiento de las normas comunitarias de tratamiento de aguas residuales en más de 400 pueblos y ciudades el pasado mes de noviembre. La necesidad de construir nuevas centrales depuradoras es, por tanto, acuciante, y las administraciones han de enfocar sus inversiones en este ámbito hacia las nuevas tecnologías de depuración, reutilización o desalación. Ahora bien, hay que tener presente que instalar una depuradora no es necesariamente sostenible, sino que ha de serlo el proyecto en su conjunto, orientado a minimizar su huella ecológica o impacto.
La gestión de los residuos y el tratamiento de olores son otros de los retos a los que se enfrentan los núcleos urbanos ante el futuro y los ayuntamientos han de adoptar soluciones eficaces para gestionarlos siendo respetuosos con el medioambiente.
De hecho, los municipios de más de 5.000 habitantes tienen la obligación de recoger y tratar dichos residuos. Precisan, por tanto, soluciones innovadoras, por ejemplo, para el aprovechamiento del biogás proveniente de la fermentación de los residuos urbanos, de lodos de depuradoras o desechos industriales, pues gracias a la tecnología pueden ser transformados en calor o electricidad para abastecer a los hogares de la zona.
Y otro aspecto más de sostenibilidad de las ciudades va más allá de lo medioambiental y está relacionado con el confort y el bienestar de los seres humanos: la seguridad y la salud. Un equipamiento mínimo en diagnóstico por imagen puede reducir en un 30% la mortalidad del cáncer de mama en la población femenina del municipio y la existencia de desfibriladores en equipamientos educativos, deportivos, culturales y estaciones, aeropuertos y otros edificios públicos puede, disminuyendo el coste de su tratamiento, aumentar el número de vidas salvadas tras sufrir un infarto cardiaco o cerebral (la primera y la tercera causa de muerte en el mundo). Los ayuntamientos tienen el desafío de conseguir ciudades más seguras, especialmente ante el incremento de la delincuencia, teniendo en cuenta que dichas tecnologías no han de ser invasivas y han de resultar casi imperceptibles en el día a día de los ciudadanos. Es lo que podemos llamar "tecnología invisible".
En definitiva, los municipios necesitan soluciones tecnológicas innovadoras, creativas y flexibles que contribuyan a poner en marcha un nuevo modelo de planificación urbanística regida por principios de desarrollo racionales, destinados a favorecer el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Es la hora de transformar la utopía de la ciudad sostenible en una realidad y, aunque parezca mentira, la crisis está dando una oportunidad.
* Isabel Aguilera es presidente de General Electric para España y Portugal. Es también arquitecto y urbanista.
* ELPAIS.com - Opinión - 25.01.2009
