ELPAÍS/Valencia* : La denuncia viene de lejos y se repite año a año. La falta de medios en las fiscalías de la Comunidad Valenciana condiciona el trabajo del ministerio público, y una nueva prueba de que la situación no mejora a pesar de las continuadas promesas de la Generalitat emerge ahora de la memoria anual de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo que dirige Antonio Vercher.
El repaso a la actividad de 2008 deja constancia de que la ausencia de medios suficientes aqueja a numerosas fiscalías españolas, entre ellas la de Castellón, cuyo comentario destaca Vercher: "Al disponer de una única fotocopiadora y aún siendo la querella el medio más idóneo para ejercitar la acción penal, en la sección [de Castellón] no se interponen querellas, sino denuncias, para no tener que acompañar las oportunas copias".
Una sola fotocopiadora para todo el material que genera el trabajo de 25 fiscales en Castellón. No hay más, por lo que los dos fiscales que se encargan de los delitos de medio ambiente y urbanismo evitan las querellas porque implica entregar fotocopias de las actuaciones a todas las partes, mientras que con la denuncia basta una dirigida al juzgado. El fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, ya lo avisó en mayo de 2008, cuando calificó la situación de "insostenible" y de "caótica". Y el pasado jueves, se quejó de nuevo la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, que tildó de "mísera" la situación tras el recorte del servicio de taxis para los fiscales.
La Fiscalía de Castellón también destaca en su informe a Vercher "lo difícil" que resulta compaginar "el despacho ordinario del juzgado y las numerosas visitas asignadas todos los meses" con la especialización en delitos medioambientales. Implica un "sobreesfuerzo que en ocasiones, más de las deseadas, llega a la desesperación" cuando los asuntos son complejos. Una circunstancia que abunda en el déficit de medios materiales y de personal.
A ello se suma que las relaciones "problemáticas" de las fiscalías de urbanismo y medio ambiente con las administraciones autonómicas, como apunta la memoria. El caso valenciano no es una excepción. La Fiscalía de Valencia detecta "una cierta frialdad oficial, por el recelo con el que se han recibido algunos de los oficios que se les ha enviado recabando información de determinados expedientes". También es revelador el resultado de la petición de información a los ayuntamientos de la provincia de Valencia sobre los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable. De los 264 oficios enviados el año pasado, en enero la Fiscalía sólo había recibido 98 respuestas. En 40 casos contestaron que no había expedientes sancionadores, por lo que la Fiscalía de Valencia concluye: "O bien nos encontramos ante la idílica situación de absoluto respeto a la normativa urbanística, o como nos tememos, sencillamente los ayuntamientos hacen absoluta dejación de sus funciones". De los 58 municipios que sí han abierto expedientes, sólo 15 lo hacen de forma regular y dos (Llíria y Chiva) transmiten regularmente información a la Fiscalía.
La memoria apunta que las fiscalías valencianas incoaron 721 diligencias de investigación relacionadas con el medio ambiente, ordenación del territorio, flora y fauna, patrimonio histórico, incendios forestales y maltrato a animales. Además, registraron 279 procedimientos judiciales. Hubo 19 sentencias condenatorias y 8 absoluciones, y 16 detenidos por 14 incendios.
* ELPAIS.com - S. V. - Valencia - 02/05/2009
La falta de medios impide la presentación de querellas
Elogio y defensa de los chiringuitos
JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN* : Desde el Cabo de Rosas hasta la frontera con Portugal, nuestro país dispone de más de mil kilómetros de costa y playa y muy pocos espacios naturales. Nuestra oferta turística es la naturaleza y el clima. Representa una partida muy importante de muestro producto interior bruto. Mientras se mantenga la estructura económica de nuestros consumidores de espacios de ocio y descanso todavía podemos competir en el mercado de las vacaciones en situación ventajosa.
Cuando ya casi todo el espacio disponible estaba cubierto de cemento se reaccionó con una Ley de Costas de 1988 que pretende proteger espacios y elementos naturales frente a las perjudiciales consecuencias derivadas de obras e instalaciones. Nada que objetar.
¿Pero queda algo que proteger? Poco o nada. La realidad es descorazonadora y ha servido para alentar a los infractores. Teníamos un patrimonio que hemos malversado con el aplauso unánime y la entrega entusiástica de los complacientes siervos de los depredadores.
En todo caso, ¿existe voluntad de realizar ineludibles, legales y exigibles demoliciones? Parece que no. Cientos de miles de plazas hoteleras y segundas residencias tienen una sentencia firme de derribo sin que nadie tome la más mínima iniciativa para que se cumplan. Habrá que indemnizar a los terceros de buena fe si es que se demuestra su virginal inocencia. La legalidad se ha convertido así en un vacío patético que simboliza la impotencia de las reglas ante la desvergüenza de los poderosos e impunes.
Pero quedan los chiringuitos como hispánico muestrario de nuestras costumbres de ocio y gustos culinarios. En ellos se podía reposar con una caña o un tinto de verano, jugar al dominó y al mus y ofrecer manjares exclusivos de la vera del mar, además de nuestra universal paella regada con sangría y limón.
Espero que los custodios de las normas sean algo más que unos mecánicos lectores y sepan que la ley sin la razón es el súmmum de la injusticia. No hace falta ser ingeniero o arquitecto para saber que los chiringuitos ocupan unos metros cuadrados de playa. Es necesario reflexionar antes de tomar decisiones al pie de la letra.
Salvando los escasos recintos naturales subsistentes, el resto de las playas mediterráneas españolas, son un pequeño microcosmos. Los chiringuitos están situados en la última línea de playa lindando casi siempre con paseos marítimos desde los que se accede a sus recintos, en los que familias enteras sueltan a sus niños con una cierta tranquilidad salvándolos de los ciclistas alocados y de los residuos digestivos de perros mimados por sus dueños.
Creo que no hace falta ser un experto en ecosistemas para comprobar que en invierno sobra playa y que en verano esas lindes sufren altísimas temperaturas que las hacen inhabitables. Hasta que se instalaron las pasarelas, pisar la arena en pleno mes de julio o agosto producía quemaduras de una cierta intensidad en las plantas de los pies. Todos hemos proferido más de una blasfemia al entrar en contacto con ese espacio al parecer tan agredido por los chiringuitos.
El único espacio habitable es, pues, su sombra acogedora que te ofrece la posibilidad de aislarte o integrarte, según tus gustos y días, con gente que quiere compartir la buena mesa y la fresca bebida, y con la posibilidad, si te apetece, de abrirte paso hasta el mar saltando por encima de los que racionalmente han buscado la proximidad del agua como único espacio vivible.
Los chiringuitos deben cumplir determinadas normas de distancias, alineamientos y saneamientos que la mayoría de sus dueños son los primeros en cuidar con esmero. Generan 50.000 puestos de trabajo directo, más los refuerzos veraniegos y los suministros inducidos. Y entretanto, las arcas de los Ayuntamientos se benefician de los impuestos, los ciudadanos disfrutamos de sus espacios y los bañistas no se ven privados del mar.
Hay mucha tarea por delante, no nos obcequemos con los chiringuitos, dejémosles en paz, siempre que sean un espacio de encuentro placentero que no perjudiquen los intereses generales y las zonas de uso colectivo. Lo lamentable es que su subsistencia, en este raro y trasnochado país, se haya convertido en una opción ideológica de derechas o izquierdas.
Resulta demoledor para el sentido de la justicia contemplar la implacable y eficaz demolición de poblados marineros que llevan más de un siglo en sus asentamientos y el derribo de los chiringuitos, mientras miles de construcciones con sentencia firme de derribo permanecen incólumes.
Si los chiringuitos autorizados no obstaculizan el uso colectivo de la playa, contribuyen a los ingresos por turismo, constituyen espacios de ocio y de descanso y crean puestos de trabajo, ¿qué grave delito han cometido? El problema es real y preocupa a los habitantes de las costas mediterráneas. Pero como Madrid, donde están instalados los medios de comunicación de difusión nacional, no tiene chiringuitos playeros, el debate no existe para esos medios. Ahora bien, si quieren conocer sus dimensiones políticas, sociales y económicas, lean los antaño llamados periódicos de provincias.
* José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo.
* ELPAIS.com - Opinión - 26/04/2009
