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DIARIODEMALLORCA* : El juzgado de primera instancia nº 7 de Palma ordenó ayer la paralización de las obras de construcción de un centro comercial en Bahía Grande después de que los vecinos demandaran a la urbanizadora Marina de Llucmajor por permitir su ejecución en solar destinado a zona verde comunitaria.
El terreno, ubicado en la entrada de la urbanización, tiene una superficie de 4.000 metros cuadrados, de los que más de 1.000 albergarán alrededor de una docena de locales con sus respectivas terrazas.
Diego López, presidente de la comunidad de propietarios, representado por el bufete Pomar, mostró ayer su satisfacción por la medida cautelar, al tiempo que aludió a la celeridad con que se han llevado a cabo las obras. Según dijo, esta parcela consta en el registro civil como zona verde, permitiéndose un uso deportivo, pero no comercial. Así, indicó que en ella se había previsto la construcción de un minigolf que finalmente no llegó a buen puerto. De la misma manera, López afirmó que "la urbanizadora, propiedad de Javier Cabotá y promotor del centro, ya intentó acometer este proyecto hace 10 años, aunque después de hablar con él desistió".
El Ayuntamiento, por su parte, se ampara en la catalogación que el Plan General de 1984 hace de esos terrenos para dar validez a la licencia de obra . Joan Jaume, regidor de Urbanismo del ayuntamiento, afirmó que los terrenos figuran como equipamientos comerciales y en consecuencia las obras que allí se desarrollan se ajustan a la legalidad.
El permiso fue otorgado el 24 de mayo de 2007 a Maioris Internacional S.L para la construcción de un centro comercial de 12 locales con terraza. La vigencia de la misma es de dos años, citando como contratista a Femosa.
El presidente de la comunidad insistió además en que este tipo de proyectos no se pueden acometer sin el visto bueno de la comunidad de propietarios. E indicó, igualmente, que la urbanizadora les prometió que tan sólo se habilitaría una zona para los comercios y que por ello los locales se pagaron más caros. Para López, la nueva zona supone un grave perjuicio para los actuales comerciantes del núcleo, mientras que para a la promotora esta operación urbanística le reportará cientos de miles de euros afirmó, sobre todo porque el solar no les ha costado nada, añadió.
En este sentido, López explicó que incluso ya se han vendido algunos de los locales. Según comentó, tasación en mano, los precios van desde los 300.000 a los 420.000 euros por un espacio de unos 90 metros cuadrados con terraza.
Diversos vecinos de Bahía Grande también se congratularon ayer de la decisión judicial. Es más, algunos barajaron la posibilidad de demandar a la promotora de las obras por los daños ocasionados en sus viviendas a consecuencia de los movimientos de tierra.
Ahora cabrá esperar la apertura del juicio para conocer el desenlace del litigio.
* Diario de Mallorca - F. A / M. C. LLUCMAJOR - 12 de marzo de 2008
Foto: Así estaban las obras, ayer, después de que el juez ordenara su paralización / M. Cañellas, diariodemallorca.es
Llucmajor: El juez ordena la paralización de las obras del centro comercial de Bahía Grande
Marbella: El TSJA insta al Consistorio a revisar tres licencias ilegales
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LAOPINIÓN/Málaga* : El trabajo se acumula para el Ayuntamiento de Marbella. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a recordarle al gobierno de Ángeles Muñoz que tiene pendiente la revisión de las licencias urbanísticas presuntamente ilegales que se concedieron durante los mandatos del GIL.
En concreto, el TSJA le insta a revisar tres nuevas licencias, que se suman a otras 15 anteriores, referidas a 35 viviendas ubicadas en la urbanización Golf Río Real, de la empresa Ray Inmobiliario, y a dos viviendas unifamiliares de la empresa Quatrovillas, que se sitúan en la urbanización La Coneja Sur, informó ayer el concejal socialista Javier De Luis.
Aplazamiento. La Administración local ha solicitado que se aplace la ejecución de estas sentencias y, para justificar su postura, ha recurrido al informe que realizó el ex concejal de Urbanismo durante el gobierno de la gestora, Rafael Duarte.
En este documento, se argumenta que habría que esperar a la aprobación definitiva del Plan General para ejecutar las sentencias de demolición, ya que algunas de los inmuebles irregulares podrían resultar normalizados en el nuevo planeamiento. De Luis aclaró que este informe afirma que la revisión de las licencias ilegales es el camino para resolver el caos urbanístico del municipio, al contrario de lo que ahora defiende el PP, que también condiciona la revisión de las licencias a la aprobación definitiva del PGOU.
"No hay normalización sin el cumplimiento de la ley", afirmó el socialista, tras explicar que la revisión de licencias que ordena el TSJA puede determinar la declaración de nulidad de las mismas o su legalidad.
* La Opinión de Málaga - PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA - 12 de marzo de 2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es
La Fiscalía investiga el plan urbanístico de Aranga
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ELPAÍS/A Coruña* : La Fiscalía especializada en urbanismo abrió diligencias informativas para averiguar si se incurrió en algún delito en el macroproyecto de urbanización que negoció el alcalde de Aranga, Manuel Brañas (PP), con el empresario del sector del juego José Collazo.
Hoy termina el plazo para presentar alegaciones al plan de ordenación urbanística de esta pequeña localidad coruñesa, que genera una fuerte oposición vecinal al descubrirse que incluye la previsión de urbanizar 300 hectáreas con la construcción de un gran polígono industrial y 744 viviendas en un municipio de 2.200 habitantes.
Ese proyecto fue pactado en secreto entre el alcalde y el empresario, quien compró más de 800.000 metros cuadrados de suelo rústico en Aranga con la promesa de que se recalificaría para poder llevar a cabo sus planes de urbanización. Brañas y Collazo establecieron por escrito en noviembre de 2006 esa "propuesta de convenio", que se dio a conocer hace apenas tres meses y ahora está a expensas del visto bueno de la Consellería de Política Territorial.
El fiscal Antonio Roma encargó un informe a la Guardia Civil para averiguar si esa propuesta se atiene a la legalidad vigente. Ayer, durante el pleno municipal, los concejales socialistas y nacionalistas volvieron a pedir sin éxito al alcalde cambios en ese macroproyecto de urbanizaciones para que no afecte a viviendas ya existentes. Pero Brañas aplazó cualquier modificación hasta que se estudien en detalle las alegaciones presentadas.
* ELPAIS.com - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 12/03/2008
Foto: Aranga (A Coruña), ayuntamiento - aranga.es
'Compromís per Aitana' recurre el plan urbanístico del Mas de Pau
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INFORMACIÓN/Alicante* : El colectivo ciudadano "Compromís pels Pobles de l'Aitana" ha presentado un recurso de reposición contra el plan urbanístico para construir 200 chalés en la zona del Mas de Pau en Penáguila. Esta agrupación, que reúne a representantes de diferentes poblaciones de El Comtat, considera que se han producido importantes anomalías administrativas en la tramitación de este programa de actuación integrada (PAI), cuya licitación fue aprobada en pleno por el PP y el PSOE de la citada localidad.
Este colectivo está dispuesto a llegar a los tribunales en el caso de que su recurso no sea atendido por la corporación municipal.
En la batería de irregularidades, "Compromís per Aitana" señala en primer lugar que la desafección del Plan General de los terrenos para el PAI no se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, tal y como obliga la legislación vigente. Asimismo, también denuncia anomalías en los criterios para puntuar en el concurso. Finalmente, indican que no se ha cumplido la obligación de publicar en la página web del Ayuntamiento -o en la de la Conselleria de Territorio- las bases para este procedimiento.
En este mismo orden de cosas, el colectivo ciudadano indica que la empresa constructora no cumplirá su compromiso de hacer en este paraje un centro de alto rendimiento deportivo. "Compromís per Aitana" recuerda que todavía no se ha obtenido la declaración de utilidad pública para esta obra y que será muy difícil utilizar aguas subterráneas del acuífero Barrancons-Carrasqueta, con las que aprovisionar este hipotético complejo. Hay que recordar que esta obra incluía un campo de golf, que finalmente se ha paralizado, por que no se han podido justificar adecuadamente las disponibildiades de agua.
Hay que recordar que el inicio de los trámites de este proyecto se aprobó en pleno con el voto negativo del partido independiente "Compromís per Penáguila". Desde esta formación política se calificaba de chapucera y deficiente la tramitación. Este partido acusaba a los grupos municipales del PSOE y del PP de dejarse manejar por los intereses de la empresa promotora. Recuerdan que el proyecto está impulsado por un grupo inversor inglés, dirigido por el ex entrenador del Barcelona Tery Venables.
Finalmente, desde esta formación independientes se señala que "hacemos un llamamiento a la sensatez al gobierno del PSOE y PP en Penáguila para que reconsideren este proyecto, que no aportará beneficio alguno a la población y que destrozará nuestro entorno y patrimonio".
Hay que recordar que este partido denuncia el uso del proyecto de centro deportivo como "gancho" para desarrollar una urbanización de 200 chalés en este paraje. Critican el apoyo prestado a este polémica obra por socialistas y populares.
* Información - J.LL. - 12 de marzo de 2008
Foto: Penaguila (Alicante) - cederaitana.com
La ONU dice que la crisis de la vivienda en España se resuelve con la protección oficial
PÚBLICO* : El relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Digna, Miloon Kothari, considera que la única forma de resolver la crisis de la vivienda en España es construir apartamentos sociales. "No existe un atajo en España que no pase por construir más vivienda de protección oficial, vivienda social que vaya directamente a las personas de menos ingresos", dijo hoy en una entrevista con Efe.
El relator especial presentará mañana ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su informe sobre España, país que visitó del 20 de noviembre al 1 de diciembre del 2006.
En el informe se pone de manifiesto que "el cupo de viviendas subsidiadas es escaso y no satisface las necesidades inmediatas y futuras de la población".
A principios de la década del 2000, sólo el 6,3 por ciento de todas las residencias eran subsidiadas, contra una media del 13,7 por ciento en la Unión Europea.
"A menos que sean capaces de liberar los dos o tres millones de viviendas que están vacías -y aún así sería un proceso lento- si el Gobierno realmente quiere enfrentar la crisis de la vivienda no hay más camino que construir vivienda social", agregó.
Según los datos con los que cuenta el relator, España posee el mayor número de casas vacías de la Unión Europea, con más de tres millones en el 2001, el 15 por ciento del número total.
Consultado sobre si el freno del mercado hipotecario puede mejorar la situación, Kothari volvió a abogar por la implicación gubernamental.
"Se necesita una iniciativa global del Gobierno central en colaboración con las Comunidades Autónomas, que cree un sistema que mantenga un stock regular de viviendas disponibles para los más vulnerables. No se puede dejar eso al mercado, el mercado puede colapsar, pero eso no va a ayudar a los más pobres".
Kothari considera que España enfrenta una crisis nacional de la vivienda y que la causa principal de ello es haber tratado el alojamiento como un bien de consumo.
"Hay varias razones para que exista esa crisis, creo que la primera y la más importante es que en las últimas décadas la vivienda ha sido tratada en las políticas públicas como un bien de consumo". dijo.
"La pregunta es, por qué el Gobierno no ha intervenido antes en el mercado para bajar la especulación, para controlar el poder de los promotores y de los bancos, para dejar claro que no estamos hablando de un producto sino de un derecho social que está reconocido en la Constitución", agregó.
El informe indica que España ha experimentado uno de los mayores incrementos en los precios de las viviendas de los años recientes, y que durante los últimos cinco años los precios han aumentado anualmente de media un diez por ciento.
"En Madrid y Barcelona los precios se incrementaron más del 100 por ciento entre 1997 y el 2007", agrega el informe.
Kothari lamenta que el aumento de los precios haya beneficiado a los especuladores, que en muchos casos han llegado a ganar el 846 por ciento en un año.
El relator de la ONU se mostró muy preocupado y "convencido de que la situación no es sostenible en el largo plazo, y mucha más gente tendrá problemas de pago en el futuro, algo que podrá afectar su derecho a una vivienda adecuada".
La corrupción es otro de los elementos a erradicar: en el 2006, 15 de los 24 quejas por abuso de desarrollo urbano que recibió la Unión Europea provinieron de España.
"Lo que se necesita y lo que pedimos en el informe es una implementación general de políticas públicas, dado que todavía se da un predominio al mercado para que opere, y la especulación aún está demasiado presente", aseveró el relator.
Por ello, volvió a reclamar "una política pública que se embarque a gran escala en lo que se necesita, que es un gran programa de construcción de viviendas sociales, de viviendas públicas para compara y para alquilar".
* Público - EFE - Ginebra - 11/03/2008
Foto: ONU, sede Nueva York - nacionesunidas.org
Se alquila
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CINCODÍAS* : De cada diez hogares españoles, sólo uno se alquila. Y nueve se compran. En la mayoría de los países europeos, el porcentaje de hogares en régimen de alquiler triplica la cifra española. Teniendo en cuenta que en la mayoría de las sociedades avanzadas el deseo de emancipación se manifiesta en los jóvenes entre los 23 y 28 años, ¿qué es lo que hace que los españoles estén esperando a tocar la treintena para irse de casa? ¿Sirven de algo las ayudas a la emancipación? ¿Está el alquiler comenzando a despegar?
Aunque aún sea pronto para lanzar una valoración sobre las últimas medidas puestas en marcha, parece que algo se mueve.
Según datos de la Sociedad Pública de Alquiler, el 80% de la población española entre 23 y 30 años desea emanciparse, pero dice no poder hacerlo debido al esfuerzo económico que requiere. Según un estudio de Deutsche Bank, uno de cada cuatro españoles de entre 26 y 45 años tiene la convicción de que nunca podrá comprarse una vivienda. Nunca. El dato no parece extraño al advertir que casi once millones de españoles son ‘mileuristas’ -el 58% de los asalariados cobran menos de 1.100 euros brutos al mes-. Y que muchos de ellos, claro está, son jóvenes. La subida de tipos -y la consiguiente subida de los pagos hipotecarios- iniciada hace ya tres años, así como las dificultades crecientes por parte de la banca para conceder un crédito hipotecario no ayudan a resolver un problema de acceso a la vivienda sobre el que últimamente se han intentado redoblar los esfuerzos políticos. La creación de la Sociedad Pública de Alquiler o la archiconocida Renta Básica a la Emancipación conforman buenos ejemplos del interés por atajar el problema.
Aunque en España hay más de tres millones de viviendas vacías, el Instituto Nacional de Estadística atestigua que sólo un 10% del total son hogares en oferta de alquiler. Un porcentaje que contrasta claramente con la oferta del 60% o del 50% de viviendas en alquiler que presentan Alemania u Holanda. Incentivar esta oferta es el objetivo de unas ayudas fiscales desplegadas por el Ejecutivo para convencer al propietario que prefiere vender. Éstos, e incluso los propios promotores de vivienda nueva, hace ya algún tiempo que empezaron a mostrar inquietud por el excesivo dilatamiento de los plazos de la compraventa pero, en un mercado que cambió rápidamente de manos, esta vez parece claro que es el comprador el que tiene la sartén por el mango. Una solución no desdeñable para muchos propietarios pasa, así, por alquilar. Detrás de ello, al fin y al cabo, se encuentra la certidumbre instalada entre la población de que los precios de la vivienda, que en diciembre de 2007 se revalorizaron ya sólo seis décimas por encima de la tasa de inflación, continuarán su senda bajista.
“Unas 100 o 150 viviendas al día entran en la Sociedad Pública de Alquiler para ser alquiladas con nosotros, lo que quiere decir que no solamente son propietarios los que lo hacen, sino que también encontramos aquí parque público de las administraciones, promotores que introducen esas viviendas porque no las venden y otros que se están empezando a dedicar de forma exclusiva a la vivienda en alquiler, lo cual es una señal magnífica para este mercado”, ha manifestado recientemente Alejandro Inurrieta, presidente de la Sociedad Pública de Alquiler.
Desde el Ministerio de Vivienda, que el pasado 20 de febrero comenzó a pagar la ayuda que conforma la Renta Básica a la Emancipación, también sacan pecho. Su responsable, Carme Chacón, asegura que las expectativas se han cumplido con creces y que, desde la entrada en vigor de la ayuda, más de 33.000 jóvenes han cursado la solicitud. El buen dato está en línea con la previsión para 2008: que 360.000 jóvenes se independicen. El único peligro es que los alquileres sigan subiendo.
El Plan de Apoyo a la Emancipación, en detalle
Ayudas para el inquilino
- 210 euros al mes para el pago del alquiler, 600 euros de préstamo para la fianza y aval de seis meses para jóvenes ocupados con ingresos y de entre 22 y 30 años. Se trata, eso sí, de una prestación a recibir durante un máximo de 4 años, por lo que durante 48 meses, asciende como máximo a los 10.080 euros.
- Deducción del 10,05%, equivalente a la que existe actualmente para la compra, para todos los inquilinos con ingresos máximos anuales de 24.000 euros netos, sin límite de edad.
Ayudas para el propietario
- 100% de exención para los ingresos derivados de contratos con jóvenes menores de 35 años, que se suma al 50% de exención para los demás casos.
- El ‘Alquiler seguro’ de la Sociedad Pública de Alquiler ofrece, además, al propietario la seguridad de percibir la renta fijada en el caso de impagos, defensa jurídica en supuestos de desahucio y una cobertura multirriesgo para hacer frente a posibles incidencias en la vivienda.
* Cinco Días - Carlos Bello / MADRID (07-03-2008)
Foto: Se alquila - A. Ruesga (El País)
Imputado por prevaricación el ex alcalde del PP en el municipio canario de Santa Brígida
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ELPAÍS* : El magistrado del Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Angel Parramón, ha dictado un auto en el que imputa por un presunto delito de prevaricación administrativa al ex alcalde del PP en Santa Brígida (19.000 habitantes), Carmelo Vega, y actual edil de Independientes por esta localidad, por conceder una licencia de obra mayor supuestamente ilegal amparada en una normativa anulada por la jurisdicción contencioso administrativa.
El juez imputa también por el mismo presunto delito a dos técnicos municipales (una arquitecta y una asesora jurídica) que llevaron a cabo sendos informes favorables y a los concejales del Ayuntamiento grancanario en el año 2000, María Teresa Vega y Luis Troya, en aquel entonces en Coalición Canaria (CC), como responsables de Cultura y Vías y Obras respectivamente, y Antonio Díaz, en aquella época edil de Hacienda del PP.
Estas tres últimas personas eran miembros de la comisión de gobierno del Consistorio en la que se aprobó otorgar dicha licencia para la construcción de un edificio de 14 viviendas, locales y garajes en el sector de los Palmerales-San Juanito o Potosi en la villa de Santa Brígida.
Por su parte, el juez acuerda también, en un auto del 27 de febrero, el sobreseimiento de las actuaciones respecto a otras personas que estaban imputadas por esta causa: Juan Armando Umpiérrez -actualmente concejal de Vías y Obras del PP-, y los ex concejales en la oposición en 2000, Manuel Galindo y Marcos Mendoza, ambos del partido La Gaviota Azul (LAGA), y el ex concejal del PSC-PSOE también en la oposición Antonio Cabrera, ya que no formaban parte de la comisión de gobierno que aprobó la licencia supuestamente ilegítima, a pesar de que votaron favorablemente a su concesión en el pleno de noviembre de ese año.
Igualmente, archiva la causa respecto al ex concejal de Asuntos Sociales aquel año Antonio Ojeda hasta que "el imputado recobre la salud", dado que ahora se encuentra enfermo. Contra el auto del juez cabe interponerse recurso de reforma en el plazo de tres días.
* ELPAIS.com - EP - Las Palmas de Gran Canaria - 11/03/2008
Foto: Santa_Brígida (Gran Canaria) - M.Perdomo, wikipedia.org
Los 300 (de Arona)
FRANCISCO POMARES* : Ahora sabemos que la querella que ha puesto a Arona irremediablemente patas arriba tiene que ver con que hay casi 300 expedientes municipales -la mayoría urbanísticos, pero también de contratación de obras y servicios y de personal- firmados personalmente por Berto González Reverón, el alcalde de Arona que barrió en las pasadas elecciones logrando la primera mayoría absoluta en el municipio en veinte años. Trece concejales de 24.
Dicen que se le votó para conseguir acabar con el latrocinio, porque en Arona se ha hecho creer a la gente -el propio Berto lo dijo en su campaña- que el mamoneo es fruto de la debilidad política, de tener que pactar todo con otros partidos. El alcalde Reverón logró serlo en 2003 pactando con Manolo Barrios, que lleva casi treinta años de alcalde o de concejal, hospedado en ese tiempo en todos los partidos.
La demanda contra Reverón y Barrios por prevaricación continuada, presentada por un concejal socialista, Francisco Santamaría, cayó en manos del juez Nelson Díaz Frías, decano de los juzgados de Arona, un tipo discreto, prudente y acostumbrado a llevar sus casos hasta sus últimas consecuencias. Casualmente aronero, conocedor de lo de allí. La fiscalía imputó a toda la Junta de Gobierno, los ocho magníficos de Arona, en marzo de 2007, por prevaricación continuada y delitos contra la ordenación del territorio. La mayoría de los medios de Tenerife dieron la noticia con sordina, pero en un tiempo récord el juez citó a los ocho imputados, que declararon la segunda semana de mayo, en plena campaña de las municipales. Casi inmediatamente, el juez comenzó a pedir la identificación y personación de empresarios y otros particulares citados en las declaraciones de los políticos. Roberto de Luis, su sobrino -un pariente maltratado que se acusó en sede judicial para implicar a su tío-, José Ramón Ansorena, el empresario vasco dueño de Proguito, SL, que pidió una licencia, grabó en audio la extorsión de que fue objeto, y se pasó cinco años contándoselo a todo el mundo en Arona, incluso al alcalde, sin que nadie le hiciera el mínimo caso.
El juez sí se lo hizo: el mismo día que declaró Ansorena la policía detuvo sobre la marcha al arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa, y a Arsenio Zamora, un empresario acusado de intermediar en la extorsión. El juez decreto ese día secreto del sumario.
Pero la vida sigue al margen del sumario: un constructor se quejaba a una periodista por montar un gigantesco lío que perjudica al negocio: "aquí siempre se ha hecho así, nunca se ha perjudicado a nadie...". ¿A nadie? Ya hay cuatro detenidos, y la mancha de aceite comienza a extenderse, nadie sabe hasta dónde llegará el pringue: en la querella aparecen aludidos, aparte los políticos y funcionarios municipales, 42 particulares y 88 empresas. Y Nelson Díaz Frías -según dicen- es un juez muy meticuloso.
fpomares@epi.es
* La Opinión de Tenerife - Opinión - 24 de febrero de 2008
