INFORMACIÓN/Alicante* : La Iglesia Evangélica de Filadelfia, más conocida como "El Culto", lleva activa más de nueve años sin licencia municipal de actividades. Según denuncia la comunidad de propietarios, la iglesia, situada en un local comercial del edifico Rabassa, está funcionando con el consentimiento del Ayuntamiento a pesar de no contar con las autorizaciones administrativas correspondientes.
Jaime Lloret, alcalde del municipio, afimó que "nos hemos reunido cuatro veces con el administrador de la finca y somos conscientes del problema. Es cierto que no tienen licencia, estamos intentando que cumplan con la legalidad o que busquen otra ubicación". A pesar de las promesas que se hacen desde el Consistorio, el problema está presente desde 2001 y no se ha tomado ninguna medida al respecto.
Por lo tanto, el gobierno local está incurriendo en un delito de prevaricación, ya que como expone la denunca presentada en el Ayuntamiento se está cayendo además "en agravio comparativo con otros locales, ya que careciendo estos de la correspondiente licencia de actividad y funcionamiento, han sido clausurados de inmediato, atendiendo a lo establecido en el artículo 323 del Decreto 52/2010 de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003 de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos".
Además de la situación de ilegalidad en la que se encuentra el local, dede la comunidad de propietarios se denuncia que "son muchas las molestias que causan. Han tomado el local como un lugar de encuentro y reunión en el que se hacen fiestas hasta altas horas y con la música a un volumen muy elevado". En las ocasiones que esto ocurre afirman que "se llama a la Policía pero ésta nunca acude". Además, Gerardo Coloma, administrador de la finca, añadió que "el patio comunitario ha sido confiscado por ellos, por lo que las molestias son innumerables" y que "sólo ha habido confrontaciones verbales, nunca se ha llegado a lo físico, probablemente por la separación de los balcones".
Desde la administración de la finca se hace hincapié en que además de los problemas que la iglesia causa a los vecinos, al no tener esta licencias, es también un peligro para los que acuden a "el culto". Por ello, han solicitado que el local pase "una inspección de Urbanismo para que se cerciore de la existencia de medidas de seguridad y aseguranza".
El primer edil afirmó que "la iglesia puede pedir la licencia porque tiene compatibilidad urbanística, pero eso lo lleva la concejal de Urbanismo". Pero Charo Escrig, la edil en cuestión, tampoco ha restablecido la legalidad del local. El responsable de la comunidad de vecinos apuntó que "desde el Ayuntamiento sólo se han hecho promesas y vertido falsas esperanzas sobre los vecinos afectados.
En el último escrito los propietarios amenazan con "presentar en el juzgado de instrucción toda la documentación del tema para solicitar que se dé traslado a la fiscalía del expediente". Sin embargo, Gerardo Coloma asegura que "este es un proceso muy lento y costoso para una comunidad de propietarios. El alcalde y los concejales son conscientes de ello y por eso no nos toman en serio".
Vista la falta de iniciativa ante las reiteradas noticias, la administración de la finca ha hecho llegar el expediente al concejal del Bloc, Vicent Serra. Este declaró que "el Ayuntamiento debe de dar una respuesta ante las quejas de los vecinos y más aún si se está incumpliendo la ley".
El administrador de Rabassa aseguró que "es un problema que el gobierno no ha podido negar, lo que ocurre es que no quieren actuar".
Al parecer, tal y como explica Vicent Serra,"el problema es, que todos moros o todos cristianos", a lo que Gerardo Coloma añade, "no creo que lo hagan por votos, lo que ocurre es que aunque no lo parezca éste puede ser un colectivo conflictivo en un momento dado".
* Información - 2.08.10
Foto: La fachada de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, en el edificio Rabassa - diarioinformación.com
La Vila permite que ´el Culto´ lleve activo 9 años sin licencia
La Xunta demolerá un tanatorio en Pontevedra por orden del Supremo
ELPAÍS* : La Consellería de Política Territorial que autorizó su construcción el 20 de diciembre de 1993 es la que ha dictado 17 años después la orden de demolición del tanatorio de Montecelo , lindante con el hospital público pontevedrés, tras década y media de pleitos en los tribunales. La Axencia de Protección de Legalidade Urbanística (APLU) dependiente de la cartera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que dirige Agustín Hernández tiene listo ya el proyecto de demolición del edificio para devolver la finca a su estado original, tal y como mandata una sentencia del Tribunal Supremo.
Las máquinas tumbarán la construcción el próximo 12 de agosto. El presupuesto para demoler el tanatorio declarado ilegal por varias sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificadas posteriormente por el Supremo, es de 198.075 euros, IVA incluido, a los que habrá que sumar otros 3.000 euros para que los trabajos de derribo respeten al máximo las medidas de seguridad y salud, dado que el edificio está pegado al hospital de Montecelo.
El coste de las obras lo asumirá en primera instancia la Xunta que ya las ha adjudicado provinsionalmente por un importe de 105.867,67 euros, más IVA. La Consellería pasará después la factura a las empresas Pompas Fúnebres SL, Central Funeraria SL, y Alianza y Barros SA, porque según se deriva de la sentencia judicial deben ser estas firmas las que asuman el coste.
Con su decisión, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, cumple con la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que requirió a la Consellería de Medio Ambiente el pasado 4 de diciembre de 2009 para que ejecutase una sentencia previa del Supremo y decretase "el cierre de la actividad [del tanatorio], la demolición de la edificación para restaurar la legalidad urbanística".
A la vista del requerimiento judicial, la APLU, dictó el pasado 3 de marzo de 2010 -cuando su anterior director, Hipólito Pérez, todavía no había sido cesado por el conselleiro, una orden para seguir el mandato de los tribunales. El servicio técnico de la agencia concluyó la redacción del proyecto de demolición de las obras e instalaciones el pasado junio. Ahora sólo falta que la empresa adjudicataria presente la documentación correspondiente. Deberá hacerlo necesariamente antes del 7 de agosto. El 12 de este mismo mes las excavadoras empezarán a desmontar el tanatorio de Montecelo que según ha decretado el Tribunal Supremo se construyó hace 17 años sobre un terreno no urbanizable según el planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Pontevedra.
La sentencia declaraba ilegal la licencia concedida por la Comisión Provincial de Urbanismo de Pontevedra, de la Consellería de Política Territorial que dirigía entonces (en 1993) Xosé Cuiña, para edificar el tanatorio sobre suelo rústico y anula por tanto el permiso municipal. Tanto el Ayuntamiento de Pontevedra, como la Xunta y las adjudicatarias recurrieron sin éxito en varias ocasiones hasta el Tribunal Supremo. Perdieron la batalla legal y el tanatorio queda ahora a merced de la piqueta.
Las firmas podrán reclamar a la Xunta
La decisión de la Consellería de Política Territorial -que presidía en 1993 el fallecido Xosé Cuiña- de dar licencia a las promotoras del tanatorio de Montecelo para levantar el edificio sobre suelo rústico puede salir cara a la Administración 17 años después. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificada por el Supremo declara ilegal ese permiso otorgado entonces por el Gobierno gallego, lo que ahora se traducirá en el derribo del tanatorio. El fallo judicial estipula que el coste de la demolición -que en un primer momento asume la Xunta- debe ser repercutido posteriormente a las empresas promotoras. Sucede que, con ese fallo judicial en la mano -que declara nula la licencia de la Xunta- , es más que previsible que Pompas Fúnebres, Central Funeraria SL y Alianza y Barros SA inicien otra batalla legal para reclamar al Gobierno gallego que pague no sólo el coste de las obras de derribo, sino también los daños y perjuicios que la sentencia ocasione a estas empresas, además del lucro cesante.
El hecho de contar con una licencia de la Xunta ampara legalmente al administrado para llevar a cabo las obras. Si finalmente un tribunal declara nulo el permiso otorgado por la Administración, el particular puede presentarse como perjudicado y litigar para que se le indemnice por los perjuicios causados.
El caso tiene su origen en el recurso presentado por unos vecinos de la zona contra la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de la Xunta que autorizó la obra sobre suelo rústico. El Tribunal Superior de Xustiza dio la razón a este particular por primera vez en mayo de 1997. Antes, el mismo vecino había presentado reclamación ante la Xunta sin obtener respuesta alguna.
* El Páis - 2.08.10
Foto: Pontevedra, ayuntamiento - e-global.es
Anticorrupción reclama 11 años cárcel para Massot por tres piezas del "caso Andratx"
EPA/EFE/Mallorca* : La Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 11 años de cárcel para el ex director general del Territorio de Baleares Jaume Massot por tres piezas del "caso Andratx" relativas a la construcción ilegal de sendas casas en terrenos protegidos, por las cuales tiene que pagar fianzas civiles por 210.000 euros. El juez instructor de esta extensa causa de corrupción urbanística en el municipio mallorquín durante la anterior legislatura del PP ha ordenado la apertura de juicio oral por las piezas 6, 9 y 54, de las más de 70 en que está dividido el caso.
Las dos primeras las juzgará la Audiencia de Palma y la tercera corresponderá a los Juzgados de lo Penal de Palma, según los autos de apertura de juicio oral a los que ha tenido acceso Efe.
En la pieza número 6, la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para Massot -ex jefe de Urbanismo de Andratx- y en ella también figura como acusado el ex celador municipal de obras del Ayuntamiento Jaume Gibert, que confesó sus delitos.
La pieza versa sobre la construcción, por parte de dos matrimonios de una casa unifamiliar entre los años 2002 y 2004 en una finca rústica de su propiedad, conocida como Ca'n Mena, en el municipio de Andratx.
Massot y Gibert -para este último el fiscal pide 2 años de prisión- están acusados de delitos de falsedad, prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Figuran también como acusados los dos matrimonios y el letrado asesor del consistorio Jacobo R.M., que se enfrentan a entre seis meses y 3 años y medio de prisión.
El juez instructor del caso, Francisco José Pérez, ha impuesto fianzas para hacer frente a posibles responsabilidades civiles, que cifra en 75.000 euros para Massot, 17.000 euros para Gibert y 137.000 euros para cada uno de los componentes de los dos matrimonios acusados.
En la pieza número 9, que también se juzgará en la Audiencia, figuran ocho personas, entre ellas una funcionaria del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx y un abogado.
En ella se juzga la construcción entre los años 2002 y 2004 de una vivienda unifamiliar en un terreno calificado como suelo rústico con la categoría de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) en el que no se podía edificar.
Según el escrito de acusación de Anticorrupción, para iniciar la construcción, tres de los acusados, propietarios del terreno, consiguieron que la funcionaria del Ayuntamiento -Ángela H.R.-, a instancias de Massot, escribiera que en la finca existía una vivienda de 50 metros cuadrados, lo cual era falso.
Gracias a esto y a los informes favorables de dos de los acusados, uno de ellos el abogado asesor del Ayuntamiento Jacobo R.M., para quien el fiscal pide 6 meses de cárcel por prevaricación, se consiguió la licencia de la casa.
Para Massot y la funcionaria, el fiscal reclama 3 años y medio de cárcel por dos delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio, para los propietarios del terreno pide 3 años y medio de cárcel y para el arquitecto director de las obras 2 años más.
El juez impone a Massot en el auto de apertura de juicio una fianza civil de 90.000 euros, la misma que para la funcionaria de Urbanismo.
Finalmente, en la pieza número 54, que se juzgará en los Juzgados de lo Penal, aparecen como acusados Massot y dos arquitectos más, en relación a la construcción de una tercera vivienda en suelo rústico gracias a una licencia que expidió Massot en 2003 como jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, a sabiendas, según la Fiscalía, de que era ilegal.
Por estos hechos, Anticorrupción pide 3 años de cárcel para Massot por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, así como 1 año y medio para los arquitectos por prevaricación. El juez impone además a Massot una fianza civil de 45.000 euros.
* European Press Agency - EFE - 1.08.10
Foto: Andratx, puerto - andratx.net
Málaga.- Propuestas para una conexión
LAOPINIÓN* : Cuatro arquitectos cuentan cómo ven el debate suscitado en torno al Puerto y ofrecen soluciones para la conexión con la ciudad después de que el Ayuntamiento y la Junta hayan llegado a un acuerdo para eliminar la valla que separa las instalaciones portuarias de las calles de Málaga. El debate no está cerrado. Ahora queda estudiar qué se hace con el espacio libre y cómo queda la transición entre el Paseo de los Curas y el Palmeral de las Sorpresas, situado en el muelle 2. El soterramiento de la vía parece indispensable para la conexión, pero la solución definitiva debe ir más allá.
Alfonso Peralta | Elementos suaves que no generen barreras
El arquitecto Alfonso Peralta sabe de lo que habla cuando se le pregunta por el Puerto. Conoce lo que es llevar a sus espaldas el peso de ordenar estas instalaciones, ya que fue uno de los responsables de la redacción en 1997 del Plan Especial del Puerto.
Para Peralta, quitar la verja no resuelve el problema, ya que hay un desnivel que dificulta el paso entre el Paseo de los Curas y el muelle 2.
La única manera de que esto se resuelva es con elementos que cumplan con las normas de accesibilidad. Por eso, apuesta por una rampa o una pendiente suave. «Hay que echarle imaginación», dice. Se trata de elementos suaves que no generen barreras arquitectónicas y que reduzcan el impacto psicológico.
Iñaki Pérez de la Fuente | La solución es el soterramiento del Paseo de los Curas
Iñaki Pérez de la Fuente está detrás de proyectos como la remodelación de calle Larios. Asegura que lo mejor es soterrar el tráfico en el Paseo de los Curas, aunque sea una obra costosa en estos tiempos en los que hay que mantener la austeridad.
En su opinión, el Plan del Puerto debía haber sido «más ambicioso» e incluir esta actuación con el consenso de todas las administraciones implicadas. «No se puede pretender un plan que parece que solo contempla la redistribución del espacio para un plan de negocio», dice.
Mientras llega el soterramiento, este arquitecto apuesta por instalar en el paseo señales de tráfico para reducir la velocidad máxima hasta los 30 kilómetros por hora, pintar pasos de peatones e incorporar semáforos intermedios.
Salvador Moreno | Unión del Puerto con la ciudad en la Plaza de Torrijos
Fue Premio Nacional de Urbanismo en 1985 y firmó el PGOU de Málaga de 1983. Salvador Moreno Peralta asegura que hablar ahora de rampas o escaleras son «idioteces». «Sin conocer a fondo las razones por las que se planteó de esa manera el proyecto, los comentarios ahora son frivolidades sin ningún fundamento», dice.
Para él, el proyecto tiene un autor, Jerónimo Junquera, un «arquitecto magnífico» y un «extraordinario profesional». Es él el que tiene que dar una solución al desnivel.
Como solución al tráfico en el Paseo de los Curas, este arquitecto se muestra también partidario del soterramiento de esta vía, aunque éste no tiene por qué ser completo.
En cuanto a la fusión del Puerto con la ciudad, Moreno Peralta defiende que ésta no tiene por qué ser continua. Hay otros puntos en los que pueden unirse.
La solución ideal seria trasladar la conexión al hueco que existe en la Plaza de Torrijos. «Es ahí donde se debe hacer, dejando ese vacío simplemente», dice.
Agustín Benedicto | La clave está en el Paseo de los Curas
Agustín Benedicto es uno de los padres del Auditorio del Puerto de la ciudad. Apuesta también por dejar actuar al responsable del proyecto, Jerónimo Junquera, ya que es él «el que tiene más datos para dar una solución». Aún así, reconoce que no sabe si es posible «una buena solución» y si «se llega tarde».
Para Benedicto, «lo estamos haciendo absolutamente al revés» y se están planteando numerosas contradicciones respecto al proyecto inicial. Este arquitecto reconoce que la esencia del problema recae en el Paseo de los Curas y lamenta que haya sido una cuestión que no se haya abordado junto al rediseño del muelle 2.
* La Opinión de Málaga - 2.08.10
Foto: El Paseo de los Curas con la verja que separa el Puerto de la ciudad a la derecha.- laopiniondemalaga.es
El 'caso Brugal' cerca al alcalde de Fortuna por pedir dinero para el PP
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LAVERDAD/Murcia* : La UDEF, basándose en 'pinchazos' y en las grabaciones que hizo el empresario Fenoll, sostiene que Matías Carrillo pidió fondos para los comicios del 2007 a cambio de favores urbanísticos. El empresario Ángel Fenoll viene a ser para la clase política lo que un mono con dos pistolas para la tranquilidad del resto de los animales de la selva. Todos los que alguna vez hayan cruzado dos palabras con él deben de llevar semanas repasando mentalmente en qué términos se desarrolló la conversación; si algo de que lo que se dijo pudo sonar a sospechoso, irregular o ilegal; si hubo algún tipo de petición o requerimiento por uno u otro lado...
Porque Fenoll muestra algunas particularidades que lo han convertido en un personaje problemático. Inquietante. Peligroso. La primera de esas características peculiares es su conocida a afición a grabar y registrar las conversaciones y encuentros que mantiene con cargos públicos -aunque seguro que la clase política no tiene la exclusiva en eso-; la segunda, que está inmerso en asuntos judiciales por un rosario de imputaciones tan poco edificantes como cohecho, inducción al fraude, inducción a la prevaricación, tráfico de influencias, amenazas y financiación irregular de partidos políticos; la tercera, que lleva años siendo investigado por el 'caso Brugal' y con el teléfono previsiblemente intervenido al menos desde mediados del 2006, y la cuarta, que tiene el 'gatillo' fácil y no le importa disparar contra todo y contra todos, incluido contra sí mismo, si con ello consigue llevarse por delante a quien le haya hecho alguna jugarreta.
Lo demostró hace casi cinco años, a principios del 2006, cuando entregó a la prensa la grabación de unas conversaciones que había mantenido con el entonces edil oriolano del Centro Liberal (CL) CL, Jesús Ferrández, en la que se desvelaban presuntos intentos de compra de voluntades, para lograr el millonario concurso de recogida de residuos sólidos urbanos, por parte de la firma Urbaser.
La denuncia pública acabó dando origen al conocido 'caso Brugal' y le supuso al propio Fenoll y a su hijo pasar un mes en la cárcel y varios registros en su domicilio y en las sedes de sus empresas, que sirvieron a la Policía para incautarse de un menos inesperado que valioso tesoro: su archivo particular de grabaciones a políticos, que tanto parece que están dando de sí. Una prueba irrefutable, la de su denuncia contra Ferrández, de que Fenoll no renuncia a resultar herido en la refriega si con ello logra llevarse por delante a sus enemigos.
Los teléfonos los carga el Diablo
Recalificación en Fortuna
Como los teléfonos los carga el Diablo, nadie sabe dónde acabará nada de lo que por ellos se dice. Y acaban deparando muchas sorpresas. Una de ellas, ésta sí inesperada, iba incluida en la citada cinta que Fenoll entregó a los medios de comunicación, con el contenido de su conversación con el edil oriolano. En un momento dado, en concreto a partir de 1h.8'.26'' del CD, se escucha a Fenoll asegurar que «alguien» del Ayuntamiento de Fortuna, «con el suficiente poder», le ha garantizado que le van «a reclasificar 200.000 metros cuadrados» de una finca que había adquirido en ese municipio. «Venga..., pues, pásalo, ehhhh... y ya está», asegura que le dijo su 'contacto' municipal.
Los hechos vinieron a demostrar que el ínclito Fenoll no hablaba a humo de pajas. Los hechos ocurrieron tal y como los describió, y ello pese a que la citada conversación con Ferrández se había desarrollado hacia el mes de febrero o marzo del 2006, diez meses antes de que se aprobara el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Fortuna, incluyendo el convenio urbanístico que Fenoll quería impulsar en la zona de la Rambla Salada.
«Tengo confirmación asegurada», presumía el empresario, que estaba convencido de que el Consistorio le permitiría construir 661 viviendas en un paraje que en ese momento estaba calificado como No Urbanizable Inadecuado (NUi), por tratarse de una zona de regadíos del trasvase Tajo-Segura, y que pretendía que fuera declarado como Urbanizable Sectorizado (UZs).
No es hasta el 26 de septiembre del 2006 cuando los vaticinios de Fenoll se hacen realidad y el Pleno aprueba ese convenio -junto con otros 13-, que permitirá a una de sus empresas, Proambiente, levantar las citadas 661 viviendas sobre 270.167,30 m2, que han pasado, como el empresario había anunciado, de NUi a UZs. El milagro se ha consumado, al menos en apariencia, y el promotor se compromete a entregar 324.741,09 euros al Consistorio para acometer diversas inversiones en el municipio.
Pero el milagro -convertir una zona de regadíos, clasificada como no urbanizable por su utilidad agrícola, en otra urbanizable- se consumó sólo a medias, ya que la Comunidad Autónoma dejó en suspenso posteriormente la mayor parte de los convenios urbanísticos de Fortuna, entre ellos el de Fenoll en la Rambla Salada: 'Villas del Sol', se iba a llamar la urbanización, que paralizada sigue.
En manos del 'Anticorrupción'
Atentos al 'esclavejío'
Los informes técnicos que sirvieron para justificar el cambio de clasificación en esta operación, de sospechosas características, venían a aportar argumentos tan llamativos como el siguiente: «La reducción de superficie rural por actuaciones urbanas va a suponer una afección negativa por la desaparición de cultivos actuales y la pérdida de superficies aprovechables, a pesar de que hoy en día la situación de la agricultura tiene un futuro incierto para los regadíos murcianos por la escasez de agua». Algo que apunta a que en ese reinados del PP murciano no venía del todo mal la oposición de Castilla-La Mancha a seguir cediendo agua del trasvase, pues ello justificaba que se 'sembraran' ladrillos en vez de lechugas.
Este periódico ha podido saber que el asunto de 'Villas del Sol' lleva ya meses en manos del fiscal anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, y se espera que en cualquier momento pueda 'pegar el esclavejío', como se dice en la huerta.
Los motivos de preocupación para los moradores del Consistorio fortunero no se quedan, sin embargo, en lo expuesto hasta ahora. El 'caso Brugal', que se compone de más de un centenar de tomos y que se reactivó hace unos días con relevantes detenciones en Alicante, contiene datos que apuntan hacia esta localidad y, más concretamente, hacia su alcalde, el popular Matías Carrillo. Fuentes de toda solvencia han asegurado a 'La Verdad' que los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, sostienen que Matías Carrillo «solicitó y recibió apoyo económico para las elecciones de mayo del 2007, pudiendo proporcionar a cambio ventajas a Ángel Fenoll sobre las promociones de viviendas» que éste impulsaba a Fortuna.
Las conclusiones policiales se basan en los 'pinchazos' telefónicos realizados con orden del juez instructor de Orihuela, en el análisis de las grabaciones y pruebas localizadas en la vivienda y los despachos del empresario Fenoll, así como en investigaciones propias.
Unos datos que, según las fuentes mencionadas, podrían concretarse en posibles imputaciones por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos y prevaricación, entre otros.
El contenido de esta parte del 'caso Brugal', contenido en las diligencias 851/07, ha sido remitido por el juez oriolano Carlos San Martín a los juzgados de Cieza, por considerar que son los competentes para instruir esta rama del asunto. El magistrado está a la espera de que sus colegas murcianos le informen sobre si aceptan su competencia.
El alcalde se defiende
«Es imposible y es falso»
El alcalde Matías Carrillo, con quien este periódico se puso en contacto para conocer su versión, negó rotundamente los hechos que le atribuyen los especialistas de la UDEF. «No tengo ni idea del asunto. ¿Que yo pedí dinero? ¿Eso quién lo dice? Es totalmente falso». El primer edil aseguró que «es imposible» que pueda aparecer vinculado a esas actuaciones. «Ya tendré noticias y sabré quién dice lo que me está comentando usted», añadió Carrillo, quien confirmó que Fenoll tiene un convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento, aunque aseguró no saber si estaba suspendido por la Comunidad. Insistió en que nunca le dio trato de favor.
EN EL MISMO SACO
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ESPINOSA EX PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DE FORTUNA
Tuvo que dimitir el pasado abril, tras conocerse que el juez de Orihuela había remitido a los juzgados de Cieza una parte del 'caso Brugal'. López Espinosa figura en unas grabaciones, realizadas por el propio Fenoll, en las que el entonces edil de Economía le pide dinero por adjudicarle el servicio de recogida de basuras. Fenoll obtuvo esa concesión en 2004, a través de Colsur, por la cual ingresará 211.999 euros anuales durante 15 años.
MARÍA DOLORES SÁNCHEZ GARCÍA EX CONCEJAL DE EMPLEO Y PERSONAL
Aparece en grabaciones realizadas por Fenoll hablando de entregas de dinero. La entonces edil reconoce en la conversación que habrían estado comprando votos por correo a cambio de puestos de trabajo. María Dolores ya tuvo que declarar en un juzgado como imputada y acabó acusando al alcalde Carrillo y a varios ediles por la compra de votos en el 2003. El fiscal pide 12 fines de semana de arresto, multa de seis meses y 5 años de inhabilitación para el alcalde y los concejales M. Dolores Sánchez y José Antonio López Espinosa.
El 'milagro' consistió en convertir una zona de regadíos del trasvase, calificada como no urbanizable, en un solar para levantar 661 casas
En una de sus grabaciones, Fenoll afirma que tiene a «alguien» en el Consistorio «con el suficiente poder» como para recalificarle 200.000 m2.
* La Verdad - 1.08.10
Foto: Paraje natural. Una imagen de la Rambla Salada de Fortuna, en la zona donde Fenoll pretendía construir 661 viviendas - laverdad.es
La SGAE se queda sin el palacio de Boadilla
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ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero, aseguró ayer que el palacio del Infante don Luis, diseñado por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII, tendrá finalmente uso público y cultural y no se traspasará a ninguna entidad privada, una vez se resuelva el conflicto con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
El Ayuntamiento de Boadilla rescindió a finales de mayo el contrato que firmó con la SGAE en 2006 para que el palacio acogiera la sede de la Fundación Autor. Se basó en la "inadecuación" del proyecto presentado por la SGAE a las "especificaciones técnicas" marcadas por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, que consideró que el proyecto no era viable por los restos arqueológicos hallados en los jardines.
El proceso de rescisión del contrato aún no está cerrado porque se tienen que resolver las alegaciones presentadas por la SGAE. Siguero reconoció que la entidad ha ido corrigiendo el proyecto "en función de las sugerencias que ha dado la Comunidad, pero ha habido un punto donde no han podido, porque las dependencias que iban debajo de los jardines, como el auditorio o la biblioteca, eran la clave de su proyecto".
* El País - 1.08.10
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), palacio - 20minutos.es
