LAVOZ/Oviedo* : El arquitecto ovetense Arturo Gutiérrez de Terán –y exconsejero de Ordenación del Territorio– estaba ayer en Madrid en una reunión de trabajo. «¿Lo he oído bien?» No daba crédito al anuncio de De Lorenzo. Pero enseguida lo asimiló y afirmó que «lo importante ahora no son las trillizas, sino el debate sobre la construcción en altura que no puede cerrarse por decreto». «El urbanismo no puede estar sujeto a los caprichos del político de turno», completó.
Gutiérrez de Terán, que aseguró que el plan fue presentado «sin reflexión», declaró que el conflicto ha servido «para despertar la conciencia de los ovetenses y de los asturianos, han demostrado ser vecinos vivos y despiertos cuando parecía que la ciudad estaba dormida». El arquitecto se acordó del edil de Urbanismo, Alberto Mortera. Dijo que el popular, tras sus palabras gruesas, insultos y desprecios a la ciudadanía, «ha quedado inhabilitado para continuar con su labor pública. Que tenga la honradez de marcharse».
La cronista oficial del municipio, Carmen Ruiz-Tilve declaró que «de sabios es rectificar». Recordó que ella siempre estuvo en contra «de forma explícita» de las tres torres de Calatrava y destacó el movimiento ciudadano de rechazo «y del que me alegro». Para el futuro de El Vasco, Ruiz-Tilve reclamó que la superficie recupere su carácter público.
La directora del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, Soledad Álvarez, calificó la decisión de «sensata y muy acertada», al tiempo que, apuntó, «muy esperada por toda la sociedad». A su juicio, «no cabía otra solución». Señaló que aunque haya costado trabajo por parte de determinados organismos y de los ciudadanos «es una decisión afortunada y celebraremos todos que se retire un proyecto lesivo para la imagen y el patrimonio de la ciudad». Ahora, indicó, «hay que pedir sensatez de cara a los proyectos que se vayan a aprobar» y admitió que «habrá que estar en guardia» y estudiar que sean proyectos que se puedan integrar en una zona de emplazamiento como El Vasco.
La muerte de las ‘trillizas’ han despertado más alegrías que pésames entre los profesionales de la arquitectura. Alfonso Toribio también se mostró satisfechos con la decisión de Gabino de Lorenzo de tumbar el proyecto de las torres. Según Toribio, «se trata de una buena noticia, el plan de las torres no tenía ni pies ni cabeza, era un auténtico disparate». El arquitecto se sorprende de que haya sido la presión social la causante de la eliminación del plan para la parcela del Vasco.
Para Toribio, no sólo los ciudadanos saldrán beneficiados de la retirada del proyecto diseñado por Santiago Calatrava. «También repercutirá en beneficio de los promotores, porque si hubiera seguido adelante se habrían erigido como los culpables de machacar el patrimonio arquitectónico de la ciudad». Y eso, en su opinión, habría repercutido en la herencia patrimonial para las generaciones venideras.
Otro profesional del gremio, José Ramón Fernández Molina, achaca la demolición de las torres al «impacto» que a su juicio podría provocar en el casco histórico y considera que se debe extraer una moraleja de toda esta historia. «Ahora no sólo hay que atender a la protección de edificios concretos, sino también del entorno que rodea a los conjuntos históricos», explica. Fernández Molina fue uno de los expertos en patrimonio que participó en la elaboración del catálogo arquitectónico municipal presentado y aprobado por el consistorio en 2006. En su opinión «a partir de ahora también habrá que tener en cuenta los aspectos panorámicos de las ciudades», dijo.
Víctor García Oviedo aplaudió ayer la decisión del alcalde. «Es la opinión generalizada de todos los profesionales que conozco», manifestó, tras conocer la noticia. Sobre su compañero de profesión y autor de la idea, Santiago Calatrava, García Oviedo no disimuló su aversión. «Querían hacernos creer que las críticas están más allá de la mano del artista, como si el artista fuera Dios y en realidad sólo hubo un Dios en la historia de la arquitectura, que fue Miguel Ángel», aseguró.
* La Voz de Asturias - 29/02/2008
Foto: Oviedo, proyecto torres 'las trillizas' - lavozdeasturias.es
NOTICIA RELACIONADA: El alcalde dice NO a las 'trillizas' - La Voz de Asturias - 29/02/2008
"El urbanismo no debe estar sujeto a caprichos"
El Defensor del Pueblo también se opone a las 1.800 casas de Parcent por falta de agua
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LEVANTE/Alacant* : Hay decisiones y silencios políticos y administrativos que cada vez son más difíciles de explicar y que llevan a sospechar cierta connivencia que resulta muy perjudicial para la credibilidad de los ciudadanos en los políticos. Uno de estos casos es Parcent y las 1.800 viviendas que se pretenden edificar en tres PAI's de la localidad.
El Defensor del Pueblo se ha unido al Síndic de Greuges en su argumento para rechazar los tres PAI's: la falta de recursos hídricos expuestos por la CHJ en su informe. Además el Defensor del Pueblo recrimina la actitud del Consell que preside Francisco Camps por su actitud sobre estos programas.
Los obstáculos del Consell
En este sentido, ha decidido "dirigir una nueva petición de información a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda", que dirige Jose Ramón García Antón, para que informe "no sólo sobre los aspectos solicitados en nuestro escrito del pasado 29 de mayo, petición que no ha sido atendida" por la citada conselleria "a pesar de que la información le ha sido requerida en dos ocasiones". Además, le pregunta porqué "no procede a atender la petición de devolución de los expedientes de programación que el ayuntamiento le ha dirigido en dos ocasiones". Y concluye de forma contundente en un claro aviso a la actitud oscurantista y obstaculizadora de la Generalitat en esta actuación al señalar que "en ningún caso" deben aprobarse los tres PAI's de Parcent tras "no quedar acreditado la suficiencia de recursos hídricos para las nuevas demandas".
* Levante-EMV - César Monzonís, Parcent
Foto: Parcent (Alicante) - parcent.es
Los derribos de viviendas ilegales dividen a la sociedad marbellí
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LAOPINIÓN/Málaga* : Marbella está dividida por su propio planeamiento. Las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas durante 15 años por los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL) han creado dos categorías entre los ciudadanos, según sean o no propietarios de viviendas que no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.
Todos son víctimas del mismo problema, la falta de equipamientos públicos originada por el modelo de construcción sin límites; pero difieren en la solución. Entre derribar o legalizar se encuentra el dilema.
Dos agrupaciones reúnen a los partidarios de una y otra postura. La plataforma ´29 de Marzo´ vela por el cumplimiento de las sentencias judiciales que ordenan la restauración de la situación original o, lo que es lo mismo, la demolición de las viviendas irregulares o el establecimiento de sistemas de compensación que hagan recuperar a la ciudad las infraestructuras esquilmadas.
Por su parte, el colectivo de ´Afectados por el PGOU de Marbella´ reivindica la revisión de cada uno de los casos y la búsqueda de mecanismos que permitan normalizar la situación de las más de 30.000 viviendas irregulares existentes en el municipio, entre las que se encuentran las 18.000 ilegales por estar construidas en suelos no urbanizables o destinados para otros equipamientos.
Tanto en uno como en otro caso, la cuestión es decidir quién paga los platos rotos. "Aquí hay tres claros culpables, las corporaciones municipales y promotores que cometieron los desmanes y la Junta de Andalucía que los permitió", proclamó convencido a este diario el portavoz de ´Afectados por el PGOU´, José Ortiz.
Soluciones. El nuevo Plan General, actualmente en fase de aprobación inicial, establece la recuperación de 1,8 millones de metros cuadrados de suelo de Marbella para infraestructuras y zonas verdes mediante la normalización de 18.000 inmuebles ilegales. Para ello, propone que las empresas promotoras asuman un modelo de compensación a través de pagos o cesiones de terrenos.
Si estas empresas rechazan este acuerdo, serán los propios propietarios de los inmuebles quienes deberán hacer frente a esta responsabilidad, en virtud del citado documento. Pero, "el Ayuntamiento se niega a revisar las licencias ilegales y ocurre que no tenemos culpable", criticó el representante de ´29 de Marzo´, Rafaél Ávila.
Ávila teme que el planemiento de Marbella se convierta en una pelota que pasa de uno a otro tejado sin que nadie la recoja. "Si nadie les mete mano a los promotores, que pueden responder patrimonialmente, y los propietarios tampoco responden... de dónde sacamos los equipamientos que faltan", añadió.
El Gobierno de Ángeles Muñoz abandera a los llamados ´compradores de buena fe´ y ya ha adelantado su intención de incluir mecanismos dentro del texto urbanístico para garantizar que no sean los dueños quienes afronten las compensaciones.
Ortiz está de acuerdo. Él es uno de los afectados y califica de injusta esta medida. "Mi propiedad tiene todas las licencias y, a día de hoy, continúa sin tener ni una sola anotación en el registro de la propiedad", señaló.
Ávila no es dueño de una vivienda ilegal pero tiene claro quiénes son las auténticas víctimas. "¿No es también comprador de buena fe aquél que cuenta con una casa legal a la que le han tapado las vistas con una ilegal?". Para Ortiz, sus representados son víctimas al cuadrado. Sufren la falta de espacios públicos y además su hogar no es legal.
* La Opinión de Málaga - PRINCESA SÁNCHEZ - 29 de febrero de 2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es
VdeVivienda: Rueda de prensa de la manifestación del 1 de Marzo
Las Asambleas V de Vivienda* convocan a una manifestación en todo el Estado este sábado, 1 de marzo, para protestar por la falta de soluciones al problema de la vivienda.
Queremos señalar la falta de diálogo con el poder político a la hora de plantear SUS soluciones unilaterales. Hasta ahora, sólo ha consultado con la patronal inmobiliario - constructora y la gran banca –bancos y cajas de ahorro-, marginando a la inmensa mayoría de la sociedad que ni participa ni es preguntada.
A la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, ahora se suma el cuadro severo al que se enfrenta la economía española. El alto endeudamiento de las familias por culpa de los precios sobrevalorados de los pisos es un factor. Otro es el aumento del paro de una forma significativa (el 8% de la población activa, en el último dato de febrero) y los augurios de que pueda seguir subiendo por el parón en el sector de la construcción. Otro factor es la precariedad laboral –y social y vital- instalada en la sociedad, al parecer, de forma irreversible. Estos factores no han surgido de forma espontánea, sino por la falta de políticas sociales reales y el fenómenos de la especulación como forma de vida. Y son estas dos grandes faltas las que nos animan a salir a la calle para pedir un cambio.
Al principio se consolaban y consolaban a la ciudadanía propagando que el problema de la vivienda afectaba únicamente a la población más joven, pero ese bulo ya quedó al desnudo. Después quisieron convencernos de que es un problema de falta de suelo, pero no hay un problema de falta de viviendas, ya que somos el país que más vivienda construye de Europa y, según el relator especial de Naciones Unidas, el país de la Unión Europea con más casas vacías.
Este grave problema afecta a muchas personas, generalmente las más débiles y con menos posibilidades de que su voz pueda ser escuchas. Personas mayores, divorciados, jóvenes parejas que empiezan a tener hijos y no pueden mudarse de la vivienda que se ha quedado pequeña o que sencillamente viven en casa de sus padres. No es solamente un problema de emancipación, otro bulo que se cae por su propio peso.
El problema tiene múltiples cabezas: desde el ‘mobbing’ para expulsar a las personas ‘no productivas’ que usa la especulación más salvaje e inhumana hasta los tristemente nombrados ‘pisos-patera’, casas donde viven hacinadas familias de varios miembros o comunidades de agregados en situaciones de precariedad extrema que proliferan en las grandes ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla…
Ahora el mensaje del poder parece tomar un rumbo todavía peor: empiezan a culpar a los inmigrantes que han sostenido con mucho esfuerzo este crecimiento con propuestas laborales al margen de la ley y teniendo que aceptar cualquier falta de derechos por estar, en gran parte, en situación de ilegalidad.
Ante esta situación, las Asambleas V de Vivienda aprobaron una tabla con las medidas que creemos que es necesario plantear:
1. Moratoria en la ejecución de planes urbanísticos mientras estos no sean guiados por el interés general, concretado este en una efectiva participación de la ciudadanía.
2. Transparencia en los datos relativos al derecho de acceso a la vivienda: censo de pisos vacíos, censo único de solicitantes de vivienda, censo de propietarios del suelo.
3. Inversión del proceso de depredación del espacio medioambiental y del tejido social de los espacios urbanos.
4. Creación de un amplio parque de vivienda pública en alquiler social capaz de responder a la demanda real de la población excluida por el mercado. Para ello, se dará prioridad al uso de los pisos vacíos sobre el de nueva construcción.
5. Despenalización de la reutilización de espacios en desuso.
6. Asunción por parte de las empresas financieras de su responsabilidad en el elevado e insostenible endeudamiento de las familias.
7. Medidas fiscales que penalicen efectivamente la especulación.
Por todo ello, llamamos a la movilización del sábado por la tarde. Nuestra respuesta ha de ser cívica, pacífica, festiva y en la calle.
+INFO: http://uvedevivienda.blogspot.com/
* V de Vivienda - 28 de febrero de 2008
Foto: VdeVivienda, rueda prensa pza.españa Madrid
La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio pide paralizar las recalificaciones
ELMUNDO* : La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio exigió que se establezca una moratoria general en la recalificación de suelos hasta que se ocupen los tres millones de viviendas que se estiman hay vacías en España. En su defecto, la organización propone un crecimiento 'cero' del suelo urbano o, al menos, limitar su crecimiento al 10%, así como la retirada de competencias urbanísticas a los ayuntamientos y autonomías que promuevan el "urbanismo salvaje".
Este es uno de los cuatro bloques que integran las 85 medidas que la organización propone, en el marco de un Pacto de Estado, para acabar con la especulación urbanística. Se completan con una carta a los partidos políticos y con el reparto, en las principales capitales españolas, de decenas de miles de billetes de 500 euros con el lema 'Vota contra la especulación ¡que se pronuncien los partidos!'.
Los otros tres grupos de medidas se refieren a la eliminación de todas las figuras legales que, a su juicio, favorecen la especulación y fortalecen los mecanismos contra la especulación y la corrupción, al desarrollo de una "ley rápida" contra los abusos urbanísticos y medioambientales y a la elaboración de un nuevo modelo de desarrollo y de una nueva cultura de ordenación del territorio.
La Coordinadora denuncia "el silencio y la exclusión del debate sobre el territorio y la corrupción del debate político y la campaña electoral". Concretamente, arremeten contra "la demagogia desarrollista del PP, que lejos de reconocer el problema quiere liberalizar más suelo", así como contra "la tibieza de las actuaciones del PSOE y de otros partidos políticos, que reconociendo en parte el problema no ponen en marcha las medidas necesarias".
Además, la organización ciudadana considera que "la crisis económica" vinculada al sector inmobiliario "no puede servir para proteger aún más al sector con medidas paliativas, sino que ha de ser el aviso definitivo para la necesidad de un cambio inmediato y radical de modelo de crecimiento económico".
* El Mundo - Europa Press - 28/02/2008
Foto: Suelo urbanizable en Madrid/ Carlos Alba, elmundo.es
La acusación popular reclama un juez que concluya el 'caso Fabra'
ELPAÍS/Castellón* : La Unión de Consumidores de España (UCE), que representa a la acusación popular en el caso Fabra, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial para que evite los sucesivos cambios de jueces en el juzgado de instrucción nº1 de Nules, donde se instruyen las diligencias de investigación del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ante la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y un posible fraude fiscal.
Esta es la segunda ocasión en que la UCE traslada su queja al órgano de gobierno de los jueces por el mismo motivo.
En julio de 2005, tras poco más de un año de instrucción del caso, la acusación ya formuló una reclamación ante el continuo cambio de jueces. En aquella ocasión, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) únicamente apeló a la legalidad de los nombramientos. Ahora, en su escrito, la UCE solicita al Consejo que "adopte las medidas necesarias para lograr una continuidad en un asunto cuya trascendencia es notoria", con el fin de "evitar dilaciones que ponen en grave peligro la administración de justicia".
El juzgado de Nules es un juzgado de los llamados "de paso", en el que los jueces suelen recaer antes de ascender a magistrados, momento en el que son trasladados a otra plaza. Este hecho ha motivado que durante la instrucción del caso Fabra por este juzgado hayan pasado ocho jueces, aunque aún falta por designar a una nueva titular que ocupará la plaza en la que ahora se encuentra una juez sustituta. La queja de la UCE hace referencia a que, "en un caso tan complejo, los jueces sustitutos no adoptan decisiones graves", mientras que con los titulares "deben acomodarse a una laboriosa instrucción de tal manera que, hasta tomar posesión mediante la rigurosa ilustración del procedimiento, éste se dilata considerablemente".
Además, el escrito remitido al CGPJ hace referencia a la necesidad de una "unidad de impulso y dirección". "Los criterios suelen ser dispares", señala el escrito, que añade: las decisiones "heredadas" pueden ser "no compartidas" o, incluso "contradictorias".Según fuentes consultadas, existe un precedente semejante en una larga y compleja instrucción como fue la del caso Malaya, en el juzgado número 5 de Marbella, que también es un juzgado de tránsito para los jueces.
El instructor solicitó varias prórrogas para permanecer en aquella plaza y así finalizar la instrucción. Dado que los jueces tienen autonomía para decidir sobre sus traslados y ascensos, el máximo órgano judicial sólo puede sugerir la permanencia que, en cualquier caso, ha de partir del instructor y recibir el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial.
En la tramitación de las solicitudes de prórroga participan también el Tribunal Superior de Justicia, que ha de dictar un informe preceptivo pero no vinculante. En cualquier caso, las prórrogas no paralizan la carrera judicial de los jueces ya que su incorporación a la nueva plaza únicamente se demora.
No solo la Unión de Consumidores de España (UCE) ha hecho públicas sus quejas sobre la lentitud en la instrucción del caso y el problema de los continuos cambios de juez. El propio Fabra ha manifestado también su deseo de que la justicia sea rápida aunque, en su caso, no se conoce que haya presentado ninguna queja formal.
"El ciudadano se muestra desorientado, pierde la confianza en la justicia, cuyas decisiones se hacen borrosas y desdibujadas, y cae en la tentación de atribuir las decisiones de los continuos cambios a intereses espúreos", concluye la queja de la acusación particular que, además, pide que "se ofrezca una nota explicativa de los motivos legales que han creado la actual situación".
El escrito remitido por la UCE al órgano de gobierno de los jueces refleja el malestar sobre un caso que amenaza con eternizarse tras cuatro años en el juzgado de Nules. El pasado mes de diciembre la séptima juez que ha investigado los hechos relacionados con el caso Fabra logró su traslado a otro juzgado. Lo sorprendente es que el nuevo destino de la última juez que ha instruido el caso Fabra solo está a pocos metros de su antiguo despacho, en el mismo edificio. Así, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Nules se hizo cargo del Juzgado número 4 del mismo partido judicial, un departamento de nueva creación asignado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ésta fue la última juez titular y la que más tiempo permaneció al frente del juzgado número 1 de Nules, ya que llegó en septiembre de 2005. Sin embargo, fue la única que protagonizó un traslado a petición propia y no por un ascenso a plaza de magistrado.
Desde diciembre, la investigación del caso Fabra está cubierta, de forma provisional, por un juez sustituto, que es el octavo que se hace cargo de las diligencias. El próximo juez titular, que está pendiente de nombramiento, será el noveno que tendrá que hacerse cargo del caso que afecta a Carlos Fabra.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 28/02/2008
Foto: Castellón, vista - google.es
Andalucía, nuestra ´realidad urbanística´ más certera
ALFONSO VÁZQUEZ* : El Día de Andalucía es una ocasión perfecta para pedir que los excesos urbanísticos que ´cohesionan´ nuestro territorio se exilien por unas décadas. Andalucía no es una ´realidad nacional´ ni tampoco una ´unidad de destino en lo universal´. Este tipo de definiciones con tufillo carca, por mucho que jalonen estatutos, deberían quedar para las comedias de Berlanga. Dejemos que los patriotas de otras comunidades autónomas se crean el pueblo elegido, pero no copiemos sus excesos. Ahora mismo Andalucía es, entre otras muchas cosas, una ´realidad urbanística´.
Nuestra región ha sido tocada por la mano ´divina´ de la grúa y no hay alcalde andaluz que no sueñe con triplicar su municipalidad, plantando campos de golf y adosados (literalmente, ´se pasan tres pueblos´). La gestión merdellona del GIL ha sido muy censurada. La paradoja es que, ahora que sus gestores rinden cuentas ante la justicia, ayuntamientos andaluces de todo signo político sueñan con extender el cemento ´hasta el infinito y más allá´.
El POTA, el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, se ha convertido en una brida para frenar a tanto potro desbocado, elegido por los ciudadanos.
´¿Qué sienten los constructores andaluces de ahora?´, cantaría en nuestros días el grupo Aguaviva. Pues experimentan que los ayuntamientos andaluces se han metido a promotores porque si no, ¿de dónde sacan los dineros? Por eso, desde Almería hasta Huelva, los excesos urbanísticos son los que cohesionan nuestro territorio. Así que pidamos a la Junta que pueda frenar a tanto ´espabilao´ y sobre todo, que les frene a tiempo y no como en Marbella.
Pero la solución a nuestra ´realidad urbanística´ no llegará hasta que los Ayuntamientos tengan más recursos y menos competencias urbanísticas, que ya hemos visto lo que hacen con ellas.
Mientras continúe esta situación, Andalucía, ´por España, la grúa y la Humanidad´, seguirá en la senda que marcan la Comunidad Valenciana y Baleares, auténticas enciclopedias de sobreexplotación del territorio que harían llorar de emoción a Paco el Pocero. Feliz Día de Andalucía.
* La Opinión de Málaga - 28 de febrero de 2008
