EUROPAPRESS* : La plataforma creada contra la construcción de la biblioteca central de la Universidad de Sevilla en el frente oriental de los jardines del Prado de San Sebastián lamentó hoy que tanto la Hispalense, como el Ayuntamiento, hayan anunciado oficialmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sus recursos de casación contra el fallo que anula el planeamiento urbano correspondiente a este proyecto, dado que tal extremo prueba "la política de hechos consumados" puesta en práctica en el caso de la biblioteca.
El portavoz del Centro de Estudios Históricos de Andalucía y miembro de la plataforma, Rafael Sanmartín, advirtió en declaraciones a Europa Press de que al materializar su intención de elevar el caso al Tribunal Supremo, la Universidad y el Ayuntamiento de Sevilla ponen de relieve que "entienden que las leyes rigen sólo para los demás", recordando que el Alto Tribunal andaluz ha anulado a través de una sentencia los aspectos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) correspondientes a la construcción de la nueva biblioteca central en los jardines del Prado de San Sebastián.
"Es una política de hechos consumados", dijo San Martín, quien criticó que las administraciones públicas estén siendo instrumentalizadas "en favor del capricho de los poderosos", sobre todo cuando la prolongación del procedimiento judicial se hace "a costa del dinero público". "Pagan sus recursos con nuestro dinero", dijo este miembro de la plataforma cívica creada para defender los jardines del Prado de San Sebastián de este proyecto.
Así, reclamó nuevamente la "paralización" de las obras, extremo ya descartado por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y la propia Universidad, en función del contenido del fallo judicial, que será recurrido ante el TS.
* Europa Press - 1.07.09
Foto: Sevilla, nueva biblioteca - sevillaactualidad.com
Sevilla: La plataforma contraria a la biblioteca critica los "hechos consumados" y lamenta los recursos
Santa Eulària: Fiscalía insiste en que el ex alcalde prevaricó al dar permisos en ses Torres con un PDSU ilegal
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ÚLTIMAHORA/Ibiza* : La Fiscalía presentó ayer ante la Audiencia Provincial un recurso de apelación en el que solicita que se revoque la sentencia absolutoria del ex alcalde de Santa Eulària Vicent Guasch en el caso ses Torres. Según Fiscalía, todos los acusados «conocían» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en la que se declaraba como nulo el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) en base al cual se aprobó la urbanización de ses Torres en Jesús.
El Ministerio Público recuerda que tanto el ex alcalde como el ex teniente de alcalde Vicent Riera, el ex asesor jurídico José Mª Roig Vich y el aparejador municipal Vicent Marí continuaron aplicando esa normativa urbanística «sobre la base de un informe a la carta» elaborado por Roig Vich, concediendo licencias y aprobando proyectos «sobre la base de una norma nula de pleno derecho». Y todo ello, «a sabiendas» de que esa norma era nula. «Esto es prevaricar», recuerda Fiscalía.
Desde el ministerio público consideran que no hay más vueltas que darle al tema a pesar de que la jueza entienda que haya dudas respecto a la interpretación de la sentencia. «No hay dudas, la propia juzgadora considera probado que la sentencia considera nulo de pleno derecho el PDSU», aseguran.
Otro dato clave, según Fiscalía, es que el Ayuntamiento se vio obligado a aprobar poco después un nuevo planeamiento urbanístico para sustituir el PDSU, lo que indica que era inservible e ilegal. Por ello, concluye que todas las actuaciones realizadas por los acusados son «ilegales».
Para el ministerio público, los actos de los acusados también son «injustos» y «no están fundados jurídicamente». En este punto recuerdan que el Consell instó al Ayuntamiento a que no aplicara el PDSU, además de que la oposición recurrió varias licencias aprobadas según el PDSU y se obtuvieron suspensiones cautelares. También recuerda los numerosos requerimientos que hizo la oposición y el Consell al equipo de gobierno, pero la única respuesta fue el «silencio». «¿Es esto una argumentación jurídicamente razonable tal y como afirma la juzgadora en la sentencia? No, pero un no rotundo, no hay ninguna justificación para actuar como lo hicieron», asegura el fiscal, que cree que no es «lógico» ni admisible que si tantas dudas había sobre el PDSU se siguieran dando licencias. «Se ha tratado de eludir la legalidad vigente».
El fiscal considera que los acusados no pueden alegar desconocimiento, tal y como refleja la jueza en su sentencia, donde dice que Vicent Guasch no sabía de derecho ni de urbanismo. «Todos los acusados conocían la ilegalidad del PDSU y así se desprende de sus declaraciones», dice Fiscalía. Por todo ello, los actos los realizaron «a sabiendas de su injusticia». También recuerda que Roig Vich aconsejó a Guasch no anular las licencias concedidas para evitar indemnizaciones. «¿Dónde está el desconocimiento alegado por la juzgadora?», se pregunta Fiscalía, que cree que el ex asesor jurídico es «sujeto activo del delito», así como el aparejador. Para el Ministerio Público, los únicos que provocaron «confusión y caos» tras la sentencia fueron los acusados, que «trataron de acomodar la normativa urbanística» a lo que «les interesaba». «No se puede pretender, como hace la juzgadora, hacer ver que no entendían de urbanismo».
Esquerra Unida, que actuaba en este caso como acusación popular, presentó ayer un recurso porque la jueza le condenó a pagar las costas por considerar que actuaron de «mala fe» al acusar a la ex arquitecta municipal y al promotor. Desde EU creen que la jueza aplicó «indebidamente» la ley porque el Código Penal no habla de condenar a costas a la acusación popular, sino sólo a los criminalmente responsables de un delito o falta.También indican que la doctrina del Supremo no aconseja este tipo de condenas y creen que la acusación de «temeridad y mala fe» es «radicalmente injusta» y «dolorosa» porque sólo intentaban «defender los intereses colectivos». Además, creen que esta sentencia abre un «precedente muy peligroso» porque «lanza el mensaje» de que «más vale dejar hacer a los gestores públicos o especuladores urbanísticos».
La Fiscalía también cree que es «desmesurado» que la jueza condenara a Esquerra Unida. Desde Fiscalía recuerdan que no acusaron a estas dos personas porque los indicios de criminalidad no eran suficientes, pero recuerdan que no era «temerario» porque el propio juez instructor los consideró como posibles autores del delito.
* Última Hora Digital - Ibiza - 1.07.09
Foto: Santa Eularia (Ibiza) - eivissaweb.com
El ´caso Arona´ se salda de momento con 34 imputados
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LAOPINIÓN/Tenerife* : La instrucción judicial del conocido como Caso Arona se salda de momento con al menos 34 imputados, entre los que figuran responsables políticos, funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Arona, un consejero del Cabildo de Tenerife, técnicos externos al consistorio, miembros de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, empresarios, un cabo de la Guardia Civil, un agente y una sargento de la Policía Local de Arona.
Y todos ellos se reparten imputaciones de más de 70 presuntos delitos que abarcan desde la prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, hasta falsedad documental, omisión del deber de denunciar y cooperación necesaria en delitos como el cohecho.
En el auto firmado por el juez instructor de este caso que arrancó en marzo de 2007 y que ha permanecido el último año y medio bajo secreto de sumario, figuran como imputaciones novedosas que han sido acordadas durante la investigación policial y judicial realizada durante el último año y medio bajo secreto de sumario, las de Carlos Enrique Morales Plasencia, Vicente Dorta Antequera y Pedro González Santiago, todos ellos por presunto tráfico de influencias y prevaricación. Esos mismos delitos se imputan a Kemel Bagdad y María Bettina García Melo (responsables de una inmobiliaria de Los Cristianos), a Nizamara Domínguez Gómez (trabajadora del Patronato de Servicios Sociales) y a Milagros Suárez Martín.
También citados por esos delitos de prevaricación y tráfico de influencias aparecen la sargento de la Policía Local de Arona, Hortensia García, el agente local Sebastián Fuentes, el arquitecto municipal Francisco García Hernández y el encargado del servicio municipal de limpieza Ángel Artillo y Sandra Esther Correa Chinea.
Aurelio Alonso Fumero y Amalia González han sido acusados de tráfico de influencias y falsedad documental y el guardia civil José Manuel Rodríguez de tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos. También figuran como imputados Jorge Menéndez Díaz y Antonio Luis Pablo González Tolosa.
* La Opinión de Tenerife - BLANCA SALAZAR - 1.07.09
Foto: Arona (Tenerife), vista - D.Garuti, laopinion.es
Granada: El fiscal solicita once años de inhabilitación para Del Ojo
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LAOPINIÓN* : La Fiscalía de Granada acusa al ex diputado nacional del PP José Luis del Ojo de un delito continuado de prevaricación cometido durante su etapa como concejal de Urbanismo en los Ogíjares y solicita que sea condenado a 11 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El fiscal considera que Del Ojo intervino para favorecer a determinadas empresas constructoras adjudicándoles directamente obras durante su etapa como alcalde en funciones del municipio, en julio de 2005. José Luis del Ojo fue edil de Urbanismo desde 2003 hasta 2006.
En el escrito de acusación solicita además que se decrete la apertura de juicio oral, una vez que el juzgado de instrucción pasó el caso a procedimiento abreviado. Los cargos que le imputa el fiscal se centran exclusivamente en los "encargos verbales" a la empresa constructora García Mejías de la ejecución de obras en el Ayuntamiento, una plaza y varias calles del municipio, y a la empresa DH2G Reparación Estructurales S.L.U. los trabajos de reforma de otra vía de la ciudad, actuaciones que se llevaron a cabo entre el 8 de agosto el 19 de septiembre de 2005.
El fiscal detalla que dado que todos estas intervenciones tenían la condición de "contratos menores" ya que su cuantía era inferior a los 30.020,61 euros, tal y como establece ley, su tramitación sólo exigía la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de las facturas y el presupuesto.
En el escrito se afirma que Del ojo conocía perfectamente este procedimiento. Pese a ello adjudicó "directamente" los trabajos sin cumplir con "los trámites necesarios y sin que se emitiera informe alguno por parte de la Secretaría, del Servicio de Contratación y de la Intervención" del Ayuntamiento de los Ogíjares. El fiscal deja claro que el entonces edil de Urbanismo tenía la intención de "favorecer" a estas empresas y que por eso encargó las obras "sin cumplir los requisitos necesarios". El acusado "eludió" los requisitos de publicidad e imparcialidad en la contratación que garantizan la objetividad de la administración en la contratación pública, destaca el fiscal.
En el escrito se recuerda que José Luis del Ojo recurrió a los técnicos municipales para que emitieran "los informes necesarios para avalar el fraccionamiento" de los pagos a estas empresas. De esta forma se garantizaba, según el fiscal, esquivar los trámites de la contratación y pasar los pagos por cuantías inferiores a los 30.020,61 euros. Sobre la adjudicación a UCOP de la construcción de la Casa de la Cultura, el fiscal sostiene que Del Ojo diseñó un procedimiento "para evitar la presencia de cualquier otra empresa en la licitación". UCOP presentó una propuesta de 4,18 millones. El Ayuntamiento adjudicó el contrato a UCOP en 606.000 euros y cuatro meses más tarde aprobó otra adjudicación (nunca se habló de dos fases) por 3,58 millones, justamente la cantidad que restaba para alcanzar los 4,18 millones de la propuesta inicial.
* La Opinión de Granada - P.M. - 1.07.09
Foto: Ogíjares (Granada) - andalucia.org
