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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, que ha ingresado hoy en prisión, está imputado en más de media docena de causas penales por presuntas irregularidades en materia de Urbanismo y Contratación, aunque de momento la Fiscalía sólo le ha acusado en uno de esos procedimientos. El regidor, al que ya se le había prohibido cautelarmente ejercer sus competencias en esos dos ámbitos, ha ingresado a primera hora de esta tarde en el centro penitenciario de El Dueso, en Santoña (Cantabria), por su gestión en la tramitación de unas licencias de construcción en el alto de La Loma de Castro Urdiales.
El ingreso en prisión de Muguruza se ha producido por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, el magistrado Luis Acayro Sánchez, que investiga más de media docena de procesos en los que se imputa al alcalde y varios concejales.
En todas esas causas, a Muguruza se le acusa de supuestos delitos de prevaricación (administrativa y urbanística), ordenación del territorio, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros.
El Juzgado de Instrucción número 2 ha concluido ya la investigación en tres de esos procedimientos: la autorización de licencias a la promotora Urdicam y la adjudicación, presuntamente ilegal, de las obras del túnel de Mioño y de unas tareas de desratización (este último es el conocido como "caso Trapur", por el nombre de la empresa que realizó esos trabajos).
Pero, de momento, el Ministerio Fiscal tan sólo ha acusado a Muguruza por su actuación en las obras del túnel de Mioño, ya que solicitó que se archivaran las actuaciones en su contra por el "caso Trapur". Sin embargo, en ese procedimiento sí ha formulado acusación contra él el antiguo interventor del Ayuntamiento, Fernando Urruticoechea, personado como acción popular.
En el caso Urdicam, las distintas acusaciones aún no ha presentado su escritos de cargos.
Ya en marzo de 2008, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, la Guardia Civil registró las oficinas municipales y la Gerencia de Urbanismo de la ciudad y se incautó de varios expedientes urbanísticos.
Un mes más tarde el alcalde tuvo que acudir a declarar a los juzgados de Castro Urdiales por primera vez para explicar la decisión que la Junta de Gobierno Local adoptó al adjudicar a Izeta, la empresa del hermano de un concejal, unas obras de reforma en el túnel de Mioño.
La denuncia de esos hechos ante la Fiscalía la realizó un grupo de ex concejales del PSOE, entre ellos Rufino Díaz Helguera, que actualmente es socio de gobierno de Muguruza con Acuerdo por Castro (AxC) y que, además, gobernó el Ayuntamiento de Castro Urdiales durante doce años.
Posteriormente, Muguruza ha tenido que volver a comparecer ante el juez para explicar su actuación al adjudicar unos trabajos de desratización y unas obras para construir un ascensor en el mercado municipal.
Pero el alcalde también está acusado por presuntas irregularidades en un convenio urbanístico para construir un ascensor, por conceder licencias a la promotora Urdicam y por autorizar las urbanizaciones de San Pelayo en Santullán y la de La Loma en Sámano.
Todas esas causas han motivado que el alcalde de Castro Urdiales haya tenido que ir a declarar ante el juez en numerosas ocasiones en los dos últimos años y, a consecuencia de las investigaciones de este magistrado, se ha detenido a funcionarios y técnicos municipales.
Fernando Muguruza fue expulsado del PRC después de que, tras las elecciones municipales de 2007, y en contra de las directrices de ese partido, se postulara como alcalde en lugar de apoyar a quien entonces era candidata del PSOE, María Jesús Esteban.
Muruguruza consiguió entonces el cargo con el apoyo del PP y Acuerdo por Castro (AxC) y fue declarado formalmente tránsfuga por el Pacto Antitransfuguismo.
* El Diario Montañés - 19.02.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es
Castro: Muguruza está imputado en más de seis causas de Urbanismo y Contratación
El Constitucional deja sin cobertura legal los derribos en el Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso que presentó el 1 de febrero el Gobierno contra el decreto ley del Consell que avala el plan del Cabanyal. El Constitucional declara la "suspensión de la vigencia" del decreto y deja, al menos de momento, sin cobertura los derribos previstos en el plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia que rompe por la mitad el barrio declarado Bien de Interés Cultural.
El Constitucional abre un plazo de quince días para que Gobierno y Generalitat presenten alegaciones. El tribunal puede tardar cinco meses en decidir si mantiene la suspensión del decreto y por ende de los derribos y varios años en resolver el fondo del recurso de inconstitucionalidad.
La primera reacción de la alcaldesa, Rita Barberá, ante la suspensión del decreto fue anunciar que el plan del Cabanyal "sigue adelante" y que los derribos "van a continuar", al menos, fuera de la zona BIC. El gobierno municipal que primero se negó a acatar la orden del Gobierno poniendo en tela de juicio su competencia exclusiva sobre expolio desoye ahora al Tribunal Constitucional. La suspensión del decreto autonómico no sólo deja sin amparo el plan urbanístico de Rita Barberá sino que devolvería las cosas a la situación anterior, esto es, al momento de la paralización de los derribos ordenada por el Ministerio de Cultura. El ministerio, por mandato del Tribunal Supremo, realizó un informe que declara que el plan del Cabanyal supone expolio del barrio histórico.
La reacción del Consell para eludir la orden de paralización fue aprobar el 8 de febrero el decreto ley que blinda el plan urbanístico y que ahora ha sido suspendido.
En pocas semanas, el ayuntamiento ha pasado de considerar el decreto la tabla de salvación que devolvía la legalidad al Pepri a desmarcarse del mismo. El gobierno local se aferra ahora al argumento de que la suspensión del decreto-ley no tiene consecuencias sobre el plan urbanístico. El pepri, que contempla la demolición de 1.600 viviendas, "va a seguir adelante" porque el TC "sólo ha acordado dejar sin efecto, momentáneamente, el decreto del Consell", apuntó ayer el concejal de Relaciones con los Medios, Miquel Domínguez.
Cabanyal 2010 tramita 14 licencias
Los primeros derribos tras la orden de paralización de Cultura del pasado 29 de diciembre estaban previstos para este mes de febrero. Según ha podido saber este diario, la sociedad Cabanyal 2010 que ejecuta el plan del Cabanyal ha solicitado licencia de derribo de 14 viviendas, algunas aún en fase de expropiación, en las calles San Pedro, Escalante, Manuel Estellés Reina y Lavadero.
Miquel Domínguez difundió ayer parte de la interpretación que han hecho los servicios jurídicos municipales de la providencia del Constitucional según la cual "el alcance de la admisión a trámite, supone, literal y exclusivamente, la suspensión de la disposición recurrida, esto es, del citado decreto ley".
El Tribunal Constitucional recuerda que la suspensión es consecuencia de la decisión del Gobierno de invocar en el recurso al artículo 161.2 de la Constitución que implica la suspensión automática de la disposición recurrida.
Domínguez recordó que "hace unas semanas, un juez decretó la validez legal de las licencias de derribo de 6 inmuebles ubicados en el futuro bulevar San Pedro". Domínguez se refería a la decisión del juez de desestimar la petición de suspensión de los derribos en San Pedro que requería el PSPV como medida cautelar del recurso contencioso contra las licencias, recurso que sigue tramitándose.
La portavoz de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, manifestó ayer su satisfacción por la rápida respuesta del Constitucional y confió en que el ayuntamiento recapacite y decida emprender la rehabilitación del barrio. Los vecinos temen que la utilización política del plan del Cabanyal acabe degradando más si cabe el conjunto histórico y la convivencia en el barrio. Por eso, ayer la Asociación de Vecinos del Cabanyal reclamó la paralización de los derribos y "la regeneración y revitalización" del barrio. Mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, "que posiblemente tardará varios años", el barrio y los vecinos "no podemos sufrir las consecuencias de la lucha política del ayuntamiento contra el Gobierno".
Cotino critica a Zapatero y Alarte elogia a Sinde
El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, arremetió ayer contra Zapatero por no haberse reunido con la Generalitat antes de recurrir al Constitucional el decreto del Cabanyal. Por su parte, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, elogió ayer la "valentía" de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, en el Cabanyal. La portavoz del PSPV, Carmen Alborch, aseguró que la orden del ministerio "sigue vigente" y confió en que el PP "aparque la sinrazón, se atenga a las reglas del Estado de Derecho y paralice los derribos".
Para EUPV, la decisión del Constitucional deja "sin argumentos" y para Compromís "para los pies a las ansias destructoras del PP" en el barrio.
* Levante-EMV - 19.02.10
Foto: Valencia, el Cabanyal -S.Carregui, elpais.com
El TAN anula la adjudicación de las obras del nuevo centro 0-3 años de Burlada
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NOTICIASDENAVARRA* : El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha anulado, por no estar ajustados a derecho, los acuerdos del consejo de administración de la Sociedad Urbanística Municipal de Burlada SL, en los que se adjudicaba el contrato de obras del nuevo centro de 0 a 3 años de la localidad. El tribunal, de esta forma, ha estimado parcialmente el recurso de alzada interpuesto por la constructora ACR, en el que alegaba que en el proceso no se había puntuado debidamente su oferta en cuanto al plazo de ejecución de los trabajos.
El TAN anula el acuerdo de adjudicación, aunque considera que la mercantil debe dirigirse al propio Ayuntamiento de Burlada en el caso de que quiera reclamar daños y perjuicios, en particular por el lucro cesante, que también solicitaba.
El 27 de junio de 2008, el consejo de administración de la sociedad urbanística aprobó el pliego y convocatoria de contratación para la ejecución del proyecto de la escuela infantil. La resolución recoge que tras recibir las ofertas, entre ellas la de ACR, y valoradas las mismas por los servicios técnicos, el 25 de septiembre de ese año se aprobó la adjudicación de los trabajos, en este caso a Obenasa. Sin embargo, para ACR, no se puntuó de forma correcta su oferta en cuanto al plazo de ejecución de obras, ya que el condicionado disponía que se valorase con un máximo de 10 puntos a la empresa que ofreciera el plazo más corto y el resto de forma proporcional. A pesar de que la propuesta de la recurrente era la más baja, 6 meses y 3 semanas, recibió la misma puntuación que otras nueve que estipulaban plazos mayores.
Así, la sociedad municipal, en un informe posterior de los técnicos, fijó el plazo mínimo de ejecución en 9 meses, y optó por "admitir a todas las empresas pese a considerar que tres no se ajustaban al plazo mínimo, y otorgó los diez puntos máximos a nueve de ellas, pese a que sus ofertas no eran iguales".
Para el TAN, "no es correcta" la actuación de la sociedad municipal, cree que "no se sujetó" al pliego, su decisión "incurrió en arbitrariedad y generó indefensión por parte de la sociedad recurrente". "El resultado final es directamente influido por la aplicación de un baremo que no es previsto en el pliego", dice la resolución. La recurrente queda en segundo lugar, sobrepasada por sólo 0,4 puntos por la que obtiene la adjudicación pese a ofrecer un plazo superior", lo que deriva en la "evidente indefensión" de ACR, generada por la actuación municipal.
El TAN admite que esta resolución anulatoria "puede resultar problemática" ya que las obras de la escuela infantil ya están casi finalizadas, por lo que no cabe retroacción del expediente. Eso sí, la empresa puede reclamar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento para ser indemnizada si así lo estima.
* Noticias de Navarra - 19.02.10
Foto: Al fondo, la nueva escuela infantil de Burlada. - PATXI CASCANTE, noticiasdenavarra.com
Estepona: Cinco nuevos imputados en el caso Astapa a falta de declarar ante el juez
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MÁLAGAHOY* : Un año y ocho meses después de la puesta en marcha de la operación Astapa continúan produciéndose imputaciones. Las últimas se dieron a conocer ayer mismo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los nuevos imputados, que se suman a los 63 existentes hasta ahora, son cinco personas que aún no han prestado declaración ante el instructor del caso, Jesús Torres, si bien alguno de ellos ya lo ha hecho en la comisaría de la Policía Nacional a lo largo de esta semana.
Según ha trascendido, se trataría de personas relacionadas con otras ya imputadas en el caso si bien no se ha dado a conocer ni su identidad ni los presuntos delitos que se les imputan, información que no se podrá conocer hasta que pasen por sede judicial.
El caso Astapa se inició en junio de 2008 y ha supuesto la imputación de empresarios, trabajadores municipales, militantes de diferentes partidos y políticos, entre ellos 10 concejales de los cuales ocho se mantienen en el salón de plenos en el grupo de no adscritos tras haber sido expulsados de los partidos con los que concurrieron a las elecciones municipales de 2007.
De los ocho concejales imputados que se mantienen en la oposición, dos de ellos, José Ignacio Crespo y Manuel Reina (PES), estuvieron en prisión preventiva durante seis meses junto al ex alcalde, Antonio Barrientos, y el que fuera su jefe de gabinete, José Flores. El ex regidor y el ex concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, han sido las dos únicas personas con responsabilidad de gobierno que han abandonado su acta de concejal después de verse salpicados por la investigación.
En esta causa se investigan los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad en documento público, entre otros. El secreto de sumario del caso Astapa, hasta el momento, solo se ha levantado de los tomos I al XIII en dos partes, dejando a la luz que la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el actual alcalde, David Valadez y su compañera del PSOE Cristina Rodríguez ante la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía.
Una vez levantado el secreto, también trascendieron las conversaciones telefónicas en las que se negociaba la contratación de afiliados al PSOE en el Ayuntamiento, así como el uso de vehículos del depósito municipal por parte de cargos públicos, los intentos de adjudicación irregular de chiringuitos, los pagos exigidos a promotores para tramitar sus expedientes, el abono de cantidades a empresas relacionadas con concejales, el presunto desvío de dinero a través de familiares. El próximo 23 de febrero el instructor del caso tendrá que decidir si sigue manteniendo el secreto sobre las actuaciones o si bien lo levanta por tercera vez parte de las investigaciones realizadas para que las conozcan los encausados.
* Málaga Hoy - 19.02.10
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Chozas de Canales: Manifestación de vecinos en la cuenta atrás de la moción de censura
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LATRIBUNA/Toledo* : Las asociaciones vecinales de los PAU Z9 y Z11 convocan una protesta este sábado para exigir responsabilidades al alcalde por la falta de soluciones a las carencias de sus barrios. Mientras Chozas de Canales sigue con la incógnita de si habrá o no moción de censura en su Ayuntamiento, tras perder su alcalde una cuestión de confianza vinculada a sus presupuestos, este sábado a las seis de la tarde tendrá lugar otra manifestación de asociaciones vecinales contra el regidor.
La protesta ha sido convocada por las asociaciones de los PAU Z9 y Z11 para denunciar los incumplimientos del alcalde, Julián Agudo (PP), de sus promesas electorales para mejorar las condiciones de vida de los residentes.
En el caso concreto del Z9, el vicepresidente de la asociación, Magín Tornero, afirma que han tenido incluso que recurrir al Defensor del Pueblo de la región para solucionar problemas de alumbrado. "Las farolas siguen rotas, pero por lo menos pusieron bombillas", recuerda. Añade las deficiencias en el servicio de limpieza, la falta de limpieza de su parque, que afirma que está convertido en "un vertedero", o los malos olores del alcantarillado.
Sobre el hecho de que esta manifestación se celebre en mitad del mes de plazo que tiene la mayoría opositora del Ayuntamiento para cesar al alcalde, si insiste en no dar por válidos sus presupuestos, Tornero aclara que no debe confundirse con un apoyo a la moción de censura. Eso sí, matiza que si ésta se produce el alcalde "se lo ha buscado" por perder la mayoría al permitir la marcha de una concejala del PP a la oposición. Y también coincide con los concejales opositores en que no ha presentado las cuentas suficientemente desglosadas, por lo que "parece que oculta algo". Sin embargo, también reconoce que un posible retorno del PSOE a la Alcaldía no significará una mejora inmediata de la situación, porque "la gente que está ahora en el Ayuntamiento, en los dos partidos, son gente del pueblo de toda la vida con sus viejas rencillas. Hace falta gente nueva", comenta deseando que los vecinos de los barrios nuevos como el suyo, que llegaron con la expansión urbanística de los PAU Z, participen en la política municipal en el futuro.
Hay que recordar que el PAU Z9 se encuentra en un "limbo" urbanístico. Este barrio, construido como los demás PAU Z por el constructor Felipe Barbarroja, fue recepcionado por el Ayuntamiento en 2006, en el pasado mandato del PSOE. En ese momento, sus habitantes pasaron a pagar los impuestos municipales. Tornero se agarra a este hecho para exigir al actual alcalde que dé los servicios necesarios al barrio. Incluso, sobre la falta de avales que alega el alcalde para adecentar estos PAU, le matiza que en el Z9 sí lo hubo, aunque el anterior Gobierno local lo devolviera a Barbarroja con la recepción del barrio. El representante del Z-9 también espera que la anulación posterior de su PAU por el Tribunal Superior pueda solventarse, pese a la suspensión cautelar por un juez de una iniciativa que aprobó la mayoría opositora en noviembre para hacerlo. Eso sí, avisa de las consecuencias que tendría que la Justicia dejara clara la ilegalidad de la urbanización. "Tendríamos que denunciar primero al promotor, después a CCM como entidad que nos dio la hipoteca, al notario que nos hizo las escrituras de la vivienda y al registro de Illescas que nos las inscribió", advierte sobre las consecuencias que supone dejar en la ilegalidad ahora sus casas.
Sin negar que el anterior alcalde ha podido tener alguna responsabilidad en los problemas actuales de una población que creció muy rápido en poco tiempo, Tornero también pide tener acceso a la auditoría urbanística que el alcalde esgrime para afirmar que adecentar todos los nuevos PAU costaría unos 22 millones de euros.
Por su parte, el alcalde Agudo señala que no quiere comentar mucho sobre esta manifestación hasta después de su celebración. Eso sí, vuelve a justificar su labor en que "la obligación de un Ayuntamiento es defender su intereses de todo el pueblo". O sea, no asumir gastos que no le corresponden, al menos "mientras un juez no diga de quién es la culpa" en las deficiencias de los nuevos PAU.
* La Tribuna de Toledo - 19.02.10
Foto: latribunadetoledo.es
Finca do Conde: Una incógnita de 350 millones
LAVOZ/Vigo* : José Mariño y su equipo van a intentar la cuadratura del círculo en Finca do Conde. Cuando todos creían que más pronto que tarde se concedería una nueva licencia para (intentar) legalizar el centro comercial y las dos torres anexas el concejal de Urbanismo ha iniciado una nueva vía, supuestamente más segura. Cuando el lunes el pleno municipal valide el acuerdo adoptado ayer en la Gerencia quedará suspendida durante un año la concesión de licencias en este ámbito hasta que el Concello (y la Xunta) aprueben un nuevo planeamiento.
Lo sorprendente del caso es que el gobierno local se apoya en la falta de condiciones urbanísticas de Finca do Conde para justificar la suspensión. Asegura el informe técnico que este área está muy colmatada, que los viales sin insuficientes, que no existen zonas verdes y que la terraza superior del centro comercial no cumple la función de área pública para la que había sido diseñada.
No es fácil imaginarse como podrán solventarse estas carencias sin afectar a lo construido, lo cual es una máxima inviolable pues en caso contrario el Concello tendrá que abonar indemnizaciones de decenas o incluso de cientos de millones de euros.
«Parcela en blanco»
Con la finalidad de dejar las cosas claras o, probablemente, para cumplir con un guión inviolable, Mariño aseguró ayer que una vez suspendidas las licencias «Finca do Conde será una parcela en blanco». En otras palabras, que el Concello puede planificar urbanísticamente su futuro con completa libertad. Aunque teóricamente sería posible, el gobierno vigués ha insistido hasta la saciedad en que evitará el derribo de lo construido para evitar el pago de 350 millones de euros en indemnizaciones.
Con esta premisa es fácil deducir que se volverán a dibujar sobre el papel las mismas construcciones, con lo que aumentar los viales o las zonas verdes sería toda una proeza.
El concejal de Urbanismo no aclaró ayer el embrollo argumentando que «es preciso esperar a que los técnicos hagan su trabajo, ya que aventurar cualquier opinión sería una osadía». Como la suspensión tiene un máximo de un año, antes de las municipales de 2011 se sabrá como queda Finca do Conde.
* La Voz de Galicia - 19.02.10
Foto: Finca do Conde incluye las dos grades torres de viviendas y un centro comercial - cope.es
