LEVANTE-EMV/Valencia* : La mayoría de los ayuntamientos han incumplido la obligación legal de declarar el patrimonio municipal de suelo al registro autonómico creado por la Generalitat en 2004. Esta desidia municipal se ha extendido a la obligación legal de construir vivienda de protección oficial (VPO) en este mismo suelo público o, si el consistorio no tiene liquidez suficiente para construir, vender este suelo a los promotores para que sea la iniciativa privada la que construya las VPO.
Los últimos datos oficiales facilitados sobre el registro dan buena muestra del fracaso de esta medida: en marzo de 2006 sólo 57 municipios habían declarado al registro 447.606 metros cuadrados (m2) de suelo público disponible para construir viviendas de protección oficial. Otros 18 aún debían aportar más documentación. Y 195 consistorios directamente habían ignorado la obligación legal de declarar su patrimonio público de suelo ante el registro.
Ante este incumplimiento de la normativa legal [el registro ya aparecía en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y se perfeccionó en la Ley Urbanística Valencia (LUV)] la Conselleria de Vivienda va a reunir a los alcaldes afectados para «facilitarles las herramientas necesarias para sacar al mercado este suelo», según explicó ayer Maria Jesús Rodríguez, directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos. Rodríguez participó ayer en las jornadas organizadas por la Asociación Valenciana de Empresas de Producción Inmobiliaria y de Construcció (Aveic) que preside Adolfo Cámara.
La próxima semana se celebrará la primera reunión de la conselleria con los regidores de Alicante (la cita afecta a los municipios con más de 5.000 habitantes). Posteriormente se organizará una reunión similar en Valencia y en Castelló. Se trata de buscar el consenso y el acuerdo con los ayuntamientos porque «somos conscientes que algunos ayuntamientos carecen de medios y tienen voluntad pero no posibilidades de cumplir con esta obligación legal, por eso vamos a celebrar estas reuniones para impulsar la creación de suelo», explicaron ayer fuentes oficiales de la Conselleria de Vivienda.
El Consell persigue así agilizar la creación de suelo para la construcción de VPO e incentivar el interés de los promotores por este tipo de viviendas que no suele atraer excesivamente su atención. De hecho, la directora general de Vivienda también confirmó que el próximo mes de enero podría entrar en vigor la orden que aumentará el precio mínimo de VPO y que eliminará las zonas en las que se dividía la Comunitat Valenciana para fijar el valor del metro cuadrado.
Promotores «desentrenados»
Sobre este asunto, el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción(Fevec), Juan Eloy Durà, (a la que pertenece Aveic) pidió a la conselleria que incluya ciudades como Sagunt, Alzira, Ontinyent y Dénia en los ámbitos territoriales de precio máximo superior de VPO, para que les sea más rentable la construcción de este tipo de vivienda. «Es que estamos desentrenados en hacer VPO», admitió un promotor asistente durante el debate.
Con todo, la conselleria afronta el futuro con optimismo. Según la directora general de Vivienda actualmente existen reserva de suelo para construir 140.000 VPO en los próximos años: unas 33.924 previstas en planes aprobados desde 2004, otras 68.000 incluidas en los planes en tramitación y otras 40.000 en los conciertos previos presentados ante la conselleria.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto - 30 de noviembre de 2007
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
Los ayuntamientos ignoran la obligación legal de destinar el suelo público a construir VPO
El ex alcalde de El Puerto también legalizó casas en suelo no urbanizable
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DIARIODECÁDIZ* : No sólo era el edil de Urbanismo de El Puerto de Santa María de la pasada legislatura, Juan Carlos Rodríguez (Independientes Portuenses), el que legalizaba de modo presuntamente irregular viviendas edificadas al margen del planeamiento vigente. También lo hizo el ex alcalde, Hernán Díaz, en la Alcaldía hasta julio de 2006, cuando tuvo que dejar el cargo inhabilitado por prevaricación.
Este periódico ha podido saber que de los 101 decretos de legalización que la ahora responsable de Urbanismo, Patricia Ybarra (PP), comunicó hace poco que habían detectado, se encuentran varios cuyo autor en realidad es Díaz. El ex regidor llegó incluso a firmar en un misma jornada hasta tres decretos de legalización. Son alrededor de 80 los rubricados por Rodríguez, y algo menos de 20 los que de su puño y letra firmó el ex regidor.
El ex alcalde decretaba la legalización de los inmuebles construidos en suelo no urbanizable según el plan vigente, amparándose en un futuro planeamiento que aún dista mucho de ser aprobado. Este periódico ha tenido acceso a uno de los decretos que rubricó Hernán Díaz, en el que el ex alcalde comunica que se accede a la legalización a la vista de los informes técnicos a favor emitidos. Esos documentos son obra del actual jefe de servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de El Puerto, el arquitecto Fernando Jiménez Fornell.
La mayoría de estos decretos rubricados por el ex primer edil portuense corresponden a 2005, el año en el que se detectaron mayor parte de irregularidades.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 30 de Noviembre de 2007
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Paralizada en Ourense la obra ilegal del presidente de los constructores
ELPAÍS* : El presidente de los constructores orensanos, Eligio Nieto, ha sido condenado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a paralizar la construcción de un polígono de viviendas -que está en la fase inicial de los trabajos de urbanización- en una superficie de 46.495 metros cuadrados de la capital. Las obras se iniciaron al amparo del planeamiento urbanístico aprobado en su día por el PP.
El tribunal superior deja claro que la obra se está realizando en suelo no urbano y no consolidado, fuera de la malla urbana, ya que no cuenta con los servicios necesarios de abastecimiento, evacuación de aguas residuales y suministro de energía, por lo que, consecuentemente, anula el área de reparto aprobada por el Ayuntamiento del Partido Popular en la que está edificando el empresario Nieto. El proyecto de construcción de la obra declarada ilegal preveía una superficie construida de 400 viviendas.
La demanda contra el planeamiento en esta parcela fue interpuesta por los representantes de un concesionario de coches, cuyas instalaciones están en un solar anexo a estos terrenos.
La empresa demandante destacaba deficiencias del plan de ordenación y denunciaba la invasión de 1.057 metros cuadrados de su propiedad para la construcción de una rotonda. La sentencia señala que para la ejecución del planeamiento no constaba conformidad "de otras administraciones distintas del Ayuntamiento".
Además, alertaba de que era improcedente la calificación de suelo urbano no consolidado de la parcela del presidente de los constructores y que se vulneraban las normas de calidad urbana, "por no cumplir los viales de nueva apertura contemplados en los planos el ancho mínimo" y prever edificaciones un número de plantas "superior a la que corresponde al ancho de los viales". La sentencia pone de manifiesto que tanto el informe de la concesionaria municipal del servicio de agua, Aquagest, como el del técnico municipal revelan que la red de abastecimiento se encuentra en dos lugares próximos al perímetro del área de reparto, pero no en éste, y que el colector general está un poco más alejado. Destaca también que el informe del técnico municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística revela la inexistencia en el área de red de suministro eléctrico, aunque en el mismo se advierta que es posible su conexión a través de otras, "sin indicar la ubicación de éstas".
El alto tribunal gallego recoge en la sentencia que la acreditación presentada por la empresa de Nieto de que la obra se realiza en suelo urbano se basa en un acta notarial, "en la que el notario da fe de la autenticidad de unas fotografías". Pero advierte la sentencia que "no se aprecia con nitidez la realidad edificatoria de la zona" y que "tampoco reflejan la totalidad de las edificaciones existentes en toda la superficie del área".
El TSXG señala que, aunque el área de reparto sea colindante con la malla urbana, incumple la ley que restringe la edificabilidad a los terrenos que dispongan de urbanización básica "constituida ya no por unas vías perimetrales que no se cuestionan", sino también por unas "redes de servicios de las que puedan abastecerse los terrenos". No es suficiente, detalla el auto, con que los servicios urbanísticos se encuentren a pie de parcela "y tampoco la mera colindancia con el suelo urbano".
Ejemplarizante
La sentencia se suma a otras que se acumulan en las dependencias municipales anulando áreas de reparto del plan general, que aprobó en 2003 el gobierno municipal del PP. En cualquier caso, el actual grupo de gobierno encabezado por el PSdeG, que se ha opuesto a la redacción de un nuevo planeamiento y ha optado por ir modificando el actual, sostiene que reconducirá sin problemas el urbanismo orensano adaptándolo a la legalidad.
Consultada por este periódico, la concejala responsable de este departamento municipal, la socialista Áurea Soto, sostiene que el auto del alto tribunal gallego, lejos de generar un problema urbanístico, "es ejemplarizante, ya que antepone los intereses de sostenibilidad y del interés público" a los particulares. "Esta ciudad está gobernada tanto en lo complejo como en lo sencillo por primera vez en mucho tiempo", señala la edil.
En su opinión, la sentencia introduce seguridad jurídica en la ciudad "y evidencia un profundo conocimiento de la materia al negar la calificación de urbanos a suelos que están fuera de la malla urbana; es de agradecer el respeto por el desarrollo", destaca Soto. La concejala afirma que su grupo de gobierno reconducirá en lo posible situaciones como la generada con esta edificación, "respetando sentencias como ésta" pese a que, reconoce Soto, "el proceso está ya muy avanzado en el tiempo".
Entre las sentencias que se van emitiendo sobre denuncias del planeamiento urbanístico que dejó aprobado el PP figura una que anuló un área de 75.000 metros cuadrados, en el barrio de A Ponte. En este caso, el fallo judicial afectó a una urbanización de nuevas viviendas, dotaciones públicas, espacios verdes y un vial de acceso a la futura estación del AVE.
En aquella ocasión el TSXG había considerado que se incumplía la Ley del Suelo, al obligar a los dueños de una parcela de casi 5.000 metros cuadrados a cederla gratuitamente al promotor y a costear además las obras de un terreno destinado a equipamientos públicos, cuando la ley establece que es necesario expropiar y realizar un reparto equitativo de cargas y beneficios. Más recientemente, el tribunal anuló otra área del planeamiento, entre las calles Reza y Fleming, ya que se contemplaba la obtención de suelo para una plaza pública sin ir a expropiación. Este fallo tendrá un coste para las arcas municipales de entre 5 y 12 millones de euros.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 30/11/2007
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
Repensar el urbanismo
XERARDO ESTÉVEZ* : El desaforado desarrollo urbanístico y territorial acaecido en España a lo largo de la última década, con su corolario de incremento de la especulación del suelo y la vivienda y la aparición de prácticas administrativas "impropias", parece, por fortuna, estar alcanzando su final. Que el extraordinario escenario desarrollista, con sus lamentables consecuencias sociales, culturales y medioambientales, se haya venido manifestando, de manera análoga, a lo largo y ancho del territorio patrio desvela que sus fundamentos "genéticos" no están sólo en los planes municipales ni en las legislaciones autonómicas, sino también en unas concepciones epistemológicas más enraizadas en el imaginario colectivo: el entendimiento utilitarista por parte de los responsables públicos de la finalidad que debe dirigir la ordenación de la ciudad y su territorio...
...la individualista forma de entender socialmente el contenido del derecho de propiedad del suelo y, por fin, la cortoplacista capacidad del sector empresarial privado en sus estrategias de producción urbana en relación con la economía social de mercado que nos caracteriza.
Por otro lado, la virulencia del proceso desarrollista ha sido de tal calibre, que ha llegado a generar una exacerbada alarma social, desconocida por estos lares, que permite su consideración como una "vacuna" cuyos efectos febriles exigen un tratamiento de reposo y abren el camino a la búsqueda lúcida de los remedios que terminen con las causas originarias del patológico proceso vivido.
La ralentización en la que entra el sector inmobiliario español ofrece un escenario social y productivo de sosiego para la reflexión político-social absolutamente positivo y necesario para el análisis urbano. De hecho, las presiones inmediatas derivadas de presuntas y sedicentes utilidades socioeconómicas generadas al amparo de operaciones de gran dimensión tienden a menguar. Diríase posible la vuelta de la "proporción" y de la "escala" al proceso de desarrollo urbano. Por lo tanto, el momento es propicio para repensar, con lucidez, las bases sobre las que debe discurrir un urbanismo "de la sensatez".
En este sentido, parece llegado el punto en que se podrán desarrollar los siguientes principios que deben presidir los nuevos desarrollos territoriales y urbanos:
- Formulación de Esquemas Territoriales de desarrollo supralocal y establecimiento de límites al crecimiento municipal, adoptados por ámbitos espaciales que integran sistemas urbanos interrelacionados funcionalmente (áreas metropolitanas, ámbitos comarcales, espacios conurbados, etcétera).
- Asignación a las infraestructuras de un papel fundamental en la articulación del territorio, en la redacción del planeamiento y en la movilidad.
- Formulación de planeamientos municipales coherentes con los Esquemas Territoriales en los que se integran, en los cuales deberán preverse sistemas de reequilibrio intermunicipal que vengan a compensar las desigualdades derivadas de modelos de desarrollo diversos.
- Recuperación del concepto de subsidiariedad para establecer un nuevo ámbito administrativo-competencial en la toma de decisiones: la aprobación de las propuestas derivadas de las demandas de desarrollo endógeno municipal que vienen a satisfacer las necesidades de su población corresponderá a los Ayuntamientos, las derivadas de demandas supramunicipales en el ámbito subregional corresponderán a las comunidades autónomas, mientras que aquellas que superen el ámbito autonómico se remitirán al Estado, si bien, de manera concertada entre los tres niveles administrativos.
- Potenciación de la intervención en la ciudad consolidada a través de la rehabilitación-revitalización urbana, frente a modelos expansionistas de producción de suelo. Las nuevas expansiones deben realizarse "en mancha", con relativa densidad y bajo el criterio de "crecer para mejorar", llenando la ciudad construida de ciudadanos y actividades relacionadas con lo cotidiano.
- Disposición de medidas jurídico-instrumentales dirigidas intencionadamente a impedir la especulación (art. 47 CE), que en su mayoría se encuentran ya recogidas en la Ley de Suelo 8/2007. Ahora, solo falta su adaptación y adopción por las legislaciones autonómicas y su plasmación concreta en los planeamientos municipales.
La duración temporal del "escenario de sosiego" en el que entramos se diría suficiente para acometer con solvencia y sin prisas la reorientación planteada, y que los nuevos ciclos expansionistas, que sin duda volverán, se encuentren con un modelo de urbanismo urbano repensado desde la sensatez, capaz de evitar, en la medida de lo posible, las costosas consecuencias vividas a finales de los años 90 y primera mitad de los 2000.
* XERARDO ESTÉVEZ, arquitecto
* ELPAIS.com - Opinión - 30/11/2007
Sevilla: Dos 'okupas' permanecen, diez horas después, encerrados en Casas Viejas
20MINUTOS* : Los okupas de Casas Viejas siguen resistiéndose al desalojo de este espacio. Los bomberos, avisados esta mañana por la Policía Nacional, trabajan desde las 11.15 h para poder sacar a tres personas que se han anclado a un muro de hormigón de un túnel, que ha sido excavado por ellos mismos a cuatro metros de profundidad. Los dos que quedan en la galería desde que comenzó el desalojo (hace más de diez horas) están encadenados a unos tubos de hormigón y con candados, cuyas llaves han tirado para dificultad la actuación de la Policía, que les ha retirado el agua y los víveres que tenían, según denuncian los representantes del centro social.
Los bomberos han accedido al zulo en el que se encuentran sobre las 15.30 h y han conseguido liberar a uno de ellos. El colectivo okupa mantiene que este Cuerpo no tiene medios para sacarlos y que los compañeros que aún quedan en el túnel no depondrán su actitud hasta que la Policía se marche.
El movimiento ha solicitado al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que tramite con la Policía la intervención de un médico en el inmueble para conocer el estado de salud de los dos encerrados.
Por parte de la Policía, se afirma que la situación conlleva cierto riesgo para todos los que se encuentran en el interior de Casas Viejas (agentes y okupas). En este sentido, Ana Cambón, portavoz del Cuerpo, afirma que "llevan unas cuantas horas en una especie de zulo. Es difícil acceder y sacarlos sin que haya riesgos para ellos y los agentes". Incluso, asegura que "puede haber un derrumbamiento".
Protestas
Casi medio centenar de personas se concentraron junto al edificio esta mañana para mostrar su rechazo al desalojo. El número de protestantes fue creciendo hasta alcanzar la centena, cuando se trasladaron a la Ronda Histórica para cortar el tráfico en tres ocasiones, entre las 11 h y las 12 h. La manifestación siguió por la calle Feria.
En este trayecto se han vivido varios momentos de tensión entre los manifestantes y la Policía. Incluso, los agentes cargaron contra algunas personas (en la calle Resolana y en la zona del mercado de la calle Feria) e identificaron a varios, entre ellos, Carlos Serrano, del colectivo Oficina de Derechos Sociales de Sevilla. El colectivo okupa apunta que cinco personas han resultado heridas leves.
A pesar de todo, la manifestación continuó poco después en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento de la ciudad, y por calles como Tetuán y La Campana. Ahora se ha trasladado a la Alameda.
60 efectivos
Unos 60 agentes llegaron a la calle Antonia Sáenz sobre las 8 de la mañana y la cortaron al tráfico. Nadie podía acceder a la ella, ni siquiera a los abogados de Casas Viejas, a los que les han negado el acceso en dos veces, o a los medios de comunicación que desde primera hora de la mañana se trasladaron a la zona.
Los letrados Enrique Irazusta, María del Mar Valiente y Luis de los Santos, que afirma que aún no existen cargos contra los jóvenes que han protagonizado la "resistencia pacífica", presentarán una queja formal, ya que solicitaron al juez decano autorización para acceder al recinto y aún así no lo consiguieron.
En el Centro Social Ocupado, que funciona desde hace unos cinco años, se encontraban, según la Policía, unas 14 personas, entre movimiento okupa e indigentes. Cuatro han ofrecido resistencia encadenándose a distintas columnas. Uno de ellos fue trasladado a dependencias policiales para ser identificado.
Sin embargo, el movimiento okupa aseguró que en Casas Viejas sólo había seis personas (los cuatro anteriores y los dos encadenados en el túnel subterránea) y que el resto se encontraba en naves colindantes que también han sido desalojadas.
Fuera la ventilación
Los okupas dicen que lo primero que hizo la Policía fue cortar la luz, con lo que también cortaron la ventilación del túnel al que se encadenaron esas dos personas.
A las nueve de la mañana de ayer, los ocupantes del número 23 de la calle Antonia Sáenz (conocidas como Casas Viejas) recibían de manos de la abogada del propietario la orden de desalojo emitida por la Gerencia de Urbanismo.
Pero los okupas se negaron a abandonar el lugar. «Hemos sellado las puertas y montado un sistema de guardia permanente por la noche», dice José, uno de los jóvenes. «Si vienen a echarnos haremos resistencia pasiva y pacífica», añade una pareja que vive en una de las casas.
Algunos vecinos que los apoyan consideran injusta esta decisión: «Ojalá que no se haga efectivo, no hacen daño a nadie», dice María, que vive enfrente.
Viviendas
El solar de Casas Viejas se convertirá en viviendas y en equipamiento público, según el concejal de Urbanismo, Emilio Carrillo. Es decir, se llevará a cabo lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital.
Mientras que se produce el derribo, la propiedad (la Comunidad Hermanos Bordas Marrodán), afirma que pondrá seguridad privada para evitar que se produzcan nuevas intrusiones en la zona.
* 20 Minutos - Viernes, 30/11/07 - J. LUQUE / C. ORTEGA
Foto: Sevilla, okupas desalojados - EFE
NOTICIA RELACIONADA : Los 'okupas' de Casas Viejas convocan una manifestación contra el desalojo - 20minutos - 25.09.2007
'Totem': la trama urbanística del Ayuntamiento de Totana
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EXPANSIÓN/Murcia* : Como en un guión de cine: el alcalde, José Martínez Andreo; la secretaria municipal; el jefe de la policía local; el ex regidor del Consistorio y ahora parlamentario autonómico del PP, Juan Morales; su ex mujer, propietaria de una agencia inmobiliaria en la localidad, y la actual compañera sentimental de Morales, que reside en Murcia capital. Todos imputados por su presunta relación con una nueva trama de corrupción urbanística.
Los seis detenidos que han pasado hoy a primera hora a disposición judicial fueron detenidos el lunes en el marco de la operación bautizada como "Tótem" contra una supuesta trama de corrupción urbanística en la localidad murciana de Totana. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 1, María Asunción Navarro, comenzó esta mañana a tomar declaración a cada uno de los detenidos en Totana, Murcia, Madrid y Galicia, después de que se hayan cumplido las 72 horas de detención preventiva que determina la ley.
La operación policial se efectuó el lunes de forma simultánea en las tres provincias, y tiene su origen en una supuesta corrupción urbanística para recalificar unos terrenos rústicos de 2,2 millones de metros en las afueras de la localidad, donde el grupo gallego Nuaria promovía la construcción de cerca de 5.000 viviendas que habrían duplicado la población del municipio, ahora con 25.000 habitantes censados, además de un campo de golf y dos hoteles con 'spa'. Los seis primeros detenidos en la operación están acusados de pago de comisiones ilegales y millonarias durante la pasada legislatura.
El director y propietario del Grupo Nuaria, el abogado y empresario vigués Manuel N.A., fue detenido en Nigrán (Pontevedra) el lunes, al igual que Pablo José M.G., director de Suelo de Inmonuar, agencia integrada en el Grupo citado, y a través de la cual se habrían realizado los sobornos.
Las empresas del Grupo Nuaria
El Grupo Nuaria integra a empresas como Autesa e Inomonuar, dedicadas a la promoción inmobiliaria; Conycase, que gestiona los aparcamientos vigueses de las calles Coruña, Venezuela y de la plaza de Fernando el Católico; Hogartel, dedicada al sector del marketing directo, y Preconiza, centrada en la promoción, venta e instalación de elementos de la construcción.
La investigación corre a cargo del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos agentes, además de las detenciones, practicaron once registros, la mayoría en empresas relacionadas con los detenidos y ubicadas en Madrid, Vigo, Murcia, Pontevedra, Las Rozas (Madrid) y Totana. Una sola persona fue arrestada entonces en Totana, el dueño de una empresa de productos avícolas muy conocido en la región, que podría haber actuado de intermediario.
Registro de las dependencias
Efectivos de la Guardia Civil están registrando las dependencias de la sociedad municipal del Suelo Industrial y Vivienda de Totana (Proinvitosa), ubicada en el polígono industrial de El Saladar, en las afueras de la población.
Este registro se suma a los que la Guardia Civil está llevando a cabo también en el Ayuntamiento y en la concejalía de Urbanismo, cuya sede se encuentra en las proximidades de la Casa Consistorial, de donde han sido desalojados los empleados municipales y cerrado al público.
En la plaza en la que se encuentra el Consistorio y Urbanismo están estacionados cuatro coches de la Guardia Civil y numerosas personas observan, a través de las cristaleras del edificio, cómo los agentes efectúan el registro.
El alcalde, que fue detenido a primeras de esta mañana en su domicilio y trasladado a la sede consistorial, continúa dentro de las dependencias municipales, al igual que la secretaria del Ayuntamiento.
Declaraciones del promotor del proyecto
El empresario Trinitario Casanova, promotor del proyecto de urbanización de La Zerrichera, prestará declaración en los próximos días como imputado en las diligencias abiertas en el juzgado de instrucción número 3 de Murcia por un presunto delito de cohecho, informaron fuentes judiciales.
Esta investigación judicial fue abierta hace unos meses a raíz de que el portavoz del PSOE en Águilas, Ramón Román, denunciara que su antiguo compañero de partido y edil del ayuntamiento Pedro Gil le había ofrecido dinero en nombre de Casanova para que apoyara el proyecto de urbanización de La Zerrichera.
Tanto Román como Gil declararon recientemente en estas diligencias, en las que el primero mantuvo el contenido de su denuncia, mientras que Gil, que continúa como concejal en el ayuntamiento aguileño aunque ahora como dirigente del Movimiento Aguileño para la Socialdemocracia, negó esta acusación.
Fuentes judiciales indicaron hoy que la declaración como imputado de Casanova no supone, en principio, ninguna acusación, sino que lo que se pretende es que sus declaraciones las haga en presencia de su abogado, para dotarlas de las máximas garantías.
En el marco de las diligencias que se tramitan en el mismo juzgado por el proyecto de urbanización de La Zerrichera, a mediados de diciembre declararán varios testigos, la mayoría funcionarios de la Comunidad Autónoma, que en algún momento tuvieron alguna participación en la tramitación de este proyecto de urbanización, que incluía la construcción de más de 4.000 viviendas en esta zona de protección medioambiental.
* Expansión - 29/11/2007
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com
