ÚLTIMAHORA/Mallorca* : El suelo sobre el que se comenzaron a construir 16 bloques de viviendas en Monport es suelo rústico protegido y no urbano como pretendía la empresa constructora. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dado la razón al Consell Ide Mallorca y al Ajuntament d'Andratx y avala con su sentencia las normas urbanísticas para el municipio que la institución insular aprobó en 2007.
Esta decisión judicial cierra una de las vías por las que la promotora Prosmi SL pretende retomar la construcción de la urbanización, suspendida desde hace dos años. Aún queda pendiente una decisión sobre la licencia, si bien esta sentencia sienta una base ya que fija que el suelo es una zona ARIP y que lo ha sido desde 1991.
El recurso de la empresa se basaba en que la parcela tenía todos los servicios en funcionamiento antes de que entrara en vigor la Ley de Espacios Naturales y, por tanto, era suelo urbano. Se trata de un resquicio legal empleado a menudo en Andratx cuyo principal ideólogo era Jaume Massot. La sentencia tumba esta pretensión porque la constructora no aportó ninguna prueba de que así fuera, pero advierte de que «incluso aunque se hubiese probado que sí disponía de los servicios, no por ello procedía que las normas les reconociesen como suelo urbano, ya que la clasificación como suelo protegido había sido impuesta por una ley».
La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Fernando Socías, da una reprimenda a la empresa ya que, en su recurso ni indica dónde se encuentran los terrenos con exactitud, «se presupone que la sala ha de saber a qué terrenos se refiere el pleito». También los representantes legales de la empresa reciben un varapalo por la falta de pruebas sobre la dotación de servicios: «Ya sólo por esta razón procedería la desestimación del recurso sin más argumentación». La empresa también se aferraba a que el Ajuntament d'Andratx le había dado licencia. En este caso, se afirma que la decisión administrativa no puede condicionar una normativa urbanística.
El futuro de los edificios de Monport depende ahora de la decisión judicial sobre la licencia urbanística. Desde el Ajuntament se teme una situación similar a la de Cala Llamp, es decir, que se tenga que acometer un derribo que el Consistorio tendría que pagar. En todo caso, la decisión del TSJB avala las tesis del Consell de Mallorca y del equipo de gobierno del Ajuntament.
La urbanización de Monport y la licencia que le concedió en su momento el Ajuntament bajo el mandato de Eugenio Hidalgo, es una de las piezas separadas del sumario del 'caso Andratx'. En ella se investiga el papel del ex alcalde en la concesión de esta licencia. El TSJB en este caso no entra a valorar la legalidad o no de la licencia, ya que el recurso sólo se circunscribía a la modificación de las Normas Subsidiarias.
* Última Hora Digital - 21.07.09
Foto: La urbanización de Monport lleva paralizada por orden judicial desde el verano de 2007. - ultimahora.es
Andratx: El TSJB sentencia que Monport es una zona protegida y tumba el recurso de la promotora
Detenidas 16 personas, entre ellas una edil, por bloquear la marina de Cangas
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ELPAÍS/Pontevedra* : La Guardia Civil cargó ayer contra un grupo de manifestantes del Foro Social de Cangas que se oponen a la construcción del puerto deportivo promovido por Residencial Marina Atlántica en el ámbito de la antigua conservera Massó Hermanos. Tres personas resultaron heridas y 16 detenidas, entre ellas una concejal del Gobierno municipal, Maruchi Álvarez, responsable de Personal.
Los detenidos permanecieron en el cuartel de Cangas hasta última hora de la tarde, en que fueron liberados 10. Los otros seis fueron trasladados al cuartel de Pontevedra, donde previsiblemente serán puestos hoy a disposición judicial acusados de agredir a la fuerza pública.
Desde el Foro Social de Cangas y organizaciones ecologistas se ha tachado de "brutal" la carga de la Guardia Civil sobre el grupo de vecinos, sentados en el suelo para cerrar el paso de maquinaria a la zona de obras. Ocurrió en torno a mediodía. Previamente, sobre las nueve de la mañana, fue detenido un portavoz del Foro Social por negarse a retirar su coche estacionado en el camino que necesitaba la maquinaria para circular.
Durante toda la tarde, en un ambiente de fuerte tensión, permanecieron concentrados varias decenas de vecinos ante el cuartel de la Guardia Civil para pedir la liberación de los detenidos. El número de concentrados fue aumentando paulatinamente, hasta formar una manifestación de unas 150 personas que marchó hasta el Ayuntamiento, donde pidieron la dimisión de la alcaldesa nacionalista, Clara Millán, por no paralizar las obras. También se pidió la dimisión del subdelegado del Gobierno en Pontevedra por la actuación de la Guardia Civil.
El Gobierno local está dividido. Aunque los tres grupos que lo forman (BNG, PSdeG y ACE, Alternativa Canguesa de Esquerdas) sellaron en su pacto bloquear el proyecto urbanístico deparado para el ámbito de Massó en el anterior mandato, sólo ACE, a la que pertenecen el concejal de Urbanismo y la edil detenida ayer, ha mostrado beligerancia con el mismo. Consideran que las obras de la marina son "ilegales".La alta tensión volvió ayer a Cangas por el proyecto de Residencial Marina Atlántica, que promueve un puerto deportivo y una urbanización en el ámbito de la antigua conservera Massó Hermanos. Una carga de la Guardia Civil se saldó con dos heridos y 16 arrestados, entre éstos una concejal, por obstruir las obras. Los heridos fueron un activista del colectivo Loita Verde, convaleciente de una fractura de pierna y que tuvo que ser hospitalizado en Povisa, una chica que caminaba con muletas, y Antonio Sangabriel, del propio Foro Social.
Los incidentes comenzaron sobre las 9.00 horas. Tiago Pérez, portavoz del Foro Social, que promueve la oposición a las obras de la marina, se negó a retirar su coche del lugar donde lo tenía aparcado para impedir el paso de maquinaria pesada a la zona de obras. Adujo que no había señal que lo prohibiera. La Guardia Civil retiró el vehículo y se llevó detenido a su propietario. Poco después, una veintena de personas se había concentrado en el mismo lugar para obstruir la circulación de la maquinaria.
En torno a mediodía se produjo la carga de la Guardia Civil, que el colectivo Galicia Non se Vende tacha de "brutal", con los manifestantes sentados, y la detención de los 15 vecinos restantes, entre ellos la concejal Maruchi Álvarez, responsable de Personal en el Gobierno municipal, varios marineros de la cofradía de pescadores, que también se opone a las obras, y otros seguidores del Foro Social. Tras las detenciones, las obras continuaron "con normalidad", según fuentes de la constructora.
A última hora de la tarde fueron puestos en libertad 10 de los detenidos, acusados de resistencia a la autoridad. Otros seis, imputados por agresiones a la fuerza pública, salieron en un furgón del cuartel de Cangas para previsiblemente continuar arrestados en el de Pontevedra. A primera hora ya se había concentrado ante el cuartel medio centenar de personas para pedir la libertad de los detenidos. A las 21 horas, liberados los 10 citados y triplicado el número de manifestantes, éstos realizaron una marcha hasta el ayuntamiento para pedir la dimisión de la alcaldesa, Clara Millán.
El Foro Social y varias organizaciones ecologistas han denunciado la contundencias con que actuó la Guardia Civil, con material antidisturbios, y acusaron al subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, de ordenar esa intervención para "favorecer a Caixanova", socio mayoritario en el capital de la promotora Residencial Marina Atlántica.
También criticaron a los grupos municipales de BNG y PSdeG en Cangas por "hacer caso omiso" de las peticiones de paralizar las obras. El tercer socio del Gobierno local, ACE, al que pertenecen la concejal detenida ayer y el responsable de Urbanismo, Mariano Abalo, las consideran "ilegales" por carecer de autorización municipal y de todo respaldo en el planeamiento.
Las obras del puerto deportivo constituyen la punta de lanza de un proyecto urbanístico en tierra, en el solar de la antigua conservera, que hoy carece de toda definición.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 21/07/2009
Foto: Los antidisturbios desalojan a uno de los opositores del puerto deportivo que se construye en el municipio de Cangas- LALO R. VILLAR, elpais.com
Enterrados en cemento
LAPROVINCIA/LasPalmas* : "Se beneficia a los nuevos ricos en perjuicio de los vecinos de toda la vida", denuncia el presidente de la Unión Vecinal. Donde hace décadas corría el agua hoy se levanta un colorido barrio encajado entre las laderas de un barranco. A su peculiar situación orográfica hay que sumarle la construcción de numerosos chalés en la parte alta a partir de la década de los 80 que multiplicó la población de este humilde barrio.
La vida de los vecinos del Barranquillo Don Zoilo, que empezó a construirse hace 70 años, cambió radicalmente con la llegada de los nuevos propietarios. No sólo se vio alterada la imagen del barrio, sino que anuló la posibilidad de realizar nuevos accesos por la parte alta como reclamaban los lugareños. "Nos enterraron en cemento. Nos hemos quedado sin ladera donde se podían haber hecho parques o jardines para el disfrute de todos. Se beneficia a los nuevos ricos en perjuicio de los vecinos de toda la vida", asegura Matías Dávila, presidente de la Unión Vecinal Don Zoilo.
Dávila pone como ejemplo la salida de la calle Maestro Rodó que está cerrada por una valla de la Urbanización Jardines de Chil porque "dicen que esa calle es particular, pero es del barrio". El presidente de la asociación, que lleva 10 años luchando por la apertura de la vía, asegura que existe una sentencia firme que obliga al Ayuntamiento a abrir ese tramo, pero que éste argumenta que no tiene dinero para pagar la expropiación. "Lo que hace falta es voluntad política", añade.
Mientras tanto los vecinos, muchos de ellos ancianos, tienen que subir 185 escalones para llegar a esta zona del barrio cuando la carretera "les dejaría a las puertas de sus casas". Precisamente son las personas mayores las que más sufren las consecuencias de vivir en cuesta.
"Todas las comodidades son para las urbanizaciones y las incomodidades para el resto", dice Dávila, que lamenta que el aumento de la población no haya venido acompañado de mejoras para el Barranquillo Don Zoilo, que tomó el nombre del antiguo propietario de estos terrenos.
Los habitantes piden que el edificio donde se ubica actualmente la asociación de vecinos, que será trasladada al nuevo centro cívico, se utilice para una guardería municipal, ya que el barrio, en el que viven unas 3.300 personas, no dispone de ninguna. "Podemos estar tranquilos porque el único pulmón que nos quedaba en el barrio no se ha utilizado para especular, sino para construir lo que realmente necesitábamos", explica Dávila, quien denuncia que muchos de los terrenos donde hoy se levantan los chalés estaban recogidos en el plan general de ordenación como espacios libres o zonas verdes.
En la época de la posguerra emigrantes venidos del norte de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote comenzaron a edificar en los laterales del barranco donde también vivían familias enteras en cuevas y en endebles casas de chapa. "No había nada que comer y había que buscarlo en tomateras y plataneras. Pasamos mucha miseria", dice Santana, que nació en una de las casas del barrio.
"Cortaban los bidones de petróleo y los golpeaban hasta hacer planchas que servían como paredes y con cartón piedra hacían los techos y las divisiones de los cuartos", recuerda Dávila. Con el paso del tiempo muchos de estos habitantes fueron saliendo del barranquillo según iban entregando viviendas de protección oficial.
Cuando corría el barranco las frágiles viviendas se llevaban la peor parte, junto a "cochinos, cabras y gallinas que se ahogaban por el barranco", dice Miguel Reyes, otro vecino. "Era un barrio pobre donde la gente se dedicaba a recoger basura para venderla como abono", añade. Los más ancianos todavía recuerdan cómo en una ocasión el agua se llevó por delante el circo Toti instalado en la orilla. "El agua corría de verdad", señala Reyes.
Cuando no corría el agua, lo que pasaba la mayor parte del tiempo, el cauce del barranco se utilizaba como una parte más del barrio. De una ladera a otra el cura proyectaba películas con la condición de que durante el descanso tenían que ir todos al catecismo.
La labor de la iglesia es recordada aún en el barrio. Gracias al sacerdote Eduardo Villar Reina, nombre de la calle principal del Barranquillo, se impidió que se enterrara todo el barrio como pretendía el alcalde José Ramírez Bethencourt. "El alcalde quería unir Escaleritas con Schamann, pero el cura consiguió que se construyera una carretera y se instalara una red de alcantarillado", explica Reyes. "Desde los años 70 hasta ahora el barrio ha dado un vuelco importantísimo".
* La Provincia - ELISA ARDOY - 20.07.09
Foto: El Barranquillo Don Zoilo - YAIZA SOCORRO - laprovincia.es
El revés más grande
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LNE* : Gijón es la ciudad de mayor tamaño que se enfrenta a la anulación de su plan urbano, como ya les pasó a Zamora, Orense, Castellón o Ávila. La anulación del PGOU de Gijón por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias se suma a la lista de planes urbanísticos derribados por sentencias judiciales en otras ciudades españolas. Una lista que, en realidad, no es demasiado larga, lo que da una mayor trascendencia al caso gijonés. Si bien es cierto que los tribunales han derogado muchos planes parciales y actuaciones urbanísticas concretas, también lo es que rara vez vuelcan un ordenamiento urbano en su totalidad.
Los precedentes más similares al caso gijonés son los de los ayuntamientos de Zamora, Orense, Castellón y Ávila, además de algunos de pequeños municipios que, en ningún caso, sobrepasan los 25.000 habitantes. Por este motivo, Gijón tiene el dudoso honor de haberse convertido en la ciudad de mayor tamaño que sufre una decisión judicial de estas características en toda España.
l Zamora.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el PGOU de 2001 del Ayuntamiento de Zamora al entender que en su momento no se abrió un segundo período de alegaciones. En su día, el Consistorio de la capital zamorana decidió recurrir la sentencia al Tribunal Supremo, pero inició poco después la revisión del plan para corregir los defectos de forma que ocurrieron durante su tramitación. El alto tribunal decidió en el mes de mayo de este año ratificar la sentencia de la instancia inferior. Una situación que ha abierto importantes dudas sobre el futuro urbanístico de la ciudad, gobernada por la popular Rosa Valdeón. Una de las posibilidades que maneja actualmente la concejalía de Urbanismo es aplicar el anterior plan, del año 1986. Aun así, esta posibilidad ha sido consultada al Gobierno autonómico, que busca también alternativas para solventar la falta de una normativa urbanística en la ciudad. En cualquier caso, la medida que finalmente se adopte será provisional y estará supeditada a la aprobación definitiva de la revisión que se tramita a día de hoy.
l Castellón de la Plana.
Una situación similar se había vivido unos meses antes en Castellón. El Tribunal Supremo anuló una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestimaba el recurso de tres vecinas de la capital de La Plana contra la aprobación definitiva de la revisión del PGOU. El planeamiento urbanístico de la ciudad había sido aprobado por la Generalitat valenciana en marzo de 2000, pero el Supremo entendió que el Consistorio levantino obvió un nuevo trámite de información pública que recogiese las modificaciones al documento inicial. Además, el tribunal ordenó la retroacción del procedimiento al momento posterior a la aprobación provisional para que se cumpla la ley y se exponga el plan al público. Las demandantes contra el PGOU castellonense alegaban que la ya derogada ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) incumplía la Constitución. El Supremo consideró que «la regulación establecida en la LRAU no garantiza la participación pública en el proceso de planeamiento, que es lo exigido de manera inequívoca». En su momento, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón -gobernado por el popular Alberto Fabra-, Juan María Calles, calificó la sentencia como «un revés jurídico sin precedentes en el urbanismo español».
l Orense.
Nada menos que ocho sentencias del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) han declarado ilegal el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense, redactado por el anterior equipo de gobierno y aprobado definitivamente por Alberto Núñez Feijoó, actual presidente de la Xunta, cuando era consejero de Manuel Fraga. El Consistorio, ahora regido por una colación entre el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, presentó ante el Tribunal Supremo un recurso para revocar las sentencias y está a la espera de un fallo al respecto. De esta forma, el equipo de gobierno del alcalde Francisco Rodríguez confía en ganar tiempo para redactar un nuevo PXOM. De momento, las perspectivas para el equipo municipal no son nada halagüeñas, ya que el TSXG anuló el plan basándose en que los planos expuestos al público no eran los que se habían aprobado inicialmente en el Ayuntamiento, ya que variaban la edificabilidad. El Supremo ya ha anunciado que ese cambio en los planos «no puede considerarse bajo ningún caso un error». Si finalmente se confirma la anulación del plan, Orense deberá regir su urbanismo según los planteamientos aprobados en 1986, lo que impedirá el crecimiento previsto para la ciudad gallega.
l Ávila.
Un precedente más lejano es de Ávila. En el año 2005, el Supremo ratificó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que entendía que el PGOU de la ciudad no era conforme a derecho al permitir la recalificación de 488.000 metros cuadrados sin ser sacados a información pública. Esta situación llevó a la Asociación de Amigos de la Ciudad de Ávila a presentar una denuncia que anuló el plan urbanístico del año 1998. El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, quedó incapacitado para conceder licencias de obra a los proyectos que se encontraban en proceso de tramitación. Finalmente, accedió a revisar todo el PGOU.
l Otros casos.
El resto de planes urbanísticos municipales anulados por diferentes tribunales afecta a municipios pequeños. Son numerosos los casos en Galicia, donde nada menos que se ha paralizado la ordenación territorial de cinco ayuntamientos: Tui (Pontevedra), Sada (La Coruña), Viveiro (Lugo), Barreiros (Lugo) y El Grove (Pontevedra). Además, también se han dado otras situaciones similares en lugares como Castell de Guadalest (Alicante), Prado del Rey (Sevilla), Arucas (Las Palmas), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Colindres (Cantabria), Vall de Laguar (Alicante), Guillena (Sevilla) o Llanes (Asturias), por citar algunos. También hay que señalar que otros planes urbanísticos han recibido la negativa de los organismos consultivos de sus respectivas comunidades autónomas. En este sentido, la Xunta ha ordenado la reelaboración del PGOU de Vigo (la mayor ciudad de Galicia) y la Junta de Andalucía ha frenado en varias ocasiones el de Motril (Granada) al observar flagrantes irregularidades.
La Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes, uno de los colectivos ciudadanos más beligerantes contra el PGOU, manifestaba ayer su «gran satisfacción» por la sentencia que anula el planeamiento urbanístico gijonés. «Nuestra lucha es independiente, pero esta sentencia supone para nosotros una noticia estupenda, porque adelanta en buena medida lo que nosotros vamos a conseguir por otro camino», valoraban ayer portavoces de la plataforma, en la que unen fuerzas las dos asociaciones vecinales de Cabueñes. Esta parroquia está afectada por un plan parcial que permite construir 655 viviendas entre la antigua carretera de Villaviciosa y el Hospital. Las gestiones realizadas para tumbar esta operación acabaron por destapar un escándalo que ya ha pasado por la fiscalía y que ahora está pendiente de juicio en los juzgados de instrucción de Gijón. En dicho escándalo está implicado el que fuera arquitecto jefe del Ayuntamiento. «Nosotros siempre hemos sostenido que el desarrollo urbanístico de la ciudad era ilegal y cada vez aparecen más irregularidades», señaló la plataforma de Cabueñes. El colectivo atribuye las deficiencias que el Tribunal Superior de Justicia ha detectado en el PGOU «al interés municipal por aprobarlo cuanto antes para evitar el trámite de evaluación de impacto ambiental de planes y programas». Dos ejemplos de que el procedimiento debería haberse hecho por la vía de la revisión y no de la modificación puntual, como finalmente decidió el Ayuntamiento, «son los planes de Cabueñes o Castiello, que introducen un cambio sustancial en la fisionomía urbanística del concejo».
La Unidá Nacionalista Asturiana (UNA) se sumó ayer, a través de su responsable del área de vivienda, a las voces que piden la dimisión «inmediata» del actual concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo. «La situación es caótica e insostenible», argumenta la formación, que dice sentir satisfacción y preocupación a partes iguales ante el fallo que deja sin efecto el actual Plan General de Ordenación Urbana. Satisfacción porque «se da un varapalo a las irregularidades urbanísticas y al aquí vale todo». Y preocupación porque «esta sentencia coloca a la ciudad en una situación de gravísima inseguridad jurídica y es el preludio de más golpes judiciales». La UNA aprovechó, además, para lanzarle un dardo envenenado a Izquierda Unida, que forma tándem con los socialistas en el gobierno municipal: «El socio verde es decorativo».
* La Nueva España - E. MÉNDEZ /M. SUÁREZ - 20.07.09
Foto: Puerto deportivo de Llanes. archivo, lne.es
