SUR* : Marbella está indignada. La salida ayer de los ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) condenados recientemente por un delito urbanístico ha levantado una tormenta de protestas desde partidos políticos a asociaciones vecinales que no salen de su asombro.
IU habló ayer de una «administración de Justicia fracturada y de alarma social»; el PSOE exigió el cumplimiento riguroso de la penas de prisión; y los colectivos vecinales calificaron la situación de «aberrante». Sólo el equipo de gobierno fue más prudente en sus valoraciones limitándose a recordar su deseo de recuperar el dinero robado.
La noticia, que adelantó SUR, corría ayer como la pólvora por la ciudad. Tomás Reñones, Alberto García, José Luis Troyano y José Luis Fernández Garrosa, que ingresaron a finales de noviembre de forma voluntaria en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre para cumplir una pena de nueve meses de prisión por la concesión de licencias ilegales, han conseguido el tercer grado penitenciario.
«Cuando Roca salió de prisión provisional tras pagar la fianza por el 'caso Malaya' nos echamos a la calle, pero está visto que en Marbella tendríamos que manifestarnos todos las semanas porque noticias así las tenemos ya todos los días», apuntó Alejandro Dogan, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella. El representante vecinal, al igual que los líderes políticos marbellíes no daban crédito a la rapidez con la que los ex ediles han conseguido el tercer grado penitenciario. Su ingreso en la cárcel se produjo tras recibir la sentencia firme que los condenó por la concesión ilegal de licencias para la construcción de 250 viviendas en suelo rústico a la empresa Albagamar II S.L. entre 1998 y 1999, causa incluida en el acuerdo de conformidad con la Fiscalía malagueña. El tercer grado fue concedido el pasado miércoles por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario. Lo peor, según Dogan, es que «no se puede hacer nada. Esto es un pueblo y sentarse en una cafetería y verlos pasear por la calle no le apetece a nadie, sobre todo después de dejar Marbella como la han dejado», sostuvo.
«Alarma social»
Enrique Monterroso, portavoz de Izquierda Unida, coincidió con el presidente vecinal. Según el líder de izquierdas, la 'libertad' de los ex ediles condenados confirma, a su juicio, «la existencia de un pacto de inmunidad para cerrar de un portazo la corrupción de Marbella». Monterroso, llegó a calificar ayer el caso de «alarma social y fractura de la Administración de Justicia» y recordó que su formación política ya denunció la «gravedad» del pacto entre acusados y Fiscalía para reducir el número de procedimientos y la gravedad de las condenas.
El PSOE, por su parte, exigió el cumplimiento íntegro de las penas. La portavoz del grupo municipal socialista, Susana Radío, abogó por una «revisión judicial de las causas urbanísticas» en las que están implicados los ex concejales gilistas e instó nuevamente al Ayuntamiento a reclamar el dinero esquilmado. El equipo de gobierno anunció su intención de hacerlo aunque no quiso pronunciarse sobre la medida de la Junta de Tratamiento Penitenciario. «Respetamos la decisión», aseguró ayer el portavoz, Félix Romero.
La acuerdo con la Fiscalía de Málaga establecía claramente que tenían que ingresar en prisión sin poder conmutar la pena de nueve meses de cárcel por una multa, como se ha dado en procedimientos judiciales anteriores por la concesión ilegal de licencias urbanísticas. Aceptar la culpabilidad y entrar en prisión eran las condiciones más importantes del pacto, a cambio que el fiscal rebajara la petición de cárcel para los ex concejales. Sin embargo, el acuerdo no impide que los condenados puedan beneficiarse de los permisos penitenciarios una vez dentro de prisión como el resto de los reos, como así ha sido.
La salida
Reñones, Troyano y Fernández Garrosa salieron ayer tarde mientras que en el caso de García, ha solicitado cumplir el tercer grado en un centro abierto de Madrid, según indicaron fuentes penitenciarias. En el caso de Reñones, fuentes del caso señalaron que se solicitó la clasificación en tercer grado, al considerar que se cumplían los requisitos legales, como son carecer de peligrosidad y riesgo de fuga. Además, se ha acreditado que tiene trabajo, por lo que sólo tendrá que ir a dormir a la Sección Abierta de Málaga de lunes a jueves.
Asimismo, se aportó el trabajo que está haciendo el ex jugador de fútbol en una fundación deportiva y en un equipo de motociclismo. Por el momento, ésta es la única condena incluida en el pacto, que supone cumplir pena de prisión, que tienen los concejales de la corporación marbellí de 1999-2003.
Por este caso, también fueron condenados de conformidad pero a un año de cárcel el ex alcalde Julián Muñoz, Rafael González y Marisa Alcalá, que se encuentran en tercer grado penitenciario; Manuel Calle, que está en libertad condicional; Dolores Zurdo y Mario Jiménez. Asimismo, se conformó con una pena de nueve meses de prisión Francisco Javier Lendínez.
Lendínez acudió al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el pasado día 1 para firmar, dentro de la medida cautelar impuesta por el instructor del 'caso Malaya', Óscar Pérez, aunque los rumores de una presunta fuga son cada vez más consistentes. De momento no existe en el juzgado de lo Penal 7 ninguna orden de busca y captura en su contra así que habrá que esperar al día 15, momento en que deberá comparecer nuevamente en el juzgado marbellí, para saber si los rumores se confirman.
Dolores Zurdo, por su parte, ingresaría posiblemente en prisión después de las fechas navideñas, según apuntaron fuentes judiciales, aunque en su caso, al igual que en el resto, la concesión del tercer régimen penitenciario también sería presumiblemente rápida.
* SUR - M. J. CRUZADO - 13.12.2008
Foto: marbella
Indignación en Marbella
Librilla: El juez detecta connivencia entre las sociedades de los principales imputados
SOITU/Murcia* : El juez de instrucción nº6 de Murcia, que investiga el caso de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Librilla, ha observado que "existen llamativas coincidencias" entre los principales imputados en este caso, entre los que se encuentra el alcalde de la localidad y un ex funcionario de la Comunidad autónoma.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez informa que por ello acordó varias entradas y registros, entre otros, en el Ayuntamiento de la localidad y las sedes sociales y despachos profesionales de los imputados.
A raíz de este caso, ingresaron en prisión tres semanas el alcalde de Librilla, José Martínez García, del PP; su edil de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, el gerente de la empresa municipal del suelo y de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL) José Andrés Cortes, y el ex funcionario Jose Luis Cano.
El material que obra en las diligencias incluye el auto que ordena los registros y detecta las connivencias, un informe de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil sobre esta supuesta trama, así como la denuncia de un particular sobre presuntas irregularidades en Librilla.
El juez observa la coincidencia de que varios de los imputados figuran como fundadores de las mismas empresas supuestamente implicadas, y que en varios casos coinciden los domicilios sociales.
El auto, de 13 de noviembre, recoge expresamente que uno de los principales imputados, el ex funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano fundó junto con su esposa la sociedad "Control & Gis S.L.", de la que "se presume el carácter esencialmente instrumental con el fin de recibir de manera opaca determinadas prebendas económicas a cambio de facilitar la concesión de contratos de obra pública".
Añade que en marzo de 2004 esta empresa adquirió el 50 por ciento de las participaciones de otra de las entidades investigadas, ACADI, administrada por el ingeniero e igualmente imputado Domingo Peñalver.
"Con esta adquisición, es evidente -afirma el juez- que las ganancias que en el ejercicio de su actividad profesional pudiera tener Acadi no eran indiferentes a Jose Luis Cano".
El auto señala también que las "relaciones entre Cano y Peñalver se hacen aun más claras si se aprecia que, a pesar de que supuestamente el primero 'no aterrizó' en la copropiedad de la empresa de Peñalver hasta marzo de 2004, en la cuenta a nombre de Acadi de una sucursal bancaria de Molina de Segura, el ex funcionario figuraba autorizado desde el 30 de julio de 2001, dos meses antes de la constitución de Acadi".
Señala el juez que presuntamente "la separación de domicilios de las dos mercantiles es simplemente ficticia, con el fin de no dejar señales a terceros acerca de la íntima conexión entre ambos".
El juez deduce que Control y Gis "no es si no una cobertura a fin de vehiculizar los pagos a Cano de cantidades a cambio de su actividad a favor de la concesión de contratos de obra pública, entre otras, a la empresa Acadi".
Concluye el instructor que "debe investigarse el que la empresa Acadi haya recibido adjudicaciones de contratos públicos por parte de IDL por importe de 417.600 euros en el año 2005, y de 2,3 millones de euros en 2006".
El auto se refiere también a otras sociedades "que presuntamente podrían ser parte del entramado societario tejido para enmascarar y conseguir contratos públicos", como Emusal S.L., constituida en mayo de 2004 al cincuenta por ciento por las sociedades Acadi y Urvitec Levante S.L., administrada por José Antonio Núñez.
Tambien ordena investigar si las trasferencias de capitales entre las empresas, tras atribuirse contrataciones públicas por parte de los organismos oficiales donde prestaban sus servicios Cano y Peñalver "obedecen a negocios jurídicos reales o a enmascaramientos de pago de prebendas".
* SOITU.es - EFE - 11.12.2008
Foto: Librilla - librilla.es
VdeVivienda inaugurará el lunes 15 de diciembre su oficina por el derecho a la vivienda
ROJOYNEGRO* : VdeVivienda prosigue con su campaña Alquiler Social Universal por el derecho al alojamiento. Un grupo de activistas de la asamblea de Madrid instalará un punto de información de grandes dimensiones sobre esta iniciativa para todas las personas interesadas el próximo día lunes 15 de diciembre, a las 11 horas, frente a la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid, en la Avenida de Asturias número 28 de la capital. Allí se montará un escenario que recreará simbólicamente la que será la primera Oficina VdeVivienda por el Alquiler Social Universal.
Asamblea VdeVivienda Madrid
Viernes 12 de diciembre de 2008
El Alquiler Social Universal recoge el conjunto de propuestas de la asamblea VdeVivienda Madrid para solucionar el problema del derecho a la vivienda. Es por tanto una solución que surge de la ciudadanía, de las personas que padecen las consecuencias de las nefastas políticas públicas de vivienda, netamente especulativas, desarrolladas por todas las administraciones, que son las verdaderas culpables de la situación actual por su vergonzosa colaboración con la corrupción urbanística. El Alquiler Social Universal presenta un plan de medidas cuyos puntos básicos son los siguientes:
Creación de un parque público de vivienda en alquiler, con un precio basado en el coste de mantenimiento del inmueble, usando para ello la gran cantidad de viviendas vacías que hay en este país, calculado en torno a las 4 millones y medio de viviendas vacías sin contar segundas residencias.
Cambio de la ley hipotecaria de forma que cualquiera que no pueda afrontar el pago al banco nunca tenga que responder más allá del precio de subasta de la casa ante el banco.
Ni un euro de dinero público para entidades privadas, rechazo frontal a los planes usar el ICO para donar 3.000 millones a los constructores ni a las billonarias inyecciones de dinero público por medio del Banco Central Europeo.
Despenalización del uso de viviendas vacías para vivir o crear espacios sociales.
Durante el acto también se informará de la próxima MANIFESTACIÓN POR UNA VIVIENDA DIGNA, cuya fecha han acordado las asambleas VdeVivienda para el 14 marzo de 2009.
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Existen soluciones para el problema de la vivienda, para alcanzarlas no se pueden seguir haciendo las mismas cosas que lo han causado. Desde VdeVivienda exigimos que se acabe con la vergüenza de las viviendas vacías, más de 4 millones en España, y que se les dé un uso social; Que se deje de dar dinero público a las constructoras, inmobiliarias, etc, ni con el ICO ni promocionando VPO; Que no se condene a los hipotecados a la miseria cuando el banco subaste su casa y les requise la nómina para pagar el resto de la deuda; Que no sea delito usar casas abandonadas para sobrevivir o para abrir espacios sociales.
Porque ya estés sin casa o en la de tus padres, o hipotecado con el agua al cuello, o conviviendo con alguien a la fuerza, vengas de otro país y no puedas ni trabajar ni vivir, nuestro problema es el mismo, en este país unos pocos se han enriquecido muchísimo a costa de hacer la vida imposible a los trabajadores, impidiéndonos acceso a la vivienda o endeudándonos de por vida para acceder a una.
Por eso te animamos a que te unas a la asamblea de vivienda.
VIVIENDAS VACÍAS PARA EL ALQUILER SOCIAL UNIVERSAL
¿Qué es una vivienda vacía?
Las viviendas no ocupadas que se encuentren en zonas en las que existe necesidad de vivienda a las que su propietario no da uso durante al menos un año. Por ello, proponemos elaborar un censo de personas con necesidad de vivienda para optar a habitar estos pisos desocupados con un alquiler social
¿Qué es el uso social de una vivienda?
Uso social es la puesta a disposición de una vivienda vacía a favor de la persona o familia que no tenga este derecho básico cubierto, que tendrá que pagar únicamente los gastos de mantenimiento y conservación del inmueble, gastos a los que se limitaba la renta del alquiler en su origen.
¿Qué es una expropiación por uso?
El uso social no es una expropiación de la propiedad de la vivienda, sino que se trata de una limitación del derecho de uso durante un periodo determinado de tiempo durante el cual la vivienda será habitada por una persona o familia que haya acreditado su necesidad de vivienda.
Transcurridos dicho periodo el propietario podrá recuperar el uso de la vivienda siempre que se comprometa a ocuparlo y lo acredite posteriormente.
¿Qué viviendas formarán el Parque Público?
El Parque Público lo formarán principalmente las viviendas en propiedad de los grandes especuladores: bancos, cajas de ahorro, inmobiliarias, constructoras, etc.
Estas empresas privadas son los mayores propietarios de viviendas vacías, que han fomentado durante los años la burbuja inmobiliaria y la circulación de grandes cantidades de ’dinero negro’ que habitualmente se "lavaba" con la compra especulativa de inmuebles.
¿Qué beneficios tiene el alquiler social universal?
El primero de ellos y más importante es que garantizará el acceso a una vivienda digna en condiciones justas a la población actualmente excluida. La vivienda pasará a ser un derecho y no un privilegio de los más favorecidos.
Disminuiría de manera notable el número de viviendas construidas por lo que acabaría con la destrucción ambiental que el crecimiento urbanístico ha ocasionado en los últimos años.
El alquiler no supone una carga para la administración pública, ya que el demandante de vivienda será quien sufrague los gastos mínimos para mantener la vivienda en buenas condiciones.
El alquiler social universal eliminaría el lucro de los banqueros que se han hecho ricos cobrando intereses abusivos a los millones de hipotecados, así como el endeudamiento de la población.
Por otro lado la eliminación de ayudas fiscales y subvenciones a la adquisición de vivienda y la financiación pública a su construcción, permitirá destinar este dinero a otros fines más justos que reviertan en beneficio de la sociedad y no en el de los especuladores, así como la inversión en servicios públicos.
Permite la elección del lugar de residencia evitando el traslado forzoso hacia barrios o poblaciones alejadas del entorno social o del centro de trabajo en busca de una vivienda asequible, al que en la actualidad obliga a presión especulativa.
Alquiler Social Universal frente a Vivienda Protegida
El sistema de vivienda protegida lleva funcionando décadas en España desde que fue implantado por el franquismo sin que haya solucionado el problema del acceso a la vivienda.
El eje del sistema de vivienda protegida de promoción privada es la concesión de ayudas públicas para la financiación de la adquisición y subvenciones, a cambio de limitar el precio de venta de la vivienda durante unos años. Pero las ayudas acaban en el bolsillo del constructor o gestor, que ponen en práctica innumerables abusos para incrementar el precio de las viviendas muy por encima de su coste, e incluso del precio legal. Precisamente la subida del límite máximo del precio de venta de este tipo de vivienda en los últimos años la ha hecho inaccesible para buena parte de la población, por lo que mientras que en su origen la vivienda protegida estaba destinada a las rentas más bajas, ahora sólo pueden acceder a ella rentas medias-altas.
Tampoco la vivienda protegida de promoción pública es una solución al problema, puesto que además de haberse equiparado su precio a la de promoción privada, excluyendo por lo tanto a las rentas medias-bajas, no se adjudican a todos los demandantes de vivienda sino a una muy pequeña parte por sorteo.
Además la vivienda protegida pasa a al mercado libre en unos años, integrándose en la burbuja inmobiliaria.
Por lo tanto en el futuro la vivienda protegida de promoción privada debe desaparecer, mientras que la de promoción pública debe dar paso a un parque de viviendas de titularidad pública que serán destinadas en su integridad al alquiler social universal.
¿Hipoteca basura o hipoteca usura?
La legislación hipotecaria debe modificarse para que la subasta de la vivienda suponga la cancelación de la deuda pendiente de abonar al banco, de forma que sean las entidades prestamistas quienes asuman las consecuencias de la crisis que han generado concediendo préstamos basados en tasaciones fraudulentas y prácticas abusivas para obtener el máximo beneficio posible. La política de préstamos hipotecarios es pieza clave sin la cual no se hubiese producido la burbuja inmobiliaria y los hipotecados no deben pagar sus consecuencias.
¿Privatizar ganancias y socializar pérdidas?
Hace ya meses que venimos asistiendo a la inyección de dinero público a constructuras, promotoras, inmobiliarias y por supuesto, a los bancos, nuevas formas de dar dinero público a empresas empeorando el problema de acceso a la vivienda. Por eso exigimos que ni un euro público
¿Por qué hay que despenalizar la okupación?
La okupación de viviendas vacías no genera ningún daño a la sociedad, al revés, es la existencia de viviendas vacías la que ha provocado una enorme injusticia social, debiéndose en todo caso considerar delincuentes a los grandes acaparadores de vivienda vacía con fines especulativos.
La okupación de viviendas está considerada delito por nuestra legislación, criminalización que supone una excepción a la regla general puesto que en muchos países europeos se ampara como un obstáculo sano a la libre especulación. La okupación de viviendas vacías debe ser despenalizada.
* Diario Rojo y Negro - 12.12.2008
El urbanismo marchita
LAOPINIÓN/Málaga* : Probablemente no haga falta ninguna encuesta para llegar a la conclusión de que el urbanismo salvaje ha incidido en un deterioro de la calidad de vida de los andaluces. Los malagueños, de hecho, son quienes más han sufrido esta agresividad constructora y a los que más les duele la misma.
Lo que ya percibía el ciudadano de a pie lo ha confirmado el Ecobarómetro andaluz de 2008, un estudio efectuado por la Consejería de Medio Ambiente y el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA).
Los malagueños son los ciudadanos que valoran en términos más negativos la influencia del desarrollo urbanístico en su entorno a lo largo de los últimos cinco años: un 54,8% de los habitantes de la provincia considera que la situación del medio ambiente se ha deteriorado algo o bastante, mientras que sólo el 26,1% ha visto algún punto positivo en la extensión de la actividad edificadora.
Jaén, por contra, es la provincia que refleja la tendencia opuesta: un 42,6% de los encuestados afirma que el urbanismo ha mejorado la situación medioambiental en sus localidades, frente al 19,5% que piensa que la ha empeorado.
Estas conclusiones no pueden sorprender si se tiene en cuenta que Málaga es una de las provincias más castigadas por las construcciones ilegales: sólo en Marbella existen 30.000 viviendas fuera de ordenación, y en Estepona hay unos 3.000 diseminados irregulares. A nadie se le escapa que Cártama o Mijas también soportan numerosas casas en suelos ajenos a la legalidad urbanística y, por otro lado, ésta es la provincia andaluza con mayor cantidad de fiscales Anticorrupción y de Medio Ambiente.
El urbanismo salvaje esconde, además de una agresividad inherente hacia el medio, un componente que lo relaciona con actividades delictivas: el elemento inmobiliario ofrece muchas posibilidades de lavar dinero a las mafias. Este problema evidentemente es puntual, pero los propios malagueños han concluido que la situación de la provincia es dramática en este aspecto.
Pero hay más. Cuatro de cada seis andaluces estiman que el fenómeno urbanístico ha empeorado su entorno más inmediato durante los últimos cinco años, una percepción que ha aumentado en cuatro puntos porcentuales en relación al Ecobarómetro de 2007. Sólo el 33% cree que la situación ha mejorado.
Otra tendencia interesante reside en que en 2007 la división de opiniones sobre la patología social que supone el urbanismo sin medida era mucho más evidente; hoy, la balanza se inclina por el lado de la mesura.
Tamaños. También queda patente en el estudio que los habitantes que viven en municipios inferiores a 20.000 habitantes atribuyen a la construcción un valor de calidad ambiental. En 2005, el 75% de los andaluces señalaba al urbanismo como el principal de los males ambientales y apoyaba que la Junta de Andalucía interviniera en los municipios que fueran necesario. Y así lo hizo. Todos recuerdan cuando la Administración autonómica dejó a Marbella sin sus competencias en disciplina urbanística (capacidad de dar licencias y sancionar), pocos meses antes del estallido de la operación ´Malaya´.
La Fiscalía de Málaga, por ejemplo, acusó al alcalde de Tolox, Juan Vera (CA), de 23 delitos urbanísticos por numerosas viviendas fuera de ordenación (uno o dos años de cárcel por cada ilícito, además de la pertinente inhabilitación).
Málaga también destaca en otros aspectos. Es la provincia que aglutina un mayor porcentaje de opiniones negativas en relación a la situación de la evolución ambiental: concretamente un 48,5% de los malagueños considera que el entorno andaluz ha empeorado algo o mucho en los últimos tres años.
En otro orden de cosas, mientras que el problema local que más preocupa a los andaluces es el ruido (sobre todo en municipios con más de 5.000 habitantes), en localidades con menos de 20.000 lo más destacado es la falta de zonas verdes. En las ciudades de mayor tamaño, la mayoría apunta a la suciedad de las calles.
En la región, son los incendios lo que más llama la atención. Cada verano el fuego devora inevitablemente numerosos bosques andaluces, y, a pesar de que el plan de extinción de incendios autonómico tiene gran calidad y eficacia, todo el mundo recuerda con amargura la amalgama de siniestros que asoló la comunidad hace dos veranos.
Mientras que es el fuego el problema ambiental más citado en la mayor parte de las provincias, Almería y Jaén muestran sus quejas en torno a la desertificación y la falta de agua que están sufriendo. La provincia del Poniente andaluz es sin duda la más castigada en este sentido y, por ello, la gestión del agua se ha revelado eficaz en la zona: el riego por goteo es allí todo un arte.
Saneamiento integral. En Málaga, sin embargo, se vuelve a incidir en una preocupación histórica: la contaminación de playas y mares. Este aspecto es fundamental para el sector turístico, cuyos representantes llevan décadas pidiendo por activa y por pasiva que se acometa de una vez el saneamiento integral de la Costa del Sol. Por ahora, se han dado pasos para completar la iniciativa, aunque resta mucho para culminar este proyecto histórico que ya se ha convertido en una reivindicación clásica como el embovedamiento del río Guadalmedina de la capital.
En Huelva preocupa también la contaminación del aire, mientras que el cambio climático es la realidad más señalada por los ciudadanos andaluces como la rémora medioambiental más importante del planeta.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 13.12.2008
Foto: Urbanismo. Imagen de la barriada de Nueva Andalucía, en Marbella, una de las zonas más urbanizadas de la provincia. L. O.
