MADRIDIARIO* : La privatización de la gestión y explotación del Parque de Valdebernardo no tiene vuelta atrás. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Anabel Mariño, anunció este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid que la concesión del tercer pulmón verde de Madrid no tiene vuelta atrás, a pesar de que al mismo tiempo una concentración recorría Valdebernardo para impedirlo.
Según Mariño, la fórmula de 'colaboración público privada' es la mejor. "Es lo que vamos a hacer en este parque y en otras actuaciones que tenemos en la Comunidad de Madrid", advirtió la responsable de Medio Ambiente respecto al futuro próximo. "Se va a hacer una gestión integral. La empresa lo explotará para darle servicios a los vecinos sin ningún perjuicio para las arcas públicas, porque no pagamos ningún canon".
En concreto, la concesión que prepara la Comunidad supone que el adjudicatario tome durante 40 años el mando del vivero del parque, los cinco kioscos, la depuradora, las instalaciones deportivas y, especialmente, de dos parcelas en las que podrá instalar negocios para aumentar la rentabilidad.
El parque hoy, como recordó la diputada de IU Reyes Montiel, está gestionado todavía por el Consorcio Urbanístico Valdebernardo PAU4. El Ayuntamiento de Madrid se ofreció a gestionarlo en 2007, pero no hubo acuerdo y el Consorcio se mantuvo. Tampoco se atendieron las peticiones de la oposición de que en las dos parcelas de la discordia se construyesen equipamientos sociales públicos para los vecinos de Vicálvaro, como un colegio, un centro cultural, una biblioteca o un centro de salud.
Según Elena Almazán, diputada del PSOE, quien se lleve la gestión lograrán un lucro de 162 millones de euros en los próximos 40 años gracias a un parque construido con 17 millones de euros de los impuestos de los ciudadanos. Eso o grandes indemnizaciones si la concesionaria no llega a un nivel de ganancias previsto en los pliegos. Reyes Montiel denunció que, además de todo eso, el Consorcio que lo construyó "no ha dado cuenta de sus actividades" a pesar de haberse mantenido una vez finalizado el parque y que es "totalmente opaco". El PSOE lo calificó de "saqueo del patrimonio a beneficio de unos pocos".
Todos privatizan
Las 300 personas que se manifestaban en Vicálvaro -entre ellas la propia Almazán, los representantes de la FRAVM, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés o la concejal municipal Raquel López- al grito de "Privatización no" o "No queremos un parque privado" no hacen cambiar de opinión a la Consejería de Medio Ambiente. Entre sus argumentos, la consejera Anabel Mariño cuenta con que la gestión privada mejore el parque.
Según Mariño, los argumentos en contra de su actuación en Valdebernardo son "elucubraciones pseudopolíticas" que usan el argumento "torticero" de la privatización para "manipular a los vecinos". "La colaboración público privada lo mejor para el beneficio general. Eso sí que es social, y no que suban los impuestos como hacen ustedes" espetó en alusión al aumento de tributos aprobado por el Gobierno de Zapatero.
"El parque es y será siendo público. La gestión será privada pero el parque seguirá siendo público. ¿O es que acaso la limpieza o los servicios de parques y jardines o de deportes de Getafe, Leganés y Parla, donde Gobiernan ustedes no están externalizados? Claro que sí, y están en pecado. Voy a tener que ir a Getafe y Rivas y decirles a sus vecinos que privatizan", zanjó la consejera.
* Madridiario - Ángel Calleja - 2.10.09
Foto: Juan Luis Jaén, madridiario.es
Madrid: El Parque de Valdebernardo será de gestión privada y no será el único
La CHJ cree que nadie está a salvo de riadas por el caos urbanístico
ELPAÍS/Valencia* : Nada más aterrizar ayer en Beniarbeig, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, vecinos, concejales y periodistas le hicieron la misma pregunta: "¿Cómo es posible que después de tantas gotas frías las poblaciones de la cuenca del Girona sigan sin sentirse seguras?" La respuesta de Moragues fue contundente: "Hemos de desterrar el concepto de seguridad porque entre todos hemos hecho un territorio en el que el drenaje ha sido el gran olvidado y, por mucho que ahora ejecutemos obras de encauzamiento, cuando llueve el agua no llega a los cauces y a los barrancos sino que se queda estancada en las ciudades".
Según el presidente de la CHJ, así ha sucedido durante este último episodio de lluvias, en las que se llegaron a alcanzar precipitaciones de 100 litros por metro cuadrado en periodos de una hora: "Mientras en los cauces apenas se han producido desbordamientos, veíamos ciudades anegadas como Burriana o como los núcleos urbanos de La Ribera". También en Dénia, el martes por la mañana el caos se adueñó del litoral de Les Marines, fuertemente urbanizado. En los próximos años, la situación irá a peor, vaticina Moragues: "Aunque no quiero hablar de cambio climático, la frecuencia de las lluvias torrenciales durante los otoños es ahora mucho mayor que hace 20 o 30 años".
No obstante, Moragues mostró su confianza en el plan de emergencias para las dos comarcas de La Marina que está a punto de adjudicarse y cuya redacción ha costado tres millones. El documento, que se pactará con municipios, plataformas vecinales y Generalitat, no sólo incluirá encauzamientos, reforestaciones, limpieza de las vegetaciones de los ríos o nuevas infraestructuras, sino que marcará las pautas de un crecimiento urbanístico más ordenado. Ese plan, que según Moragues "a algunos les gustará más y a otros no les gustará", también mejorará los índices de riesgo de riadas y obligará a las poblaciones a dotarse de planes de emergencia.
Ni siquiera en una cuestión tan grave como ésta se libra de la brega política entre PP y PSPV. En la visita del presidente de la CHJ a Beniarbeig faltaron los alcaldes populares de la cuenca del Girona, como es el caso de los de Ondara, El Verger o Els Poblets.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 02/10/2009
La Policía requisa archivos informáticos en Urbanismo vinculados a Mercasevilla
DIARIODESEVILLA* : El registro se llevó a cabo durante cinco horas después de que una técnico imputada informara de que le iban a retirar el ordenador donde había "correos electrónicos y comunicaciones" de interés para el caso. La Policía Judicial, siguiendo las instrucciones de la juez que investiga el caso Mercasevilla, irrumpió ayer en la sede de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y requisó archivos informáticos que están relacionados con la investigación judicial.
La intervención policial se llevó a cabo ayer después de que la técnico de Urbanismo que ha sido imputada en la causa, María Victoria Bustamante, comunicara el pasado martes a la Policía que iban a proceder a retirarle el ordenador que usa en el trabajo y que, según la funcionaria, contiene "correos electrónicos y comunicaciones" relacionadas con la investigación por la supuesta adjudicación "ilegal" a la constructora Sando del derecho de opción de compra de los terrenos de Mercasevilla, a pesar de que existía una oferta económica superior realizada por el grupo Noga. La trabajadora explicó a los agentes que la Gerencia de Urbanismo había esgrimido, para retirarle el equipo informático, el proceso de "reordenación y actualización de elementos informáticos" que se está llevando a cabo en este organismo público.
La Policía Judicial comunicó de inmediato a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, la información que le había facilitado la funcionaria de Urbanismo. La juez ordenó ese mismo día a la Policía que se incautara del ordenador de la empleada y al día siguiente, que se procediera a la apertura y examen de los archivos, al entender que "existen indicios de que mediante la intervención y examen de la CPU entregada por la citada imputada de forma voluntaria, pueden descubrirse hechos y circunstancias de interés sobre la comisión de los delitos que están siendo investigados y la identidad de las personas que han intervenido en los mismos".
Una vez analizada la torre informática y los archivos, el siguiente paso que dio ayer la magistrada fue ordenar la inspección del servidor de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, una decisión que razonó con la misma argumentación: la posibilidad de "descubrir" hechos y circunstancias de interés sobre los delitos que se investigan. Con el mandamiento de la instructora en su poder, la Policía Judicial se personó ayer en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, donde por espacio de unas cinco horas se procedió al registro del servidor informático del organismo, una diligencia que se llevó a cabo en presencia de representantes de Urbanismo.
La comisión judicial se personó sobre la una de la tarde en la Gerencia y no finalizó su labor hasta las 18:00 aproximadamente. Durante ese tiempo, los agentes procedieron a incautarse de diversos archivos del servidor, aunque no ha trascendido el volumen de información que ha podido ser recopilada y de la que ahora se dará traslado a la juez.
Fuentes municipales confirmaron ayer que desde Urbanismo se ha colaborado en todo momento con el mandato judicial e incluso se ha informado a la comisión de que pueden ofrecer la instructora los archivos que necesiten de los últimos cinco años, dado que existen copias de seguridad de este periodo a pesar de que la ley sólo exige que se guarden los archivos de los dos últimos años.
Las mismas fuentes han explicado que la decisión de retirar el ordenador de la técnico María Victoria Bustamante se enmarca dentro de un proceso de renovación de los equipos informáticos que se ejecuta desde hace un año en la Gerencia de Urbanismo. En la actualidad, sólo quedaban por cambiar unos 40 puestos informáticos, uno de ellos el de la funcionaria imputada en el caso.
* Diario de Sevilla - Jorge Muñoz - 2.10.09
Foto: La sede de la Gerencia de Urbanismo hasta la que ayer se desplazó la comisión judicial. - diariodesevilla.es
Vigo: Ruidos y urbanismo agobian a los "valedores"
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FARODEVIGO* : Son mediadores entre administraciones locales y ciudadanos, y su objetivo se centra en garantizar los derechos de los vecinos para lograr la mejor convivencia posible. Se trata de los Defensores Locales. Más de sesenta Valedores de todo el territorio español se reunieron ayer en Vigo con motivo de su segundo encuentro estatal, donde intercambiaron impresiones y casos concretos ocurridos en cada uno de los municipios donde trabajan.
El Valedor en Vigo, Luis Espada, señala que las principales quejas de los vigueses "responden a temas urbanísticos, sobre todo en lo relativo a las licencias, y también medioambientales". "El ruido generado por el ocio en la vía pública es uno de los motivos que genera un mayor número de reclamaciones", añade el Defensor en Málaga, Francisco Gutiérrez. Por su parte, el responsable en Sabadell, Josep Escartín, aconseja a los concellos españoles que "trabajen en la proximidad para crear una administración más eficaz". "La inmensa mayoría de las quejas que llegan a nuestros despachos se deben a la falta de comunicación entre los gobiernos locales y los ciudadanos", asegura.
La figura del Defensor del Ciudadano a nivel local es relativamente reciente en nuestro país, pues no llega a las dos décadas de existencia; sin embargo, en Suecia ya funciona desde 1809. Más de la mitad de los Valedores de España ejercen en Cataluña, donde incluso existe un fórum que los aglutina. En la comunidad gallega, la única ciudad que cuenta con este "árbitro" entre vecinos y gobierno local es Vigo. El Encuentro Estatal continúa hoy en el auditorio del antiguo Rectorado de Areal durante todo el día.
* Faro de Vigo - M. LÓPEZ - 2.10.09
Foto: Vigo, puente Rande - G.Rivas (La Voz)
Antonio Banderas tendrá que demoler una parte de su casa de Marbella
ELMUNDO* : El TSJA no ha aceptado la petición del Ayuntamiento de Marbella para posponer la demolición parcial de la casa de Antonio Banderas en la urbanización de Los Monteros, en Marbella, tal y como había pedido el Ayuntamiento dado que el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad legalizaba la edificación, construida en parte en una zona de equipamiento, según ha adelantado EL MUNDO de Málaga.
Fuentes del consistorio han señalado que todavía no se habían leído el auto pero que, en cualquier caso, recurrirán en casación al Supremo. El acuerdo de la sala, después de una amplia argumentación, es escueto: «La sala acuerda no haber lugar a la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta que alcance aprobación definitiva del PGOU de Marbella».
El tribunal, en un auto bastante duro contra las alegaciones expresadas por el Ayuntamiento, da la razón a la abogada de Los Monteros, Inmaculada Gálvez, que ya advertía que «la demora injustificada sin fijar un plazo máximo para ejecutar la sentencia es un grave fraude al sistema». Según la sala, no se puede justificar alegar el futuro PGOU para hacer imposible la ejecución de una sentencia firme como la que pesa contra la casa del actor, comprada a la fallecida locutora de radio Encarna Sánchez. Así, el tribunal se muestra en contra de un PGOU nacido con vocación de indultar a muchas de las edificaciones ilegales.
Este auto deja en evidencia los acuerdos alcanzados por la Junta y el Ayuntamiento en materia de suspensión de demoliciones y para ello argumenta que existen perjudicados que llevan años pleiteando contras las construcciones ilegales. Cabe recordar que la Administración autonómica y el Ayuntamiento acordaron paralizar las sentencias en los casos en los que la Junta era la parte que acusaba y las licencias de urbanismo no estaban impugnadas por terceros.
Jurisprudencia
El auto aporta una amplia jurisprudencia, sobre un caso en Vigo y otro en Asturias, para justificar su postura. Es la primera vez que el TSJA se pronuncia ante las peticiones del Ayuntamiento para posponer las demoliciones acordadas por los tribunales. Pero es que incluso en las sentencias recientes, como se vio en Guadalmina, la misma sala está ordenando las demoliciones, un paso más allá al frecuente «restablecimiento de la legalidad urbanística». En el caso de Guadalmina, donde se declara ilegal un hotel en funcionamiento y unos adosados que construyó Fadesa, el Ayuntamiento también ha recurrido al Supremo. En todos estos procesos las costas, obviamente, irán subiendo.
En la jurisprudencia aportada, se habla de la posibilidad de que, al no poder ejecutar la sentencia porque la construcción haya sido legalizada a posteriori, el fallo se puede transformar en «una indemnización de daños y perjucios». De todas maneras, sigue aportando sentencias--el auto consta de 22 páginas-- en las que se dice que una legalización postfacto de la vivienda no implica que no se pueda demoler e incluso califica de «magistral» la sentencia del Supremo en la que basa buena parte del escrito.
La sala incluso se sale de lo que se tenía que pronunciar estrictamente y opina sobre las intenciones que han llevado al Ayuntamiento a redactar un PGOU que legaliza casi todas las viviendas sobre las que pesan sentencias.
Los magistrados dudan de que el PGOU obedezca a satisfacer el «interés general» o «acomodar la norma a la situación creada en esa ciudad ante la serie de sentencias que han anulado licencias urbanísticas». La abogada de Los Monteros ahora va a pedir la ejecución forzosa para que se aperciba bajo la advertencia de un delito de desobediencia a la alcaldesa de Marbella, Angeles Muñoz. Sería un caso insólito, según la abogada, que el Ayuntamiento no se hiciera cargo de la ejecución de la sentencia.
* El Mundo - Berta González de Vega - 2.10.09
Foto: Imagen aérea de la casa marbellí de Antonio Banderas. | elmundo.es
