LAOPINIÓN/A Coruña* : Burrada. Disparate. Barbaridad. Así es como califican los vecinos de Eirís el convenio que el Ayuntamiento firmó con la Xunta para realojar a 15 familias de chabolistas en el mismo edificio. Los residentes en el barrio destacan que los expertos en erradicación de los asentamientos recomiendan dispersar a los chabolistas para evitar que se formen nuevas barriadas y que la concejal de Servicios Sociales, Silvia Longueira, se comprometió a recolocar a los vecinos de Penamoa en diferentes barrios.
"Estamos indignados con el Ayuntamiento. Nos quieren mandar a todos a Eirís, estamos cabreadísimos. ¿Qué pasa?, ¿somos un barrio de cuarta categoría? Se va a formar un gueto", subraya Manuel Ponte, uno de los representantes vecinales de la zona. Los residentes en Novo Mesoiro, que también están afectados por la recolocación de chabolistas en el barrio, critican la concentración de realojados que va a haber en Eirís. "Nos parece una burrada. Va en contra del sentido común. Lo que no queremos que suceda en Mesoiro tampoco lo queremos para otro barrio", recalca Carlos Puente, uno de los miembros de la asociación vecinal.
La concejal de Servicios Sociales admitió ayer que, tal y como informó este diario, el Ayuntamiento firmó un convenio con la Xunta en 2002 en el que el Gobierno gallego se comprometía a cederle 15 viviendas en Eirís para que las adjudicase a "chabolistas de Penamoa, Oleoducto y O Portiño". Longueira, sin embargo, dijo que el Ejecutivo local renunció al convenio. "Hay una carta de la Concejalía de Servicios Sociales del 30 de enero donde desestima los pisos para el chabolismo porque el plan de chabolismo no incluye el aglutinar un realojo como el de Penamoa en un lugar concreto. Esa carta se remite a Urbanismo y esa concejalía se la remite en abril de 2008 a la Xunta con una carta del alcalde donde solicita la revisión de ese convenio", afirmó la edil.
Desde el Gobierno gallego niegan la existencia de esa misiva. "Estoy intentando reaccionar", dijo el delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, al conocer las declaraciones de Longueira. "A día de hoy no tengo conocimiento de ninguna renuncia por parte del Ayuntamiento. La Xunta estará encantada si renuncia a los pisos. Si no los van a usar y renuncian, a la Xunta no le supone ningún problema", aseguró Calvo.
El Ejecutivo municipal, tal y como informó LA OPINIÓN, dispone de otros 18 pisos en Eirís y de 16 en Novo Mesoiro para adjudicárselos a personas con escasos recursos económicos. Los vecinos de Mesoiro confían en que el Ayuntamiento no utilice esos pisos para realojar a chabolistas.
Las asociaciones de residentes en estos dos barrios se concentrarán hoy a las 20.30 horas en la plaza de María Pita para exigir al Concello que colabore con la Xunta para que los chabolistas no se concentren en esas zonas. El Gobierno local elaboró las listas de adjudicatarios de las casas que tiene el Ejecutivo autonómico en Eirís y en Novo Mesoiro. La Xunta adjudicará las viviendas a principios del próximo año a sus beneficiarios, entre los que hay algunos chabolistas de Penamoa. Los afectados sospechan que la Concejalía de Servicios Sociales ayudó a los chabolistas a realizar los trámites para cumplir los requisitos para obtener los pisos.
Los más de veinte chabolistas a los que les tocó una vivienda de la Xunta sabrán en los primeros meses de 2010 si residirán en Eirís o en Mesoiro. A estos vecinos de Penamoa que están en las listas hay que sumarles las 15 familias que el Ayuntamiento se comprometió a realojar en Eirís.
Los perjudicados proponen al Concello que les cambie los pisos de los que son adjudicatarios por otros situados en diferentes barrios. Los afectados aseguran que si los vecinos de Penamoa aceptan el trueque, se evitaría la creación de nuevas barriadas.
* La Opinión A Coruña - TANIA SUÁREZ / RUBÉN GARCÍA - 22.1.09
Foto: El barrio de Eirís de Abaixo- GABRIEL TIZÓN, elpais.com
Es un ´disparate´ que 15 familias de chabolistas vivan en un edificio
La hora de las casas ilegales
ELPAÍS/Cádiz* : Durante los últimos 30 años crecieron como setas. Y ahora eliminarlas no va a ser nada fácil. El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz), auxiliado por la Junta de Andalucía, ha emprendido la fase decisiva de uno de sus objetivos más ambiciosos y complejos: regularizar más de 15.000 viviendas ilegales.
Ha buscado la solución mediante unas ordenanzas que han repartido la ciudad en áreas y que fija la disposición de servicios básicos como el agua potable o el alcantarillado. El coste ha de ser asumido por los propietarios que construyeron sin permiso. Y he ahí el problema. Los que llevan años viviendo en casas que levantaron sin licencia no están dispuestos a pagar el precio que el Consistorio, encabezado por el socialista José María Román, les pide. Lo consideran desorbitado. Si los vecinos no pagan, el plan está destinado al fracaso y prolongará sin fecha la compleja situación irregular urbanística de la ciudad. También pondrá en duda una política que el Gobierno andaluz quería extender a otros puntos de la comunidad.
La manifestación de ayer, que reunió a más de 4.000 personas, era la expresión pública de los que se oponen al proceso de regularización impulsado por el gobierno municipal socialista. El inventario realizado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio establece que en Chiclana hay 15.007 casas ilegales. De ellas, 10.632 están dentro de las nuevas áreas de gestión básica y entran dentro de este proceso de legalización que ha comenzado con la apertura de una oficina y ha continuado con la elaboración de unas ordenanzas que establece los pasos que se deben seguir y se establecen los costes que, según la primera estimación, oscila entre los 30.000 y los 140.000 euros. En este precio está la solución administrativa para hacer la vivienda legal y las obras para dotarla de servicios básicos como alumbrado, alcantarillado o suministro de agua potable.
Pero muchos no están dispuestos a pagar ese dinero. Y no es una cuestión política. También rechazaron las anteriores ordenanzas propuestas por el anterior equipo de gobierno de IU y de PP. Es una cuestión económica. "Es algo inasumible y más en estos tiempos", advierte Miguel Pérez, portavoz de la plataforma que convocó la manifestación. La mayoría de ellos han solicitado, con el apoyo de la oposición municipal, que sea la Junta y el Ayuntamiento los que paguen el 75% de ese dinero. En su argumentario, el hecho de que ambas administraciones permitieron durante años que las setas del urbanismo ilegal crecieran sin control en Chiclana.
La última propuesta de esta plataforma, que engloba a un buen número de asociaciones, es que los propietarios paguen algunos servicios básicos, los más demandados, y que el Ayuntamiento retrase el resto del proyecto hasta tener un nuevo plan general, ya que el actual, aunque recurrido, está anulado por el TSJA.
Otras como José Antonio Sánchez, de la Federación Norte, proponen que sea el Ayuntamiento el que solicite, avalado por la Junta, un gran préstamo de 360 millones de euros (el coste estimado de la regularización) y que los propietarios paguen en cuotas mensuales no superiores a 80 euros al Consistorio. "Los bancos no nos van a dar préstamos a todos para pagar los precios que están pidiendo", advierte. El movimiento vecinal, que ha incorporado también tintes políticos, ha derivado también en la plataforma Chiclana justa, un colectivo que no quiere que el dinero público se invierta en ayudar a los que levantaron sus casas sin permiso. "Que pague quien en su momento no pagó", dice su portavoz, José Izquierdo.
El Ayuntamiento lo tiene difícil. Busca fórmulas para reducir el coste: créditos blandos, ampliación de plazos, o contratación individual de las obras. Pero sigue sin convencer a todos. Sin vecinos dispuestos a pagar, las setas del urbanismo ilegal seguirán en Chiclana.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 22/11/2009
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos
El malestar por la corrupción sale por primera vez a la calle
ELPERIÓDICO/Barcelona* : Los últimos casos de corrupción en el Palau de la Música y en Santa Coloma de Gramenet han comenzado a despertar el descontento entre decenas de asociaciones y plataformas que se concentraron ayer en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para protestar, por primera vez, contra la corrupción en Catalunya.
Cerca de un millar de personas asistieron a la convocatoria y lucieron pancartas con mensajes agresivos contra los partidos políticos y los empresarios de la construcción. «PSOE, PP, CiU, etc: delincuencia organizada» y «La única gripe que mata es la especulación inmobiliaria» fueron algunos de los mensajes que exhibieron los manifestantes mientras simulaban que cocinaban un gran chorizo en una pequeña olla.
Asociaciones diversas pero con un común denominador (las afectaciones por polémicos planes urbanísticos) pidieron la revisión de los proyectos que, a su juicio, vulneran el interés colectivo y favorecen a grupos empresariales y políticos.
Los afectados en Barcelona por la reforma de Can Ricart, la plataforma contra la reforma del Miniestadi en Les Corts y los contrarios a los planes urbanísticos en los barrios de Singuerlín y Serra de la Marina en Santa Coloma de Gramenet, fueron algunas de las agrupaciones más numerosas. Pero también asistieron manifestantes que protestaban contra la construcción de una guardería en malas condiciones en el Forat de la Vergonya o los vecinos de la Terra Alta, que se quejan de la instalación de molinos de viento.
TRABAJADORES EN PARO/ En la cita también se congregaron otros colectivos afectados por la crisis. La asamblea de parados de Catalunya denunció, a través de su portavoz, Oleguer Bohigas, que muchos trabajadores de las obras del Plan E llamados por empresas subcontratadas carecen de contrato laboral. El trabajador en paro se dirigió desde la tribuna a los asistentes y utilizó el popular lema de las revueltas de Argentina durante la crisis del corralito: «Que se vayan todos».
Tras su intervención, los vecinos de Santa Coloma de Gramenet pidieron a gritos la disolución del consistorio mientras uno de sus portavoces exigía desde la tribuna un cambio radical en la política urbanística de la ciudad. En el acto, vigilado por los Mossos d’Esquadra, también se mostraron pancartas que pedían prisión para Millet y no faltó su caricatura nadando en billetes.
* El Periódico - DAVID PLACER - 22.11.09
Foto: Una parte de los manifestantes, ayer, en la plaza de Sant Jaume. Foto: DANNY CAMINAL, elperiodico.com
Jerez: El final del 'pelotazo'
DIARIODEJEREZ* : La ciudad tiene 25.000 nuevas viviendas paralizadas de las que aún no se ha puesto ni un ladrillo. Hay otras miles a medio hacer y unas 12.000 construidas y deshabitadas. Completamente vacías. 9,3 millones de metros cuadrados de suelos rústicos fueron vendidos hace años un 50% por encima de lo que costarían ahora.
La realidad dicta que "ahora el suelo no vale nada; casi no hay suelo en venta porque no merece la pena, nadie da nada por nada", comenta un promotor inmobiliario. Ni se ha puesto un ladrillo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Jerez, con una previsión desfasada y más propia de los tiempos del 'pelotazo', "ni difícilmente se pondrá alguno a lo largo del año que viene". Así de claro lo ponen de manifiesto expertos del sector consultados por este periódico que operan en la ciudad desde mucho antes del 'boom' del ladrillo. Las promotoras no dan abasto, "no hay ni una que tenga liquidez", atestiguan. Las entidades financieras controlan a su antojo cuándo y cómo les insuflan oxígeno económico. Y los potenciales compradores andan más preocupados por no perder su puesto de trabajo o encontrar uno cuanto antes que por pelearse con un banquero para que les conceda, casi como obra de caridad, un crédito hipotecario.
La crisis global es sinónimo de crack del negocio inmobiliario, de fin de la era del 'pelotazo'. No se entiende lo primero sin lo segundo, al menos en España. En este mapa de poceros, sandokanes y demás hierbas, Jerez figura como uno de los municipios donde más dinero ha movido la construcción en los últimos tiempos. Hace casi cinco años, cuando arrancó la revisión del actual planeamiento, se decía que el PGOU aprobado en el año 95 estaba totalmente agotado, que no había ni un milímetro sobre el que construir y por eso los promotores se agolpaban a las puertas de Los Arcos demandando recalificaciones urbanísticas a mansalva. Sólo unos años después, hay millones de metros de suelo disponible pero, paradójicamente, ya ni hay dinero, ni casi quedan promotores con margen de maniobra. Todo eso se acabó. "Y no volverá", puntualizan rotundos desde el sector.
"Ha habido muchas inversiones millonarias en suelos que no valen ahora ni la mitad de lo que se pagó por ellos; además no hay bancos que financien extensiones de terreno tan enormes", señalan en alusión a los nuevos desarrollos que ha pintado con alegría el nuevo Plan General, que extiende el núcleo principal de Jerez como una mancha de aceite que baña todo el territorio municipal. Con suerte y mucho esfuerzo, confirman, las principales promotoras de la ciudad, Grupo Ángel Monreal, Rochdale, Basilio Iglesias y Jerezana de Comunidades, podrían poner algo en marcha para el segundo semestre de 2010. Monreal, por ejemplo, empezará en breve a edificar dos fases de Rancho Croft (un centenar de casas vendidas), pero la tónica imperante es que no se mueve ni un jaramago de los suelos sobre los que se alzará el Jerez del mañana. Desde la Delegación de Urbanismo, ávida de inversiones e impuestos que recaudar gracias al 'ladrillo', aseguran que habrá novedades el año que viene aunque lo cierto es que hay más promoción que ventas reales.
Hay casos curiosos, como el de promotoras que han concluido urbanizaciones en la ciudad, con sus jardines y columpios incluidos, pero que no han podido construir las casas porque nadie estaba dispuesto a comprarlas. Es el caso del complejo residencial promovido por la empresa alicantina Hansa Urbana, en sociedad con la poderosa Metrovacesa, en la zona de Pozoalbero. Ambas ya dieron carpetazo a todo proyecto en Jerez. Uno de los responsables de Hansa, Diego Chacón, asume que "tendremos que esperar a que la cosa mejore, pero es cierto que Jerez es ahora de lo peorcito de España". Sin querer entrar en más detalles, "nosotros decidimos terminar la urbanización que ya habíamos empezado, y ahora toca esperar, pero a este paso vamos a tener que regalar las casas en Jerez". Hay promociones lujosas, con localizaciones inmejorables en pleno centro, con las máximas calidades, que se venden a precio de hipoteca (rebajas de entre un 20-30%) y que sin embargo no se venden. Mejor dicho, apenas se venden. En los mejores casos, sus promotores han conseguido cubrir el 50% de la oferta, pero la otra mitad sigue deshabitada. Y probablemente "lo seguirá estando durante mucho más tiempo, hasta que el mercado se regularice definitivamente", apostillan a propósito de un negocio hasta ahora "ilógico" e "inflado", víctima de su propia ambición desmesurada. "Aquí todo el mundo invertía lo que ganaba; se ha ganado mucho, pero no es menos cierto que muchos beneficios están ahora bloqueados en inversiones que puede que nunca lleguen a materializarse", comenta un conocido promotor que prefiere mantener el anonimato.
"Dependemos al 100% de los bancos, tanto para edificar, como para vender", recalcan. Eso, con un handicap adicional: "Los bancos y cajas nos hacen ahora, para colmo, competencia desleal en toda regla, puesto que la mayoría se ha dedicado al negocio inmobiliario para dar salida a todo el stock". La ciudad, sólo hay que dar una vuelta, está repleta de enormes anuncios publicitarios de entidades financieras que venden pisos 'heredados' a través de filiales inmobiliarias.
En el último año, la actividad de la construcción ha perdido en la ciudad 4.500 empleos, pero a éstos hay que sumar el de las personas que tenían algún tipo de relación con el ladrillo aunque en el ámbito de los servicios. Las agencias y empresas inmobiliarias crecieron como setas por toda la ciudad hace tan sólo unos años y en la actualidad han desaparecido a idéntico ritmo vertiginoso como el que se generaron. "Sólo quedan los de toda la vida", dicen quienes aún tienen suerte de seguir vivos en el negocio de la compraventa.
A principios de 2007, cuando el 'boom' daba sus penúltimos coletazos, se llegaron a contabilizar 264 oficinas inmobiliarias distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad. "Algunas grandes, como Tecnocasa, sumaron hasta 14 oficinas, pero quien más y quien menos tenía 2 ó 3 oficinas abiertas", rememoran. Y apostillan: "Era una barbaridad, pero lo más curioso es que todas vendían". Ni que decir tiene que la crisis ha arrasado con todo eso. Hoy día, afirman fuentes de toda solvencia, sólo se mantienen abiertas una veintena de oficinas y, además, "no hay nadie que tenga más de una". Esta drástica disminución de un 92,4% no ha afectado a históricos del negocio inmobiliario en la ciudad como Cambas, Gormaz, Mistercasa, Huertas o Zambrano. "Somos de las pocas que nos mantenemos, pero la verdad es que firmar no estamos firmando casi ninguna transacción, sólo a cuenta gotas; y algunas subsisten con los alquileres", admite Francisco Escot, gerente de Mistercasa, que llegó a tener dos oficinas en otros tantos puntos de la ciudad. "A nosotros nos pasa como a los promotores, ya sólo quedamos los de siempre y los más serios", apostilla Escot, que pese a todo entiende que "lo que ha pasado es que hemos vuelto a la normalidad. "Hay que ser conscientes de eso, aunque algunos no intuyésemos que la normalización sería tan severa", apostilla. El 'pelotazo' se ha ido y todos coinciden en que no volverá. Una muerte anunciada que pocos vislumbraron. Un conocido promotor avisa: "Yo hago una cosita ahora y no muevo nada más hasta al menos dentro de dos años". Tensa espera.
* Diario de Jerez - Francisco Sánchez Múgica - 22.11.09
Foto: diariodejerez.es
