LAOPINIÓN/A Coruña* : Las casas que podrían verse afectadas son las construidas en suelo rústico o rústico urbanizable no desarrollado que recibieron la pertinente licencia municipal antes de 2003. Cuatrocientas viviendas del Concello de Pontedeume quedarán fuera de ordenación si se aprueba el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que finalizará el próximo martes su plazo de exposición pública y periodo de alegaciones.
Las casas que podrían verse afectadas, de aprobarse el documento urbanístico, son construcciones que se encuentran en suelo rústico o rústico urbanizable no desarrollado y que cuentan con la pertinente licencia urbanística, otorgada por el Ayuntamiento antes del año 2003, cuando entró en vigor la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
Ahora los afectados exigen que el plan general les ofrezca una solución para no quedar fuera de ordenación, ya que consideran que ellos cumplieron con todos los requisitos exigidos en su momento para poder levantar sus viviendas, como hacerse cargo de las conexiones a la red eléctrica, a la red de abastecimiento y de saneamiento por sus medios o, en los muchos casos de carecer de alcantarillado, de construir fosas sépticas. Además, señalan, llevan más de veinte años pagando la contribución urbana estipulada para sus viviendas.
El proyecto urbanístico aprobado por el pleno de forma inicial a finales del pasado mes de noviembre califica terrenos costeros del municipio (concretamente en las parroquias de Boebre, Centroña y Nogueirosa) como suelo rústico, por lo que las construcciones realizadas allí sobre las normas subsidiarias de 1986, vigentes en la actualidad, quedarían fuera de la legalidad. Esta situación, calificada por el director de la Escuela Superior de Arquitectos de A Coruña, Xosé Manuel Casabella, como "limbo urbanístico", únicamente permitiría realizar en las casas obras de conservación y mantenimiento, con el consiguiente descenso del valor económico de sus propiedades.
"Un buen plan ha de atender las peticiones de los vecinos", sentencia Casabella. Muchos de los vecinos afectados por esta situación han presentado o lo harán en los próximos días alegaciones al proyecto de ordenación, en las que reclaman que las viviendas construidas con la pertinente licencia urbanística se incluyan en el plan general como edificadas en suelo urbano no consolidado.
* La Opinión Coruña - 28.02.10
Foto: Vista aérea de Pontedeume. / carlos picallo, laopinioncoruna.es
El plan general de Pontedeume deja 400 viviendas fuera de ordenación
Campo de Gibraltar: El Seprona investiga 30 casos de supuesto delito urbanístico
INFORMACIÓN/Cádiz* : El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sigue incrementando cada año su volumen de trabajo en materia de delitos urbanísticos. Esta disciplina, antaño competencia exclusiva de las policías locales de los municipios, ya concentró en 2008 el 90 por ciento del trabajo de esta unidad especializada en Algeciras, y sólo en los dos primeros meses del año, ha dado lugar a 30 solicitudes judiciales de intervención.
Este número resulta significativo, teniendo en cuenta que durante todo el año 2009 se solicitaron 83 intervenciones. Si proyectáramos el número de casos investigados actualmente con lo que podría dar a final de año, podríamos estar hablando de unos 180 supuestos urbanísticos, lo que volvería a situar al Seprona en el volumen de trabajo alcanzado hace dos años.
Y es que, según datos aportados por el Instituto Armado, en 2008 se batieron todos los records en lo que a actuaciones se refiere, con 198 solicitudes judiciales -126 de ellas diligencias informativas emitidas por la Fiscalía de Medio Ambiente- y 72 de ellas diligencias previas. Todo ello dio lugar a 68 atestados, 105 informes, una detención y 10 imputaciones. Asimismo, se produjeron 59 denuncias ciudadanas en procedimiento administrativo remitidas a los ayuntamientos.
En 2009 descendieron un poco las cifras, con 83 solicitudes del juzgado, nueve atestados, 21 denuncias administrativas y 132 informes. Si comparamos las cifras expuestas con las de 2005, 2006 y 2007, las diferencias son notables. Hace cinco años, se tramitaron 27 diligencias, con 21 solicitudes judiciales, se emitieron 12 atestados y se emitieron cuatro denuncias ciudadanas.
En 2006, las cifras bajaron a ocho diligencias, siete atestados a requerimiento de la Autoridad Judicial y una única denuncia administrativa.
2007 supuso un ligero aumento hasta las 25 diligencias, con 19 atestados solicitudes por la Autoridad Judicial, otro por una denuncia particular y cinco demandas administrativas.
Si bien desde este grupo eludieron detallar -en beneficio de la labor investigadora- en qué zonas se están practicando actualmente estas indagaciones, las fuentes sí que reseñaron que Tarifa es uno de los puntos donde más han tenido que trabajar estos agentes.
Presión municipal
Desde el Seprona detallaron que “la presión judicial y policial”, propiciada por la inestimable colaboración del departamento municipal de Disciplina Urbanística de esta localidad, “ha conseguido frenar” el levantamiento de edificaciones en zonas como Monte La Peña, Paloma Baja, Bolonia y Cañada Matatoros.
También en Algeciras se inició en los últimos años un proceso por el que se están denunciando fincas supuestamente ilegales, que han dado lugar, en algunos casos, a demoliciones, como es el caso de Argamasilla. Otras zonas de monte público, como Majadal Alto, y también la Vega de Botafuegos, han sido objeto de actuaciones. Hasta el pasado mes de noviembre, de las 39 parcelas usurpadas en Argamasilla que fueron denunciadas en su momento ante la Fiscalía de Medio Ambiente, 15 habían sido ya recuperadas por orden judicial; 17 continuaban su curso por la vía penal; y en siete se habían tramitado expedientes para la recuperación de oficio, al haber prescrito el delito penal.
Las motivaciones que dan lugar a las edificaciones ilegales son muy diversas, y dependen mucho de su localización. Así, en Tarifa suele darse el caso de presuntos usurpadores de terreno que edifican una segunda residencia. En muchos casos, son extranjeros. En Algeciras, sin embargo, estas construcciones suelen ser primeras viviendas de sus propietarios, lo que supone que en el momento de las expropiaciones se vivan fuertes tensiones de índole social.
Desde el Seprona solicitan de los departamentos de Disciplina Urbanística un mayor rigor a la hora de denunciar posibles edificaciones ilegales, tomando el ejemplo de localidades como Algeciras y Tarifa, donde el trabajo está dando sus frutos. Para los efectivos del Seprona, se está notando el efecto disuasorio que produce la contundencia de las demoliciones, con una reducción de construcciones ilegales.
En San Roque, es de todos conocida la polémica surgida a raíz de la adjudicación irregular de la parcela del TG-22, que, como recordó el secretario local del PSOE Juan Carlos Ruiz Boix en días pasados, supondrá una indemnización a las firmas afectadas de al menos 3.800.000 euros. Este mismo político denunciaba la proliferación de casos urbanísticos en zonas como Sotogrande.
Según diversas fuentes, un municipio que tiene potencialmente un campo de actuación muy amplio es Los Barrios, donde Agaden ha efectuado denuncias.
Desde esta unidad recuerdan la importancia de cortar de raíz estas actuaciones ilegales, que suelen comenzar con un vallado, una o dos casas de autoconstrucción y acaban convirtiéndose en un terreno urbanizado que requiere de servicios básicos. Otro aspecto destacado por el Seprona es el peligro que supone que algunas de estas construcciones se hagan en zonas fácilmente inundables.
Ecologistas
La organización ecologista Agaden tuvo mucho que ver en el incremento de investigaciones en cuanto a posibles delitos urbanísticos a partir del año 2008, emitiendo un enorme volumen de denuncias, en una labor que los responsables del Seprona quisieron también reconocer en estas líneas. El representante de este colectivo Juan Antonio Carrasco manifestó que en los últimos meses han reducido su labor de denuncia gracias a la creciente implicación tanto de la Fiscalía de Medio Ambiente como del propio Seprona y los departamentos de Disciplina Urbanística de los municipios, especialmente Tarifa y Algeciras.
“En 2008 denunciamos muchas construcciones ilegales dentro del parque natural del Estrecho y el de Los Alcornocales. Durante este periodo, y también en 2009, la acción de Fiscalía y Seprona ha sido encomiable, y desde hace poco se les han unido los ayuntamientos paralizando construcciones ilegales y recuperando usurpaciones”, indicó el portavoz ecologista.
“Hay un marco de colaboración muy bueno que no tiene nada que ver con la situación que se vivía hace cinco años”, concluyó Carrasco, quien señaló que, además de las zonas comentadas por el Seprona, han centrado su labor denunciadora en puntos como Chorrosquina, en Algeciras, o Valdevaqueros, en Tarifa.
* Información - 28.02.10
Foto: La Línea Y Gibraltar - lalineadigital.es
Vecinos de Ciutat Vella exigen un centro cultural en el solar del Teatro Princesa
LEVANTE/Valencia* : Desde que hace un año, el 27 de febrero de 2009, se quemara completamente el antiguo Teatro Princesa (abandonado desde 1990), los vecinos del barrio de Velluters reivindican la construcción de un centro social y de uso público en el solar del Princesa. Aprovechando el aniversario del incendio que destruyó el teatro, la plataforma "Recuperem el Princesa Reviscolem el Barri", junto con la asociación de vecinos de Ciutat Vella, salieron ayer a la calle bajo el lema "Un any més sense teatre?" para exigir al ayuntamiento una "solución favorable".
Acompañados de "Els dimonis Socarrats de Campanar", la batukada "Els Cucs de Velluters" y la murga "Los lunáticos de Valencia", los vecinos hicieron un pasacalle alrededor del barrio para pedir "que no pasen doce meses más sin una solución favorable por parte del Ayuntamiento con respecto al solar del Teatro Princesa". Durante el pasacalle se repartieron folletos explicativos sobre el motivo de la reivindicación y cuyo diseño, curiosamente, está basado en el cartel de la obra de teatro "El escándalo" que se interpretó durante los años 80 en el Princesa.
Hartos de la basura
"Estamos hartos de tanto solar vacío lleno de coches y basura mientras el barrio no tiene nada para los vecinos", se quejaba Lourdes Roncal, vecina de Velluters y miembro de la asociación. Actualmente, el solar donde antes se encontraba el antiguo teatro, se ha convertido en un aparcamiento, que provisionalmente han alquilado a los comerciantes del Mercado Central, y que los vecinos de la zona califican de "ilegal" basándose en la propia normativa del Ayuntamiento, en concreto en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Velluters.
"Esta no es la mejor solución, los vecinos queremos un equipamiento público y cultural que podamos gestionar nosotros. Nos reunimos el miércoles con la Concejalía de Urbanismo y nos dijeron que no hay dinero y que por el momento las cosas no van a cambiar, pero para otros barrios si hay dinero, han abandonado Velluters", comentaba Isabel Cervera, miembro de la plataforma "Recuperem el Princesa"
El año pasado se realizó una consulta popular a los vecinos sobre el uso que querían darle al solar. Un 97% de los encuestados optó por la construcción de un centro público cultural o social autogestionado por el vecindario.
Sin embargo, tras un año sin respuesta por parte del Ayuntamiento de Valencia, los vecinos empiezan a sentir que las autoridades municipales han abandonado el barrio de Velluters y que no escuchan a los vecinos.
* Levante-EMV - 28.02.10
Foto: Los vecinos del barrio reivindican un centro cultural durante el pasacalles. m.a montesinos, levante-emv.com
Amenaza tormenta sobre El Palmar
LAVOZ/Cádiz* : Pase lo que pase habrá tormenta. Las posturas de ecologistas, expertos, vecinos y representantes municipales son tan dispares que nadie puede evitar que alguna de las partes, si no la mayoría, salga herida de la refriega. Lo que se discutió ayer, en el marco de las jornadas de reflexión y debate organizadas por la Plataforma contra el proyecto hotelero de El Palmar, no fue la conveniencia o no de levantar instalaciones turísticas a 300 metros de la playa, sino los pros y los contras de dos modelos de desarrollo a priori irreconciliables.
En la teoría, caben opciones intermedias. En la práctica, visto lo visto, no.
La mesa redonda, moderada por la directora de LA VOZ, Lalia Gonzalez-Santiago, sirvió para escenificar el desencuentro. Antonio Muñoz, delegado de Urbanismo de Vejer y protagonista involuntario de 'Solo ante el peligro 2', insistió en los argumentos que el Consistorio lleva defendiendo desde que prendió la polémica: se trata de la mejor forma de ordenar un territorio que, de otra manera, «caería en manos de especuladores individuales». En resumidas cuentas: que o se urbaniza la zona o se la condena a la parcelación ilegal. «Hoy por hoy es inevitable», sentenció.
El profesor de arquitectura y especialista en medio ambiente y turismo sostenible Benito Sánchez, le dio la réplica. El experto trató de desmontar la idea «perversa y trasnochada» de que «el tipo de hotel que se quiere construir será una fuente de riqueza y empleo para el pueblo». «En primer lugar, la obra se adjudicará, casi seguro, a una mega constructora de fuera, que traerá su propia mano de obra, salvo algunos puestos menores; en segundo lugar, se abastecerán con grandes proveedores, como Mercamadrid; en tercer lugar, las cadenas hoteleras de este calibre forman y contratan desde una central al personal que necesitan, con lo que sólo quedará un puñado de puestos de trabajo, precarios y estacionales, para los naturales del pueblo; en cuarto lugar, ese modelo de turismo 'tipo Resort' implica que los usuarios apenas salen del recinto, con lo que tampoco se beneficiará así a los pequeños comerciantes». A todo ello hay que sumar, según Sánchez, el perjuicio que supondrá para la zona «los muchos visitantes que, desencantados por el efecto de la construcción en el paisaje, dejen de venir».
Los portavoces de los vecinos de El Palmar que participaron en el debate tampoco lo tenían claro. Para ellos, prima «la situación de abandono» que llevan «sufriendo desde hace años», la falta de prestaciones y servicios y la necesidad de regularizar la situación de sus viviendas. Lo del hotel, al fin y al cabo, «sólo ha servido para que nos echen cuenta».
En el turno de intervención del público, más posturas enconadas. El diálogo sigue abierto, aunque ya se avistan nubarrones en el horizonte.
* La Voz Digital -28.02.10
Foto: La mesa de debate, formada por el delegado de Urbanismo de Vejer, vecinos, expertos, ecologistas y moderada por Lalia González-Santiago. :: CRISTÓBAL, lavozdigital.es
Ni un ladrillo más en Monteferro
FARODEVIGO* : La sombra del pelotazo vuelve a planear sobre Nigrán, concretamente, en su espacio natural más emblemático, Monteferro. Sus defensores, los miembros de Salvemos Monteferro, advierten al gobierno municipal de que no permitirán ni una actuación urbanística más en la península y critican el hecho de que el avance del Plan Xeral de Ordenación Municipal recalifique una parcela de 20.000 metros cuadrados junto al SAU 1.
El asunto se salta, a juicio de los ecologistas, el consenso social adquirido en el consello sectorial de urbanismo, que acordó en una de sus últimas reuniones otorgar la máxima protección a la zona en el planeamiento.
La finca, en la cara norte del monte, pasaría de rústica de especial protección a urbanizable, según el plano incluido en el documento. La polémica lleva una semana en el aire. El portavoz de UCN, Antonio Fernández, denunció el cambio de calificación y el gobierno municipal se apresuró en asegurar que el equipo redactor copió los planos de las normas subsidiarias en vigor. El argumento no resulta válido para el grupo ecologista. "Para que se fai un PXOM? Para manter a ordenación preexistente ou para facer unha nova máis acorde coa realidade actual? Para copiar e perpetuar os erros ou para corrixilos?", se preguntan.
El POL impide edificar
Salvemos Monteferro asegura además que incluso el Plan de Ordenación del Litoral enviado recientemente por la Xunta califica todo el entorno natural como espacio "de mellora ambiental e paisaxística", una calificación que impide la edificabilidad. Por eso, los ecologistas consideran "indispensable" que el equipo de gobierno muestre su firme voluntad política de evitar "esta nova desfeita". "As declaracións falando de dotar da máxima protección a Monteferro, Monte Lourido e A Foz soa moi ben, pero son totalmente incompatibles con noticias coma esta", recalcan.
Respecto al consello sectorial que, según el colectivo se ha despreciado, Salvemos Monteferro recuerda que integra a veinte colectivos del entorno, prácticamente la totalidad del entramado asociativo del municipio, sin la presencia de PP y UCN "porque non se dignan a debater cos colectivos de Nigrán".
Por último, la agrupación agradece el apoyo a los numerosos internautas que se han quejado de la ordenación que ofrece el avance del plan.
* Faro de Vigo - 28.02.10
Foto: Imagen del monolito de la cima del monte. Ricardo Grobas, farodevigo.es
El Guadalquivir doblega al urbanismo
ELPAÍS : La mayoría de las viviendas inundadas esta semana estaban fuera de ordenación. El pasado jueves, mientras los vecinos Andújar (Jaén) contemplaban desolados e impotentes la espectacular crecida del río Guadalquivir, que sepultó el poblado de colonización de Llanos del Sotillo, una emisora local recordaba que ese día se cumplían 47 años de la visita que el general Franco realizó al municipio para conocer las terribles inundaciones del invierno de 1963 y prometer una lluvia de ayudas estatales. De poco o nada sirvieron. En el verano de 1996, todas las vegas del Guadalquivir volvieron a inundarse, lo mismo que ha ocurrido ahora, 14 años después.
Pero las inundaciones cíclicas en Andújar no son un caso aislado. La mayoría de las viviendas anegadas en el que ha sido el febrero más lluvioso del último medio siglo -las precipitaciones en toda la cuenca del Guadalquivir han triplicado la media habitual- ya volvieron a sufrir inundaciones años atrás.
Llueve sobre mojado, por tanto, sin que nada o nadie pueda evitarlo. Pero es que, además, hay otro elemento que identifica a la mayor parte de los centenares de inmuebles que han tenido que ser desalojados esta semana: estaban construidos fuera de ordenación urbana. El Guadalquivir ha doblegado una vez más al urbanismo ilegal, porque como dijo el pasado viernes el presidente andaluz, José Antonio Griñán, "el río tiene su título de propiedad y en cualquier momento puede llegar y decir esto es mío".
Ocurrió la semana pasada con cerca de un centenar de viviendas junto al río Guadalete de Jerez, y se ha repetido esta semana con las más de 1.600 viviendas de Los Puentes en Jaén, otras 250 junto al aeropuerto de Córdoba y una veintena el Lora del Río, entre otras. Pero no son las únicas. El Observatorio Provincial de Sostenibilidad de la Diputación de Málaga ha cifrado en un millar las viviendas construidas ilegalmente en los márgenes de ríos y afluentes, pero sólo en los municipios de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Granda y Cártama. De este modo, a falta de un censo oficial que recoja las viviendas junto a los cauces, ya hay más de 3.000 viviendas donde la propia Administración reconoce su ilegalidad. Y eso sin contar con los 8.400 expedientes por viviendas ilegales (en este caso fuera de las zonas inundables) que ha tramitado la Consejería de Vivienda, la mayoría desde que en 2005 se creó el cuerpo de inspectores. Todas esas viviendas están dentro del mapa de puntos negros por inundación que la Junta de Andalucía elaboró como anexo al Plan de Prevención de Avenidas. En total, en ese inventario hay 1.099 puntos de riesgo que afectan a unos 400 municipios, de los que 115 son de riesgo máximo al estar en juego vidas humanas.
La cuenca del Guadalquivir concentra casi la mitad de esas zonas inundables. "Es una foto fija que ya se repitió en 1996 y que debe ser tenida en cuenta", admite el director de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua, que ha encargado una actualización y revisión de este plan, muy criticado esta semana por el Partido Popular.
"Ha existido y existe negligencia por parte de los ayuntamientos por permitir construir en zonas inundables y también de los organismos de cuenca por haberlo permitido", subraya Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, una organización que tiene cuantificadas 25.000 casas en toda España en puntos inundables.
Andalucía es una de las regiones europeas que más soporta el impacto de las inundaciones. De hecho, según un estudio recogido en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de la Junta de Andalucía, la densidad territorial de las avenidas históricas registradas en los últimos 500 años es un 62% mayor que la media nacional, y un 12% mayor la densidad de las zonas de riesgo. Y las pérdidas económicas per cápita en Andalucía son hasta un 111% mayores que la nacional, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la región.
Más de mil puntos de riesgo
- El Plan de Prevención de Avenidas contabiliza 1.099 puntos de riesgo de inundaciones, de los que 115 son de riesgo máximo al estar en juego vidas humanas. Estos se distribuyen así: 44 puntos en Granada; 24 en Almería; 12 en Málaga; 12 en Sevilla; 8 en Córdoba; 7 en Jaén; 5 en Cádiz; y 3 en Huelva.
- La Administración admite que hay unas 3.000 viviendas construidas ilegalmente junto a los cauces.
- La Consejería de Vivienda ha tramitado ya 8.400 expedientes de casas ilegales en toda Andalucía fuera de las zonas inundables.
- La densidad de las avenidas históricas en Andalucía es un 62% mayor que en el resto del país.
- En 2007, se calculó que en Córdoba había unas 6.000 parcelas ilegales, 600 de ellas en la zona del aeropuerto, la más afectada por la última riada.
- La inmensa mayoría de los dueños de las casas anegadas en Jerez son edificaciones levantadas al margen de la ley.
* ELPAIS.com - 28.02.10
Foto: Una vista de las inundaciones en Córdoba el pasado día 24. En el centro, la pista de aterrizaje del aeropuerto, abajo las parcelaciones Altea y arriba las de Fontanar de Quintos.- RAFAEL TENA, elpais.com
La capital del bache
ELPAÍS/Madrid* : Han tomado Madrid. Las constantes lluvias y las nevadas de este invierno los han hecho aparecer por todas partes. Tienen un campo fértil, 50 millones de metros cuadrados, la extensión de las calzadas madrileñas. Son los baches. Desde hace semanas se multiplican por las calles de la ciudad. Están presentes tanto en vías céntricas como Alcalá, Mayor o el paseo de la Castellana como en calles de menor importancia. De su proliferación dan fe los datos municipales: los avisos de ciudadanos al teléfono 010 por la aparición de baches se han incrementado en un 80% en lo que va de año.
De las 50 advertencias diarias que se registraron en diciembre pasado se ha pasado a 90 de media diaria desde enero.
El Ayuntamiento asegura que hace frente al problema de forma correcta y que todos los baches graves se arreglan en un plazo máximo de 72 horas. El resto se resuelve según las prioridades, asegura la portavoz de la Concejalía de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Sin embargo, al observar casi cualquier calle de Madrid da la impresión de que el Consistorio ha perdido la batalla. Los baches proliferan como hongos. Los hay de nuevo cuño y los hay veteranos, de esos que siempre salen en el mismo sitio.
Los hoyos representan una amenaza para la seguridad de conductores y peatones (también las aceras sufren los desperfectos). En un día lluvioso, un bache de casi un metro de diámetro, como el que tiene la calle de Bailén cerca de la basílica de San Francisco el Grande, provoca que los vehículos frenen de repente, vuelen un instante y caigan con un golpe seco. En un segundo se dañan no sólo los neumáticos, sino también la dirección y la suspensión.
Sergio Fernández, uno de los responsables de Tecno-Centro, una cadena de 121 talleres mecánicos y de neumáticos en España (con ocho en Madrid), ve crecer los clientes que llegan por problemas relacionados con los baches. No dispone de estadísticas, pero asegura que cada vez más los conductores tienen que cambiar sus llantas por los baches. Esta operación puede costar entre 50 y 150 euros por cada neumático, dependiendo del tipo y calidad de la rueda.
El propio Fernández padece en carne propia las consecuencias de los hoyos: tiene poca altura con respecto al suelo. Asegura que los baches le han dañado los neumáticos y la dirección. "No sé si esos problemas los va a cubrir el seguro. Si te comes un bache, no sabes a quién acudir. Y los primeros fallos no se ven, hasta que ya hay una burbuja en las llantas y explota. Eso llega mucho a los talleres, es un peligro para la seguridad vial", afirma.
Los ciudadanos cuyo coche resulta dañado por los baches pueden demandar al Ayuntamiento, pero no es habitual. Ni siquiera los taxistas, uno de los grupos más afectados, recurren a ello, asegura Julio Moreno, secretario general de la Asociación Gremial del Autotaxi, mayoritaria en la ciudad. "Sale más caro el collar que el perro. Entre el abogado y el procurador y los trámites preferimos conducir con más cuidado". "Hay un abandono del Ayuntamiento. Hay muchos socavones. Deberían de quitarse la máscara del afán recaudatorio y reparar los baches", añade.
El peligro de nuevos hoyos está lejos de amainar. Se mantiene la previsión de lluvia, la gran enemiga del asfalto. Además, se unen otras causas habituales en Madrid: exceso de tráfico, terreno arcilloso y deficiencias en la ejecución del asfaltado. Pero también está el hielo, afirma Elena de la Peña, subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera (que agrupa a administraciones públicas y empresas). Y por si fuera poco, la nieve (agua al fin y al cabo), o mejor dicho, su antídoto. "La sal es agresiva con elementos del firme", asegura esta técnica. Y este invierno se han repartido toneladas, por la abundancia de nieve. "La sal es lo peor", añade otro experto, el ingeniero técnico de Obras Públicas, Francisco Rama, autor de varios trabajos sobre los desperfectos de las calzadas. "Pero no existe otra solución para evitar que las calles se hielen en una ciudad grande", añade.
Reparación rápida y correcto mantenimiento son el antídoto para evitar que la red viaria acabe con un aspecto cercano al de un bombardeo. "En la ciudad debería hacerse ahora una operación asfalto, pero a lo mejor es inviable porque ya hay muchas obras y tráfico denso", plantea De la Peña.
Los baches están en el asfalto, en las conversaciones y hasta sirven de inspiración. Jesús Moras, lector de EL PAÍS, envío el pasado miércoles a este diario una oda a su bache favorito tras caer en sus fauces. "Tan majestuoso, amplio, desafiante y profundo que todos los vehículos y peatones reparamos en ti", lo describe. El socavón, en la Puerta del Sol a la altura de la calle Mayor, ya no está. En menos de 24 horas fue rellenado con un recubrimiento rectangular gris oscuro, de alquitrán nuevo. Lo repararon la madrugada del jueves, cuando no había transcurrido 24 horas de la difusión de la oda. Quizá fue considerado como urgente por el Ayuntamiento. Pero los expertos en este bache, que los hay, son escépticos. Saben los ciclos de vida reales de estos incómodos vecinos. "Ese lo han reparado cinco veces en menos de seis meses. Ya estaba harto del clac clac de los coches cuando caían", asegura el dueño de un quiosco cercano. Y es que muchos hoyos tienden a la reincidencia, sobre todo si los reparan con una mezcla asfáltica distinta de la del resto de la calzada o los tapan de forma chapucera.
El cielo sigue nublado. Automovilistas y moteros conducen con ojo avizor. Un bache puede ser el preludio de la caída o de la visita al taller. Y seguirá lloviendo toda la semana que viene.
Un muestrario para identificar los hoyos
HUNDIMIENTO. Se origina por un fallo de la explanada originado normalmente por el agua. Se pierde la capa de rodadura y es peligroso para los vehículos.
PIEL DE COCODRILO Alrededor de la rotura de la base de hormigón se observan grietas. El firme se quiebra porque soporta más peso del que puede.
BALDOSA CON 'SURGENCIA' . Cuando entra el agua bajo la piedra se descompone el mortero (masa que une la baldosa con el suelo), si es de mala calidad.
BALDOSA CON 'SURGENCIA'. Cuando entra el agua bajo la piedra se descompone el mortero (masa que une la baldosa con el suelo), si es de mala calidad.
PELADURA. . Descomposición y pérdida de espesor de la capa externa del asfalto por el frío, los materiales de baja calidad, el hielo, la sal y el tráfico pesado.
CAVIDAD SUBTERRÁNEA La crea la presión del agua por una rotura en su conducción. Es peligrosa. No se ve hasta que no se rompe la capa más externa.
AGOTAMIENTO ESTRUCTURAL . Ejemplo de una vía completamente afectada por la piel de cocodrilo. No está diseñada para el peso que soporta.
Información de Francisco Rama, ingeniero técnico de obras públicas (www.franciscorama.com).
* ELPAIS.com - 27.02.10
Foto: Bache en la calle de Barquillo y aledañas.- ULY MARTÍN, elpais.com
La juez imputa a más de 30 personas en la trama urbanística de Abegondo
LAOPINIÓN/A Coruña* : Entre 30 y 40 personas han sido imputadas por la magistrada de la sala dos del Juzgado de Betanzos por la trama urbanística de Abegondo. Entre los acusados se encuentran políticos, funcionarios municipales o arquitectos externos. Desfilan por esta sala de instrucción desde finales del pasado mes de noviembre y está previsto que las declaraciones se sucedan, por lo menos, hasta el próximo mes de abril.
El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, prestó declaración hace dos semanas. "Todo lo que yo he aprobado tenía todos los informes técnicos positivos", explica que manifestó ante la juez. Ayer le tocó el turno a dos arquitectos imputados por firmar proyectos de obra irregulares en el período que se investiga.
Son Alberto Bermúdez Fandiño y Juan Carlos Ares. El primero rubricó proyectos de obra básicos como técnico municipal y como arquitecto del despacho de Antonio Carro, otro de los imputados en el caso. El segundo, se dedicaba a las reformas. Apenas media hora estuvo cada uno respondiendo a preguntas técnicas ante la magistrada; el letrado de los imputados, Salgueiro; y la abogada del ex alcalde Juan José Rocha Carro, María José Casal Rodríguez.
Los dos están acusados de un delito de prevaricación urbanística. La trama afecta a la concesión de licencias de más de medio centenar de viviendas levantadas en suelo rural desde el año 2000 en diversos puntos del municipio como Limiñón, Crendes o Cos.
* La Opinión Coruña - 27.02.10
Foto: Abegondo - forzadepor.net
Quince alcaldes de Granada son investigados por delitos urbanísticos
DIARIODESEVILLA* : Una quincena de alcaldes de la provincia de Granada estuvieron bajo sospecha el año pasado por delitos urbanísticos. El dejar hacer sin licencia o permitir edificar en suelo no urbanizable o protegido fueron conductas que provocaron algunas de las denuncias que recibió la Fiscalía de Medio Ambiente de Granada en 2009, dando lugar a las correspondientes diligencias de investigación penal, según informaron fuentes de esta sección especializada del Ministerio Público.
Cuando un fiscal de Medio Ambiente lleva a cabo una investigación de este tipo, el expediente puede tener dos finales: ser archivado o acabar en una denuncia en los juzgados para que se procese al regidor de turno por un delito contra la ordenación del territorio. En muchos casos, el delito que se le acaba imputando no es sino una posible prevaricación urbanística, consistente en favorecer o posibilitar un desarrollo urbanístico contrario a las normas aplicables "a sabiendas" de ello.
Las denuncias contra regidores que aterrizaron en las mesas de los fiscales suelen ser formuladas por partidos en la oposición o por organizaciones ecologistas, aunque a veces son particulares los que piden la intervención del Ministerio Público. La labor del Seprona en este ámbito también es fundamental.
Según detallaron las fuentes consultadas, en 2009 hubo investigaciones contra los responsables municipales La Herradura, Huétor Vega, Bubión, Cájar, Alhama de Granada, Rubite, Atarfe, Castell de Ferro, Las Gabias, Loja, Alhendín, Almuñécar, Puebla de don Fadrique, Otura y Carataunas. Y contra algunos de ellos hubo más de una denuncia.Es el caso, por ejemplo, de Almuñécar. Según las fuentes, hasta cuatro denuncias por posibles delitos contra la ordenación del territorio se tramitaron en la Fiscalía contra el alcalde, Juan Carlos Benavides, quien -todo hay que decirlo- está saliendo airoso de los distintos procesos que por otros motivos se han seguido contra él en los tribunales.
Pero no todos los expedientes prosperan. De hecho, de la veintena de investigaciones abiertas contra alcaldes, un número considerable terminó en carpetazo.
* Diario de Sevilla - 27.02.10
Foto: Almuñécar - otura.eu
Barcelona: Millet desfalcó 35,6 millones
ELPAÍS* : Suma y sigue. El avance de los trabajos periciales encargados por el nuevo equipo gestor del Palau de la Música sigue destapando el enorme agujero que dejó Fèlix Millet tras su etapa al frente de la entidad. Según fuentes de la investigación, el saqueo alcanza ya los 35,6 millones de euros, después de que los auditores de Deloitte hayan constatado el desvío de 11,9 millones más de los que hallaron en el informe que presentaron el pasado noviembre. La mayor parte de esta nueva cantidad desfalcada corresponde al dinero que desvió mediante las obras de ampliación del Palau.
Los trabajos de Deloitte han seguido su curso desde que en noviembre cifraran, en un avance de su informe, el desvío de fondos en 23,7 millones de euros. Sin embargo, quedaba todavía la tarea más ardua: recomponer, factura a factura, las obras de ampliación del emblemático edificio de Lluís Domènech i Muntaner realizadas entre 2003 y 2004. Y de ahí faltan otros 11,9 millones.
En total, Millet consiguió 24 millones de euros para financiar las obras del Palau de la Música, pilotadas por los arquitectos Óscar Tusquets y Carles Díez, procedentes de subvenciones públicas y de las aportaciones de varios patronos de la fundación. De ello se puede inferir que el Palau, en realidad, costaba 12,1 millones, aunque las fuentes consultadas matizan que, en realidad, esta cantidad incluye también otros "proyectos específicos". Es el caso del órgano del Palau de la Música, que costó unos 120.000 euros menos de lo que declaró Millet y que fue sufragado tras una campaña popular en la que los barceloneses dieron donativos de 50 euros.
El avance de noviembre del informe pericial ya señalaba que el desfalco había llegado al dinero público, puesto que, al menos, 2,9 millones correspondían a subvenciones y recursos del consorcio, que se considera un organismo público porque está integrado en su totalidad por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Cultura. Ahora hay más, ya que la auditoría señala que prácticamente toda esta cantidad hallada desde noviembre corresponde a dinero público y patrocinios de los mecenas del Palau de la Música.
La cantidad, además, también se ha agrandado porque los auditores han ido retrocediendo en el tiempo para rastrear todo el desvío de fondos. Los asesores del equipo gestor, encabezado por Mariona Carulla, consideran que los delitos que se imputan a Millet podrían no prescribir al ser "continuados en el tiempo".
De hecho, en las auditorías del ejercicio 2004 que la fundación presentó al Departamento de Justicia, la entidad declaró unas inversiones totales para la ampliación del Palau de 16,9 millones de euros. Eso desmentía a Millet, que el 23 de abril de 2004 dijo en público que la cifra inicial de 9,6 millones se disparó hasta los 24 millones, un sobrecoste que entonces pasó inadvertido, pero que hoy tiene ya explicación.A pesar de que la cifra del desvío de fondos es cada vez más abultada, la auditoría del Palau todavía está al 90%. Fuentes cercanas a los auditores explicaron que aún permanece incompleta porque la lentitud de la investigación judicial impide que los auditores accedan a varias cajas de documentos y soportes informáticos. Por ello, los gestores del Palau los han reclamado al juez Juli Solaz formalmente y preparan una reunión con éste para demandar una copia de la documentación.
A la salida de la asamblea general de ayer, el director general del Palau, Joan Llinares, explicó que la entidad también recurrirá ante el Juzgado de lo Social la sentencia por la que declaró improcedente el despido de Clara Millet, hija del ex presidente del Palau. Llinares agregó que pedirá a Millet que se reincorpore al Palau el próximo 8 de marzo para evitar el pago de una indemnización de 79.000 euros que considera "obscena".
No todo son malas noticias. El Palau se aseguró ayer la recuperación de otro pellizco. El actual secretario de Inmigración de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Àngel Colom, firmó un acuerdo para devolver a plazos los 75.000 euros que Fèlix Millet le dio con fondos del Palau de la Música para sufragar los gastos que contrajo tras la disolución del fallido Partit per la Independència, según publicó ayer El Periódico.
Ésta es la segunda cantidad que el Palau consigue recuperar desde CDC, después de que la Fundación Trias Fargas accediera a retornar los 630.000 euros que salieron de las arcas de la entidad entre 1999 y 2008 sin que constara que la fundación de CDC hubiera realizado actividades para obtener este dinero. De estas cantidades, sólo 90.000 estaban en la contabilidad oficial del Palau de la Música, la declarada ante Hacienda y el Departamento de Justicia, por lo que el resto tuvo que salir de la caja B de Fèlix Millet.
Sin embargo, el retorno de los 75.000 euros no zanja la polémica en torno a Colom, puesto que fuentes de la investigación explican que el ex secretario de la institución, Raimon Bergós, posee un recibo firmado por Colom en el que constan dos cantidades de 75.000 euros que Millet dio al dirigente convergente.
* ELPAIS.com - 27.02.10
Foto: Palau_de_la_musica_catalana - deviajeporbarcelona.com
La justicia obliga a Orpesa a tirar los tres apartamentos Porto Mar
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MEDITERRÁNEO/Castellón* : La justicia ha dado finalmente la razón a los denunciantes de una irregularidad en la concesión de la licencia de obras del edificio Porto Mar de Orpesa y este tendrá que ser derribado. El concejal de Urbanismo de la localidad, Tomás Fabregat, explicó que, en una primera instancia, el Ayuntamiento recurrió la denuncia y “los juzgados nos dieron la razón, pero ahora otro juez nos la quita, por lo que se pone de manifiesto la diferente interpretación de las mismas normas”, explicó, apuntando que la licencia se concedió “en base a los informes de los propios técnicos municipales".
El inmueble en cuestión está construido hace aproximadamente un año y medio cerca de la playa de la Concha y consta de tres viviendas, “aunque es de un solo propietario”, aseguró Fabregat. El dueño, precisamente, según el mismo edil, ha presentado al Ayuntamiento el proyecto de demolición del bloque “y aunque no puedo avanzar plazos, estamos seguros que cumplirá con las fechas que se le marquen para tirarlo”. Fabregat también aseguró que no ha llegado a habitar nadie en las viviendas construidas.
La noticia del derribo de Porto Mar llega una semana después de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que obliga a derribar el edificio Bernat, con medio centenar de afectados. H
* Mediterráneo - 27.02.10
Foto: Oropesa del Mar (Castellón) - navymar.com
El Fiscal abre diligencias por la urbanización del Monte Sacro
LAOPINIÓN/Cartagena : La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha abierto diligencias informativas por las obras de urbanización del monte Sacro a raíz de la denuncia presentada por el profesor de Arqueología de la Universidad de Murcia Javier García del Toro. El concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, se presentó ayer ante el fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díez Manzaneda, quien citó al edil en calidad de testigo para preguntarle todos los detalles relativos a la urbanización del cerro.
Segado, quien acudió a la Fiscalía acompañado por el jefe de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento de Cartagena, Francisco Pagán, y por el gerente de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, señaló: "Ha sido una conversación muy cordial en la que he explicado todo el proceso urbanístico desde 1987 hasta la actualidad, así como la concesión de la licencia de obra mayor que data de 2004".
Sin querer entrar en más detalles "por respeto a la investigación judicial", el concejal de Urbanismo recordó que hace una semana el Ayuntamiento envió al Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena el expediente del monte Sacro. Posteriormente, el juzgado decidió el sobreseimiento provisional de este caso y derivó la documentación aportada por el Ayuntamiento a la Fiscalía, que por su parte ha abierto diligencias informativas.
"La citación para que acudiese como testigo llegó el lunes o el martes al Ayuntamiento", aclaró Segado, quien añadió que ayer le llevó al fiscal más documentos, como el Plan Especia de Reforma Interior del Monte Sacro y el Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico (PEOP).
El profesor García del Toro, al saber que el juzgado había archivado la denuncia, manifestó que confiaba en la investigación de la Fiscalía. En su denuncia, el arqueólogo solicita la paralización de las obras de construcción de cuatro torres en el monte Sacro porque considera, al igual que los vecinos y el colectivo Ecologistas en Acción, que esta urbanización es un acto de expolio y degradación del patrimonio de la ciudad.
Según el Real Decreto 3046/1980 del ministerio de Cultura, el Monte Sacro formaba parte del conjunto histórico-artístico del casco antiguo de Cartagena y dentro de la delimitación de este área figura la Muralla de Tierra. Este es uno de los argumentos esgrimidos por García del Toro y el resto de denunciantes. Por su parte, los vecinos volverán a manifestarse hoy en contra de estas obras. A su vez, el presidente de la Federación Vecinal de Cartagena y Comarca, Leandro Sánchez, se reunirá esta mañana con el fiscal de Medio Ambiente para intentar que detenga las obras.
* La Opinión Murcia - 26.02.10
Foto: El profesor Javier García del Toro, en primer plano, durante una de las protestas contra la urbanización del Monte Sacro - JAVIER CONESA, laopiniondemurcia.es
Más leña al fuego: España construye el doble de viviendas que vende
ELCONFIDENCIAL* : La distancia entre oferta y demanda de viviendas se ensanchó un poco más en 2009. O dicho en términos más directos: el stock de viviendas sin vender continúa creciendo de forma importante en medio de la mayor crisis del ladrillo a lo largo de más de medio siglo. Los datos los dio ayer el Ministerio de Fomento, y reflejan que el año pasado se concedieron 387.075 certificaciones de fin de obra. Por el contrario, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado la compraventa de viviendas nuevas ascendió únicamente a 220.633 pisos. Es decir, que el mercado tendrá que absorber otras 166.442 viviendas ya terminadas que buscan comprador.
La cifra de viviendas terminadas es la más baja desde el año 2001, pero continúa siendo muy elevada respecto de la demanda real debido al tiempo que transcurre entre el inicio y el final de una obra. Muchas de las viviendas con certificado de fin de obra en 2009 comenzaron a construirse en 2007 o, incluso, los primeros meses de 2008, cuando la crisis del ‘ladrillo’ comenzaba a manifestarse de forma intensa. Pese a que la crisis era evidente, los promotores inmobiliarios continuaron adelante con las obras como mal menor.
La consecuencia de esta estrategia -en algunos casos se trata de una verdadera fuga hacia adelante- no puede ser otra que un aumento relevante en el stock de viviendas sin vender. Hasta el punto de que es probable que existan ya en estos momentos más de 1,2 millones de viviendas sin comprador, un parque residencial equivalente al que existe hoy en la ciudad de Madrid. Recientemente, el Servicio de Estudios del BBVA estimó que el número de pisos sin vender se situaba en 1,1 millones, a los que habría añadir los 166.000 pisos nuevos con certificado de fin de obra entregado a lo largo de 2009. El propio BBVA ha estimado que la absorción de esta sobreoferta sólo podrá materializarse “a partir de principios de 2010 y seguirá empujando los precios a la baja durante todo 2010 y 2011”.
Creación de nuevos hogares
El Ministerio de la Vivienda ha rebajado el stock a cerca de 700.000 viviendas, en cualquier caso una cifra que tardará años en absorberse debido a que la creación de nuevos hogares (la variable fundamental) ha caído por la crisis. El año pasado se crearon 225.500 hogares, según la Encuesta de Población Activa (EPA), cuando en la fase expansiva del ciclo económico se llegaron a sobrepasar ampliamente los 300.000. La patronal de los promotores inmobiliarios, por su parte, ha elevado el número de pisos sin vender a unos 750.000.
Para hacerse una idea de lo que significa el parón del sector de la construcción, hay que tener en cuenta que en 2009 el número de visados de dirección de obra nueva ascendió a 110.849 viviendas, la cifra más baja desde que se tienen series históricas. De ese número, la cuarta parte son viviendas unifamiliares. La cifra es, incluso, inferior a los registros de los años 70, cuando la población española era sensiblemente inferior a la actual. Sólo hay que tener en cuenta que hace apenas tres años, en 2006, el número de visados alcanzó una cifra histórica que tardará años en superarse. Ese año se concedieron nada menos que 865.561 visados de dirección de obra. Si se incluyen los visados de reformas y restauraciones, se llegaría a un increíble número de 911.568.
Esa cifra, sin embargo, nunca se llegó a ejecutar en su totalidad, ya que una cosa es pedir el visado y otra muy distinta finalizar las obras, lo que explica que ese año el número de certificaciones de fin de obra se situara en 585.583. Es decir, que la construcción de unas 280.000 viviendas se quedó por el camino. Sólo existieron sobre los planos de los arquitectos.
El año en que se concedieron más certificaciones de fin de obra (las efectivamente construidas) fue 2007, cuando, según datos del Ministerio de Fomento, se concluyeron 641.419 viviendas, dato que marca un hito en la historia del sector de la construcción. Se trata de una cifra que representa casi el doble de los pisos que se acabaron en el año 2000, al comienzo del boom del ladrillo. Ese año, se entregaron 366.776 certificados de fin de obra, una cifra similar a la del ejercicio pasado. Las diferencia, sin embargo, radica en el stock de viviendas sin vender, que ha alcanzado el año 2009 cotas históricas.
La caída en la actividad inmobiliaria es tan acusada que en una ciudad como Málaga, con más de 550.000 habitantes y con un indudable influjo turístico e inversor, se concedieron el año pasado visados de obras para construir únicamente 808 viviendas, cuando en 2003 se llegaron a dar licencias para levantar 7.544 pisos. El caso de Madrid capital es, igualmente, signficativo. El año pasado se entregaron visados de dirección de obras para construir 3.375 viviendas, a años luz de los 35.286 concedidos en 2003. Prácticamente la décima parte.
* El Confidencial - 26.02.10
Foto: Imagen de archivo de un edificio de viviendas con precios de oferta (Efe).
Hay 500 pueblos a la venta, y al precio de un piso
20MINUTOS* : Comprar un pueblo entero por menos de lo que vale un piso. Con esta atractiva consigna, los promotores inmobiliarios intentan abrir un canal novedoso en el sector. Hay más de 500 aldeas en estas condiciones. El pueblo de Lacasta, en la provincia de Zaragoza, es el precedente más conocido de este tipo de transacciones. Se puso en venta hace dos años por 189.000 euros y tuvo un gran impacto mediático. Y, como éste, ha habido otros, incluso más económicos.
Para muestra, Oteruelo de Ocón, en La Rioja, donde se ofrecían once edificaciones del casco urbano y 5.000 metros cuadrados de terreno a cambio de 176.000 euros.
La oferta parece tan buena que lleva a preguntarse si es real o, al menos, dónde está el truco.
Cualquier núcleo de población, aunque esté deshabitado, se compone de bienes privados y públicos. Es posible comprar varios inmuebles en una aldea, incluso comprarlos todos, pero siempre habrá zonas de carácter público con jurisdicción municipal, autonómica o estatal. Y ésas no están en venta.
Es posible comprar todos los inmuebles de una aldea, pero siempre hay zonas de carácter público que no se venden
Perfiles de comprador
Entre los perfiles habituales de comprador destacan los inversores inmobiliarios y los particulares con un proyecto concreto de negocio. Los primeros centran su interés en la compraventa: adquieren por separado un buen número de propiedades y, después, las venden como un paquete urbanístico
Los particulares, por el contrario, se sienten atraídos por el conjunto y sus posibilidades. Orientan sus expectativas al sector turístico o a los proyectos sociales y ecológicos, como las comunidades naturistas, los huertos orgánicos, los balnearios y casas rurales o los centros de meditación. El agroturismo está de moda y las propuestas rurales "antiestrés" funcionan.
Entre los perfiles más usuales de comprador destacan los inversores inmobiliarios y los particulares con un proyecto concreto de negocioUn ejemplo muy conocido y próximo -aunque fuera de las fronteras-, es el del prestigioso chef Alain Ducasse, quien adquirió un pequeño conjunto urbano en Bidarray (Francia) y reconstruyó todos los inmuebles para fundar allí mismo un hotel. Desde entonces, las antiguas casas funcionan como alojamiento y una de ellas, la más grande, como recepción y restaurante. Proyectos como éste son viables, pero requieren mucho dinero.
Otras personas interesadas en comprar son quienes tienen un gran poder adquisitivo, encuentran un pueblo abandonado que les gusta y deciden reconstruir sus edificios para uso personal, no lucrativo.
Por otra parte, muchas veces son los propios vecinos o ex vecinos de una aldea quienes empiezan a comprar algunas casas y acaban convertidos en los únicos dueños. Este caso es frecuente y no pasa tanto por el dinero como por la parte afectiva: los antiguos moradores de un pueblo intentan así evitar que desaparezca.
Ventajas y desventajas
Por el mismo dinero que cuesta un piso de tamaño medio en la ciudad, pueden adquirirse varios inmuebles de mayores dimensiones e, incluso, restaurar uno de ellos para transformarlo en un hogar. Más espacio, más terrenos, calidad de vida en un entorno natural y, además, la posibilidad de encontrarle una salida comercial.
No es tan fácil, sin embargo, resumir las contraprestaciones. Como primera cuestión, hay que tener en cuenta que la mayoría tiene problemas de accesibilidad: quedan lejos de otros núcleos urbanos o los caminos para llegar hasta el lugar son malos. A su vez, muchos pueblos abandonados se encuentran reducidos a escombros.
Los pueblos abandonados rara vez cuentan con suministros eléctricos o tienen servicio de saneamiento Los pueblos abandonados rara vez disponen de suministros eléctricos o servicio de saneamiento, ya sea porque quedaron deshabitados o porque nunca los tuvieron. Tampoco hay conexión a la red telefónica y, por su ubicación, los móviles no siempre tienen buena cobertura.
Los ayuntamientos, por ley, están obligados a brindar ciertos servicios, como el cableado eléctrico y el alcantarillado, por lo que habrá que dirigirse al consistorio responsable y concretar sus obligaciones. A partir de ahí, será responsabilidad del propietario continuar con la conectividad y las obras.
La excepción a esta regla se da cuando los ayuntamientos tienen especial interés en revitalizar una zona. Puede ocurrir que el enclave en cuestión tenga posibilidades de progreso y beneficio colectivo si se aúnan los recursos privados y públicos.
Consejos útiles en la elección
* En primer lugar, averiguar cuáles son las aldeas abandonadas y dónde se encuentran. La ubicación, las condiciones climatológicas y orográficas, así como la facilidad de acceso.
* Una vez seleccionados los posibles candidatos, lo siguiente será conocer cuáles son los bienes privados que lo componen, y se pueden comprar, y a quiénes pertenecen. Esta información puede solicitarse en la Oficina de Catastro, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda.
* Antes de contactar con los propietarios para saber si están interesados en vender sus inmuebles y terrenos, es muy importante dirigirse al ayuntamiento correspondiente para saber cuáles son las posibilidades reales de abastecer al pueblo de los servicios básicos, qué trámites hay que hacer, cuánto tiempo tardaría la gestión y evaluar qué coste tendría.
* 20 Minutos - 26.02.10
Foto: Lacasta es el pueblo abandonado y vendido más conocido - 20minutos.es
Vigo: El Tribunal Superior reclama al Concello que ejecute la sentencia que anuló el plan urbanístico Sensat
LAVOZDEGALICIA* : El Concello vigués tiene que ejecutar con rapidez la sentencia del Tribunal Supremo que hace algo más de un año anuló el plan urbanístico Sensat, en Alcabre, en el que se encuentra el hotel Los Escudos, el edificio anexo del centro hotelero, una batería de viviendas unifamiliares y un inmueble con 113 pisos. Tras un largo pleito que se inició a finales de los años noventa el Supremo confirmó la anulación del plan en diciembre de 2008.
La causa de este varapalo judicial para el Concello fue un motivo formal, concretamente la no publicación de la ficha de la unidad de actuación Sensat, que considera una verdadera norma del Plan Xeral entonces vigente. Aunque existían otros motivos para la demanda, al no ejecutarse la publicación los jueces decidieron la anulación sin entrar en el fondo del asunto.
Ahora, pasado unos meses, el Concello acaba de recibir una resolución de la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativa del Tribunal Superior para que «proceda a ejecutar en debida forma la sentencia del presente proceso». A fin de que el asunto no quede olvidado en el Concello reclama igualmente que «en el plazo de un mes se informe a esta sala de las medidas adoptadas en orden a tal ejecución, indicando quien es el funcionario encargado de la ejecución de la sentencia».
Las fuentes consultadas consideran que dicha ejecución consistiría en retrotraer el proceso administrativo al momento de la publicación de la ficha del anterior Plan Xeral. El problema que puede plantearse es que los inmuebles construidos en dicho ámbito con seguridad incumplirán normas legales que han entrado en vigor en la última década. Este hecho puede dificultar el cumplimiento del fallo judicial y añadir un nuevo quebradero de cabeza a los responsables del urbanismo municipal.
En el ámbito afectado existía entonces un pazo protegido, que contaba con una finca que llegaba hasta el mar. A cambio de la cesión de la finca el Concello autorizó la construcción de un edificio que junto al remozado pazo constituye actualmente el hotel Los Escudos, el único de cinco estrellas existente en la ciudad. También se autorizó la edificación de un inmueble de 113 viviendas y una urbanización de viviendas unifamiliares.
La reclamación contra este proyecto urbanístico fue presentada por Eduardo Canabal, un particular que se ha dado a conocer por la presentación de numerosas demandas. Algunas de ellas han colocado en la ilegalidad importantes proyectos urbanísticos que contaban con licencia municipal.
* La Voz de Galicia - 26.02.10
Foto: El hotel Los Escudos y el edificio de pisos están afectados por el fallo - lavozdegalicia.es
Madrid: Las chabolas se dispersan por la región en nuevos micropoblados
20MINUTOS* : Cuando se destruye un hormiguero, las hormigas no desaparecen sin más, sino que se desperdigan y crean nuevas colonias. Algo similar, salvando todas las distancias, está ocurriendo con los poblados chabolistas en Madrid. Sobre el papel, los planes de erradicación del chabolismo (dirigidos por la Comunidad y los ayuntamientos, principalmente el de la capital) se encargan de derribar los grandes poblados y realojar a sus habitantes en viviendas salubres.
Sin embargo, en la práctica no todos consiguen una nueva casa, con lo que se quedan a la intemperie y sólo tienen la opción de construirse una nueva chabola en otro punto.
Este fenómeno está provocando una dispersión de los chabolistas por el territorio regional y el surgimiento de nuevos microasentamientos con cinco familias como máximo. Actualmente hay 8 grandes poblados en la región (sin contar la Cañada Real), frente a 23 pequeños núcleos, según el censo del Instituto de Realojo e Inserción Social (Iris), de la Consejería de Vivienda. En total hay 900 chabolas en la comunidad.
Patrulla de chabolas
"El plan de desalojos no tiene sentido si no se evita que reaparezcan las chabolas. Se tolera la construcción de pequeños asentamiento", explica la portavoz de Servicios Sociales de IU en Madrid, Milagros Hernández. El área municipal de Urbanismo reconoce que "no se realiza un censo de asentamientos", ya que ésa es tarea del Iris. Este organismo dispone de un grupo de inspectores (el Siviris) que patrulla los núcleos para contabilizar a los chabolistas. El plan de desalojos no tiene sentido si no se evita que reaparezcan las chabolas
La mayoría de microasentamientos surgen en el norte, en los distritos madrileños de Fuencarral y Hortaleza, y en el Corredor de Henares. Mientras, los grandes poblados, como la Cañada Real o Las Mimbreras, se extienden por el sur de la capital.
Los vecinos conviven sin problemas con los pequeños poblados. "Son pocas familias, no generan molestias y están alejados de las viviendas, en descampados o zonas industriales", explica el portavoz de Urbanismo de la Fravm, Vicente Pérez. "Si pierden su vivienda, en algún lugar tendrán que vivir, ¿no? El problema es que se descontrolen y crezcan", concluye Mariano Manjavacas, de la plataforma vecinal de Vallecas.
"Si te echan, te vas a otro lado"
M.ª Jesús y su familia se han hecho una nueva casa en el Cabezón (Fuencarral). Mientras, a San Fernando acaba de llegar un grupo de rumanos. En plena Nochebuena, M.ª Jesús y sus 12 hijos, de etnia gitana, fueron desalojados de la vivienda que ocupaban en Fuencarral. En menos de dos días volvieron a levantar una casa con tablas, chapas y plásticos en la calle Antonio Cabezón. "Si te echan de un sitio, pues te vas a otro. No tenemos casa fija, ¡pero anda que no hay campo!", dice Lola, una de las hijas. Nos tiran y a empezar de nuevo... así es nuestra vida
"Nos tiran y a empezar de nuevo... así es nuestra vida", se lamenta M.ª Jesús, acostumbrada a vivir con la casa a cuestas. Pronto se volverá a mudar: la prolongación de la Castellana pasará sobre los terrenos de su casa provisional.
Veinte metros más abajo, junto a un polígono, se levanta otro pequeño asentamiento. "Son gitanos extremeños, buena gente, no dan problemas", explica un trabajador de una fábrica cercana. "Los chungos son los otros, los rumanos de arriba", añade. Se refiere a otro micropoblado surgido en la otra punta del descampado. "No paran de llegar y nos tienen a todos agobiados", explica una vecina. Los chungos son los otros, los rumanos de arriba
También acuden rumanos a La Fuentecilla (San Fernando), junto al antiguo poblado de Las Castellanas. "Llevamos aquí nueve meses. Hace poco estábamos solos, ahora somos 20 familias", dice Gervase. Éste es un ejemplo de que los pequeños núcleos se convierten en grandes focos si no hay control.
Junto a una casa en ruinas, este grupo de rumanos (y albaneses y marroquíes) han creado su submundo. No confían en los extraños, les cuesta abrirse y echan a los visitantes bajo amenazas. Nada que ver con los gitanos españoles, como Esther, que resiste en Las Castellanas pero desea otra vida: "Sólo quiero que mis hijos no sean como yo, que se eduquen como los payos y salgan a flote, salir de la chabola, vivir en una barriada... Quizá mis nietos tendrán mejor suerte".
* 20 Minutos - 26.02.10
Foto: Núcleo chabolista de La Fuentecilla (San Fernando). -JORGE PARÍS - 20minutos.es
Andalucía: Más de mil 'puntos negros' por riesgo de inundación en 400 municipios
DIARIODESEVILLA*: El mapa de la Junta que alerta de las zonas inundables no satisface al Defensor del Pueblo, que culpa a las administraciones de permisividad en la ordenación del territorio. La Agencia Andaluza del Agua, entidad dependiente de la Consejería andaluza de Medio Ambiente, detectó en octubre de 2007 un total de 1.099 puntos de riesgo por inundaciones en tramos urbanos que afectan a unos 400 municipios, de los que 115 son de alta peligrosidad al estar en juego vidas humanas.
Este mapa es uno de los instrumentos del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de 2002 y delimita las zonas inundables en los puntos más conflictivos y con mayor actividad urbanizadora. Tanto el Acuerdo Andaluz por el Agua del año pasado como el borrador de la futura Ley de Aguas urgen a la actualización tanto del plan como del mapa. Para ello, se ha incorporado el uso de las nuevas tecnologías (Red Lidar) para identificar zonas inundables, no sólo de conjuntos de municipios, sino subcuencas enteras empezando por las de Guadiaro, Guadalete y Barbate. El horizonte de finalización de los trabajos estimado es 2015.
Pero con el diagnóstico inicial ya realizado, hay instituciones, como la del Defensor del Pueblo andaluz, que consideran que esos estudios deberían haber servido para algo más en materia de prevención. "Estos trabajos de científicos no se han incorporado al planeamiento de los municipios, donde se ha permitido la edificación de viviendas ilegales con la pasividad de las autoridades. Ahora vienen avenidas de agua e incluso pueden hacer de pantalla y perjudicar a las que están legalmente construidas", comentó ayer un portavoz de la institución a esta redacción. De hecho, no hay pronunciamiento sobre las posibles indemnizaciones a los propietarios de viviendas que en su día se construyeron sin control sobre llanuras, arroyos, zonas próximas a montes y donde ahora circulan con natural lógica las correntías de aguas. "No adelantamos acontecimientos", dijo el miércoles el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, preguntado al respecto.
En un repaso del trabajo del Defensor del Pueblo en los últimos 15 años, sobresalen decenas de quejas por inundaciones o avenidas de agua que provocaron actuaciones urbanísticas o diversas infraestructuras, con las consiguientes pérdidas materiales e, incluso, desgracias personales.
Se investigaron las inundaciones a finales de 1996 en Andújar, ahora de nuevo en alerta, por el continuo desbordamiento del Guadalquivir, que incluso registró la pérdida de una vida humana. El Gobierno, al que llegó el PP, y la Junta se cruzaron "graves" acusaciones sobre a quién correspondía la responsabilidad, recoge aquel informe anual. En 1998 se publicó la formulación del Plan de Prevención, que no llegó a aprobarse hasta 2002 y cada año el Defensor preguntó.
La institución investigó el desarrollo urbanístico de Rincón de la Victoria tras la catástrofe de marzo de 2004. Y tras las graves inundaciones de Almuñécar a finales de 2007, el Defensor del Pueblo hizo un análisis exhaustivo, que sirve de recopilatorio de esos 15 años, de la ocupación de las zonas inundables por parte de las actuaciones urbanísticas, una de las causantes de las inundaciones.
José Chamizo no dudó en responsabilizar a la Junta de las omisiones en la tutela del territorio tras 25 años de gobierno, entonces .
En una resolución que este periódico publicó en octubre de 2008, el Defensor achacó a la inacción de la Junta el aumento de zonas inundables y consideró que la situación creada es fruto de las omisiones en la tutela del territorio "de aquellas administraciones que poseen, desde hace mucho tiempo, competencias muy claras".
La Agencia Andaluza del Agua, dirigida ahora por Juan Paniagua, llegó a responder que el riesgo de inundaciones no se agravaría por la disminución del crecimiento urbanístico debido a la crisis, lo que se aprovecharía para "planificar y acometer medidas concretas y paliativas de disminución del riesgo".
El Defensor del Pueblo andaluz difirió de que la construcción en zonas inundables tenga que ver con la coyuntura económica y culpó a las administraciones públicas. En especial, llamó la atención sobre la Junta de Andalucía, "que posee competencia exclusiva desde la aprobación de su Estatuto en 1981 de la política territorial y el urbanismo". "Con la normativa en vigor desde hace años, gran parte del desarrollo urbano de Almuñécar y de otros de la comunidad no debió aprobarse", expone el Defensor.
Chamizo reclamó además que se actualice el mapa de riesgos al advertir las experiencias recientes que "no están valorados en su totalidad o debidamente" los escasos 1.099 puntos negros. También el plan de prevención: "No nos cabe ninguna duda de que cuando se formuló este plan, se pudieron hacer unos análisis rigurosos de riesgos y elaborar propuestas de medidas para evitarlos", asegura Chamizo.
La Agencia Andaluza del Agua se excusó a requerimiento de esta redacción de informar sobre las actualización del mapa de riesgo de inundaciones y sobre las inversiones ejecutadas desde la advertencia del Defensor. Expusieron que los técnicos se encuentran trabajando en las emergencias. "Se nos está inundando Andalucía", comentó un portavoz de la Agencia.
* Diario de Sevilla - 26.02.10
Foto: Sevilla, inundaciones - elpais.com
Gijón: Ante el PGO: democracia sí, participación no
MIGUEL ÁNGEL LLANA* : Finalizó el período de "Información Pública", la fase previa del proceso para la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) de Gijón que se expuso a la opinión de los ciudadanos mediante lo que técnicamente se denomina "Documento de Prioridades". Ante algo tan complejo como es la planificación y la ordenación de un municipio de 280.000 habitantes y 182 km2, resulta que en sólo 40 días los ciudadanos han tenido que "estudiar" la documentación del nuevo Plan "definido" en un documento de 144 páginas y tres planos con los que pretenden configurar el futuro del municipio, tanto el urbano como el rural. Aunque parece que todo está en orden y que se ha seguido un cuidadoso proceso no ha sido así, como no lo fue en el Plan anterior anulado porque sólo se cumplió con lo superficial de la legalidad.
Lo que ahora se ha sometido a información pública se da ya como irreversible. Es decir, no se plantea cómo queremos que sea la zona urbana, la rural y sus núcleos, las áreas industriales y las de servicios. Porque si de verdad se pretendiera cumplir con la legalidad habría que reconocer el derecho de los ciudadanos a “participar efectivamente” en los procedimientos de elaboración y de ordenación del territorio como así recoge la Ley del Suelo. Es decir, no ha habido ninguna participación en lo ahora sometido a información pública. Es más, el Plan que ahora se pretende “sacar” es una revisión del anterior y guarda en su gestación alguna de sus corruptelas.
Los redactores del plan definen cómo ha de ser este modelo que ya lo dan por hecho y, además, sólo se ofrece la posibilidad de elegir entre tres variantes pero que, esencialmente, son las mismas porque en poco o en nada difieren. Así es que la posible respuesta queda reducida a decir amén.
Pero conviene no olvidar que el pasado verano el TSJA anuló el anterior PGO porque, aparte de los graves defectos en la forma y en el fondo y que ahora se están repitiendo ya desde el inicio, no se contó para nada con la participación ni con el consenso de los ciudadanos, porque no sólo se escamoteó a la opinión pública, sino que incluso todo discurrió con la oposición explícita y expresada en las tres marchas verdes que congregaron a miles de ciudadanos. Pero, aún así, como todo siguió adelante acabó siendo anulado y, ahora, vuelta a empezar pero, una vez más, con el mismo planteamiento aunque agravado por las circunstancias sociales y económicas mucho más complicadas ahora para los ciudadanos y de cuya situación no es ajena la política económica "impuesta" cuando se apuesta por emplear la mayoría de los recursos en la construcción, la recalificación y, en definitiva, para tirar por una economía de especulación con ningún contenido social conocido.
En Gijón hay 20.000 pisos vacíos, miles de bajos comerciales, sin uso, de los que algunos o muchos podrían ser rehabilitados para vivienda, miles de antiguas viviendas que también podrían ser remodeladas, pero no, como consideran que este patrimonio no es suficiente equipamiento, la opción que ahora dan los promotores del nuevo PGO se concreta en tres alternativas (0, 1 y 2) para las que prevén construir respectivamente 10.700, 17.200 y 24.200 viviendas que se sumarían a todos los inmuebles mencionados que están improductivos.
El Documento de Prioridades del Plan sacado a información pública, omite actuaciones tan importantes y con tanto impacto medioambiental como puede ser la incineradora, la regasificadora, la ampliación del puerto y otras grandes obras que después no podrán ser ejecutadas como si fueran simples “modificaciones” cuando en realidad son “revisiones”. Porque un PGO puede admitir “modificaciones” pero nunca “revisiones” ya que darían lugar a su anulación como así sentenció el TSJA anulando el anterior Plan.
Construir más o hacer algo que no se va a utilizar no ofrece más ventajas ni crea más empleo que abrir una zanja para después volver a taparla. La única diferencia es saber en cual de los dos sinsentidos se puede ganar más, hacer más negocio, no otra cosa. Aunque la cuestión es un poco más complicada, y al mismo tiempo simple, Gijón, es un municipio con 28.000 parados, y en aumento, que no puede esperar a que cualquiera de las tres propuestas, que requieren ingentes recursos, sirva para que éstos generen a su vez una espiral de inversiones provechosas en el sentido de que vayan hacia una economía justificable y sostenible. El Plan ahora propuesto es volver de nuevo a otra burbuja que se sumaría a la todavía existente.
Lo mismo que en el anterior PGO anulado, se vuelve a repetir ahora, de modo oficial y oficioso, que estamos ante un período de "sugerencias" y negando reiteradamente que sean "alegaciones" cuando en el primer caso, las “sugerencias” tendrían la papelera municipal como destino, mientras que contrariamente, en el segundo caso, las “alegaciones” ha de ser contestadas razonadamente por los redactores del Plan. Esto no es opinable porque la Ley del Suelo (RDL 2/2008) reconoce el derecho de los ciudadanos a "participar" en la ordenación del territorio, en la ejecución urbanística y, también reconoce, el derecho a la "formulación de alegaciones" y a “obtener de la Administración una respuesta motivada". La "participación" se ha escamoteado y se pretendió negar el derecho a presentar “alegaciones”. Similares derechos también se recogen en la Ley de Ordenación del Territorio de Asturias (DL 1/2004).
Como vemos, en ambas leyes y en alguna más, todo ello viene reconocido explícitamente, como un derecho de los ciudadanos exactamente en los términos citados. Y, por ello, esto es algo muy grave y nada superfluo, porque mantener e insistir ahora en lo contrario supone una buena dosis de dolo por parte de los responsables de la revisión del Plan. Primero han negado la participación en la revisión del Plan y ahora se pretende tergiversar el contenido de las “alegaciones” dejándolas en piadosas “sugerencias”.
* www.asturbulla.org
* Rebelión - Opinión - 25.02.10
El TC falla que no cabe suspender derribos por futuras legalizaciones
ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado que no se puede suspender la ejecución de una sentencia firme de derribo por el mero hecho de que se vayan a acometer cambios en la normativa urbanística que legalizarían lo construido. El Constitucional se pronuncia así en una sentencia sobre una construcción de Siero (Asturias) que puede tener repercusión sobre la veintena de urbanizaciones que han recibido orden de derribo en los últimos años en Cantabria y también sobre el Plan del Gobierno para intentar legalizarlas.
En el caso que examina el Alto Tribunal, el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJPA) había decidido suspender la ejecución de una sentencia de derribo dictada en 2001 contra una vivienda porque el Ayuntamiento de Siero le había informado de que estaba tramitando una reforma de su PLan General de Ordenación Urbana (PGOU) que podía legalizarla. En ese caso, el TSJPA entendió que, aunque la sentencia había sido declarada firme por el Supremo, convenía otorgarse «un plazo prudencial» para examinar si la situación legal de esa vivienda podía cambiar con la futura reforma del PGOU de Siero. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sostiene que esa medida vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de quien denunció una irregularidad urbanística, obtuvo una sentencia que le dio la razón en sus planteamientos y pidió que se hiciera cumplir.
El TC admite que una modificación normativa sobrevenida puede ser causa para examinar si una sentencia se ha convertido en «inejecutable» por haber cambiado las normas por las que se rigió el litigio, pero no acepta suspender una ejecución por meras expectativas de futuro.
«Suspender la demolición acordada en sentencia firme en expectativa de una futura modificación de la normativa urbanística que, eventualmente, la legalizará, supone una vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española, en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes en sus propios términos», razona el magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps, ponente de la decisión del Tribunal.
Esta sentencia del Constitucional puede tener repercusión sobre la situación de la veintena de urbanizaciones de Cantabria que han recibido sentencias de derribo en los últimos años. Aunque el Gobierno de Cantabria ha presentado un plan de reformas urbanísticas destinado a legalizar la mayoría de esas urbanizaciones, hasta la fecha el TSJC ha negado validez jurídica a sus propuestas en todas las ocasiones en las que ha tenido oportunidad de examinarlas.
* El Diario Montañés - 25.02.10
Foto: Argoños - eldiariomontanes.es
Miranda: El TSJ ratifica la anulación del uso excepcional de suelo rústico para el crematorio
ELCORREODEBURGOS* : Después de un largo viaje por los tribunales, el recurso contencioso administrativo interpuesto por la asociación de vecinos de El Crucero contra los acuerdos de la Junta de Gobierno Local que en 2006 dieron vía libre a la ampliación del tanatorio y la consiguiente instalación del crematorio ha salido adelante.
Y es que, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León acaba de dar la razón a los vecinos, desestimando el recurso de apelación planteado por el Ayuntamiento y Servicios Funerarios de Miranda contra la sentencia emitida al respecto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Burgos el pasado mes de septiembre y anulando los mencionados acuerdos de la Junta de Gobierno.
En aquel entonces, la sala planteaba que "no concurren los requisitos exigidos legalmente para acordar la autorización de uso excepcional del suelo rústico de especial protección agropecuaria" sobre el que en su día se levantó la ampliación del tanatorio. En este sentido, se subrayaba que la parcela en cuestión es de 9.122 metros cuadrados, cuando la normativa especifica que la superficie mínima debe ser de 20.000 metros cuadrados. Así, y a pesar de que existen ciertas excepciones a esta norma, el Juzgado señalaba que los informes técnicos correspondientes no hacen referencia alguna a la justificación que permita saltarse la normativa.
De hecho, El TSJ afirma en la última sentencia que "no puede comprender como pese a la claridad y rotunda conclusión de los referidos informes, las partes apelantes afirmen que los informes obrantes en el expediente administrativo justifican la excepción". No en vano, "dichos informes lo que remarcan es que no resulta procedente la autorización de uso excepcional solicitada respecto a la instalación de crematorio".
Sentencia firme
Con todo, este fallo es firme y contra él no cabe interponer recurso ordinario alguno. De esta forma se cierra un proceso que ha acabado en los tribunales por partida doble, fallando en ambos casos en contra del Ayuntamiento. Y es que, el TSJ estimaba el pasado mes de diciembre un recurso planteado de manera paralela por dos vecinos del barrio, quienes denunciaban el incumplimiento de la normativa medioambiental. A este respecto, el tribunal consideró que "la documentación presentada" a la hora de aprobar la licencia de ambiental "era incompleta", ya que "no se describía la actividad o instalación, ni se indicaban las fuentes de las emisiones y el tipo y magnitud de las mismas, ni se trataba la incidencia de la actividad en el medio potencialmente afectado". Es decir, en ningún caso justificaba la instalación del crematorio en los terrenos donde se ubica.
Habrá que ver cómo afectan estas dos sentencias a una instalación que, contando con el beneplácito municipal, lleva funcionando desde verano de 2008.
Varapalo por partida doble
En 2006, la Junta de Gobierno Local acordaba conceder a Servicios Funerarios de Miranda autorización de uso excepcional en suelo rústico para ampliar el tanatorio de la carretera de Orón, permitiendo así la instalación de un horno crematorio. Las protestas vecinales desembocaron en la presentación de dos recursos contencioso-administrativos paralelos en los que se denunciaba el incumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística respectivamente.
Después de 3 años de espera, la Justicia emitía el primer fallo en julio del año pasado, dando la razón al Ayuntamiento y ratificando la licencia ambiental. Ese fallo fue recurrido por los vecinos y el TSJ la estimó, quitando validez a la anterior y dando la razón a los demandantes. Paralelamente se publicaba la sentencia relativa al segundo proceso judicial. En este caso, la justicia estimó los argumentos vecinlaes y anuló el uso excepcional de suelo rústico, sentencia ratificada con el fallo emitido esta semana.
* El Correo de Burgos - 25.02.10
Foto: Crematorio - elcorreodeburgos.com
ANSE y ADECA piden que no se urbanice Calarreona
TERCERA/Alicante : La Asociación para la Defensa de Cabo Palos y la Asociación de Naturalistas del Sureste denuncian que la revisión del PGMO de Cartagena pretende rescatar el obsoleto Plan Parcial de Calarreona (Cartagena) y permitir la urbanización en primera línea del Mar Mediterráneo e inmediatamente colindante al Parque Regional de Calblanque. Ambas organizaciones se han dirigido a los responsables políticos de la Administración local, autonómica y estatal pidiéndoles la retirada de la reclasificación por su elevado impacto ambiental.
Los visitantes más respetuosos con el Parque Regional de Calblanque (aquellos que acceden a pié a través del sendero de Calarreona) pueden verse sorprendidos en los próximos años por la urbanización de la entrada oriental del Parque en caso de consumarse las propuestas de la revisión del PGMO.
ADECA y ANSE denuncian que el Ayuntamiento de Cartagena pretende reclasificar los terrenos actualmente No Urbanizables (de Protección Ambiental, de Protección Forestal y Común) a Suelo Urbanizable de baja densidad. Mediante esta reclasificación, el Ayuntamiento pretende resucitar un Plan Parcial obsoleto que no llegó a aprobarse en la década de los 80. Resulta particularmente llamativo que Suelos No Urbanizables de Protección Ambiental (máxima categoría de protección del PGMO vigente y que ostenta el Parque Regional de Calblanque) pasen a Suelo Urbanizable sin justificación técnica alguna.
A juicio de ambas organizaciones, el objetivo es urbanizar en primera línea de costa sobre unos terrenos de incalculable valor ambiental y paisajístico. Por esta razón, ANSE y ADECA han alertado del impacto ambiental que tendría esta actuación urbanística, ya que la zona alberga hábitats de interés comunitario y poblaciones de diversas plantas amenazadas y protegidas por el Decreto 50/2003 así como terrenos con pendientes superiores al 50 %. Además, la urbanización de esta zona tendría efectos sobre el propio Parque Regional de Calblanque que resulta inmediatamente colindante.
Por esta razón, ambas organizaciones se han dirigido a la Alcaldesa de Cartagena pidiendo la retirada de la reclasificación. Asimismo, han remitido sendos escritos al Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, al Director General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental, al Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y al Director General de Urbanismo pidiendo que informen desfavorablemente la propuesta y que los terrenos sean incluidos en el Lugar de Importancia Comunitaria. Además, hemos pedido a la Demarcación de Costas que amplíe a 200 metros la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.
* TerceraInformación - 25.02.10
Foto: tercerainformacion.es
La Justicia investiga una supuesta trama de prevaricación con contratos de la Xunta
LAVOZDEGALICIA : En calidad de perjudicada, la Consellería de Cultura acaba de personarse como acusación particular en una causa que el Juzgado de Instrucción nº3 de Santiago abrió hace 11 meses para esclarecer posibles delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias cometidos en el seno del mencionado departamento autonómico. Los hechos en sí, ocurridos esencialmente durante la etapa del bipartito al frente de San Caetano, salpican no solo a personal de la Administración, sino también a miembros de la Iglesia y del sector de la construcción.
Entre los imputados, 12 en principio, hay quien ha conseguido amasar un volumen de propiedades que la policía considera «desorbitado».
A raíz de una denuncia formulada por la Fiscalía del área de Compostela en base a testimonios que previamente había recabado de varios funcionarios, el tribunal inició el 13 de marzo del 2009 «una investigación acerca de presuntas irregularidades en la concesión y adjudicación de obras para la restauración y rehabilitación, en la mayor parte de los casos, de piezas de arte y retablos de iglesias [...] en las provincias de Pontevedra y Ourense», describe el sumario. Entre otras acciones, se han intervenido teléfonos, efectuado interrogatorios, revisado documentos, cotejado datos tanto bancarios como registrales e incluso realizado detenciones.
La unidad de delincuencia económica y fiscal del Cuerpo Nacional de Policía cree haber destapado una trama urdida por trabajadores de la Xunta para, con la anuencia de algunos párrocos, lucrarse favoreciendo a determinadas empresas en la concesión de contratos relacionados con la Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Al frente de dicha organización, siempre de acuerdo con la versión inicial de los investigadores, se situarían sendos técnicos pertenecientes a los dos citados organismos: José Manuel Pichel Pichel, arquitecto del primero actualmente apartado del servicio, y Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, supervisor de proyectos en el segundo desde 1999 hasta que el verano pasado cambió ese empleo por otro en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en Cartagena. Las imputaciones se extienden a otro integrante de Patrimonio, tres religiosos y seis cargos de cinco compañías beneficiarias de las operaciones.
Con diversas pruebas periciales aún pendientes de práctica, el procedimiento se encuentra hoy en fase de diligencias previas. O sea, se desconoce si finalmente va a terminar siendo sobreseído o bien derivará en la convocatoria de un juicio al uso. Adoptar dicha decisión corresponderá al titular de la sala encargada del expediente, Luis Aláez, el cual no resolverá nada al respecto, como poco, hasta finales de marzo, dado que apenas han transcurrido un par de semanas desde que tomó posesión del cargo y ponerse al día en este tema -ha de estudiar más de dos mil folios- le requerirá su buen tiempo.
Diez motos y 69 inmuebles
Cuando lo lea en profundidad, en el sumario hallará sorprendentes pasajes referidos a las posesiones que atesoran los supuestos cabecillas de la red. Acerca de Pichel, los expertos policiales subrayan: «Llama poderosamente la atención el desorbitado patrimonio que el mismo y su entorno familiar poseen, ya que entre los dos cónyuges tienen un total de 69 inmuebles, [...] constándoles además dos urbanos a nombre de la empresa de ambos, AAD Arquitectura y Urbanismo». «Le constan también -añaden- diez motos de gran cilindrada de precio muy elevado y un vehículo».
El dosier contiene igualmente un detalle de 39 ingresos de efectivo de entre 1.000 y 15.250 euros -suman 122.471,65- en una cuenta corriente cuya titularidad comparten Gómez-Gil y su mujer. El primero se remonta al 6 de octubre de 1998, mientras que el último se efectuó el 20 de abril del 2009, la jornada en que Roberto Varela (PP) relevó a Ánxela Bugallo (BNG) como conselleiro de Cultura. «Se sospecha que dicho dinero pueda proceder del pago de comisiones por la adjudicación de obras de restauración. Es de resaltar que no proviene del salario percibido a través de la Xunta», concluyen los agentes para luego precisar que los abonos «aumentaron de forma ostentosa en número y cuantía en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, el período que en la denuncia presentada por el ministerio público se hacía constar la existencia de anomalías».
* La Voz de Galicia - 25.02.10
Foto: EL GRAN NEGOCIO. El Obispado de Tui-Vigo accedió a vender a uno de los supuestos cabecillas de la trama, Carlos Gómez-Gil, la rectoral de Paraños (Covelo) por 60.000 euros y luego él intentó colocarla - lavozdegalicia.es
