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LAVERDAD/Murcia: La Gerencia de Urbanismo ha concedido «licencia de obras y subsiguiente regularización administrativa y terminación de obras» a la edificación ejecutada sin licencia por la que un juez condenó al Ayuntamiento por no haberla demolido.
El acuerdo se tomó en la sesión que el consejo de gerencia celebró el pasado martes con los votos favorables de todos sus miembros, a excepción de uno, el del concejal de Izquierda Unida, José García Murcia, quien mostró su preocupación «porque se concediese licencia a una edificación que un juez obligaba a demoler mediante sentencia, ratificada por el TSJ».
El juez Indalecio Cassinello Gómez Pardo, magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Murcia, dictó sentencia firme el 26 de febrero de 2007, que fue confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el día 21 de noviembre de 2008. A pesar de ello, aún no se ha procedido a la «ejecución subsidiaria con cargo a los obligados», según reza en el texto del juzgado.
El pasado día 22 de octubre el magistrado daba un plazo de 15 días para derribar la construcción y advertía en el fallo que podría exigir responsabilidades penales si no se ejecuta la sentencia. Hace unos días, «se demolió por parte de la propiedad parte de la construcción, la ejecutada sobre lindero y que afectaba a una servidumbre de paso», según aseguraron ayer tarde fuentes municipales. Tras ello, admiten las mismas fuentes, el dueño de la propiedad habría solicitado «licencia de obras», algo que según el Ayuntamiento «no se le puede negar, ya que los informes de los técnicos se ajustan a la normativa, al haber demolido la parte construida sobre la propiedad vecinal».
Preguntado si se iba a cumplir la sentencia que obliga a la demolición de la construcción, el Consistorio señaló que «si no hay novedad por parte del juez se echará abajo en el plazo previsto». Y agregó que «la vía administrativa no interfiere a la judicial. En todo momento acatamos las sentencias judiciales, pero si no le hubiésemos concedico la licencia de obras estaríamos prevaricando». El denunciante solicitará que se aperture la vía penal si el martes no se ha cumplido la sentencia.
* La Verdad - 12.11.09 -
P. W. R. | LORCA
Foto: Lorca (Murcia), vista término - laverdad.es
Lorca: Urbanismo legaliza la edificación sin licencia que un juez ordenó demoler
El gobierno de CiU de Roda de Barà dio solares por 4,6 millones de forma irregular
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ELPAÍS/Tarragona* : Roda de Barà no sólo está en números rojos por la crisis inmobiliaria, que ha asfixiado las arcas del municipio. También por los excesos cometidos a base de irregularidades. Entre 2004 y 2007, bajo el mandato de CiU, se adjudicaron solares y contratos por 4,6 millones de euros, según una auditoría externa encargada por el Ayuntamiento.
El rastreo de las cuentas de 2008, que recogen adjudicaciones desde 2004, arroja prácticas anómalas, contratos nulos, obras encargadas sin que hubiera proyecto e invitaciones formales a empresas de concejales para que participaran en los concursos públicos. El actual gobierno, encabezado por la socialista Mayte Huerta, estudia llevar estas irregularidades al juez.
El informe elaborado por Faura-Casas, al que ha tenido acceso este diario, examina cuatro paquetes de adjudicaciones realizadas entre 2004 y 2007. En todos hay irregularidades, algunas de las cuales suponen que los contratos puedan considerarse "nulos de pleno derecho". El primer bloque consta de 16 terrenos que salieron a subasta en 2004 y que sumaban 1,94 millones. Para empezar, la voluminosa cantidad a la que ascendía el concurso requería la autorización previa del Gobierno catalán, un trámite que se omitió.
La auditoría señala que una misma persona se presentó a través de dos sociedades diferentes con ofertas distintas, por lo que jugaba con ventaja respecto a las otras dos empresas que pujaron por los terrenos. Pero, además, estas dos sociedades, que se llevaron 12 de los 16 solares, no estaban inscritas en la Tesorería General de la Seguridad Social. Por último, otra de las ajudicaciones debe considerarse, según la auditoría, "nula de pleno derecho" porque la empresa en la que recayó el terreno no se había presentado a la subasta.
El segundo paquete, de 2005, ascendía a 1,96 millones. En este caso, los auditores han hallado un documento según el cual el Ayuntamiento encabezado por Pere Compte (CiU) cursó una "invitación formal" a 19 empresas para que participaran en la subasta. Una de ellas era Consbarà, cuyo administrador era el concejal de Urbanismo de entonces, Pere Virgili. Otra sociedad era Construcciones Donoso, propiedad del regidor de Hacienda, José Donoso. Ninguna de ellas ganó la puja.
En 2006 se preparó la subasta de otro conjunto de solares, valorado en 895.770 euros. Los auditores han hallado en este lote una entrega irregular de un terreno valorado en 149.600 euros. La empresa Naxos no estaba inscrita en la Seguridad Social. Según los auditores, la inmobiliaria renunció al solar, aunque nunca lo hizo formalmente y ahora el Ayuntamiento tiene los derechos de cobro de esa cantidad.
El último expediente examinado por los auditores corresponde a otro paquete de solares valorado en 1,77 millones. Al concurso no se presentó nadie, por lo que el alcalde los adjudicó directamente a Nou Mil·lenni Roda, que luego solicitó escriturar un terreno de 540.000 euros (el más caro) a nombre de otra empresa. Los aditores son claros: la operación es "nula de pleno derecho".
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 12/11/2009
Foto: Urbanización El Francaset, en Roda de Barà.- JOSEP LLUÍS SELLART, elpais.com
Palma: Munar otorgó ante notario la escritura del 'pelotazo' de Can Domenge
ELMUNDO* : Maria Antònia Munar otorgó ante notario en representación del Consell de Mallorca la escritura de compraventa del solar de Can Domenge. Lo hizo el 19 de julio de 2006 en la Notaría palmesana de Catalina Nadal Reus con el número de protocolo 1.803. A la hora de materializar la venta a mitad de precio de la parcela pública de 52.000 metros cuadrados situada entre el Camí de Jesús y la calle General Riera de Palma fue ella y no ninguno de sus técnicos o subordinados quien acabó haciendo efectivo el pelotazo urbanístico de 30 millones de euros.
Y es que en estos momentos la actual presidenta del Parlament balear prepara una estrategia de defensa encaminada a sostener el próximo lunes en calidad de imputada ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia que los responsables de la operación que se saldó con la venta por 30 millones de euros de un solar que valía el doble, fueron sus consellers de Unió Mallorquina (UM) y los funcionarios que tramitaron el expediente de contratación así como recalcar que la operación acabó siendo votada en el Pleno de la institución.
No obstante, su participación personal en la escritura de compraventa pulveriza su nuevo intento por diluir su responsabilidad en este escándalo. Máxime cuando el catedrático de Derecho Civil Miguel Coca Payeras no sólo recalcó en el informe que elaboró hace varios meses a petición del Consell de Mallorca sobre el caso Can Domenge la intervención de Munar en la escritura definitiva, sino que concluyó que dicho otorgamiento es ilegal.
Y es que aquel acto protagonizado por la presidenta de honor de UM, "revela que quien compró las dos fincas registrales no fue la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria Construcciones Pedro Ferrá Tur, S.A.-Sacresa Terrenos Promoción, S.L., sino que la primera compró una cuota indivisa del 5% sobre cada uno de los dos inmuebles, y la segunda sociedad adquirió la restante cuota indivisa del 95%".
* El Mundo - Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom - 12.11.09
Foto: Palma, Can Domenge - concatel
Badajoz: El Supremo obliga a cumplir la sentencia de Biblioteconomía
LACRÓNICADEBADAJOZ* : La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Quinta del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia que atiende el recurso que presentó la Asociación Amigos de Badajoz contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), de abril del año pasado. Ese fallo paralizó la ejecución de otra sentencia dictada en el 2003, que consideró ilegal la actuación desarrollada en el antiguo Hospital Militar, en el interior de la Alcazaba, para la construcción de la Facultad de Biblioteconomía.
Esa sentencia la corroboró el TS en el 2006 y la mandó ejecutar el propio TSJEx un año más tarde.
El alto tribunal estima que "ha lugar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Asociación Amigos de Badajoz, contra el auto del 10 de abril del 2008, dictado por la sala de lo Contencioso Administrativo (SEcción Primera) del TSJEx".
NO IMPOSIBILIDAD Asimismo, indica el fallo que "no concurre imposibilidad legal de ejecutar la sentencia de 24 de febrero del 2003". Deja, por tanto, claro en su último fundamento jurídico que "se ha aprobado la variación del plan --Plan General Municipal (PGM)-- con el objeto de impedir que la sentencia se cumpliera en sus propios términos".
Y añade "el citado plan se concreta cuando ya se ha dictado la sentencia que se pretende ejecutar, que, recordemos, es del 24 de febrero del 2003, lo que pone de manifiesto que la secuencia de los hechos avala que la modificación del planeamiento tenía por finalidad esquivar el cumplimiento de la sentencia".
El TS indica en otra parte del texto judicial: "Repárese que en la ejecución de la sentencia se encuentra presente un interés público esencial, No estamos ante el mero interés particular de una asociación para que se ejecute un pronunciamiento judicial, sino que se trata de evitar que se comprometa la tutela judicial del artículo 24.1 de la Constitución española, que abarca la ejecución de lo juzgado en relación con el artículo 117.3 del mismo texto, como sustento básico de nuestro Estado de derecho".
NO BURLAR EL FALLO Por otro lado, el tribunal añade que conviene recordar "que el ejercicio de las potestades administrativas en el orden urbanístico ha de responder a las exigencias propias del interés general, entre las que no se encuentra desde luego burlar lo acordado en sentencia judicial firme".
El caso de Biblioteconomía comenzó en el año 2000, con una serie de denuncias públicas y por la vía judicial, que concluyeron con la citada sentencia del 24 de febrero del 2003, posteriormente recurrida por el ayuntamiento, y más tarde por la mencionada asociación, que reconoció haberse equivocado al no oponerse al proyecto en la Comisión de Patrimonio a la que asistió y en la que se aprobó el proyecto.
La directiva de Amigos de Badajoz asistió a una reunión la tarde de ayer en el ayuntamiento, donde se puso de manifiesto que éste acata la sentencia y que ordenará a los técnicos municipales que elabore un proyecto técnico para ver cómo se procede al derribo y qué parte del edificio no se ajusta a la legalidad, así como las actuaciones que habrá que realizar para dejar el inmueble en uso. Actualmente, el edificio alberga la Facultad de Biblioteconomía.
Amigos de Badajoz se mostró ayer satisfecha con el fallo del TS, "por demostrarse que el colectivo tenía razón desde que en el 2000 intentamos, durante seis meses, que se reformase el proyecto de construcción de un edificio de hormigón blanco que impactaba de forma incontestable en una Alcazaba del siglo XII, sin que nadie hiciera caso".
SATISFACCION Y TRISTEZA El colectivo no oculta, por otra parte, "la tristeza, como ciudadanos, al ver cómo se ha malgastado el dinero público del bolsillo de todos los extremeños en una obra construida por la junta de Extremadura, que era una barbaridad, que resulta ser ilegal y que ahora habrá que reformar, una vez más con el dinero de todos mientras los políticos que decidieron en su momento, eluden sus responsabilidades".
Amigos de Badajoz pide que no se demonice a la asociación por denunciar "una ilegalidad y por intentar que el patrimonio no siga siendo atropellado con cualquier excusa". Y que esto sirva "para que comprobemos que la ley está hecha para todos, ciudadanos y administraciones, siendo éstas las que deben dar ejemplo de su cumplimiento".
* La Crónica de Badajoz - 12/11/2009 F. LEÓN
Foto: El cubo de Biblioteconomía junto a la Torre de Espantaperros. - lacronicabadajoz.com
La Guardia Civil cita a otros dos imputados por el ‘caso Pretoria’
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Un exedil del PSC de Llavaneres y un técnico del Govern de CiU deberán declarar. La Guardia Civil ha citado a declarar esta semana a otros dos imputados del caso Pretoria, por el que ya están en prisión el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Múñoz, y los exaltos cargos del Govern de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, entre otros.
Uno de los dos nuevos investigados en esta presunta trama de corrupción urbanística, tráfico de influencias y blanqueo de capitales es el exconcejal socialista de Sant Andreu de Llavaneres Antonio Jiménez Gómez, que fue teniente de alcalde de Urbanismo cuando Víctor Ros (PP) era alcalde del municipio. El otro es Genís Carbó, excoordinador del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona en el 2002 en la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, en el último Govern de Jordi Pujol. De momento, Carbó ya ha acudido a declarar a las dependencias de la comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca. Y ayer mismo el ayuntamiento de Mataró solicitó que renuncie al cargo de asesor urbanístico que ocupa actualmente en este consistorio.
A pesar de que Carbó declaró en calidad de imputado ante los agentes, a fecha de hoy ninguno de estos dos excargos públicos ha sido imputado todavía por el juez Garzón, quien en los próximos días decidirá sobre la situación procesal de cada uno. Eso sí, ante la Guardia Civil acuden como imputados para poder declarar acompañados de un abogado. Fuentes judiciales daban por hecho anoche que Garzón no solo imputará en los próximos días a Jiménez y a Carbó, sino que citará también al exalcalde de Sant Andreu de Llavaneres y exdiputado autonómico Víctor Ros (PP) –a quién Garzón no menciona en el auto–, al consejero delegado de la empresa pública Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido, y a otras personas sin cargos públicos, presuntamente implicadas.
Carbó y Jiménez aparecen vinculados con el pelotazo de Sant Andreu de Llavaneres, al que Garzón denomina operación Niesma. Del primero se afirma en el auto que su sociedad GCB cobró 244.011 euros. Los investigadores atribuyen a Jiménez la función de «lugarteniente» de Luis García, cerebro de la trama .
RENUNCIA / El exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y el exteniente de alcalde de Urbanismo Manuel Dobarco firmaron ayer en la cárcel de Soto del Real su renuncia al acta de concejales, lo que facilitará su relevo en el consistorio. En la pugna por suceder a Muñoz, ha quedado en las últimas horas prácticamente descartada la opción del presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, .
* El Periódico - MAYKA NAVARRO - 12.11.09
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - serramena.info
Viviendas vacías para el alquiler social universal
VDEVIVIENDA* : Existen soluciones para el problema de la vivienda, para alcanzarlas no se pueden seguir haciendo las mismas cosas que lo han causado. Desde VdeVivienda exigimos que se acabe con la vergüenza de las viviendas vacías, más de 4 millones en España, y que se les dé un uso social; Que se deje de dar dinero público a las constructoras, inmobiliarias, etc, ni con el ICO ni promocionando VPO; Que no se condene a los hipotecados a la miseria cuando el banco subaste su casa y les requise la nómina para pagar el resto de la deuda; Que no sea delito usar casas abandonadas para sobrevivir o para abrir espacios sociales.
Porque ya estés sin casa o en la de tus padres, o hipotecado con el agua al cuello, o conviviendo con alguien a la fuerza, vengas de otro país y no puedas ni trabajar ni vivir, nuestro problema es el mismo, en este país unos pocos se han enriquecido muchísimo a costa de hacer la vida imposible a los trabajadores, impidiéndonos acceso a la vivienda o endeudándonos de por vida para acceder a una.
VIVIENDAS VACÍAS PARA EL ALQUILER SOCIAL UNIVERSAL
¿Qué es una vivienda vacía?
Las viviendas no ocupadas que se encuentren en zonas en las que existe necesidad de vivienda a las que su propietario no da uso durante al menos un año. Por ello, proponemos elaborar un censo de personas con necesidad de vivienda para optar a habitar estos pisos desocupados con un alquiler social
¿Qué es el uso social de una vivienda?
Uso social es la puesta a disposición de una vivienda vacía a favor de la persona o familia que no tenga este derecho básico cubierto, que tendrá que pagar únicamente los gastos de mantenimiento y conservación del inmueble, gastos a los que se limitaba la renta del alquiler en su origen.
¿Qué es una expropiación por uso?
El uso social no es una expropiación de la propiedad de la vivienda, sino que se trata de una limitación del derecho de uso durante un periodo determinado de tiempo durante el cual la vivienda será habitada por una persona o familia que haya acreditado su necesidad de vivienda.
Transcurridos dicho periodo el propietario podrá recuperar el uso de la vivienda siempre que se comprometa a ocuparlo y lo acredite posteriormente.
¿Qué viviendas formarán el Parque Público?
El Parque Público lo formarán principalmente las viviendas en propiedad de los grandes especuladores: bancos, cajas de ahorro, inmobiliarias, constructoras, etc.
Estas empresas privadas son los mayores propietarios de viviendas vacías, que han fomentado durante los años la burbuja inmobiliaria y la circulación de grandes cantidades de ‘dinero negro’ que habitualmente se “lavaba” con la compra especulativa de inmuebles.
¿Qué beneficios tiene el alquiler social universal?
El primero de ellos y más importante es que garantizará el acceso a una vivienda digna en condiciones justas a la población actualmente excluida. La vivienda pasará a ser un derecho y no un privilegio de los más favorecidos.
Disminuiría de manera notable el número de viviendas construidas por lo que acabaría con la destrucción ambiental que el crecimiento urbanístico ha ocasionado en los últimos años.
El alquiler no supone una carga para la administración pública, ya que el demandante de vivienda será quien sufrague los gastos mínimos para mantener la vivienda en buenas condiciones.
El alquiler social universal eliminaría el lucro de los banqueros que se han hecho ricos cobrando intereses abusivos a los millones de hipotecados, así como el endeudamiento de la población.
Por otro lado la eliminación de ayudas fiscales y subvenciones a la adquisición de vivienda y la financiación pública a su construcción, permitirá destinar este dinero a otros fines más justos que reviertan en beneficio de la sociedad y no en el de los especuladores, así como la inversión en servicios públicos.
Permite la elección del lugar de residencia evitando el traslado forzoso hacia barrios o poblaciones alejadas del entorno social o del centro de trabajo en busca de una vivienda asequible, al que en la actualidad obliga a presión especulativa.
Alquiler Social Universal frente a Vivienda Protegida
El sistema de vivienda protegida lleva funcionando décadas en España desde que fue implantado por el franquismo sin que haya solucionado el problema del acceso a la vivienda.
El eje del sistema de vivienda protegida de promoción privada es la concesión de ayudas públicas para la financiación de la adquisición y subvenciones, a cambio de limitar el precio de venta de la vivienda durante unos años. Pero las ayudas acaban en el bolsillo del constructor o gestor, que ponen en práctica innumerables abusos para incrementar el precio de las viviendas muy por encima de su coste, e incluso del precio legal. Precisamente la subida del límite máximo del precio de venta de este tipo de vivienda en los últimos años la ha hecho inaccesible para buena parte de la población, por lo que mientras que en su origen la vivienda protegida estaba destinada a las rentas más bajas, ahora sólo pueden acceder a ella rentas medias-altas.
Tampoco la vivienda protegida de promoción pública es una solución al problema, puesto que además de haberse equiparado su precio a la de promoción privada, excluyendo por lo tanto a las rentas medias-bajas, no se adjudican a todos los demandantes de vivienda sino a una muy pequeña parte por sorteo.
Además la vivienda protegida pasa a al mercado libre en unos años, integrándose en la burbuja inmobiliaria.
Por lo tanto en el futuro la vivienda protegida de promoción privada debe desaparecer, mientras que la de promoción pública debe dar paso a un parque de viviendas de titularidad pública que serán destinadas en su integridad al alquiler social universal.
¿Hipoteca basura o hipoteca usura?
La legislación hipotecaria debe modificarse para que la subasta de la vivienda suponga la cancelación de la deuda pendiente de abonar al banco, de forma que sean las entidades prestamistas quienes asuman las consecuencias de la crisis que han generado concediendo préstamos basados en tasaciones fraudulentas y prácticas abusivas para obtener el máximo beneficio posible. La política de préstamos hipotecarios es pieza clave sin la cual no se hubiese producido la burbuja inmobiliaria y los hipotecados no deben pagar sus consecuencias.
¿Privatizar ganancias y socializar pérdidas?
Hace ya meses que venimos asistiendo a la inyección de dinero público a constructuras, promotoras, inmobiliarias y por supuesto, a los bancos, nuevas formas de dar dinero público a empresas empeorando el problema de acceso a la vivienda. Por eso exigimos que ni un euro público
¿Por qué hay que despenalizar la okupación?
La okupación de viviendas vacías no genera ningún daño a la sociedad, al revés, es la existencia de viviendas vacías la que ha provocado una enorme injusticia social, debiéndose en todo caso considerar delincuentes a los grandes acaparadores de vivienda vacía con fines especulativos.
La okupación de viviendas está considerada delito por nuestra legislación, criminalización que supone una excepción a la regla general puesto que en muchos países europeos se ampara como un obstáculo sano a la libre especulación. La okupación de viviendas vacías debe ser despenalizada.”
Ver También:
http://www.asambleaporunaviviendadigna.org/
* V de Vivienda Madrid - 2009
