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LEVANTE/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado estimar el recurso interpuesto por el Bloc de Altea y anular, por tanto, el PAI Puentes del Algar. El tribunal "tumba" de esta forma la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante adoptada el 31 de enero de 2006 por la que se aprobaba definitivamente una modificación puntual del Plan General y la homologación del citado sector urbanístico. Este plan parcial pretende urbanizar 500.000 metros cuadrados en el entorno a una zona húmeda de especial protección -el río Algar-, con la construcción de unas 6.000 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, cuatro zonas hoteleras y tres macroáreas comerciales.
La sentencia fue notificada el viernes y tiene fecha del 8 de mayo.
El tribunal fundamenta su decisión en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de una de las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental, en concreto la relativa a la desclasificación de suelo público en el Plan Especial El Áramo. Ese suelo estaba calificado como no urbanizable y debería pasar a protegido. Con gobierno del PP se inició la tramitación, aunque antes de finalizar su mandato se paralizó, según explicaron fuentes del Ayuntamiento. Con la llegada del nuevo gobierno, PSOE-Cipal, se decidió desestimar la tramitación "hasta que no se solucionara el conflicto existente con las propiedades de algunos vecinos".
Aquel conflicto tenía su origen en que el Consistorio tenía registradas a su nombre algunas parcelas de particulares. La sentencia también pone de manifiesto que el expediente de desclasificación del suelo se puso en marcha "sólo con posterioridad a la interposición del presente recurso". Por ello, para el tribunal "carece de relevancia si dicho expediente ha sido continuado o paralizado con posterioridad, o si introduce nuevos elementos territoriales".
"Se cometieron ilegalidades"
Quienes más satisfechos se encontraban por la resolución eran los ediles del Bloc porque la sentencia "confirma los argumentos contra la urbanización de este paraje y justifica la larga y persistente lucha ante los tribunales". A su juicio, queda acreditado que "el proyecto es insostenible desde el punto de vista medioambiental y, además, que se cometieron ilegalidades en su tramitación y en la adjudicación a la urbanizadora".
Los concejales nacionalistas creen que la petición de 14 millones de euros de la empresa "no tiene fundamento". En opinión de los regidores, el fallo es "un nuevo revés a la política de depredación urbanística a la que nos han sometido tanto el gobierno autonómico como el anterior gobierno municipal del PP". Los ediles Narbó y Ripoll instaron al actual gobierno a tomar medidas para proteger el río Algar.
* Levante-emv - 30.05.10
Foto: Imagen de los terrenos en los que estaba previsto desarrollar el plan parcial. Información
Altea: El TSJ anula un PAI con 6.000 casas y un campo de golf
'Pretoria': Las alcantarillas del oasis
ELPERIÓDICO/Barcelona* : «La política se hace en las alcantarillas», manifestó el exconseller de Economia Macià Alavedra en una conversación telefónica mantenida el 17 de abril del 2009 con el exsecretario general de Presidència Lluís Prenafeta. Los 10.643 folios del sumario del caso Pretoria –en los que se incluye la transcripción de la citada conversación de los dos exaltos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol, entre otras muchas– son, hoy por hoy, una prueba concluyente de que Alavedra tienen razón. Cada vez que sale a la luz un episodio de prácticas políticas de particular sordidez, los principales dirigentes de los partidos del país suelen cantar a coro una letanía conocida: son casos aislados, estas cosas ocurren en todos los ámbitos, la política es una actividad noble, no todos somos iguales... Sin embargo, sus voces difícilmente pueden neutralizar el impacto que hoy causa la lectura de diálogos como este...
Alavedra: Nos hemos dejado tomar el pelo por esta gentuza de mierda. Yo estoy indignado. Ahora me gustaría que me dijeran con quién pactarán [CiU] si ganan. Pueden hacer Gobierno con quien convenga, pero con cualquiera, sin complejos. También con el PP, coño. El ejemplo del PSC...
Prenafeta: En 23 años de gobierno un día hubiéramos podido meter una hostia a alguno, fuerte.
A: Pues no, no lo hemos hecho. [...] Y en vez de meter a alguno en la cárcel, nos querían meter a nosotros.
P: Sí, que no hemos ido de puro milagro. Mira a Servitje [exsecretario general de Treball, condenado a cuatro años y medio de prisión por malversación de fondos], al final lo enganchan en una cornada. Pobre Servitje, siempre pringa...
A: Sí. ¡A la cárcel, cojones! [...]
P: Por 45.000 euros.
A: Por 45.000 euros, que es un bote. Pero son muy imbéciles, y la culpa es de haber ganado el tema de Banca Catalana y que a Pujol no le pase nada. Y a partir de ese momento, Pujol se ha desentendido de todos.
P: Como a él ya no le volverán a encausar, ha dicho: «Oye, yo ya estoy tranquilo. [Los exfiscales] Villarejo y Mena no volverán a por mí, que destrocen a quien sea». Y, coño, un poco más y nos destrozan a nosotros. A mí, de milagro...
A: Nos han hecho sufrir estos cabrones. Por nada, por hacer un sacrificio por el país. Y, cojones, no te lo agradece nadie.
La última afirmación de Alavedra –«no te lo agradece nadie»– es cuanto menos discutible a juzgar por las revelaciones del sumario del caso Pretoria, que describe cómo, años después de haber abandonado toda actividad pública, los dos exaltos cargos nacionalistas desarrollaban una productiva actividad como comisionistas a base de aprovechar sus contactos en las altas esferas de la política catalana. En síntesis, el papel de Alavedra y Prenafeta en la trama de Pretoria, tal como aparece descrito en la investigación, consistía en interceder ante distintas autoridades, valiéndose de su relación personal con estas, para que favorecieran determinados proyectos urbanísticos o inmobiliarios. Por esta labor recibían entre un 3% y un 5% del total de la operación, dinero que cobraban a través de sus respectivas sociedades (Versabitur SL y Poliafers SA).
Las presiones del dúo Alavedra-Prenafeta no se dirigían hacia cargos intermedios o periféricos, sino que apuntaban al centro mismo de la administración catalana. Un ejemplo: conocedores de la intención del Govern de la Generalitat de ir trasladando las sedes de las conselleries que se hallaban en inmuebles alquilados a edificios de propiedad pública (un proyecto que empezó a tomar cuerpo en la época de Pasqual Maragall), los comisionistas pretorianos no dudaron en acudir a las más altas instancias para mediar en favor de una inmobiliaria (Espais, del empresario Lluís Casamitjana) que les retribuía generosamente sus servicios. Las más altas instancias no eran otros que los propios consellers competentes en cada caso.
El conseller que aparece citado más veces en el sumario del caso Pretoria es el de Economia, Antoni Castells, que, por lo que se desprende de las conversaciones incluidas, mantenía una relación de cordial camaradería (no sería un exceso verbal decir amistad) con el que había sido su antecesor en la época de Pujol. Macià Alavedra no tuvo reparo en utilizar ese vínculo personal para pedir reiteradamente a Castells que actuara en favor de la venta de un edificio de Espais a la Generalitat para ubicar allí la sede de la Conselleria de Acció Social i Ciutadania. Prenafeta también trató de persuadirle. La operación no prosperó. Los diálogos entre ellos no permiten inferir, en ningún caso, que el conseller colaborara con los comisionistas, pero sí revelan que conocía de primera mano los manejos de la pareja en las alcantarillas de la política, por emplear la elocuente expresión de Alavedra.
La siguiente conversación tuvo lugar el 20 de abril del 2009.
Alavedra: Hemos quedado para el día 19.
Castells: Sí, eso me han dicho ahora.
A: Pero tengo al pequeño [Prenafeta] que no deja de marearme.
C: ¿Por qué? ¿Está nervioso? Si yo pensaba que la cosa con el Salazar... [se refiere a Miquel Salazar, que en esas fechas acababa de dejar el cargo de secretario de Política Financera y había sido relevado por Jordi Pericàs].
A: Que dice que te quiere ver.
C: Pero [...] una reunión él, tú y yo, es que es muy raro, a ver si me entiendes. Él a veces con quien tiene que verse..., ya se ve con quien toca.
A: Yo no tengo que estar para nada.
C: Ya le llamaré. Yo ya he hecho una reunión con él, con Casamitjana, con Salazar [...]. Hemos reconducido las cosas y me consta que se estaban haciendo. [...]
A: Dile que a mí no me moleste más, que está como desesperado.
C: Me ha llamado aquí. Mi secretaria dice que el señor Prenafeta... si podemos hacer una reunión el señor Alavedra, él y...
A: El señor Alavedra para nada.
C: Es que queda muy raro, Macià. Es mezclar las cosas.
A: Es que es tonto este tío.
De la investigación del caso Pretoria se deduce que, en cualquier caso, el acoso de los comisionistas a la administración autonómica no dio fruto. Más suerte tuvieron en el ámbito municipal. Y ahí resultó fundamental el concurso de Luis García, Luigi, un exdiputado del PSC con una agenda telefónica de lo más provechosa (más de 400 números, preferentemente de políticos y empresarios de la construcción) y excelentes contactos en diversos ayuntamientos de los alrededores de Barcelona: Badalona, Sant Andreu de Llavaneres, Montcada i Reixac y, por encima de todos, Santa Coloma de Gramenet. Los pelotazos urdidos por Luigi –la operación Pallaresa, en Santa Coloma; Niesma, en Sant Andreu de Llavaneres, y Marina Badalona–, ya han sido prolijamente relatados, pero el seguimiento de la connvivencia entre el conseguidor Luis García y el entonces alcalde colomense, Bartomeu Muñoz, ha permitido además destapar unos modos de hacer política municipal radicalmente alejados de los principios de honestidad, transparencia y ecuanimidad que llegado el momento de las campañas electorales se convierten en divisa de todo candidato.
El sumario describe un episodio que nada tiene que ver con las irregularidades urbanísticas pero sí mucho con la corrupción entendida como una espiral de injusticia y degradación moral que, una vez liberada, se apodera de todos los ámbitos de la actividad pública:
En mayo del 2009, Bartomeu Muñoz recibe una llamada de una mujer, R.M., que le comunica que se presenta a unas oposiciones para auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y le explica que hay 36 plazas para 38 candidatos. El alcalde le dice «que ya se ocupa él, que se quede tranquila». Poco después, Muñoz llama a Pascual Vela, director de servicios del consistorio, y le explica el caso. «Tengo altísimo interés en una tía», le dice. Las llamadas para interesarse por el caso se repiten, y Vela le aclara que uno de los candidatos no reúne las condiciones y que ya solo hay que suspender a uno. Una vez pasado el examen, el alcalde vuelve a hablar con su director de servicios.
Vela: El tribunal decidió que el profesor que habían tenido en el curso de formación les corrigiera el examen. Entonces, ahí no podemos hacer nada. [...]
Muñoz: A este profesor, ¿quién le paga?
V: Nosotros, nosotros.
M: Eh, que suspenda alguien, tú. [...]
V: A ver, nosotros, lo que hemos mirado es que sí sale. Pero, claro, el problema está en que quien corrige los exámenes esta vez es el que les dio clases.
M: Sí, pero, este tío querrá seguir dando clases, ¿no?
* El Periódico - 27.05.10
Foto: Luis García, ‘Luigi’, recoge sus pertenencias al llegar a la Audiencia Nacional el 30 de octubre del 2009. - elperiodico.com
El Consell rebaja los requisitos para construir en suelo no urbanizable
ELPAÍS/Valencia* : El Consell ha decidido revolucionar las normas urbanísticas por decreto ley y sin consenso político. La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, anunció ayer -en ausencia del titular de Medio Ambiente, el vicepresidente Juan Cotino- la aprobación de un decreto destinado a facilitar "la implantación en suelo no urbanizable de actividades productivas". La nueva regulación pretende estimular la instalación de "casas rurales, tiendas de productos agrícolas o de plantas ornamentales y frutales, estacionamientos de vehículos y maquinaria, campamentos de turismo y centros deportivos o recreativos, y centros educativos y sanitarios" en suelo no urbanizable.
Para ello, la nueva regulación establece "un nuevo procedimiento de urgencia" para tramitar la implantación de actividades productivas en suelo no urbanizable que permitirá obtener en un plazo máximo de tres meses la declaración de interés comunitario. El decreto elimina la obligación de que las casas rurales se sitúen a más de cinco kilómetros de distancia del casco urbano y permitirá que la parcela sea inferior a la media hectárea si la Consejería de Turismo considera que el establecimiento tiene interés. A los campamentos de turismo y centros deportivos se les exime de la obligatoriedad de reservar al menos la mitad de la parcela para uso agrario o forestal. A los centros educativos y sanitarios se les permitirá que computen sus espacios libres (pistas deportivas o aparcamientos) en la obligación de dejar sin edificar la mitad de la parcela no urbanizable.
La nueva normativa anula la reversión automática del suelo que haya sido reclasificado a urbanizable en caso de que no se ejecute el plan de actuación urbanística (PAI) previsto. La medida, válida hasta 2013 con posibilidad de prorrogarse, pretende que los ayuntamientos puedan volver a poner en marcha sus proyectos urbanísticos cuando pase la crisis o, si lo deciden expresamente, revertir el suelo a no urbanizable.El decreto ley, que abre la mano a la implantación de negocios en suelo no urbanizable, modifica parcialmente la Ley Urbanística Valenciana (LUV), la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) y la Ley de Suelo No Urbanizable y sus reglamentos. Una legislación que el consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, quiere reformar y simplificar. El pasado mes de febrero Cotino presentó el borrador, encargado por su antecesor ya fallecido José Ramón García Antón, y elaborado por algunos de los mejores especialistas de España para acabar con una etapa de caos legislativo y urbanismo salvaje que mereció la reprobación de la Unión Europea. El decreto ley es un avance del proyecto que prepara Cotino.
La norma aprobada por el pleno del Consell reduce la burocracia, pero también la publicidad y la transparencia de los planes urbanísticos. Así, se elimina la obligación de publicar los planes urbanísticos en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). A partir de ahora solo será necesario publicar el acuerdo de aprobación y la normativa del plan urbanístico, sin los planos de ordenación, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
La nueva norma suprime el concierto previo para la tramitación de planes generales, la preceptiva cédula territorial de urbanización para tramitar planes que modifiquen la estructura del plan general y la necesidad de que los suelos dotacionales de red primaria (parques, infraestructuras de transportes y comunicaciones, etc.) adscritos a un sector estén colindantes con este.
Entre las medidas que incluye el decreto está la eliminación de la declaración de interés comunitario para reformas sin ampliación exterior de edificios autorizados en suelo no urbanizable. Con el decreto, los ayuntamientos podrán reducir hasta la mitad el canon por actividades en suelo no urbanizable y otorgar prórrogas o fraccionamientos del mismo. El dinero que recauden los municipios por estas actividades en suelo no urbanizable se podrá gastar sin necesidad de tramitar programas de sostenibilidad, como hasta ahora. El dinero se podrá destinar a vivienda protegida y, si el municipio ya tiene sus necesidades cubiertas, a parques, casas de cultura, polideportivos, etc.
También se eliminan restricciones para actuaciones de renovación o reforma interior en centros históricos o barrios con industria.
Por otra parte, el pleno del Consell también aprobó ayer la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial del Corpus Christi en Valencia, que incluye la catedral y la práctica totalidad de las parroquias del centro de la ciudad y elementos muebles como las rocas y la indumentaria de los personajes de la procesión.
En la misma reunión del Consell se decidió convertir el decreto de autoridad del profesorado en proyecto de ley y ampliar su ámbito de aplicación a la escuela concertada. El Ejecutivo de Francisco Camps también decidió destinar 13 millones de euros a construir los accesos del futuro aeropuerto de Castellón.
La nueva regulación urbanística
- Los antecedentes. La aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) alentó un urbanismo salvaje, que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) solo complicó más. Tras las denuncias de la Unión Europea, el Consell anunció una ley negociada con la oposición que acabase con la inseguridad jurídica y simplificase los trámites.
- El decreto-ley. Permite adelantar los aspectos que el Consell considera prioritarios de la nueva reglamentación urbanística en preparación, que refundirá todas las leyes. Se aprueba tras hablar con ayuntamientos y promotores, pero no con la oposición.
- Las novedades. Pretende fomentar la implantación en suelo no urbanizable de negocios que generen empleo; impide que la caducidad de un PAI signifique la desclasificación del suelo como urbanizable, y reduce la burocracia pero también la transparencia.
* ELPAIS.com -30.05.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
La Xunta debería derribar diez obras ilegales cada semana para resolver las órdenes dictadas
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FARODEVIGO* : Tras décadas de vista gorda por parte de la administración, las excavadoras irrumpen en los solares para tumbar cientos de edificaciones ilegales. Desde la creación en 2008 de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la Xunta derribó ya 50 obras construidas sin licencia municipal ni autorización autonómica. Ocho de ellas en lo que va de año –cuatro en la provincia de Pontevedra y otras tantas en Lugo–. Pero la lista de viviendas, hoteles y naves amenazadas por la piqueta va en aumento. En la actualidad, el Gobierno gallego tiene sobre la mesa un total de 286 demoliciones pendientes de ejecución, lo que supondría una media de diez derribos a la semana en lo que resta de año para dar carpetazo a las órdenes irrevocables de derribo dictadas por la APLU.
El balance de los dos últimos años puede parecer pequeño, pero supone un paso de gigante si se compara con las demoliciones ejecutados durante los últimos años. Antes de la creación de APLU por parte del bipartito, y tras casi tres décadas con las competencias en materia de urbanismo transferidas , el Gobierno gallego sólo consiguió completar con éxito la demolición de una vivienda. Fue a partir de 2008 cuando la Xunta dio un impulso a los derribos de obras ilegales con la puesta en marcha de la agencia de control urbanístico: cinco obras ilegales demolidas en 2008, 37 en 2009 y ocho entre enero y abril de este año.
Para impulsar los trabajos de demolición de obras ilegales, el Gobierno de Feijóo –pese a recortar las competencias y el personal de la APLU tras la destitución del anterior director– ha reservado para este año 600.000 euros, lo que supone un 25% más del presupuesto asignado el año pasado y cuatro veces más que el de 2008.
89 en Pontevedra
De las 286 órdenes de demolición pendientes de ejecutar, la provincia de A Coruña es el mayor volumen con un total de 104 (36,3%), seguida por Pontevedra, con 89, lo que suponen un 31,1% del total. Mientras que el interior de Lugo y Ourense registran la tasa más baja de órdenes de ejecución, con un total de 45 y 48 respectivamente. En cuando a las ejecutadas en lo que va de año, según datos de la Consellería de Medio Ambiente, dos se llevaron a cabo en el municipio de Poio –ambas obras demolidas eran viviendas–, una en Bueu, también una casa; otra en Nigrán –una nave industrial–, así como tres demoliciones de viviendas en las localidades lucenses de Palas de Rei, Conturís e Vilamarín, y un remolque situado en suelo rústico de protección natural en Foz.
Una de las últimas órdenes de demolición de la APLU fue dictada a finales de abril y afecta a 52 chalés construidos a cien metros de la playa de Balea, en O Grove. Tres meses es el plazo del que dispone la promotora que levantó la urbanización para demoler las casas y restituir la situación original.
Y uno de las primeras sentencias de derrumbe promulgadas por la agencia de control urbanístico afectó a una vivienda de la provincia de A Coruña. Los inquilinos del chalé de planta baja construido en Arteixo en el punto de mira de la APLU no contaban con el correspondiente permiso de la Xunta. La orden derribo de la vivienda, de 122 metros cuadrados en suelo rústico protegido por la normativa de costas, se dictó enero de 2008 y fueron necesarias varias multas coercitivas para lograr que los dueños restituyeran la legalidad.
Y es que antes de que una orden de demolición sea firme, el propietario suele agotar todas las vías administrativas y judiciales a su alcance. E incluso una vez agotadas, la APLU debe cumplir hasta 16 pasos diferentes (iniciar el expediente de contratación del derribo, encargar el proyecto de coordinación y seguridad, presentar la solicitud ante la autoridad judicial competente…) para poder ejecutar la demolición. Una vez que la Xunta emite una orden de derribo, son los propietarios los responsables en primera instancia de su ejecución. Pero si no acatan la orden, la ley permite imponer multas coercitivas para forzar al infractor a cumplir. Si tras siete apercibimientos por parte de la agencia urbanística, con sus correspondientes multas, el infractor no ejecuta la demolición ordenada, la APLU se hará cargo de forma subsidiaria asumiendo todos los gastos, que podrá reclamar después al responsable.
La compleja y larga tramitación de los expedientes de derribo explica por qué las órdenes de demolición fueron casi anecdóticas en Galicia durante las últimas décadas, cuando las únicas construcciones que se derribaron fueron obras menores como muros o galpones.
Pero desde la creación de la APLU, las excavadoras echaron abajo chalés e incluso edificios enteros construidos en suelo rústico sin contar con la licencia municipal o la preceptiva autorización por parte de la Xunta.
* Faro de Vigo - 30.05.10
Foto: Nigrán (Pontevedra) - mma.es
La otra cara de la burbuja inmobiliaria
RAMÓN LÓPEZ* : Magnífico el artículo de José Ignacio Torreblanca (EL PAÍS, 24 de mayo). Un país que presume de tener más kilómetros de autopistas y de AVE por millón de habitantes que nadie y que ha construido durante años más viviendas que toda Europa central junta tiene bastante de caja tonta, es como un ordenador de última generación sin programas y con un usuario digitalmente analfabeto. La otra cara de la sobreinver-sión en infraestructuras no es desde luego hacer el país más competitivo o más eficaz, sino simplemente apoyar el despliegue de la sobreurbanización de la costa y de las periferias próximas y lejanas de sus áreas urbanas y metropolitanas. Ambos excesos, el boom de las infraestructuras y el del ladrillo, pueden verse como dos caras de la misma moneda: enterrar la inversión pública y el ahorro privado -y buena parte de la deuda exterior- en bienes improductivos, al menos a partir de un cierto nivel que hemos sobrepasado hace al menos una década.
Se recorta el presupuesto de Innovación y Desarrollo, se escatima en educación técnica y superior o en gasto social, pero se pretende seguir construyendo cientos, si no miles, de kilómetros de autopistas infrautilizadas, se exige que Santander y Teruel estén directamente conectados por AVE y se permite clasificar y urbanizar suelo para centenares de miles de nuevas viviendas a decenas de kilómetros de Madrid. El perfecto retrato de un modelo de desarrollo anticuado e insostenible.
Pero en cuanto se suavice la crisis insistiremos en él, sea quien sea el partido que ocupe el poder. Recordemos que el PEIT (Plan Especial de Infraestructuras del Transporte) del PSOE es un calco del PEIT que en su día aprobó el PP, y la costa andaluza, de algún modo, un remedo marítimo de los secarrales periféricos madrileños o vallisoletanos.
* RAMÓN LÓPEZ, (Catedrático de Planeamiento Urbanístico en la Escuela de Arquitectura.) - Madrid
* ElPAIS.com - 28.05.10
