ELPAÍS/Madrid* : El alcalde y dos concejales compaginan la labor municipal con sus negocios inmobiliarios. A escasos 50 kilómetros de la capital, tras desviarse de la autovía de A Coruña (A-6) en Collado Villalba y tomar la comarcal M-608, se llega a Moralzarzal, una de esas localidades situadas en las primeras estribaciones de la sierra de Guadarrama y en el valle del río Moralzarzal.
Con tal nombre no se tiene constancia de su existencia hasta bien entrado el siglo XVII. Hasta entonces, el pueblo era conocido como Fuente del Moral, siendo Zarzal una especie de núcleo periférico agregado.
En este marco geográfico es en el que, desde 1995, José María Moreno Martín figura como alcalde del municipio y presidente del PP local. Actividad que compagina desde hace años -como lo hacen otros dos concejales (Aurelio González García y Javier Martín Pascual)- con negocios ligados a la construcción y la promoción inmobiliaria. Entre los tres cuentan con ocho sociedades operativas, sobre todo en el pueblo. Para cubrir las apariencias, la titularidad y administración de alguna de estas empresas figuran a nombre de sus esposas e hijas, tal y como se puede comprobar en el Registro Mercantil de Madrid. Es el caso del alcalde en PIM Construcciones Siglo XXX o de Martín Pascual, concejal de Hacienda, en Construcciones Plaza 4.
Como ejemplo de estos intereses, la última empresa registrada bajo la curiosa denominación de Esta Vez Sí. Está operativa desde el 1 de agosto de 2006, una fecha clave, en plena fase de información pública del nuevo avance del plan general. Y con un nombre, cuanto menos extraño -más acorde para un eslogan electoral que para una razón social-, pero que encierra toda una declaración de intenciones. La de que, después de varios intentos frustrados, se logre recalificar la finca de Los Praderones: más de 1,1 millones de metros cuadrados de suelo ubicado al norte de la M-607, incluidos en plena zona de transición del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque nacional de la Sierra de Guadarrama. En este caso, los administradores que figuran en el Registro son la esposa del alcalde, María Piedad Álvarez Bernal, y el concejal de Vivienda Joven, Aurelio González. Ejerce de apoderada la hija del primer edil, Gema Moreno Álvarez.
Una recalificación que el alcalde lleva intentando colar a la Comunidad de Madrid desde hace seis años. Bajo presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón fue rechazada en dos ocasiones, al ser declarado como suelo no urbanizable de especial protección. Lo mismo que ocurrió la pasada legislatura cuando, en 2004, los responsables de Urbanismo desestimaron el avance presentado, donde se incluía la declaración como urbanizable de la finca, por entender que no había lugar a revisar un planeamiento que se había aprobado un año antes y, lógicamente, estaba sin desarrollar. Inasequible al desaliento, lo volvió a presentar en 2006.
Hace ahora justo un año, referiéndose a Los Praderones, señalaba José María Moreno que en 2008 "tiene que ponerse en marcha; me hago responsable de ello y de tomar las medidas necesarias para que así sea. Hay que sacar esto adelante, porque ya estamos esperando desde hace cinco o seis años y los jóvenes y vecinos de Moralzarzal tienen derecho a esas viviendas. No vamos a aguantar más que 2008". Según explicaba el regidor, ese informe favorable podría llegar incluso antes de que termine el año (se refería a 2007), o en todo caso en el primer trimestre de 2008, por lo que en el próximo Pleno el ejecutivo llevará el proyecto para su redacción pormenorizada. Dicho y hecho, el pasado mes de enero se sacó a concurso la redacción de la ordenación pormenorizada del ámbito por 164.000 euros.
El proyecto de Los Praderones incluye casi 1.500 viviendas, de las que 880 serían protegidas, en su mayoría en alquiler con opción a compra. Un inusitado interés por la vivienda protegida que contrasta con el hecho de que hace más de una década que en Moralzarzal no se promueve ninguna bajo esta tipología y tampoco existe previsión de hacerlo en los actuales sectores urbanizables.
Actividades paralelas
De las actividades paralelas de los ediles populares la oposición socialista en el Ayuntamiento presentó, al principio de la presente legislatura, un informe sobre presuntas operaciones de compraventa de parcelas en el municipio. En el mismo se hacia referencia a la compra, en mayo de 2005, de ocho parcelas a Hilario Rico, dueño de la empresa Hirimasa, contratada en varias ocasiones para ejecutar obras municipales. PIM Construcciones Siglo XXX -en la que entonces el alcalde figuraba como apoderado- adquirió cuatro por 433.000 euros, y Construcciones Roloa -la empresa del entonces concejal de Urbanismo y hoy de Vivienda Joven, Aurelio González- otras cuatro por 456.000 euros. Ocho meses después, en enero de 2006, según el informe del PSOE local, cada uno vendió dos de los cuatro solares a un precio de 309.600 y 343.175 euros, respectivamente.
Por otra parte, Construcciones Plaza 4, la sociedad cuya administración delegó en sus hijas el actual concejal de Hacienda, se vio beneficiada el pasado año con una modificación puntual por la que se legalizó un hotel en la calle de la Cañada, que había sido construido indebidamente por el uso dado a la planta bajo cubierta.
La venta de parcelas municipales en el sector de Las Hachazuelas le está costando más de lo previsto al equipo de Gobierno presidido por José María Moreno. El concurso convocado hace un mes hacía el quinto desde que se licitara el primero el pasado mes de marzo. El objeto del contrato, el mismo que en las cuatro anteriores ocasiones: la enajenación de seis parcelas para otros tantos adosados y una séptima, de mayor tamaño, destinada a la construcción de 15 viviendas unifamiliares. La semana pasada finalizó el plazo de presentación de ofertas.
En esta ocasión, el precio sí parecía lo suficientemente rebajado respecto al ofertado en marzo. Entonces, los solares se licitaban a 208.500 euros, y ahora lo hacen a 100.000 euros, un 52% menos. Aunque habrá que ver la reacción de los promotores. En abril, al convocar el segundo concurso, ya se ofrecieron por 117.225 euros y nadie mostró el más mínimo interés. Y curiosamente en el siguiente concurso, en lugar de rebajar ese precio se elevó a 165.000 euros. Respecto a la parcela más grande, era la segunda vez que se ponía en venta. Cuenta con una superficie de 3.684 metros y una edificabilidad de 2.834 metros suficientes para 15 unifamiliares. Ahora se pedía por ella 1,2 millones de euros, 150.000 euros menos que a finales de septiembre.
Alteración del monte
Las obras de pavimentación y mejora de la calle Berrocal han obligado al Ayuntamiento de Moralzarzal a desafectar, como monte de utilidad pública, la parcela municipal "Dehesa Vieja y Robledillo", de 683 metros cuadrados de superficie, situada en el límite exterior del referido monte. La medida, autorizada el pasado 27 de noviembre por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, lleva aparejada la compensación para que otra finca municipal, en este caso de 1.168 metros cuadrados y colindante con el límite del monte, quede afectada como de utilidad pública.
En la operación se obtienen 485 metros cuadrados adicionales catalogados como no urbanizables, que se unen a las más de 3.820 hectáreas que cuentan con esta protección en esta localidad situada en el piedemonte de la sierra del Guadarrama. Están repartidas entre el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, al este del casco urbano, y la zona de transición del proyecto de parque nacional, al oeste.
* ELPAIS.com - JUAN CARLOS MARTÍNEZ - Madrid - 02/01/2009
Foto: Moralzarzal - elpais.com
Promoción y construcción: razón aquí
La Fiscalía intensifica los derribos para poner coto al urbanismo ilegal
ABC/Valencia* : La Fiscalía está dispuesta a llegar hasta el final en su política de persecución del urbanismo indiscriminado. El Ministerio Público solicitará a los jueces la demolición de las construcciones que hayan sido levantadas con el más absoluto desprecio a la normativa urbanística. No es una práctica novedosa, pero se va a intensificar.
Durante el recién concluido año se han solicitado doce demoliciones. La cifra registrada en 2008 experimentará este año un importante incremento como consecuencia de los procedimientos judiciales recientemente incoados y de la campaña puesta en marcha por la Fiscalía para descubrir aquellas construcciones ilegales cuya existencia no ha sido comunicada al Ministerio Público.
También en el caso de Zarra
La medida se aplicará también en el caso de Zarra, donde la Fiscalía ha detectado más de 87 chalés levantados sobre suelo rústico, caso por el que están imputados el alcalde, su hijo y cuatro concejales. La Fiscalía mantiene que «las obras no son autorizables» porque las parcelas sobre las que se asientan los chalés son demasiado pequeñas y no alcanzan los 10.000 metros cuadrados que exige la ley.
«La Fiscalía, como criterio general, siempre pide la demolición, aunque en casos de conformidad, teniendo en cuenta la entidad de la obra, la antigüedad y la existencia de otras edificaciones también ilegales, no se pide», explica Joaquín Baños, coordinador de la sección de Medio Ambiente.
La voluntad de la Fiscalía por restituir la legalidad urbanística no encuentra siempre la complicidad de los jueces. La posibilidad de ordenar la demolición está contemplada en el artículo 319 del Código Penal. No es una sanción, sino una medida de carácter reparador. No tiene carácter imperativo, sino facultativo: jueces y tribunales podrán ordenarla o no, siempre que el fiscal u otra parte acusadora lo solicite.
La tendencia más extendida entre los tribunales es ordenar la demolición en los «supuestos más graves e intolerables», cuando lo construido no es legalizable o se levanta sobre suelo protegido.
Tanto en el supuesto de condena como en el caso de que el juez no vea delito y, por tanto, la acusación no prospere en vía penal, se mantiene la posibilidad de perseguir la infracción urbanística por vía administrativa. Y ahí se abre otra puerta a la demolición, siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde que se cometió la infracción.
¿Pero qué ocurre con la edificación ilegal que ha sido declarada delictiva por los tribunales si éstos no acuerdan la demolición? En este caso, se deja la decisión en manos de la administración urbanística, que tiene tres opciones: una, legalizar «a posteriori» modificando el planeamiento urbanístico o forzando al condenado a subsanar la ilegalidad; dos, proceder a la demolición, lo cual, según Baños, «es bastante improbable aunque completamente legal»; tres, dejarlo estar, lo cual sería mantener «sine die» una situación ilegal desde el punto de vista administrativo y penal. El Ministerio Público advierte de las paradojas que se generan cuando es la «propia Administración la que se plantea la posibilidad de cobrar tasas o impuestos a esas construcciones, lo cual sería una licencia tácita o encubierta».
La jurisprudencia es contradictoria. Dice la Audiencia Provincial de Ciudad Real que parece «incoherente declarar que la obra es ilegal y delito» y no enviar la excavadora, pero aclara que «esa posibilidad de demolición la sigue teniendo la Administración, una vez resuelta la cuestión penal, teniendo aquella más posibilidades en la declaración y ejecución de esta medida». La Audiencia de Jaén sostiene lo contrario: es un «contrasentido que se declare delito una edificación y se deje a la administración urbanística acordar la demolición».
Argumentos contradictorios
Los tribunales se amparan muchas veces en el agravio comparativo que supondría ordenar la demolición de una casa cuando hay otras en la misma situación. Derribar una «no vendría a reponer la legalidad urbanística» y «se vulneraría el principio de igualdad, por lo que deberá ser la Administración la que acuerde tal medida», dice la Audiencia Provincial de Jaén en relación a la demolición. Existe otra sentencia, del mismo tribunal, que predica lo contrario: el argumento anterior, apunta, tiene «doble filo». Y concluye: «no existiría discriminación si todas ellas se demolieran, antes o después». La Audiencia de Alicante apostilla: «El objetivo del legislador de preservar la ordenación del territorio quedaría frustrado dejando a las leyes administrativas la restauración del derecho perturbado». La Audiencia de Córdoba es más llana es sus argumentos: hay que echar la construcción abajo porque, de no hacerlo, «el condenado se saldría con la suya».
Desde el Ministerio Público se alerta de que en la realidad cotidiana de los tribunales «se observa que se está desembocando en una legalización «de facto» de las edificaciones ilegales. Y esto es así porque incluso se inician procesos penales con autodenuncia; luego, se buscan conformidades: de esta manera el acusado acepta una pena de prisión; al ser inferior a dos años, le es suspendida; acepta también una multa que es muy inferior a la que que se le puede imponer en vía administrativa. La pena de inhabilitación que lleva aparejada la condena no sirve para nada pues el penado, normalmente, no es un profesional de la construcción. Consigue así que no se derribe la edificación ilegal, ya que la administración urbanística no la suele acordar.
* ABC - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 2.01.2009
Foto: Una excavadora echa abajo una construcción levantada ilegalmente - abc.es
Espejismo del espacio público
ENRIQUE GIL CALVO* : En un reciente informe comparado que dirigió el año pasado Mario Pezzini para la OCDE, Madrid destacaba con ventaja sobre el resto de capitales europeas por su excelente calidad de vida, con el transporte público y la integración de su 16% de inmigrantes como notas más destacadas. Es la joya de la corona que enorgullece al PP, cuya política social de americanización urbana (privatización del espacio público, ascensión social de las clases medias y sustitución de la clase obrera por inmigración foránea) es el común denominador que identifica a los por otra parte rivales alcalde y presidenta de la conurbanización madrileña.
Pero este nuevo Gran Madrid no es "la suma de todos", como reza la publicidad electoral de la lideresa. Por el contrario, sólo pertenece a una exigua minoría de constructores urbanos, políticos derechistas, especuladores financieros y propietarios inmobiliarios.
El resto de madrileños no pertenecemos a Madrid, sólo habitamos aquí, coexistiendo de manera relativamente pacífica. Pues el espectáculo que deslumbró al equipo de la OCDE no es más que un espejismo urbano que reverbera en la meseta manchega, como Las Vegas en el desierto de Nevada o Los Ángeles en la Baja California. Y para demostrarlo, nada mejor que el contundente informe elaborado por el Observatorio Metropolitano: un equipo de geógrafos y urbanistas críticos que lleva años diseccionando la metamorfosis de este sufrido Madrid, que ha dejado de ser el rojo rompeolas de todas las Españas para pasar a ser el nuevo escaparate ostentoso del arribista neofranquismo sociológico. Y este informe traza la cartografía madrileña de un espacio público reconstruido por la privatización, que lo fractura y manufactura para comercializarlo entre turistas y nuevos ricos mientras los inmigrantes trabajan a su servicio
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Podría pensarse que semejante hipertrofia especuladora del urbanismo sólo podría tener lugar en las capitales regidas por el PP o sus avatares, como Madrid, Valencia o Marbella. Pero nada más lejos de la realidad. Por desgracia, en la Barcelona regida por consistorios progresistas, a la que la izquierda española siempre ha imaginado como alternativa urbanística a Madrid, ocurre otro tanto. Y para comprenderlo, nada mejor que el reciente panfleto del antropólogo barcelonés Manuel Delgado: un manifiesto incendiario dirigido contra el modelo urbanístico barcelonés que viene presidiendo la reconstrucción permanente de la Ciudad Condal desde el comienzo de la transición democrática, y que alcanzó su cenit de máximo esplendor en los fastos olímpicos de 1992. Un modelo que si bien se ha escenificado con un diseny mucho más edificante y edulcorado que el madrileño, sin embargo se ha erigido con la misma voracidad especulativa y depredadora, sin complejos para esgrimir como coartada una impecable corrección política que le autoriza a arrasar barrios populares enteros en beneficio del presunto progreso municipal.
Es la otra cara sólo aparentemente antitética de la misma moneda de Madrid, ahora catalanista y tripartita en vez de franquista o pepera. Y Manuel Delgado se ceba en su libelo denunciando los desmanes del llamadomodelo Barcelona de urbanismo progresista: un modelo de moda venal al que compara con la prostitución seudovirginal de una top model de pasarela, que no duda en vender sus dudosos encantos ciudadanos, arquitectónicos y paisajistas al mejor postor, desde el turista accidental al crédulo izquierdista, pasando por el inversor global. Como reza la publicidad municipal: "Barcelona, ponte guapa" (para seducir con sus encantos urbanísticos a la clientela comercial).
La especulación urbanística e inmobiliaria es la principal fuente de financiación autonómica, municipal y partidaria. Es el lado oscuro de la fuerza de Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona, cuya cara más visible y brillante se muestra en las torres del Madrid, la cáscara del Guggenheim, los calatravas de Valencia o el falo de Aguas de Barcelona. Pero la privatización especulativa del espacio público no sólo genera espejismos urbanísticos como el barcelonés o madrileño, entre otros muchos ejemplos de ciudades-espectáculo convertidas en parques temáticos como Shanghai o Venecia, sino que también ofrece otra cara oculta mucho más miserable, violenta e inhumana. Es la destrucción pura y dura de los espacios urbanos, o su hipertrofia cancerosa y putrefacta, causada por la globalización deslocalizadora que está generando un doble movimiento de huida, abandono y desertización de los viejos cascos históricos, y su reflejo contrapuesto, allí donde proliferan ingentes megaciudades-basura hechas de chabolas donde se acumula la escoria humana expulsada de los ecosistemas rurales destruidos para hacinarse en homicidas campos de concentración urbana. Ambos procesos antitéticos, el de los espectros urbanos de las ciudades muertas y el de los despojos urbanos de las ciudades-miseria, han sido diseccionados en dos libros por el geógrafo estadounidense Mike Davis, quizás el más celebrado crítico anticapitalista de la autodestrucción urbana del presente.
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Madrid: ¿la suma de todos? Globalización, territorio, desigualdad. Observatorio Metropolitano. Traficante de Sueños. 703 páginas. 24 euros. La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del "modelo Barcelona". Manuel Delgado. La Catarata. 242 páginas, 18 euros. El desgobierno de lo público. Alejandro Nieto. Ariel. 351 páginas, 21 euros. Ciudades muertas. Ecología, catástrofe y revuelta. Mike Davis. Traficante de Sueños. 249 páginas, 18 euros. Planeta de ciudades miseria. Mike Davis. Akal. 283 páginas, 19 euros
* Enrique Gil Calvo, Comité de Apoyo de Attac, Babelia
* Attac Madrid - 31.12.2008
