ELPAÍS* : Apartamentos turísticos sin licencia, órdenes de cese de actividad incumplidas, pisos segregados sin permiso, certificados falsificados y establecimientos abiertos al público que deberían estar cerrados por deficiencias técnicas. Esas son algunas de las irregularidades que afectan a 34 edificios del distrito de Ciutat Vella que obtuvieron el beneplácito de la Administración para funcionar a cambio del supuesto pago de cantidades de dinero que alcanzaron hasta los 70.000 euros por operación.
El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona investiga esa presunta trama de corrupción y hace unos meses reclamó del Ayuntamiento que le informase de los establecimientos beneficiarios de licencias bajo sospecha y de las personas responsables de las mismas. El informe señala como responsable de muchas de esas licencias ilegales a la jefa de la Asesoría Jurídica de los Servicios Técnicos del distrito de Ciutat Vella. Se trata de Elena Ariza, imputada en esta causa, al igual que el funcionario del Ayuntamiento de Barcelona Heliodoro Lozano y el ingeniero Joaquim Quílez.
En algunas conversaciones telefónicas que aparecen en el sumario se alude a dos cargos municipales y a un ex concejal de Unió en el distrito de Ciutat Vella, pero hasta ahora no han declarado ni ante la policía ni en el juzgado. La Fiscalía, además, no tiene intención de citarlos a declarar, por el momento, ni siquiera como testigos.
Un ejemplo de ilegalidad. El edificio del número 12 de la calle de Gombau tramitó 14 expedientes. Se trata de viviendas de uso turístico que funcionaban sin licencia. El Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad y así lo certificó Ariza, pero no está documentado que se produjera.Otro ejemplo recogido en el informe. La propiedad del número 9 de la calle Comtal pidió licencia de cambio de uso para siete viviendas turísticas. Al final se concedió permiso para una sola, tras la propuesta de la abogada, que ni siquiera fue inscrita en el registro de empresas y actividades turísticas de Cataluña. En realidad, se realizó una segregación en siete pisos nuevos que el informe califica de "imposible" porque incumple la normativa. Lo mismo ocurrió en el número 13 de la calle de Canuda. Se pidió licencia para el cambio de uso de una vivienda turística y así se concedió, pero acabaron saliendo 10 pisos independientes.
Otro ejemplo ilustrativo: el dueño del hotel situado en el número 20 de la calle de Unió pidió licencia para su reforma integral, división y derribo de una planta. La licencia concedida no ampara las obras que se hicieron ni el distrito hizo nada para "restituir la legalidad urbanística alterada".
En una de las conversaciones que constan en el sumario, los papeles se invierten. Y es el consejero de distrito de Ciutat Vella, de Unió, Víctor Badia, el que hace un comentario en tono amenazador al ingeniero Quílez con relación a la construcción de un hotel. Le advierte que puede buscarle problemas en el distrito para obtener la licencia si no se aviene a lo que le plantea. Badia no está inculpado. El presidente del grupo de CiU en el Ayuntamiento, Xavier Trias, conoció esa conversación en julio porque se la explicó la edil Assumpta Escarp. Pese a que Badia le comunicó a Trias que dimitía como consejero, ayer, su nombre seguía en el pleno de Ciutat Vella. Su relevo, formalmente, no se ha realizado, señalaron fuentes de CiU.
Esa conversación, así como la referencia a otros funcionarios municipales en otras intervenciones telefónicas fue motivo de bronca en el pleno del distrito. En algunas llamadas mantenidas por Quílez y Lozano con terceras personas, aparecen los nombres del actual concejal de Comercio del PSC, Roger Pallarols -hasta mayo pasado consejero de distrito y nombrado edil tras el cese de Carles Martí- de Paco Salvador -consejero de Ciutat Vella- y Albert Dalmau, gerente del área de Seguridad. Mientras la portavoz del gobierno municipal y concejal de Ciutat Vella, Assumpta Escarp, defendía la honorabilidad de aquellos y recalcaba que ninguno de esos funcionarios estaba inculpado, los partidos de la oposición se cebaban en la enésima crisis del gobierno de Jordi Hereu.
Por ejemplo, Esquerra Republicana defendió en el pleno del distrito que los consejeros nombrados en el sumario deberían ser relevados de sus funciones si hay "dudas razonables sobre su honorabilidad" -aunque no estén inculpados - "y en aras de la credibilidad política ante la ciudadanía". Trias también pidió a Hereu que tome decisiones y actúe. Y el PP exigió información. Eso sí, cada uno, por su lado. Tanto que en el pleno no fueron capaces de consensuar una posición.
Lo hicieron ante una sala repleta de vecinos que presenciaban cómo sus más directos representantes hacían todo tipo de fintas para marcar su territorio en un caso que está extendiendo la sombra de la sospecha sobre el funcionariado de Ciutat Vella. Las caras de hastío ante el argumentario político eran evidentes y una mujer abandonó la sala al grito de "sinvergüenzas, chorizos. Lo que se ha sabido es por Itziar González [la ex edil amenazada por la trama]".
* El País - 8.10.10
Foto: Ciutat Vella - Ecodiario
Barcelona.- La trama de Ciutat Vella consiguió licencias ilegales para 34 edificios
Castro.- Muguruza declara hoy por la concesión «irregular» de licencias en Santa Catalina
ELDIARIOMONTAÑÉS* : El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, tendrá que declarar hoy ante el magistrado Luis Acayro Sánchez como imputado por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de prevaricación urbanística en relación a los instrumentos urbanísticos aprobados en la Unidad de Ejecución 1.26 (en un área próxima al polideportivo Pachi Torre) y en el SUP 4 (en la zona de Santa Catalina).Esta imputación del alcalde, que se conoció a finales del mes de agosto, vino aparejada de la paralización de las obras de 51 viviendas, promovidas por Proconor junto al polideportivo Pachi Torre, y de otras 81 construidas por la empresa Azagra entre las calles Alfonso VIII y Libertad.
El juez Acayro asegura en un auto que el 24 de mayo de 2007, Fernando Muguruza otorgó la licencia para la construcción de 51 viviendas sin que «tuviese el informe jurídico que exige el artículo 4 del reglamento de disciplina urbanística que avale que se ajusta a planeamiento». El instructor dice que el alcalde no hizo caso a los cinco informes de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) advirtiendo de la ilegalidad de la actuación. «Tampoco se publicó la modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incumpliendo otro trámite esencial para evitar publicidad y posibles recursos. No había informes de los servicios técnicos municipales que avalen tales actuaciones, ni informe jurídico que avale la licencia en la que se basa la promotora». Acayro también destaca el «grave perjuicio» producido al municipio o la «clara connivencia entre el alcalde, el secretario y promotores, acudiendo previamente a un notario que ha actuado, cuanto menos, con falta manifiesta de competencia».
El juez dice que «se ha impuesto la voluntad personal del alcalde sobre la legalidad urbanística reiteradamente advertida y recordada».
* El Diario Montañés - 7.10.10
Foto: Castro Urdiales, ayuntamiento - castro-urdiales.net
Granada.- 'Cerrojazo' a las plazas públicas
GRANADAHOY* : El Ayuntamiento ha abierto la veda para el cierre de las plazas y espacios públicos. Urbanismo ha accedido a la petición de los vecinos y vallará la Plaza de la Libertad (detrás de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía). El motivo que estos alegan es que están hartos del botellón y de las 'molestias' que les genera que ese espacio sea una plaza pública y abierta. Con esta actuación se pierde la filosofía urbanística y arquitectónica de las plazas: ser lugares públicos para uso y disfrute de los vecinos. Sea la hora que sea y el día que sea.
Ahora, si más vecinos o asociaciones deciden que se tiene que cerrar su plaza para evitar 'molestias', ¿se terminarán cerrando todos los espacios públicos? Lo que está claro es que se abre el 'cerrojazo' de las plazas públicas. Un cierre, además, apoyado en la ordenanza recientemente aprobada por el Ayuntamiento de que las asociaciones de vecinos puedan vallar los espacios de dominio público.
"Estará abierta por el día y cerrada por la noche. Ya veremos cómo se establece el horario porque además hay un colegio cerca y lo lógico es que se abra y cierre con su horario", matizó ayer la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto. La Junta de Gobierno Local adjudicará hoy el contrato para el cierre de la misma.
Este espacio se sumará a otros ya cerrados como los jardines del Triunfo, el parque Eras de Cristo, el Cruz de Lagos...
La actuación se suma a otro paquete de medidas de intervención y reforma en calles, plazas y distintas zonas de la ciudad. El valor total será de 1.172.000 euros con cargo al Plan Proteja.
Entre las medidas está la reforma del entorno de la Plaza de Toros. Lo que se pretende es dar tratamiento al suelo para evitar los arrastres del albero de alrededor con la lluvia, limpiar los grafitis, arreglar el mobiliario y las zonas verdes. En total, se invertirán 66.250 euros.
Otra medida es la adjudicación del proyecto de reforestación del Parque Beiro. Esto es un proyecto ambicioso que consiste en crear un gran parque (600.000 metros cuadrados) que conecte la ciudad con Víznar por la zona de El Fargue y toda la rivera del Río Beiro. El problema es que ese suelo tiene que ser urbanizable para hacer un parque y todavía no se ha hecho el cambio, por lo que los trabajos consisten en ir acondicionando el terreno para darle ese tratamiento de parque. La inversión actual será de 90.000 euros.
También merece una reseña el plan de acerado para unir la ciudad con Lancha de Cenes por la Carretera de la Sierra. En total son casi dos kilómetros y ya hay ejecutados más de uno. Ahora se avanzará 180 metros con un gasto de 150.000 euros.
La Glorieta de Arabial también se arreglará para reparar el mobiliario urbano y sustituir la acequia por unas jardineras.
* Granada Hoy - 8.10.10
Foto: La Plaza de la Libertad, detrás de la Delegación del Gobierno de la Junta. - granadahoy
Rearmar el urbanismo
HERMINIO PICAZO* : Es triste que una tan trascendente técnica, ciencia o como quiera definirse el Urbanismo esté en boca de todos como un escenario en donde parezca sencillo que el dinero fácil cabalgue a lomos del caballo ganador de las malas artes. También es triste que, en los casos en los que urbanismo y prácticas perversas se puedan dar la mano, el objeto de los enriquecimientos ilícitos sea el territorio, un bien que por esencia es de todos. Y es particularmente triste que estas cosas tiendan además a destrozar la imagen y la reputación de zonas completas y sectores de actividad con independencia de la limpieza de muchos negocios o la rigurosidad de tantas otras decisiones, provocando que el ciudadano normal no sepa dónde termina el desarrollo razonable y donde se inicia la truculencia. Y, finalmente, es triste que debamos estar ocupados o preocupados por estos temas en unos momentos en que nuestros políticos, empresarios, agentes sociales e instituciones se deben emplear al ciento veinte por ciento en asuntos tan trascendentes como capear la crisis.
Sé que muchos —la gran mayoría— de los profesionales y gestores que se relacionan con el urbanismo abominan de las prácticas en las que nuestro futuro parece estar más pegado a los intereses personales que al colectivo.
Porque el buen urbanismo, el que se enseña en las escuelas técnicas, tiene mucho que decir hacia el presente y el futuro de unas sociedades y unos territorios que, de no reflexionar, de no intervenir inteligentemente, se nos escaparán de las manos en términos de ocupación del espacio, de movilidad, de paisaje, de impactos ambientales, de estrés, y de formas excesivamente autónomas y compartimentadas de vivir y relacionarse.
El urbanismo es una técnica absolutamente imprescindible para recuperar la cordura en la organización del espacio y para dotar a los lugares de habitación humana de un mínimo de calidad de vida. Las infraestructuras, las garantías de la dotación de los servicios básicos, los espacios de encuentro y ocio ciudadano, la movilidad, el futuro de las ciudades y los ciudadanos, dependen, en suma, de cómo se decida sobre el papel las formas en que se evolucionará sobre el terreno.
Sin buen urbanismo no habrá buenas ciudades y buenos territorios, y sin planificación sensata no será posible aplicar los márgenes razonables de desarrollo que garanticen la satisfacción de las necesidades de la gente y el respeto por los valores subyacentes del nuestra tierra.
Por eso, a despecho de coyunturas, toca formular un rearme moral del urbanismo en el que sus actores —uno a uno y en conjunto— jueguen integralmente al juego de la honradez, la trasparencia y la democracia que quizás unos cuantos —ni idea de cuántos ni de quiénes— hayan decidido abandonar.
* La Opinión de Murcia - Opinión - 8.10.10
Roca destruyó 15 cajas con pruebas de 'Malaya' tras un chivatazo policial
ECODIARIO/Málaga* : Juan Antonio González, el jefe de la Policía Judicial, hombre de confianza del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y máximo responsables de todas las investigaciones judiciales abiertas, incluido el caso Gürtel, se encuentra entre la espada y la pared. Las agendas personales de Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama Malaya, podrían acabar vinculándole con la misma. Sus iniciales aparecen en numerosas ocasiones y en el sumario se deja claro que "J.A.G. conoce la estructura policial" y, presuntamente, habría cobrado 200.000 euros de Roca a cambio de informarle de la evolución de la investigación, tal y como adelantó elEconomista el 19 de marzo de 2009.
¿Pruebas culpatorias?
El problema se agrava, según consta también en el sumario, porque Roca habría utilizado esa información para destruir algunas pruebas que le hubieran acabado inculpando. Gracias a la información recibida, el antiguo responsable del urbanismo marbellí hizo desaparecer a tiempo al menos quince cajas de documentos sobre sus sociedades, de las que nadie sabe su paradero hasta la fecha.
Las investigaciones en torno a J. A. G. siempre estuvieron envueltas en la polémica. De hecho, dos agentes encargados de la investigación presentaron su dimisión al juez que inicio la operación Malaya, Miguel Ángel Torres, por las trabas que les estaban poniendo para "desvelar" lo que había detrás del alto mando policial "que cobraba cantidades millonarias por informar a Roca".
Acusación de un abogado
Torres decidió no investigar y apartó todas las pruebas que apuntaban al jefe de la policía judicial en una pieza separada. Sin embargo, el caso puede revivir ahora porque el abogado de uno de los acusados, el empresario Rafael Gómez, más conocido como Sandokan y presunto testaferro de Roca, ha pedido ahora que se le investigue. Se trata del letrado Antonio Urdiales, para el que no cabe ninguna duda de que las siglas que aparecen en las agendas se corresponden con Juan Antonio González.
Urdiales se ha mostrado contundente ante el actual juez instructor de Malaya, Miguel Ángel Pérez: "Lo poco que tardaron en identificar a quienes aquí se sientan por sus acrónimos, y para identificar a su alto cargo policial con las iniciales J. A. G. aún no sabemos quién es, pero en Internet se introducen las siglas y lo saben hasta los porteros de los comisarios", aseguró.
El abogado José Cosín revela además en su libro Mafia y Corrupción que en enero de 2005 González acudió como jefe de la Policía Judicial a Marbella "con el fin de instalar una base operativa de la unidad de élite Greco, para lo que solicitó ayuda a Juan Antonio Roca, que propicio una reunión con Marisol Yagüe".
* Ecodiario - 8.10.10
Foto: Roca - ecodiario
Una sentencia prohíbe construir el edificio judicial y un centro de salud en Ourense
20MINUTOS* : La Xunta no podrá comenzar la construcción de nuevo edifico judicial y del centro de salud de O Couto por una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento de Ourense a notificar la expropiación de los terrenos a todos sus herederos. Las dos obras suman más de 20 millones de euros, 18,5 estaban y 2,7 millones, respectivamente. La sentencia del Juzgado nº2 de Ourense retrotrae el proceso expropiatorio al año 2008, momento en que "debió realizarse la primera comunicación o publicación con los datos ya corregidos" en cuanto a los titulares de los terrenos.
Tras conocerse la sentencia, la edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, Áurea Soto, ha comunicado que en la actualidad, y a pesar de la sentencia, "no hay ningún tipo de excusas" para que la Xunta de Galicia "deje de invertir en Ourense".
En este sentido, Áurea Soto ha explicado que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Ourense "aprobó la licencia de obra" para la construcción del edificio judicial, "lo cual es relevante porque la licencia adquiere firmeza, independientemente de lo que pueda suceder con la caída del plan general".
En cuando la sentencia, Áurea Soto ha indicado que "requiere la subsanación de un defecto de notificación en el proceso de los terrenos", porque "la sentencia dice que hay herederos sin notificar" y "no dice" que tengan que "subsanar esos errores de notificación".
Remisión de providencia
La edila de Urbanismo ha indicado que este mismo miércoles, y tras conocer la sentencia judicial, el Ayuntamiento de Ourense ha remitido un "escrito providencia" para "presentar recurso de apelación de inmediato den el TSXG" por lo que, ha añadido, "no será firme hasta que el TSXG entienda de su firmeza si es que esto es así".
Asimismo, Áurea Soto ha afirmado que, paralelamente y "para subsanar cualquier eventualidad" respecto de la notificación, "se procedió de inmediato la notificación que requiere esta sentencia" a los titulares de la parcela "que por lo vista estaban sin notificar según dice la sentencia sus herederos".
Según ha comentado, "no se generó ningún conflicto" y se pueden ejecutar las obras "cuando está previsto", porque "la situación es exactamente lo mismo". "El recurso de apelación no paraliza porque la situación es la misma", ha advertido la concejala socialista.
Áurea Soto ha indicado que la sentencia "dice que se debía haber notificado a otros cotitulares" de los terrenos, "que no habían sido notificados" en el momento de la expropiación.
En este sentido, quiso destacar que como la situación actual "puede dar por parte de algunos" a "intentar impedir la edificación del proyecto queremos dejar muy claro que no existe ningún motivo de disculpa para que no pueda ser adjudicada la obra del edificio judicial".
Áurea Soto ha señalado que ya comunicaron todo el proceso a la Secretaria Xeral de la Consellería de Presidencia y que "si hay que subsanar un error de notificación se subsanará". "El proyecto puede ejecutarse aunque se caiga el PGOM", ha sentenciado.
Proyecto paralizado por "soberbia"
Por su parte, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ourense junto al candidato a la alcaldía, Rosendo Luis Fernández, han apuntado que se trata de un "día triste, porque es una mala noticia para Ourense" y calificaron al gobierno municipal de "tribipartito" con "su alcalde a la cabeza", que no "es capaz de lograr que se cumplan las inversiones del estado" y "ahora impide que la Xunta de Galicia invierta en Ourense".
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Enrique Nóvoa ha asegurado que el proyecto se encuentra "paralizado", porque el gobierno local ourensano "peca de chulería y de soberbia" y de "falta de realidad". "Este fallo judicial viene ahora por no hablar y no ser humilde en política", ha dicho.
Enrique Nóvoa ha señalado que "cuando las cosas se hacen mal y con prepotencia ocurre esto" y "las cosas no se arreglan con chulería" porque "hay que estar con los pies en el suelo, hacer valer el consenso, y hablar con la gente".
En este sentido, se ha referido a la edil de Urbanismo, Áurea Soto, de la que dijo "se cree una Premio Nobel" y le pidió que "baje un par de escalones y hable más con la gente" y "que no vaya con esa soberbia y ésa chulería", porque "sino, frenará proyectos importantes de otras administraciones en Ourense".
"sumido en una crisis"
Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía de Ourene, Rosendo Luis Fernández, ha afirmado que esta sentencia es un "claro ejemplo" de que el gobierno local ourensano "está sumido en una crisis municipal, política e institucional permanente" mientras que "los ourensanos sufren las consecuencias de esta situación".
Rosendo Luis Fernández ha recordado que "ya se marcharon dos tenientes de alcalde y tres directores generales" y por ello, el alcalde de Ourense "está más preocupado en solucionar estas marchas y no se preocupa de los ourensanos", ha diagnosticado. "Además no atiende y no contesta ni las sugerencias del PP en esta cuestión a la que hizo caso omiso y las consecuencias son estas".
En este sentido, Fernández ha señalado que la "falta de diálogo, la prepotencia y el desconocimiento" del "tribipartito" ha posibilitado que la "mayor inversión de la Xunta con Ourense no se pueda efectuar", porque la sentencia "obliga a retrotraer el expediente al año 2008".
* 20 Minutos - EP. - 7.10.10
Foto: Ayuntamiento Ourense - fotosdegalicia.es
