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ÚLTIMAHORA* : La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado de plano un recurso presentado por un ciudadano de Balears para que se clasificara como suelo urbano unos terrenos lindantes con Cala Gat, en Capdepera, debido a «la ausencia de motivos de casación propiamente dichos», según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.
En lo que supone un freno al denominado ‘urbanismo a la carta’ en Mallorca, la resolución, de la que fue ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, se pronuncia en los mismos términos de una sentencia anterior dictada por el TSJB. El Ajuntament de Capdepera se personó en el recurso.
Tanto los magistrado del TSJB como los del Supremo dieron validez al informe pericial elaborado por un arquitecto de la Isla, y que concluyó que «los terrenos del actor no pueden considerarse como suelo urbano, sino como suelo urbanizable de carácter forestal, ocupado por una masa arbórea que constituye un elemento básico en la caracterización del paisaje». El recurrente alegó que sus terrenos comunicaban con la «vía más importante de la zona (Cala Gat)», y por ello solicitaba el cambio de uso a urbanizables, pero la sentencia del Supremo le corrige al afirmar que «(los terrenos) lindan con lo que cabría considerar más como un camino que una calle con carácter urbano». Y añade: «En definitiva, no de ja de tener razón la parte recurrida (la sentencia del TSJB) cuando inicia su escrito de oposición afirmando que el planteamiento del recurso de casación es incompatible con las exigencias que la ley jurisdiccional requiere para la fundamentación de aquél».
* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 8 de enero de 2008
Foto: Capdepera (Mallorca), ayuntamiento - mallorcaquality.com
Una sentencia del Supremo pone coto al ‘urbanismo a la carta’ en Mallorca
El Consell 'ahorró' 727.000 euros en el ruinoso instituto de Rojales
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ELPAÍS/Alicante* : La Generalitat invirtió 727.00 euros menos de los exigibles en el Instituto de Educación Secundaria (IES) L'Encantà de Rojales (Alicante) que ayer se vino abajo por cuarta vez desde su inauguración en 1999. Una parte del techo de escayola de un pasillo se desplomó a las 8,45 de la mañana. Los tres anteriores desmoronamientos ocurrieron por las caídas de algunas bovedillas mal asentadas sobre las vigas.
En julio de hace nueve años los socialistas formularon dos preguntas consecutivas sobre el IES de Rojales. En la primera se interesaban por la inversión necesaria para construir el instituto y en la segunda por la consignación presupuestaria real. Francisco Camps, por aquel entonces consejero de Educación, contestó el 9 de julio de 1998 que la inversión global del centro prevista era de 3,9 millones. Un día después, reconocía que la consignación real era de 3,17. Una diferencia a la baja de 727.000 euros. Algo más de 120 millones de pesetas de la época, Jesús Cañizares, profesor jubilado del centro, asegura: "esa es la cantidad que nos escatimaron".
El ahorro se podía observar ayer en las doce placas de escayola, dos cristales y algunos hierros que se encontraban hechos añico en un pasillo de la segunda planta de este centro de 800 alumnos. No hubo heridos, por fortuna.
La suerte no evitó el susto entre el alumnado más cercano al lugar de los hechos. Hubo gritos, lágrimas y carreras escaleras abajo. Aunque no faltó quien se lo tomó con una cierta resignación. "No me ha extrañado, ya había pasado antes", explicaba Melani, estudiante de primero de bachillerato que vio caer el techo.
Pero los padres no se lo tomaron con tanta frialdad. "Se me ponen los pelos de punta de pensar lo que podría haber pasado", reconocía Loli Penalva, miembro de la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos), que manifestó su preocupación por la nueva pérdida de clases de los alumnos.
Este nuevo accidente se debió a un defecto de obra. Los tres anteriores ocurrieron por caídas de algunas bovedillas mal asentadas sobre las vigas. La empresa constructora Necso optó por quitar las bovedillas que tenían para evitar más siniestros, pero ayer "falló el anclaje del falso techo", según José Antonio Fabrega, director del centro, quien reclamó una solución inmediata.
La Consejería de Educación suspendió las clases hasta que se garantice la seguridad, y estudia "emprender acciones legales" contra la dirección facultativa de la obra o la empresa Necso-Acciona. El malestar cundió entre padres y profesores, que hoy se concentrarán. "Es la cuarta vez que ocurre. No queremos que se haga otro parche", reclamaba una de las docentes.
Las chapuzas de las subcontratas
Construir decenas de centros escolares a destajo tiene sus consecuencias. Los sindicatos coincidieron ayer en el mismo diagnóstico al achacar a las "prisas del sistema de contrata y subcontrata las chapuzas surgidas en este instituto de Rojales. Los padres suscribían esta tesis. Loli Penalva, miembro del AMPA del IES de Rojales, admitió que el centro "se construyó muy rápido" y cree que tal vez el material no fuera "el más adecuado". Para los sindicalistas no se trata de un caso aislado. "Cuando se adjudica una obra a un grupo de empresas y estas a su vez delegan en otras firmas se pierde el control", admitía Vicent Mauri, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, quien recordaba que también se han detectado deficiencias en otros centros nuevos como el IES el Pla de Alicante. Manuel Picó, de CC OO, dijo: "Es un problema de las contratas y de los plazos, es necesario mayor control". Los sindicatos también alertaron que el frenesí de nuevas construcciones está "olvidando algunas necesidades básicas de mantenimiento" de otros centros existentes. Fuentes de la Consejería de Educación rechazaron estas críticas y recordaron que el programa Millora Escola prevé hasta el año 2010 obras de reforma o mejora en 66 centros educativos, y que se invertirán 13,3 millones de euros para colegios y 4,3 millones en institutos.
Manuel Menargues, sindicalista del STE en la zona, apuntó otro detalle: "La Vega Baja es el paradigma de las mayores necesidades educativas". La población residente se ha disparado. En Rojales pasaron de 7.000 habitantes censados en 1998 a los 16.000 del año pasado. Ahora en este centro profesores y alumnos "no se fían" y exigen garantías de que "el techo no se vuelva a caer". El malestar de padres, alumnos, docentes y sindicalistas contrastó con el absentismo político del PSPV, incapaz de facilitar un dato.
* ELPAIS.com - ROSA BIOT / EZEQUIEL MOLTÓ - Rojales / Alicante - 08/01/2008
Foto: antena3.com
Proliferación de bloques de pisos en Sierra de Grazalema
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : Ecologistas en Acción ha presentado sendas denuncias ante la dirección del Parque Natural Sierra de Grazalema y ante la Consejería de Obras Públicas por la construcción de unos bloques de apartamentos claramente ilegales en la localidad de Benaocaz, edificios que nada tienen que ver con la tipología tradicional de los pueblos blancos del Parque Natural, tipología que se protegen las Normas Subsidiarias (NNSS) de dicho municipio y en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de este espacio protegido.
En concreto hemos denunciado la construcción de un edificio de cuatro plantas en la zona de San Antón, utilizando una serie de subterfugios para vulnerar las normas que prohíben construcciones de más de dos plantas: se ha levantado una primera planta sin acceso visible desde la fachada trasera, y se ha levantado una cuarta planta con cierto retranqueo para hacerla menos patente. Pero lo más grave es la construcción en la calle Laderas del Parral de un enorme bloque de pisos de seis plantas, escalonando dichas plantas para que parezcan independientes. Este bloque es el de mayores dimensiones del pueblo y está ocasionando un enorme impacto paisajístico.
Ecologistas en Acción vienen advirtiendo del impacto irreversible que está suponiendo en algunos pueblos del Parque Natural la ruptura de la tipología tradicional -conformada por casas de una o dos plantas con teja árabe a dos aguas y patios o huertas traseras-, que está siendo sustituida por bloques de apartamentos que multiplican la edificabilidad de forma claramente fraudulenta. De poco han servido nuestras reiteradas denuncias ante los Ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que vienen permitiendo, cuando no apoyando de forma clara, este tipo de atentados urbanísticos. Ya hay pueblos, como El Bosque o Benaocaz, en los que se ha destruido de forma irreversible su tipología de “pueblo blanco”, que era uno de sus atractivos turísticos
También hemos denunciado estos hechos ante el Presidente de la Junta Rectora, que viene oponiéndose a la elaboración de un informe sobre las ilegalidades urbanísticas que vienen proliferando en el Parque Natural, a pesar de que el Decreto 239/1997 por el que se regula la constitución y funciones de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales, estipula que “Las Juntas Rectoras tendrán funciones de control, vigilancia y participación y, así mismo, velarán por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural, propondrán normas para una eficaz defensa de sus valores ecológicos, promoverán el desarrollo sostenible tanto en el interior como en el entorno del Parque Natural y realizarán cuantas gestiones estimen positivas y necesarias para el espacio natural...” Es, decir analizar los impactos que está causando la especulación urbanística en los pueblos del Parque Natural es una clara competencia que tiene la Junta Rectora; realizar propuestas para garantizar el desarrollo sostenible en los municipios del Parque y su entorno no es sólo un derecho, sino una obligación de la Junta Rectora.
Ecologistas en Acción ha solicitado a estos organismos que tomen las medidas oportunas para paralizar estas construcciones e impedir que vuelvan a levantarse edificios que vulneran la legalidad urbanística y la tipología tradicional de los pueblos blancos del Parque Natural. Caso contrario emprenderemos acciones legales contra todos estos responsables públicos.
* Ecologistas en Acción de Cádiz - 4 de enero 2008
Foto: Benaocaz (Cádiz), bloques - ecologistasenaccion.org
Última oportunidad
MEDINA - publico.es
Viñeta de Medina - publico.es
Asturias: Una costa salvada hasta ahora de los predadores
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ELPAÍS/Reportaje* : Fue de las primeras autonomías en proteger el litoral. Tal madrugón legislativo le permite presumir ahora de ser una de las comunidades que mejor conserva su zona costera, lo que la convierte en una codiciada presa para los predadores urbanísticos. La costa asturiana afronta su momento más delicado. La presión ya ha comenzado. Los ecologistas denuncian planes para 60.000 nuevas viviendas.
Asturias tiene la franja costera mejor conservada y menos urbanizada de España. Es el mismo diagnóstico del trabajo Destrucción a toda costa (2007), de la organización ecologista Greenpeace; del informe Sostenibilidad en España 2006, del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), y del estudio Perfil ambiental 2005, del Ministerio de Medio Ambiente. Es también, lo que el geógrafo Fermín Rodríguez, director del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo, ha denominado "el excepcionalismo asturiano".
Pero lejos de ser un motivo de tranquilidad, el dato es causa de inquietud ante el temor de que Asturias sea la próxima pieza a cobrar por los buscadores de oportunidades, precisamente por la mayor preservación de su litoral y por haber logrado eludir, hasta ahora, la amenaza del urbanismo despiadado que ya ha dañado de forma irreversible otras zonas de la costa española.
La presión ya ha comenzado. Los ecologistas denuncian que hay planes para edificar 60.000 nuevas viviendas en la franja marítima asturiana. Los ayuntamientos reducen esa cifra a 25.000 y aseguran que son planes para los próximos 10 años.
Entre los sectores conservacionistas asturianos existe el convencimiento de que el Principado es el próximo objetivo del afán predador de quienes, en la creencia de que el modelo mediterráneo está agotado por saturación, han visto en la costa cantábrica y, en particular en Asturias, por su alto grado de conservación e imagen de calidad ambiental, la próxima zona de expansión de la construcción residencial para segundas viviendas en el litoral.
El Gobierno asturiano ( PSOE)intenta lanzar un mensaje tranquilizador y asegura que en ningún caso va a tolerar la destrucción de costa. Asturias ha sido pionera en prohibir (desde 1993 mediante directrices de ordenación territorial y por ley desde 2002) la construcción a menos de 500 metros del mar, salvo núcleos urbanos preexistentes.
El Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), de mayo de 2005, impulsado por el Gobierno, entonces de coalición entre los socialistas e Izquierda Unida, reforzó aún más esa cautela, y señala las 16.568 hectáreas donde no se puede construir: toda la zona costera fuera de cascos urbanos en esa franja de 500 metros. Además, el plan incluye actuaciones sobre 981.500 metros cuadrados a lo largo de la costa donde habría que regenerar "puntos negros", mediante la expropiación o la remodelación de zonas para atenuar impactos negativos.
Pero el temor sigue. En los 19 municipios marítimos asturianos la sociedad civil ha empezado a movilizarse y se multiplican los colectivos, plataformas y movimientos ciudadanos para oponerse a los proyectos de nuevas urbanizaciones Por unas u otras razones, una multinacional estadounidense, Landmark, que pretendía acometer un gran proyecto residencial en Cudillero para turistas de alto poder adquisitivo, acaba de desistir.
El PP asturiano ha sostenido en este tiempo que no hay "ninguna amenaza" y que los mecanismos de protección existentes pueden ser incluso "excesivos".
El temor a que Asturias haya sido elegida como la próxima presa de la concupiscencia urbanizadora se fundamenta, en primer lugar, en sus ventajosas condiciones de conservación, muy atractivas para los demandantes de segunda vivienda (sobre todo vascos y madrileños) que huyen del modelo masificado. También en los proyectos que han ido emergiendo a medida que avanzan las obras de construcción de la Autovía del Cantábrico a lo largo de la fachada marítima. Y además, en la convicción de que existe un creciente segmento de turistas que vuelven su mirada hacia el veraneo norteño, que desde el último tercio de siglo XIX y hasta los años 60 había sido la referencia del asueto de las clases dirigentes y pudientes españolas. Entonces el detonante fue el ferrocarril y ahora, las autovías, y, en el futuro, el AVE.
Con unos 500 kilómetros de perímetro costero (unos 236 kilómetros en línea recta), Asturias es, tras La Coruña y Tenerife, la tercera provincia española con más litoral, y ello es otro acicate para alentar un creciente número de proyectos inmobiliarios. La región ofrece en su fachada marítima 192 playas, zonas de dunas, seis rías, numerosos tramos de abruptos acantilados y el segundo mayor número de puertos de España (por detrás de la provincia de Pontevedra) en muchos de los cuales han ido desarrollándose puertos deportivos.
A ese potencial se suma una singularidad insólita en Europa: la gran cercanía entre la alta montaña (Picos de Europa y Cordillera Cantábrica) y el mar, lo que permite conciliar, en muy cortos desplazamientos, dos ofertas de ocio y paisaje muy diferenciados.
No obstante, que en la comparativa con otras comunidades Asturias salga victoriosa en la protección de su costa no implica que no se hayan perpetrado excesos durante el desarrollismo de los 60 y primeros 70 que hoy no se permitirían.
Este año, Greenpeace alertó de la existencia de 14 "puntos negros" o situaciones de riesgo en 13 concejos del litoral asturiano (Ribadedeva, Llanes, Ribadesella, Villaviciosa, Gijón, Carreño, Gozón, Avilés, Soto del Barco, Cudillero, Valdés, Tapia de Casariego y Castropol) en casi todos los casos por proyectos urbanísticos vinculados a campos de golf. Izquierda Unida denunció en 2006 que sobre el litoral asturiano pesa la amenaza de 60.000 futuras viviendas en proyecto para una comunidad con poco más de un millón de habitantes. La Coordinadora Ecologista las cuantifica en 66.200. Según estas fuentes, los 19 ayuntamientos costeros de la región podrían ingresar por estas licencias del orden de 667 millones de euros. Y Greenpeace habla de 40.300 (15.000 de ellas en un solo municipio: Llanes, y entre 5.000 y 9.000 en Ribadesella).
Los ayuntamientos, agrupados en la Federación Asturiana de Concejos (FACC) lo niegan. Aseguran que lo previsto está en torno a las 25.000 viviendas en todo el litoral de la comunidad y en un plazo de diez años. El Principado y el PSOE aducen que una cosa es lo que quieran hacer los promotores y los ayuntamientos y otra lo que se les vaya a permitir.
El Gobierno asturiano (PSOE) está ahora en medio de dos fuerzas de presión de sentido inverso y ambas muy fuertes. Por un lado, la de quienes se oponen a nuevos desarrollos residenciales -IU, grupos ecologistas, movimientos vecinales y colectivos de veraneantes, tanto asturianos como foráneos, que ya disponen de segunda residencia en la costa y no quieren que se les masifique el entorno- y, por el otro, promotores y constructores que consideran que Asturias es la última gran oportunidad de territorio relativamente virgen, y también los ayuntamientos, que ven en el turismo y las licencias de construcción una pujante fuente de ingresos.
"No vean lo que cuesta aguantar el tipo ante la presión urbanística sobre la costa. Muchas veces debemos decir no a proyectos que crean empleo", admitió el presidente asturiano, el socialista Vicente Álvarez Areces. Las autoridades regionales aseguran que en el Principado no se repetirá el modelo urbanístico del Mediterráneo ni el de otras zonas del Cantábrico, en las que el daño es ya es irreparable. El consejero de Ordenación del Territorio, Francisco González Buendía, reconoció hace un año que los grandes inversores del ladrillo "miran ahora hacia el Cantábrico" pero que el Principado estará "vigilante" y no permitirá un desarrollo urbanístico "insensato".
El presidente de la patronal asturiana de empresas constructoras (CAC), Serafín Abilio Martínez asegura: "Hemos apostado por el plan de ordenación del litoral que nos planteó el Gobierno porque queremos hacerlo bien y abordar un crecimiento sostenido de la segunda vivienda". La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) considera que la economía asturiana precisa un desarrollo urbanístico y residencial de la costa y que es posible hacerlo sin perpetrar ni los errores ni los abusos edificatorios de otras franjas costeras españolas.
* ELPAIS.com - JAVIER CUARTAS - Oviedo - 08/01/2008
Foto: Playa de San Lorenzo (Gijón), donde se están “maquillando” las fachadas de los edificios más altos para que sean menos agresivos. Más abajo, urbanización y hormigón para el futuro puerto deportivo de Luanco / Santos Cirilo, elpais.com
Denuncia por irregularidades urbanísticas en Torrevieja (Alicante)
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TORREVIEJA.com* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tramitará la causa contra el Alcalde de Torrevieja y otros cargos públicos y funcionarios promovida por los Concejales del Grupo Municipal de Los Verdes por las graves irregularidades cometidas en la ejecución de las obras del edificio sito en la esquina de la Calle Clemente Gosálvez con Paseo Vista Alegre, propiedad de la familia de D. Pascual Ortíz Roche, Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda durante los mandatos municipales de 1995/1999, 1999/2003 y 2003/2007.
La denuncia penal fue presentada en su día por el Portavoz Municipal de Los Verdes tras “constatar que se consintieron, permitieron y consumaron graves irregularidades administrativas para no tramitar la denuncia presentada contra esta grave infracción e ilegalidad urbanística, permitiendo que caducara el expediente de disciplina urbanística y que prescribieran las sanciones económicas y la obligación de restituir la legalidad urbanística, no teniendo que proceder a demoler el exceso de obra, lo que también originó un enriquecimiento ilícito de los infractores”.
José Manuel Dolón afirma que “toda la ingeniería administrativa utilizada para hacer prescribir el expediente de disciplina urbanística y la infracción ejecutada fue detectada por el Defensor del Pueblo, quien en un amplio informe comunicó una resolución en la que advertía al Ayuntamiento de Torrevieja de las numerosas ilegalidades e irregularidades cometidas en beneficio de la familia del entonces Concejal y Teniente de Alcalde, Sr. Ortíz Roche.”
Los Verdes esperan “que su denuncia llegue a buen término, y que los responsables sean declarados por la Sala de lo Penal del T.S.J.C.V. culpables de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento oficial.”
* Torrevieja.com - 07 de Enero de 2008
Foto: Torrevieja (Alicante), edificio - torrevieja.com
Málaga pagará 11,4 millones para evitar la recalificación de zonas verdes
ELPAÍS* : La Comisión Provincial de Valoraciones de Málaga ha fijado unos justiprecios que suman 11,4 millones de euros por cuatro parcelas que el Ayuntamiento de la capital tiene que expropiar para mantenerlas como zonas verde en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en los montes Gibralfaro y El Morlaco. Uno de los pleitos afecta a una parcela de unos 18.000 metros cuadrados del presidente de la polémica promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, imputado por cohecho en el caso Malaya por el presunto pago de más de 30 millones de euros en comisiones al Ayuntamiento de Marbella por la obtención de un trato favorable en varias promociones urbanísticas.
Los precios fijados por la Comisión de Valoraciones de Málaga rebajan sustancialmente las peticiones de los propietarios de los suelos que se expropiarán, que pretendían obtener en conjunto más de 55 millones de euros. Esta cifra es considerada excesiva por el consistorio que preside Francisco de la Torre, que ha presentado los correspondientes recursos contenciosos-administrativos. El Ayuntamiento ya impugnó sin éxito las cantidades fijadas ante la Comisión.
Los suelos en cuestión están calificados como sistema general de áreas libres para zona verde en el actual PGOU, tipificación que obliga al Ayuntamiento a pagar una compensación a sus propietarios y a obtener los suelos mediante expropiación.
En todos los casos, el organismo de valoraciones propuso inicialmente unas indemnizaciones mucho menores, 3,7 millones en total, porque sólo consideró el valor catastral de las fincas. Al final estimó parcialmente las alegaciones de los afectados y resolvió elevar las cuantías de expropiación por "el aprovechamiento urbanístico de la parcela que no se ha podido materializar".Tanto el monte Gibralfaro como El Morlaco están entre las zonas con las viviendas más caras de Málaga.
El documento de aprobación inicial del PGOU de Málaga incluía la recalificación del suelo del propietario de Aifos en el monte Gibralfaro, que al pasar a urbanizable le permitía la construcción de 22 chalet. Inicialmente, el equipo de gobierno del PP consideró que era la mejor opción para la ciudad porque si se mantenía la calificación de suelo no urbanizable obligaría al consistorio a unas compensaciones elevadísimas al presidente de Aifos por un suelo que además no era apto para el uso público por la fuerte pendiente y su ubicación. Ruiz Casado ha valorado el terreno expropiable en 21 millones de euros. La recalificación del suelo provocó una fuerte contestación ciudadana para preservar Gibralfaro como pulmón verde de la ciudad.
El pasado 22 de febrero, por acuerdo de todos los grupos, el pleno del Ayuntamiento decidió "proteger nuestro paraje urbano más emblemático mediante la elaboración de un plan de ordenación que lo garantice". De esta forma, no se permitirán construcciones ni recalificaciones de suelo en el paraje.
La Comisión Provincial de Valoraciones ha establecido una indemnización de 2,5 millones de euros para el presidente de Aifos por la expropiación. En el mismo monte Gibralfaro serán expropiadas otras dos parcelas de suelo por 957.402 euros y 2.342.766 euros, respectivamente. Por el suelo de El Morlaco, la comisión ha fijado un justiprecio de 5.566.949 euros.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 07/01/2008
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu
¿Cuánto se tarda en aprobar un Plan General de Ordenación Urbana?
FERNANDO SERRANO MAESTRE* : Se tarda lo que tardan los políticos de dicho ayuntamiento en vender la información de la que disponen sobre dicho plan general de ordenación urbana. Es un sistema perfecto, y sigue las pautas del popular refrán “ yo me lo guiso y yo me lo como”. Los responsables de urbanismo del ayuntamiento, comandados por el alcalde diseñan el plan general de ordenación urbana. Antes de este diseño ya reciben la primera recaudación en forma de comisiones que provienen de los promotores inmobiliarios que pagan primas a los concejales y alcaldes para que declaren sus terrenos rústicos en edificables. Una vez “ guisado” el plan general de ordenación urbana hay que comerlo.
Los concejales y alcalde conocen que parcelas del pgou van destinadas a viviendas adosadas, a bloques de pisos o a equipamientos públicos. Conocedores de esta información, la venden a inversores, promotores, amigos para que compren terrenos rústicos a bajo precio sabiendo de antemano que van a multiplicar su precio en cuanto se apruebe el pgou.
No contentos con esto, llegan mas lejos. Mantienen el plan general de ordenación urbana sin la aprobación definitiva. De manera que aguantan el pgou hasta que se hacen con la mayoría de los terrenos destinados a vivienda comprándolos a bajo precio a los propietarios legítimos aburridos de esperar una aprobación del pgou que no llega nunca.
La prueba más legitima de todo lo expuesto aquí, esta en los propios ayuntamientos. Los legítimos propietarios para intentar vender sus terrenos a un digno precio, pues intuyen que su parcela por su proximidad a zonas urbanas o por su buena situación va destinada a vivienda, piden información a su gerencia de urbanismo correspondiente, y pese a a estar el pgou totalmente diseñado, con un año pasado desde su aprobación inicial, siguen diciendo que sus terrenos son rústicos, para que vendan sus terrenos a los promotores que compran dicha información a los concejales y al alcalde.
Un ejemplo claro de este tipo de corrupción urbanística en los que se cometen los delitos de: trafico de influencias, cohecho y prevaricación, lo tenemos en el ayuntamiento de San Javier.
Un pueblo que se a expandido en la ultima década más que en toda su historia todavía no tiene un plan general de ordenación urbana aprobado.
Los gobiernos anteriores del ayuntamiento, se han ido aprovechando de la aprobación de innumerables planes parciales previo pago de innumerables comisiones, que nadie ve, pero que todo el pueblo conoce. Por esta razón pese a la gran expansión de dicho pueblo no tiene un pgou aprobado.
Pero ya se a terminado el pastel de los planes parciales, de hay la salida del poder del Partido Popular. Ya no quedaba otra para este pueblo, solo la de aprobar un pgou.
En las ultimas elecciones municipales, gano el PSOE que formo gobierno con el grupo independiente. Es destino o casualidad que la entrada en el poder del PSOE-g.independiente coincida con la aprobación inicial del plan general de ordenación urbana de San Javier.
Pasado 10 meses de la aprobación inicial del pgou de San Javier, el PSOE y el grupo independiente se divorcian, dejando al ayuntamiento de San Javier de 20.000 habitantes en manos de 7 concejales y un alcalde.
El porqué de esta ruptura estriba en el desacuerdo en el reparto de comisiones por la aprobación definitiva del pgou de San Javier. Como los independientes no obtenian la parte del pastel que deseaban, abandonaron el barco de manera que el Plan general de ordenación urbana no podria ser aprobado sin su voto.
La versión oficial del grupo independiente apela a la indignación por posibles irregularidades por parte del PSOE en la aprobación de dicho pgou. Pero salta a la vista, que abandonan porque no les han dado la parte que ellos querian.
Esta es la realidad del urbanismo en España y quien no sepa nada de esto aquí expuesto que tire la primera piedra.
* FERNANDO SERRANO MAESTRE, joselico9@hotmail.com | SAN JAVIER
* La Verdad - Murcia - 05/01/2008
