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ECOLOGISTASENACCIÓN/Segovia* : El Municipio segoviano de Palazuelos de Eresma ha iniciado recientemente los trabajos para actualizar sus normas de planeamiento (las actualmente vigentes datan, nada menos que de 1981). De acuerdo con el avance del PGOU, sometido a información pública el pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento pretende elevar el número total de viviendas en el municipio hasta las 12.906.
Si estimamos una media de 3 personas por vivienda, las propuestas iniciales del Plan General plantean la posibilidad de que Palazuelos pueda superar los 38.000 residentes.
Según el censo nacional de viviendas, en 2001, Palazuelos de Eresma contaba 922 viviendas, más de un 40% de ellas segundas residencias. Aún suponiendo que en los últimos años esta cifra haya aumentado hasta las 1.500 viviendas, la propuesta contemplada en el avance del PGOU permitiría multiplicar por ocho el número de viviendas en el municipio. Se trata de un crecimiento a todas luces desmesurado.
Diversas asociaciones ecologistas y de defensa del patrimonio segovianas (entre ellas Ecologistas en Acción de Segovia, Ciudadanos por Segovia, Protejamos las Calderas o Centáurea) han alertado desde hace varios años sobre la ausencia de lógica y la insostenibilidad de los planes urbanísticos concebidos en Palazuelos. La evolución del negocio inmobiliario en el último año ha acabado dando la razón a estos grupos que, ya en 2006 y 2007, afirmaban en sus alegaciones a los macroplanes urbanizadores de Palazuelos resultaban desmesurados para el espacio territorial en el que se estaban planteando, planteaban serios impactos ambientales y conllevaban una oferta sobredimensionada que podría generar una situación caótica en el municipio, con urbanizaciones inacabadas dispersas por todo el término municipal.
Entre los colectivos de defensa ambiental ha causado sorpresa el comprobar cómo el nuevo PGOU que se prepara en Palazuelos ignora los cambios de tendencia acaecidos en el último año, con la explosión de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento de la denominada “economía del ladrillo”. El empecinamiento del alcalde de Palazuelos, Domingo Asenjo, en mantener los proyectos urbanísticos irracionales propuestos en el municipio en plena época de “tsunami urbanístico”, sin considerar el evidente cambio en el contexto económico, le ha llevado a ganarse entre los conservacionistas el sobrenombre de “Don erre que erre”.
A pesar de ello, en un nuevo ejercicio de participación responsable, Ecologistas en Acción de Segovia, Ciudadanos por Segovia y otros grupos se han dirigido, de nuevo, al Ayuntamiento de Palazuelos para trasladarle la idea de que el nuevo PGOU de la localidad debería considerar, entre otros aspectos:
La demanda de viviendas en la zona. Como es bien sabido, la demanda de viviendas ha sufrido un brusco descenso, que ha sido mucho más acentuado en el sector de las segundas residencias. Un informe recientemente realizado por el servicio de Estudios del BBVA en diciembre de 2008 estima entre 800.000 y 1.400.000 el número de viviendas nuevas que se encuentran a la espera de comprador en España. Sin embargo, el avance del PGOU se ha limitado a contemplar de forma automática un conjunto de desarrollos urbanísticos inconexos que han sido propuestos hace algunos años, sin considerar la nueva coyuntura económica o la evolución reciente del mercado inmobiliario.
Las disfunciones generadas por un crecimiento tan brusco como el que se está planteando en el Plan. Cabe pensar que un crecimiento tan intenso produciría disfunciones notables en elementos tan esenciales como: la red de infraestructuras de transporte, los sistemas de abastecimiento de aguas, los sistemas de depuración de aguas residuales y otros servicios públicos (por ejemplo, sistema de salud).
El impacto ambiental y paisajístico. En la actualidad, la vista de la Sierra de Guadarrama en ese sector es de una calidad sobresaliente. Elementos de gran atractivo visual como el cerro de La Atalaya y la población de San Ildefonso, que posee una integración en el paisaje modélica, proporcionan un carácter único a las vistas, en las que los componentes natural y cultural se refuerzan para configurar uno de los paisajes más bellos de la vertiente segoviana de Guadarrama. Este paisaje se vería inevitablemente desfigurado por el conjunto de desarrollos urbanísticos propuestos para esa zona.
En definitiva, se solicita al Ayuntamiento de Palazuelos y a los grupos políticos representados en el mismo que la planificación urbanística respete criterios de sostenibilidad económica y social. Evitando convertir el municipio en una sucesión deslabazada de segundas residencias y promociones inmobiliarias inacabadas y acomodando el crecimiento del municipio a la evolución del mercado de trabajo y a los condicionantes ambientales (disponibilidad de agua, respeto al paisaje, disponibilidad de servicios, etc.).
* Ecologistas en Acción de Segovia - 8.01.2009
Foto: ecologistasenaccion.org
Palazuelos de Eresma sigue apostando por el urbanismo desenfrenado
Medio millar de británicos exigen "política honesta" con casas ilegales y ven "arbitrariedad" en ayuntamientos
EUROPAPRESS/Almería* : Medio millar de ciudadanos británicos residentes en la Comarca del Almanzora (Almería) exigieron hoy en una protesta por las calles de la capital la aplicación de una "política honesta" en la gestión del proceso para la regularización de las alrededor viviendas fuera de ordenación de las que son propietarios en ocho municipios y criticaron la "preocupante arbitrariedad" de las administraciones locales en función del partido que gobierna.
Así ha resumido el sentir de los integrantes de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) uno de los portavoces, Lenox Napier, quien señaló la paradoja que, a su juicio, supone el que permanezca "un edificio de 22 plantas en la playa de Carboneras" --en referencia al hotel de Azata del Sol en el paraje del Algarrobico-- frente al derribo que, hace un año, obligó a residir en un garaje al matrimonio formado por Leonard John y Helen Prior tras el derribo por orden judicial de su cada de dos alturas en Vera.
Napier recordó que ambos, para los que llegó tarde el amparo que solicitaron ante el Tribunal Constitucional (TC) en junio, no han recibido "compensación alguna ni una sola explicación" si bien matizó que desde el colectivo confían en que la Junta de Andalucía, que a su juicio "tiene culpa en unos casos y en otros no", ejecute al completo el plan de regularización anunciado en septiembre no sólo en beneficio de los afectados "sino también por la reputación de la provincia de Almería".
Los ciudadanos británicos, quienes tal y como ha reconocido la Administración autonómica adquirieron sus viviendas de "buena fe" y sin conocer su situación irregular, admiten que el citado plan no podrá normalizar algunos de los inmuebles que los promotores, según señaló el portavoz de la AUAN, construyeron "sobre ramblas, por ejemplo" pero exigen que se depuren responsabilidades porque no entienden "cómo los ayuntamientos dejaron que pasará cuando son pueblos tan pequeños que se ven las casas ilegales desde las ventanas de los consistorios".
Al hilo de esto, Napier anunció que han solicitado en la reunión mantenida con el delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, la creación de una agencia que, integrada por técnicos autonómicos y representantes del colectivo, pueda coordinar las actuaciones al tiempo que canalice las compensaciones económicas a los ciudadanos británicos que, a su juicio, "suponen un muy buen negocio para la provincia" donde los 750.000 residentes del Reino Unido gastan una media de 1.000 euros al mes.
Desde el colectivo subrayan como "vital" el que se haga con "transparencia y mucha participación ciudadana" el citado proceso, iniciado ya en municipios como Arboleas, Albox, Cantoria, Partaloa o Zurgena a través del inventariado de las viviendas irregulares en cada uno de los términos municipales, a cuyos ayuntamientos instan a proteger a los "compradores de buena fe", algunos de los cuales --ahondan-- "corren el riesgo de ver su vivienda demolida" mientras "muchos viven sin suministro de energía eléctrica y agua potable".
Leonard John y Helen Prior, cuya situación ha motivado que se fije la cita para hoy, pertenecen a la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) que agrupa a los propietarios, en su mayoría de nacionalidad británica, de alrededor de 5.000 viviendas declaradas fuera de ordenación en ocho municipios de la provincia y sobre las que pesa, además de expedientes de disciplina urbanística incoados por la Junta de Andalucía, procesos judiciales en los que el Ministerio Fiscal interesa su demolición.
La Administración autonómica avanzaba, no obstante, en septiembre el inicio de un plan de actuación por el que las viviendas construidas sobre suelo no urbanizable en estas circunstancias tendrían prioridad en la regularización, que afectará al 90 por ciento de los inmuebles y de la que sólo quedarán fuera aquellas construidas sobre dominio público o en zona declaradas de especial protección medioambiental.
* Europa Press - ALMERÍA, 9 Ene 2009
La Eurocámara pide más datos sobre abusos urbanísticos
ELPAÍS* : La europarlamentaria danesa Margrete Auken, encargada de redactar el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, inició ayer una nueva ronda de entrevistas con los sectores implicados antes de formular sus recomendaciones.
Auken, acompañada del también eurodiputado verde David Hammerstein, mantuvo ayer distintos encuentros con el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón; la asociación de constructores, la federación de promotores y la Corporación municipal de Parcent. Un municipio que se ha convertido en un referente de los abusos urbanísticos, después de que el Tribunal Superior de Justicia emitiese un auto que paralizaba varios planes urbanísticos de gran envergadura, tramitados al margen del plan general, por considerar que alteraban sustancialmente la fisonomía urbana y demográfica de Parcent.
En sus reuniones, la ponente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se interesó por los criterios por los cuales se establece en la Comunidad Valenciana que una urbanización es de interés público. Margrete Auken, según fuentes conocedoras de los encuentros, también encontró buena disposición en sus interlocutores para aprovechar el parón del sector inmobiliario y elaborar un marco legislativo nuevo más respetuoso con las personas y el medio ambiente.
La Federación de Promotores pidió a la delegación de europarlamentarios que otorgue a los tribunales españoles la misma credibilidad que concede al Parlamento Europeo y tachó de "novela de ficción" los abusos denunciados en algunos medios de comunicación ingleses. Los promotores fueron el colectivo más reacio a modificar un marco legislativo que, en su opinión, ahora tiene una "mayor transparencia y una definición más clara del interés público".
Hammerstein explicó ayer que el calendario previsto es que la Comisión de Peticiones presente su informe entre el 19 y el 20 de enero, tras lo cual se abrirá el periodo de presentación de enmiendas, que se debatirán en febrero, antes de remitir el documento al pleno del Parlamento Europeo en marzo.
La delegación tiene previsto mantener hoy otras reuniones en la provincia de Alicante, después de que el Gobierno español declinase opinar sobre un conflicto que compete a la Generalitat.
* ELPAIS.com - J. F. - Valencia - 09/01/2009
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
El TSJC anula por primera vez el permiso de dos parques eólicos
ELPERIÓDICO* : El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anulado por primera vez los permisos para instalar dos parques eólicos, concretamente en la Serra del Tallat y en la Serra de Vilobí (en el límite entre las comarcas del Urgell, Garrigues y Conca de Barberà), por considerar que incumplen las normas urbanísticas.
Los parques, promovidos por la empresa Acciona, funcionan desde hace un año pese a que en su construcción no se tuvo en cuenta que se trataba de instalaciones singulares y que, por tanto, merecían un permiso especial, según dijo ayer Joan Vázquez, portavoz de la asociación ecologista Ipcena. "Construir aerogeneradores no es lo mismo que poner una gasolinera", reiteró.
Eoliccat, asociación que agrupa a 50 empresas del sector en Catalunya, precisó a continuación que la sentencia aún no es firme y que, por tanto, no crea jurisprudencia. De hecho, la Generalitat ya presentó el pasado día 2 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo "que permitirá que los dos parques continúen su actividad hasta que se resuelva de forma definitiva".
El problema de la sentencia es que la inmensa mayoría de los parques que actualmente funcionan en Catalunya incurren en la irregularidad denunciada. Según Ipcena, las sentencias "pueden sentar jurisprudencia aplicable al resto de centrales eólicas". Por supuesto, no lo tiene tan claro Eoliccat: "Es precipitado hablar de la posibilidad de declarar ilegales estos y otros parques"
INCOMPATIBLE
Ipcena, integrada en la federación Ecologistes de Catalunya, es justamente quien interpuso el recurso. Los abogados de la asociación explicaron que el TSJC considera que el emplazamiento es "incompatible" con el planteamiento urbanístico de ambas zonas y, por tanto, los parques "están en situación de ilegalidad". Según las sentencias, los parques eólicos solo se pueden establecer en territorios reservados para "sistemas generales", por lo que antes de decidir su ubicación "es indispensable la tramitación de un plan de ámbito supramunicipal".
Según el abogado que lleva el caso, Eduardo Moreno, "todos los parques eólicos deberían ser revisables". Los dos afectados por la sentencia se edificaron bajo el decreto catalán 174/2002, que "simplificó los trámites y fue muy criticado porque no tuvo en cuenta criterios urbanísticos", señaló Moreno. De hecho, este es uno de los argumentos de la sentencia: "El decreto no puede ningunear el ordenamiento urbanístico".
Joan Vázquez concretó que ambos parques fueron concebidos originariamente como uno solo. "De hecho --dijo el portavoz de Ipcena--, ambos parques forman una única unidad que recorre lo alto de una sierra, pero lo dividieron todo por dos para no superar el máximo legal de 50 megavatios de potencia instalada. Aunque lograron colocar dos de 49,5 megavatios, a nadie se le escapa que se trata de una trampa".
* El Periódico - ANTONIO MADRIDEJOS / BARCELONA . MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / LLEIDA
Foto: Los aerogeneradores de la Serra del Tallat, el día de la inauguración oficial, el 15 de febrero del 2008. - EFE / JAUME SELLART
La campaña de la Fiscalía contra la corrupción urbanística destapa 775 denuncias en un solo mes
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ABC/Valencia* : La decisión de la Fiscalía de Valencia de intensificar la presión sobre los ayuntamientos para poner coto al urbanismo ilegal en la provincia está haciendo aflorar una realidad sospechada pero desconocida en su verdadera dimensión.
A finales del pasado mes de noviembre, la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo del Ministerio Público se dirigió a todos los consistorios de la provincia de Valencia para recabar información sobre los expedientes sancionadores que tenían abiertos por construcciones en suelo no urbanizable desde el 10 de diciembre de 2004, fecha en la que entró en vigor la Ley de Suelo No Urbanizable.
En sólo un mes, la campaña de la Fiscalía ha permitido conocer la existencia de 775 expedientes por irregularidades urbanísticas, si bien no todos concluirán en denuncia por la vía penal. Habrá infracciones que se sustanciarán en la vía administrativa. En todo 2008 el Ministerio Público sólo recibió 51 denuncias procedentes de once ayuntamientos.
Tras la cifra de los 775 expedientes sancionadores se oculta una fotografía poco precisa de la realidad urbanística, en la medida que de los 268 ayuntamientos a los que el Ministerio Público pidió información sólo han respondido 44. Y de ellos, sólo 20 han reconocido haber actuado contra las construcciones ilegales. Se trata de Albalat dels Tarongers, Alfafar, Alfauir, Bellús, Benicull del Xúquer, Bétera, Canals, Catarroja, Cortes de Pallás, Enguera, Godelleta, L´Alcúdia de Crespins, Llíria, Massalfassar, Paiporta, Paterna, Petrés, Quatretonda y Riola.
Casos bajo sospecha
Lo sospechoso es que algunos de los ayuntamientos que han respondido acumulan centenares de expedientes entre 2005 y 2008. Se trata de Godelleta (220), Bétera (194), Llíria (117), Canals (103) y Benicull del Xúquer (73). En muchos casos la Fiscalía no tenía conocimiento de ninguno de estos expedientes, pese a que los ayuntamientos están obligados a trasladar al Ministerio Público aquellos en los que haya indicios de que la infracción es constitutiva de un ilícito penal. «Causa extrañeza que entre tanto expediente sancionador no hayan hallado algún caso que indiciariamente fuera constitutivo de delito, teniendo en cuenta que se comete delito cuando se construye sobre suelo no urbanizable», indica el coordinador de Medio Ambiente, Joaquín Baños, que ahora tendrá que expurgar los expedientes remitidos por los ayuntamientos. «Muchos no serán constitutivos de delito, pero lo que no es creíble es que un ayuntamiento con 300 expedientes no tenga ninguno que sea delito. Es lógico pensar -prosigue Baños- que alguno de los expedientes sancionadores que han incoado se refiera al objeto del delito».
Afán recaudatorio
De hecho, el objetivo de la Sección de Medio Ambiente es tener un conocimiento preciso de todos aquellos casos que, estando bajo la investigación de los consistorios, deberían traspasar los límites de la vía administrativa y ser remitidos al Ministerio Público por ser constitutivos de delito.
El balance de la campaña, provisional en tanto en cuanto aún se espera la respuesta de 224 ayuntamientos, ha permitido confirmar lo que la Fiscalía sospechaba: que «debe existir una enorme bolsa de edificaciones ilegales susceptibles de ser calificadas como delictivas que no llegan a conocimiento» del Ministerio Público, que los «casos de Zarra y Ontinyent son la punta del iceberg» y que el «goteo incesante de denuncias» oculta un problema mucho más grave de prevaricación urbanística, al que no son ajenos algunos alcaldes.
La pasividad de muchos regidores ante el urbanismo descontrolado responde, en muchos casos, a un afán recaudatorio. El urbanismo es la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos con una financiación raquítica, extremo éste que hace que, en no pocas ocasiones, sean los propios alcaldes los que conceden licencia para construir en suelo no urbanizable; los hay que no hacen nada ante edificaciones ilegales; otros incoan expediente administrativo y los dejan prescribir deliberadamente en busca de una legalización sobrevenida de la construcción ilegal...Y todo ello es así porque, en un última instancia, terminan cobrando impuestos por las construcciones aún a sabiendas de que son ilegales.
* ABC - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 9.01.2008
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es
