ELMUNDO/Barcelona* : El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en libertad con cargos, pero sin medidas cautelares al ex director de urbansimo de la Generalitat, Emili Mas, después de declarar durante aproximadamente veinte minutos en el Alto Tribunal por su imputación por un delito de actividades prohibidas a funcionario público en relación con el 'caso Pretoria'.
Su defensa ha comparado 'Pretoria' con "una comedia de enredos con unas graves consecuencias".
Según ha señalado el letrado, Mas, a quien el PSC ha suspendido temporalmente de militancia tras su imputación en el "caso Pretoria", espera que "esto termine lo más pronto posible" y "está convencido de que va a ser así".
"Lo que esperamos es que la Justicia sea lo más rápida posible y que el señor Garzón y el fiscal están en esta línea", ha subrayado Castelló.
El magistrado sostiene que Mas mantenía una "fluida relación" con el ex diputado del PSC y supuesto cabecilla de la trama Luis García, "relacionada con cuestiones urbanísticas e inmobiliarias".
Los otros tres imputados en la supuesta trama de corrupción urbanística que han declarado este viernes, el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros (PP), al ex concejal socialista de esta localidad Antoni Jiménez y el ex consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz i Sabido, también han quedado en libertad sin medidas cautelares a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Los primeros en llegar a la Audiencia Nacional han sido Antoni Jiménez y Víctor Ros, imputados por los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal y exacciones ilegales y defendidos por el letrado Artur Ventura, que tras la comparecencia ha dicho que están "tranquilos y cómodos" y ha afirmado que el segundo ha aclarado ante el juez todas sus "decisiones políticas".
"He pensado mucho en mi familia y en el pueblo de San Andreu de Llavaneres, que es lo más importante de todo", ha señalado Ros, que ha negado tener alguna relación con cualquiera de los otros imputados en la causa -que ya ascienden a veinte- y, por tanto, que pudiera formar parte de la presunta trama.
Garzón sostiene en su auto que durante el mandato de Ros en Sant Andreu "se tomaron decisiones que favorecieron a algunos de los imputados en perjuicio del propio Ayuntamiento", y de Antoni Jiménez señala "que habría tenido participación en la denominada 'operación Niesma'", desarrollada en esta localidad barcelonesa entre 2003 y 2007 y en la que supuestamente se defraudaron 12.377.000 euros.
Tras ellos el turno ha sido para Juan Felipe Ruiz i Sabido, imputado por un delito de tráfico de influencias y cuyo abogado, José María Fuster-Fabra ha señalado que su cliente ha actuado siempre "en beneficio público" y que su gestión ha beneficiado a Badalona.
El magistrado sostiene que Ruiz i Sabido es "persona muy próxima a Luis García", ex diputado del PSC y supuesto cabecilla de la trama, al que habría ayudado "con decisiones favorables al grupo de inversores para los que trabajaba éste".
* El Mundo - EFE/ACN - 4.12.09
Foto: Barcelona, Generalitat - wikiwak.com
Dejan en libertad con cargos al ex director de urbanismo de la Generalitat
Las viviendas se mantienen un 27% sobrevaloradas
ELPAÍS* : La banca tiene la palabra. Hasta tanto no se produzca su reestructuración, sobre todo en las cajas, no se podrá afrontar la reducción drástica del stock de viviendas. De los 470.000 millones que le adeuda el ladrillo, 90.000 millones responden a suelo, según Ángel Serrano, de Aguirre Newman. Le parece urgente, por tanto, poner en marcha cuanto antes el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB).
En el informe sobre la situación global del sector, la consultora cifra el stock en 1,5 millones de viviendas, 612.512 de recién terminadas; 384.050 en construcción y 520.330 usadas en venta o alquiler. Cinco veces más de lo demandado. Su distribución es desigual. Castellón y Toledo destacan por el mayor volumen en relación con su población. Pese a ello, el 40% de las familias españolas no pueden acceder a una vivienda, según Caixa Catalunya.
Otro ajuste pendiente a realizar por el mercado inmobiliario son los precios, ya que "las tasaciones no son referencia del valor de mercado", según Javier García Mateo, de la misma consultora. La sobrevaloración se cifra en un 27% para pisos y llega al 30% en algunas provincias. En el gráfico adjunto puede verse la caída de precios en el Reino Unido iniciada en 2007, que ha conllevado la recuperación de las ventas, mientras que en España caen un 41% anual.
Aguirre Newman contabiliza 21 fondos oportunistas dispuestos a invertir 8.500 millones de euros en tres años. "Hay interés no especulativo, pero el precio no coincide". Son inversores que buscan oficinas y que afrontan inversiones de más de 100 millones.
Entre tanto los inversores españoles, con un tope de 40 millones de euros van a cerrar operaciones en centros comerciales (con rentabilidades del 7%- 7,5%) durante diciembre. Aguirre Newman sostiene que es el momento de recolocarse en los mejores emplazamientos logísticos, como Coslada y San Fernando, en Madrid, y en el Vallès Oriental de Barcelona, con rentabilidades de hasta un 8%, si bien requieren renovación, lo que avala el futuro de la rehabilitación no sólo en residencial. En oficinas, la consultora identifica 3,1 millones de metros obsoletos, si bien este mercado está parado. Según DTZ, la contratación ha bajado un 60% en Madrid. Y para ahorrar costes se concentra en la periferia (ver gráfico).
En el panorama inmobiliario, García Mateo destaca la ausencia de inversión pública en infraestructuras: desciende este año un 16% respecto a 2006. Y la privada se dirige en un 96% a residencial (57% primera vivienda y 43% vacacional). Del 4% restante, el 23% se va a oficinas y sólo el 4% a logística.
* ELPAIS.com - INMACULADA DE LA VEGA 04/12/2009
Foto: grúas - elpais 15-01
Llíria: El TSJ impide que pueda reclasificarse el suelo que estuvo protegido antes
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LEVANTE/Valencia* : La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dictado una sentencia de 42 páginas por la que anula y deja sin efecto la desestimación del recurso por el que la Agrupación de Interés Urbanístico "Tos pelat"y el grupo ecologista Centro de Acuicultura Experimental (CAE) pedían que se anulara el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) de 2 de junio de 2008 que aprobó definitivamente el Plan General de Llíria en lo relativo al Coto Catalá.
La sentencia, según el abogado de las asociaciones que presentaron el recurso, hace suyas las tesis de otras sentencias del Tribunal Supremo y de la legislación estatal y pone del lado de la Administración la carga de la prueba, obligándola a justificar que existen razones suficientes y objetivas para reclasificar un terreno que previamente fue protegido por sus valores paisajísticos, agrícolas, medioambientales.
La decisión del tribunal, contra la que cabe recurso de casación, puede tener "graves implicaciones económicas" para el Ayuntamiento de Llíria y los promotores iniciales de la urbanización, entre los que se encontraban Bancaixa y Sedesa -la empresa familiar de los Cotino-, que con posterioridad a que los terrenos fueran reclasificados vendió una parte de su participación a una sociedad holandesa, según José Vicente Edo, portavoz de la AIU "Tos Pelat".
Un "pelotazo" casi perfecto
Según el abogado José Luis Ramos, que presentó el recurso contra la decisión de la CTU, la sentencia "va más allá" del Coto Catalá y dificulta hasta al punto de hacer "casi imposible" que terrenos que hoy gozan de protección urbanística se quedan sin ella.
"Lo que dice es que los terrenos protegidos por el planeamiento no pueden ser desprotegidos si previamente no se ha acreditado la desaparición de los valores que dieron lugar a su protección", explicó.
"Ni Valencia ni otros municipios del área metropolitana van a tener fácil recalificar la huerta actualmente protegida como la de Vera, por mucho que apelen engañosamente a la autonomía municipal. La sentencia, que recoge doctrina aplicada por el Tribunal Supremo desde hace tres años, es un serio aviso a los especuladores", aseguró el abogado.
El "Coto Catalá" es un pequeña montaña de Llíria clasificada como suelo no urbanizable de protección especial forestal en el Plan General de 1985, clasificación que mantuvo en el PGOU de 1995 e incluso en la revisión de 2003. Unas horas antes de que finalizara el plazo de alegaciones, una sociedad instrumental tras la que estaba inicialmente Residencial La Maimona, presentó un proyecto para construir viviendas y un campo de golf. El ayuntamiento de Llíria lo aceptó y tramitó una modificación del Plan que recibió informe favorable, aunque condicionado, de la Conselleria de Medio Ambiente, y el visto bueno de la CTU ahora anulado por sentencia judicial.
Algunos terrenos fueron comprados inicialmente a o,60 euros el metro cuadrado en 2003 y vendidos en parte a la sociedad holandesa en 2007 a 912 euros/m2.
* Levante-EMV - JOSÉ SIERRA - 5.12.09
Foto: Obras en el Coto Catalá que fueron paradas preventivamente por el juzgado. levante-emv
Torrevieja: Los ecologistas alegan por falta de agua a un plan para 7.500 casas
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INFORMACIÓN/Alicante* : El colectivo conservacionista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha presentado un recurso de reposición contra la aprobación definitiva, el pasado mes de octubre y por parte del Gobierno Valenciano, de la homologación y plan parcial del sector conocido como "La Hoya" de Torrevieja, que prevé la construcción de un total de 7.500 nuevas viviendas sobre una superficie cercana a los dos millones de metros cuadrados, según los datos recabados por este periódico.
El proyecto de macro urbanización se sitúa al norte del casco urbano de Torrevieja y representa la mayor superficie del municipio que hasta el momento queda por construir y donde se sitúa la única zona de terreno de secano cubierto, en parte, por algarrobos y olivos.
El colectivo ecologista califica este nuevo plan urbanístico refrendado por el equipo de gobierno del PP como "un nuevo despropósito urbanístico" en el entorno del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja y dentro de "su supuesto" perímetro de protección. Del mismo modo, el proyecto urbanístico afecta a más de 800.000 metros cuadrados de terrenos inventariados por la propia Consellería como terrenos forestales que supone la mitad de la superficie del plan, según este colectivo conservacionista.
En las alegaciones presentadas por AHSA ante la administración que aprobó el proyecto -la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda- se pide su anulación inmediata por su afección al medio ambiente y para evitar masificar todavía más la ciudad, según explicó el portavoz de AHSA, Miguel Ángel Pavón.
Suspensión
Por otro lado la aprobación definitiva del plan La Hoya, según AHSA, se sustenta en la reclasificación de suelo no urbanizable, aprobada mediante el decreto 60/2003, de 13 de mayo, del Consell por el que se aprueba la ordenación de las zonas periféricas de protección del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante. Dicho decreto, se añade, fue anulado mediante sentencia de fecha 30 de junio de 2009 por el Tribunal Supremo, fecha que es anterior a la resolución ahora recurrida en reposición, por lo que "queda sin vigor legal la reclasificación de suelo no urbanizable que se incorpora al ámbito del sector La Hoya debiéndose por ello anular".
Para los recurrentes la magnitud del nuevo sector hubiera debido desencadenar el proceso de revisión del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrevieja, ya que el nuevo sector con más de 1,8 millones de metros cuadrados, "supone una actuación urbanística de gran magnitud cuya idoneidad, desde el punto de vista territorial y ambiental, debería haberse valorado mediante un proceso de revisión del vigente y desfasado PGOU".
Desde AHSA se considera, por otra parte, que se trata de una actuación urbanística insostenible, de gran impacto ambiental y paisajístico negativo sobre el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, "al aumentarse aún más la presión antrópica, con 25.000 personas más en el entorno inmediato del parque, y pronunciar el cerco urbanístico sobre este espacio natural".
Por ello se exige que se revise la declaración de impacto ambiental de modo que sea desfavorable a "este nuevo despropósito urbanístico" en el entorno del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Además se destaca que la aprobación definitiva se ha producido sin el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre disponibilidad de agua potable.
* Información - E.D.G. - 5.12.09
Foto: Una imagen reciente de la zona de la Hoya donde se prevé construir la macrourbanización - LOINO, diarioinformacion.com
40.000 vecinos de Santa Cruz quedan fuera de ordenación
LAOPINIÓN/Tenerife* : La Plataforma en contra del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz volvió ayer a arremeter contra este planeamiento y además, con más crudeza aún que las veces anteriores. El abogado de la Plataforma vecinal, Felipe Campos, consideró "extremadamente grave" que alrededor de cuarenta mil vecinos de la ciudad o, lo que es lo mismo, casi la tercera parte de Santa Cruz se quede fuera de ordenación con las cargas urbanísticas que de ello se derivan.
Más allá de tratarse de casos puntuales, como los ha calificado la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, los miembros de la Plataforma dicen que es una estrategia deliberada que se reparte por todos los lugares del municipio que han "peinado" hasta ahora. El fenómeno de los edificios fuera de ordenación se detectó por primera vez en la urbanización La Florita de Tío Pino de forma casual cuando sus residentes consultaron el nuevo planeamiento.
Centro. A partir de aquí se han ido sucediendo los casos que aparecen como hongos a lo largo de la ciudad. Después de La Florita fue Benito Pérez Armas, luego casi la mitad de El Toscal, a lo que siguió casi toda la zona centro y, especialmente, en la calle San José, donde hay edificios de quince plantas de las que desaparecen siete de golpe o en los alrededores de la plaza de Los Patos. En los últimos días, se han encontrado más inmuebles en el barrio de Salamanca y Nuevo Obrero, aunque prácticamente aparecen en cualquier lugar allí donde se mire, como, por ejemplo, en San Andrés o en Valleseco. Dado que es mínima la cantidad de residentes que conocen que su vivienda se encuentra en esta situación, la Plataforma piensa abrir una oficina para atenderlos de forma personalizada. En estos días han procedido a repartir folletos en los edificios afectados.
Campos insistió en que no se trata de un error, sino en realidad de una estrategia para pasar la volumetría que queda fuera de ordenación a nuevos edificios de varias alturas que están proyectados en los alrededores. Con el fin de no tener que contemplar nuevos espacios libres, se opta por eliminar edificios del planeamiento con lo c ual es como si no existieran ni los inmuebles ni sus inquilinos. Campos calificó de "gravísima la situación generada", que tachó de "auténtico holocausto urbanístico".
Por ello, los miembros de la Plataforma fueron claros al alentar al pueblo de Santa Cruz para que "se levante democráticamente en armas" contra este Plan General. Campos también le pidió al portavoz del Partido Popular (PP), Ángel Llanos, que no se reúna con los redactores del planeamiento al considerar que "aquí ya no hay nada que negociar".
Campos contrapuso "la exquisita sensibilidad" de los redactores para no restarle derechos adquiridos a los propietarios de Montaña Fumero, donde además niega que existan tales, con la manera cómo se trata a estos vecinos. Los miembros de la Plataforma pusieron de relieve los problemas que tienen para contactar con las asociaciones de vecinos ya que sus presidentes ofrecen información sesgada.
El PGO de Arrecife y el caso Unión
El equipo de redactores del Plan General de Ordenación (PGO) de Arrecife formado por Palerm&Tabares de Nava y Senante fueron también los autores del planeamiento de Arrecife, bajo cuyo manto se desarrolló el conocido como caso Unión, en el que hay implicados once cargos públicos y empresarios de la capital conejera. Todos imputados por delitos de cohecho, tráfico de influencias o prevaricación con el nuevo planeamiento en la mano. Los indicios apuntan a que cargos del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) utilizaban el Ayuntamiento para cobrar comisiones por la adjudicación de obras o servicios públicos e incluso promover cambios en e l futuro plan general de la capital a cambio de beneficios económicos. Dimas Martín habría sido el encargado de dar las órdenes y por lo tanto, las investigaciones lo situaron en el vértice de la trama. El equipo de arquitectos no aparece involucrado en esta trama pero, una vez más, se viene a demostrar que en ciertas ocasiones los planes generales se utilizan como el marco perfecto para desarrollar actividades ilegales y así aparecen en los sumarios de los principales casos de corrupción. Estos redactores hace poco han emitido un informe a través del cual se pronuncian sobre los aspectos más cuestionados del planeamiento. En cuanto a Montaña Fumero indican que no construir en este enclave supondría "costosísimos perjuicios económicos al Ayuntamiento debido a que estas operaciones urbanísticas vienen de planeamientos anteriores y tiene todos sus derechos adquiridos". En cuanto a la parcela del colegio Hispano-Inglés en las ramblas donde se prevé la construcción de un edificio de siete plantas, frente a las cuatro que se permiten en su entorno, los redactores señalan que la decisión última recaerá en un Plan Especial del Cabildo, por lo que no consideran vinculante la decisión recogida en el Plan General. En cuanto al edificio antiguo de Presidencia del Gobierno de Canarias también se pospone su decisión final a un Plan Especial del Cabildo. El PGO en este caso se limita a proteger la fachada y el vestíbulo, la escalera, la galería y la terraza y se permite una edificación con 4, 3 y 2 plantas en su parte posterior, preservando un jardín más reducido. En estos dos últimos casos se tratan de actuaciones incluidas dentro del ámbito declarado Bien de Interés Cultural (BIC) del centro de Santa Cruz. Los redactores también admiten que los casos fuera de ordenación de La Florita y Benito Pérez Armas son errores, pero no se pronuncian sobre los que han saltado a la actualidad después. Entre ellos que casi la mitad de El Toscal esté en esta situación o que ocurra otro tanto como el barrio de Salamanca. En cualquier caso se sigue acudiendo al socorrido argumento del error puntual.
* La Opinión Tenerife - NOÉ RAMÓN - 5.12.09
Foto: Ámbito del centro de Santa Cruz, en las manzanas situadas al lado de la plaza de España, con los edificios en oscuro, que significa que quedan fuera de ordenación. la opinión.es
