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TELEPRENSA* : Salvemos Mojácar, una de las organizaciones ecologistas que vienen denunciando las supuestas urbanizaciones ilegales llevadas a cabo al amparo de campos de golf, pone ahora sobre la mesa del impredecible Juez Rivero de Almería -paralizó Algarrobico, declaró ilegal el centro comercial Gran Plaza, pero luego denegó su cierre, etc- un nuevo caso en el que según esta organización se construye una urbanización sobre suelo protegido por el UE como Lugar de Interés Comunitario.
Este colectivo ha presentado en los últimos dos años varias denuncias relacionadas con los macroproyectos ubicados en los sectores AG1, AG2a y AG2b del término municipal de Pulpí, "ya que las más de 200 hectáreas de suelo urbanizable de estos sectores recalificados como Plan Parcial en el marco del PGOU de Pulpí en 2004 están íntegramente ubicados en suelo protegido del Lugar de Interés Comunitario de Sierra del Aguilón" afirman en su útimo comunicado.
El recurso contencioso-administraivo emprendido por la asociación ha sido admitido a trámite la semana pasada en el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Almería, bajo la tutela del Juez Jesús Rivero, "que ya dictó la paralización del Hotel del Algarrobico en otro recurso anterior de la asociación", si bien hasta ahora se daba por sentado que fue Geenpace quien consiguió tal paralización.
La asociación solicitará en breve la paralización de las obras y del riego del campo de golf.
El caso presentado ahora "es especialmente grave ya que la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía dio un informe de impacto ambiental favorable, en lo que parece un flagrante presunto caso de prevaricación. Según declaraciones del propio ex-delegado Juan José Luque a la asociación, se habría hecho en “trueque” a cambio de la explotación de la Geoda Gigante de Pulpí".
Por ello la asociación también considera la posibilidad de emprender querella criminal contra los representantes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Se trata de varios proyectos independientes, el mayor de los cuales, ubicado en el sector AG1 es el conocido como Mundo Aguilón, promovido por ANIDA como Residencial Santa Cristina.
Actualmente el campo de golf de 18 hoyos y casi 200 hectáreas de extensión y tres kilómetros de longitud, está aparentemente terminado, si bien no se usa ni existen viviendas terminadas a su alrededor, "por lo que no cabe duda de que el riego del campo no puede provenir del uso terciario y es por lo tanto ilegal. Teniendo en cuenta que el campo no se va a usar en años, hasta que no se habiten las viviendas en construcción y que por lo tanto sirve solo como un gigantesco cartel publicitario, y que para mantenerlo se utiliza el agua equivalente a una población de entre 8.000 y 16.000 habitantes, la cuestión es de extrema gravedad", afirman desde Salvemos Mojácar.
En cuanto a las viviendas están en ejecución solamente 2 de las más de 20 parcelas previstas y que en total albergarán cerca de 3.000 viviendas, el doble que playa Macenas. Las parcelas en construcción albergan en torno a 205 viviendas: 87 en la RP2 y 118 en la RP12.
* Teleprensa - 3 de Julio del 2008
Foto: Estado actual de las obras - teleprensa.net
Ecologistas de Almería denuncia otro presunto caso de urbanismo ilegal con 3.000 viviendas en zona protegida
Imputan a dos ex alcaldes de San Bartolomé en un nuevo caso de corrupción urbanística
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : Dos ex alcaldes de San Bartolomé de Tirajana han sido imputados en un nuevo caso de corrupción urbanística relacionado con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Marco Aurelio Pérez y José Juan Santana han sido citados a declarar por prevaricación y por estafa.
Marco Aurelio Pérez, José Juan Santana y Juan Francisco Ramírez, éste último en calidad de alcalde accidental en determinado momento del año 2002, han sido imputados por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana por los presuntos delitos de prevaricación urbanística, estafa y prevaricación administrativa, tras una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Las Palmas en la que también aparece como imputado Francisco González y González-Jaraba, cuyo estudio de arquitectura fue adjudicatario de la redacción del Plan General Municipal de Ordenación del municipio.
Según se recoge en la denuncia del Ministerio público, en 2003 el Consistorio concedió una licencia para la construcción de una instalación eléctrica en terrenos anexos a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Tablero. El suelo, conforme al planeamiento vigente, tenía la calificación de rústico de protección natural, mientras que una parte de ellos eran de propiedad privada. Fueron los propietarios los que pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
PROYECTO. A pesar de que el proyecto presentado para la construcción "no contaba todavía con la pertinente autorización o licencia de actividad clasificada", el 24 de julio de 2004, en sesión extraordinaria, "la Junta de Gobierno Local, compuesta entre otros por el denunciado Marco Aurelio Pérez, decidió conceder la licencia solicitada". Todo ello "sin recabar previamente la autorización del propietario privado de los terrenos, y sin modificar el planeamiento municipal para posibilitar que el suelo permitiera la construcción de un equipamiento por parte de una empresa privada".
Esta licencia concedida por el Ayuntamiento sirvió para "dar continuidad a la irregular actuación municipal en esta parcela, que se había concretado con anterioridad cuando el 12 de julio de 2002, la Comisión de Gobierno, integrada entre otros por el alcalde accidental Juan Francisco Ramírez, concedió la autorización para la ocupación y uso de la superficie necesaria para la construcción de la subestación".
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 03 de julio de 2008
Foto: San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), plaza de Maspalomas en Playa del Inglés - EFE
Andalucía, Valencia, Murcia y Canarias, las que más 'maltratan' su litoral
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EFE* : Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias son las autonomías que más "maltratan" su litoral, según la organización ecologista Greenpeace, que ha denunciado además que durante el último año se ha seguido el modelo de crecimiento basado en la degradación del litoral.
Greenpeace ha hecho pública la nueva edición de su informe anual 'Destrucción a toda costa 2008', que pone de relieve además que durante el último año los casos de corrupción urbanística en el litoral ascienden a 67, y que a los tres millones de viviendas proyectadas en la costa en 2007 se han sumado 137 nuevas actuaciones urbanísticas en infraestructuras portuarias.
El 'podio' de las que menos cuidan su litoral lo encabezarían las cuatro comunidades citadas junto a las de Ceuta y Melilla; en el segundo escalón estarían Cataluña, Baleares y Galicia; y el tercer lugar sería para el País Vasco, Cantabria y Asturias.
La organización ecologista ha citado además cuáles son a su juicio los diez 'puntos negros' más amenazados por el ladrillo: Algarrobico, el Puerto de Tarifa, el polo químico de Huelva, el Delta del Ebro, Marina d'Or, el 'Manhattan' de Cullera, el Puerto deportivo de Pasajes, la Ría de Vigo, el puerto de Granadilla en Tenerife y la Marina de Cope en Águilas.
El documento de esta organización recopila hasta cien puntos negros en el litoral español, y cuestiona el modelo de desarrollo económico de los últimos años, basado -mantiene el informe- en la construcción ilimitada a costa de recursos y del patrimonio natural.
De los cien puntos más amenazados, 37 lo son por afecciones a la calidad de las aguas, de los cuales destacan el polo químico de Huelva, la zona más contaminada de Europa y en riesgo de "catástrofe ambiental", y la bahía de Algeciras, ambos en Andalucía, según ha explicado Julio Barea.
También la costa de Tarragona, la ría de Vigo, la ría de O Burgo y Corcubión, ambas en La Coruña, la bahía de Santander, Guardamar del Segura (Alicante), la bahía de Palma de Mallorca o la bahía de Portman (Murcia) registran una contaminación "severa".
Galicia es la comunidad con más puntos negros, ya que acumula 19 de los cien, seguida de Andalucía, con 18; Comunidad Valenciana (11), Cataluña y Canarias, ambas con 10; Baleares y Murcia (7 en cada una de ellas), Asturias (6), Cantabria (5) y Ceuta y Melilla (uno en cada caso).
El director de Greenpeace, Juan López de Uralde, ha denunciado que la crisis está produciendo un parón en la construcción inmobiliaria, a pesar de las viviendas ya aprobadas, a favor de las infraestructuras en el litoral. El informe critica la demagogia de todas las administraciones respecto a estas construcciones, ya que no existe ni una sola región que prevea limitar el número de amarres en los puertos deportivos.
Uralde ha considerado que la crisis puede ser una oportunidad para "para meter mano de una vez al tema de la corrupción", ha pedido aplicar ya la Estrategia de sostenibilidad de la costa y ha recordado el compromiso de Gobierno respecto a la demolición del Hotel Algarrobico.
La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace Pilar Marcos ha denunciado el afán de los ayuntamientos por clasificar suelo urbanizable y ha advertido del declive de las ventas de casas en la playa, que llega hasta un 70 por ciento en Alicante.
El informe esta año va acompañado de un vídeo con fotografías de Pedro Armestre, que muestra imágenes "a vista de pájaro de lo bueno y lo malo que tenemos", según ha explicado él propio fotógrafo.
* El Mundo - EFE - 02/07/2008
Foto: Destrucción a toda costa, 2008. Hotel ilegal Algarrobico, Cabo de Gata. Almería./ greenpeace.org
La desidia de La Vila y del Consell beneficia al Atrium en 12 millones
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de La Vila Joiosa y el Consell, ambas instituciones en manos del PP, dispusieron de un plazo de tres años para activar el expediente por infracción urbanística por exceso de obra al promotor del hotel Atrium Beach que incluía una multa de 12 millones de euros, y no lo hicieron.
La resolución del primer y único expediente, abierto el 31 de marzo de 2004, fue comunicada fuera del plazo legal de seis meses. Este dato ha llevado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a dar la razón a la promotora del complejo levantado en primera línea de la Cala de La Vila, Hotel Luna, SA, por defectos de forma. El TSJ ha declarado nula la sanción.
El Consell notificó al promotor la resolución de la sanción 16 días después de que finalizara el plazo, cuando el expediente ya había caducado. El entonces consejero de Territorio, Rafael Blasco, la calificó como una "sanción ejemplar" sobre el urbanismo salvaje. Pero nunca se iba a cobrar. Ni la notificación estaba en plazo ni la Administración intentaría corregir en los tres años siguientes el error.
Las infracciones urbanísticas tienen una vigencia de cuatro años, un plazo transcurrido el cual prescriben y ya no se puede actuar legalmente. Durante ese periodo se pueden abrir tantos expedientes sancionadores como sea necesario. Estos tienen validez durante seis meses, transcurridos los cuales -como ocurrió en este caso- caducan y deben iniciarse de nuevo. La sentencia del TSJ recoge que la Administración sancionadora, el Consell, argumentó en el proceso que "no disponía del expediente (...) por haberse tramitado por el Ayuntamiento", lo que no justifica, a juicio del TSJ, su validez.
El exceso de obra (53.000 metros cuadrados) del Atrium se destapó en septiembre de 2003, a raíz de dos accidentes laborales que costaron la vida a tres albañiles. Por tanto, la infracción urbanística prescribió en septiembre de 2007, es decir, cuatro años después. Sin que el Ayuntamiento actuara de nuevo, dando por válido el proceso ahora anulado.El artífice de aquella "sanción ejemplar" al urbanismo salvaje, el entonces consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, rechazó ayer cualquier responsabilidad por la falta de diligencia para aplicar la sanción y responsabilizó al Ayuntamiento de La Vila, gobernado por el PP, y a sus sucesores en el departamento, de no culminar su obra. Un portavoz oficial de la Consejería de Inmigración -de la que es responsable en la actualidad Blasco- explicó que "fuimos nosotros quienes tomamos la decisión de sancionar a la empresa, y la llevamos incluso al pleno del Consell, que la aprobó a instancias nuestras". La tramitación "debió competer al Ayuntamiento, que no lo hizo correctamente", señaló este portavoz de Blasco. Sobre los tres años en los que se pudo instar desde la consejería a abrir un nuevo expediente, indicó: "Nosotros pasamos a Sanidad [en mayo de 2006] y vino un nuevo responsable al departamento [Estaban González Pons]".
Por el contrario, el portavoz socialista en materia de Medio Ambiente, Francesc Signes, explicó que "la absolución del Atrium no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda del Consell", en referencia al hecho de que la consejería, aseguró, "eludió realizar los trámites necesarios para que no caducaran las sanciones impuestas al Hotel Atrium". Para Signes, el Atrium es "el ejemplo perfecto de la sumisión del Consell a los intereses urbanísticos".
El alcalde de La Vila, el socialista Gaspar Lloret, declinó ayer hacer declaraciones. El concejal de Urbanismo, Vicent Serra, del Bloc, culpó al PP de la "dejadez y mala gestión". "Vendió humo en toda la comunidad cuando puso al Atrium como ejemplo de que los infractores pagarían", señaló. Desde 2004 y hasta las elecciones municipales de 2007, los partidos de la oposición en el Consistorio vilero, hoy integrantes del Gobierno cuatripartito, solicitaron en varias sesiones plenarias información del expediente al instructor del mismo, el entonces edil de Hacienda, Isidro Cantó. Fuentes cercanas al Gobierno cuatripartito explicaron que hoy estudiarán emprender acciones legales contra Cantó. De hecho, fue el edil de Hacienda el que incluyó en los presupuestos de 2005 el ingreso correspondiente a esta sanción, a pesar de que estaba recurrida. El Gobierno del PP se gastó aquel año un dinero que nunca ingresó.
Hotel Luna, SA, interpuso el recurso contra la sanción de 12 millones de euros el 28 de octubre de 2004, es decir, cuando restaban tres años para que la infracción prescribiera. Este recurso, resuelto ahora por el TSJ, no alertó a los dirigentes populares para revisar su gestión, comprobar las fechas e iniciar otro expediente. Contra la resolución del TSJ cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque fuentes municipales se han mostrado pesimistas por las referencias de la sentencia a la jurisprudencia del alto tribunal.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 03/07/2008
Foto: Villajoyosa (Alicante), complejo hotelero Atrium - diarioinformacion.com
Más de 130 municipios españoles están imputados por casos de corrupción
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ELCONFIDENCIAL* : Los responsables españoles de la organización de lucha contra la corrupción Transparencia Internacional (TI) presentaron ayer un demoledor estudio sobre la transparencia en los cien ayuntamientos más grandes de España. Aunque no dieron a conocer los resultados, debido a que faltan la mitad de las repuestas de los consistorios sobre ochenta indicadores de evaluación, sí desglosaron algunos puntos que denotan la gravedad del fenómeno.
El catedrático de la universidad Rey Juan Carlos y miembro del consejo de TI-España, Manuel Villoria, destacó que la corrupción urbanística en el ámbito municipal es "preocupante" ya que de los 8.200 municipios, 133 tienen algún tipo de imputación por este motivo.
Además, subrayó que en el 70% de estos municipios imputados, el alcalde ha sido reelegido en las últimas elecciones municipales y que "en cuatro de los cinco casos en los que el regidor ha sido condenado ha aumentado el número de votos".
En cuanto a la percepción de los españoles sobre la corrupción, el informe revela que España ha retrocedido de un 7 de valoración en el año 2000 a un 6,7 en 2007, lo que supone el puesto 25, dos más que en el ránking de 2006 cuando el índice logrado fue de 6,8 puntos sobre diez.
España está por detrás de naciones como Dinamarca, Finlandia, y Nueva Zelanda (con 9,4 todos), Singapur y Suecia (9,3), Islandia (9,2), Holanda y Suiza (9); Canadá y Noruega (8,7), Reino Unido (8,4), Estados Unidos (7,2) y por delante de Portugal (6,5), Italia (5,2) y Grecia (4,6), entre otros.
Estos datos contrastan con el hecho de que desde 1997 no ha superado el 3% el número de ciudadanos españoles que consideran la corrupción como el problema más grave.
El ránking definitivo sobre transparencia en los ayuntamientos se hará publico a finales del mes de julio, según aseguró ayer el presidente de TI-España, Jesús Lizcano, quien adelantó que en el último mes y medio "muchos ayuntamientos están publicando en sus páginas web más información de la habitual para obtener una mejor puntuación".
* El Confidencial - Agencias -26/06/2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es
Ciudadanía contra especulación
MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ* : Con urgencia, esta semana recibo una petición económica: el Tribunal Superior de Justicia le pide a Ecologistas en Acción que deposite una fianza de 500.000 euros para que se lleve a efecto la paralización de las obras de la carretera M-501. Sí, han leído bien: esa "pequeña" cantidad económica. ¿Cómo se puede "castigar" así a esa modesta organización ecologista que, con su acción judicial, no ha hecho más que velar por el derecho de muchos ciudadanos a que se preserve un espacio amenazado por una nueva infraestructura viaria?
Lo más alarmante del caso no es sólo la cantidad de la fianza, sino que las obras ya fueron iniciadas por la Comunidad Autónoma de Madrid mediante una transformación de la carretera originaria en "autovía" que el propio TSJ ha declarado ilegal, instando a la CAM a "la restauración del entorno natural a su estado original".
¿Hasta dónde va a llegar esta fiebre urbanizadora? ¿No es esa carretera reconvertida en autovía sino un señuelo para multiplicar desmesuradamente la edificabilidad en nuevos municipios de la comunidad?
¿De qué sirven las denuncias ciudadanas y ecologistas, y las sentencias judiciales que les dan la razón, si la maquinaria gobernante y los agazapados constructores hacen caso omiso? Decididamente, escasa pedagogía socioambiental nos está proporcionando este caso tan sintomático y que tantas puertas abre a especulaciones futuras.
* ELPAIS.com - Opinión - Madrid - 03/07/2008
