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ELMUNDO/Mallorca* : La juez del caso Andratx imputa un delito de tráfico de influencias al histórico ex jefe de Costas de Baleares por lograr que el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar recalificara en su Plan Territorial los tres solares que posee en una zona protegida y catalogada como ANEI (Área Natural de Especial Interés) denominada Punta de Sa Gavineta.
Una operación para la que el también ex presidente del Círculo de Bellas Artes no dudó en emplear a su propio hijo Antonio Garau Obrador con objeto de que, desde su puesto de vocal de la Ponencia Técnica de Urbanismo de la institución insular, votase a favor de la reconversión urbanística de dichas parcelas protegidas.
La magistrada María del Carmen González ha decidido asimismo imputar por el mismo delito a Garau Obrador teniendo en cuenta no sólo su condición de hijo del propietario de los terrenos sino la existencia en el momento de la votación de un informe técnico que dejaba constancia de la «falta de servicios» de la zona. Una circunstancia que impedía que los terrenos de Garau pudiesen ser declarados como zona urbanizable.
Pese a que finalmente la reconversión no llegó a materializarse al oponerse a la misma el ex alcalde de Andratx por el PP Eugenio Hidalgo, que era quien tenía que dar el visto bueno definitivo a la misma –solicitó sin éxito como condición de acuerdo con sus técnicos que si se declaraban urbanos los terrenos de Garau debían serlo también el resto ubicados en la zona para que no hubiera discriminaciones–, la juez subraya que Garau hijo «defendió la postura de la naturaleza urbana de los solares en cuestión aún y cuando constaba la existencia de una visita de inspección de junio de 2005 que no detecta ningún servicio, salvo un acceso más bien rural».
* El Mundo - Esteban Urreiztieta | Palma - 17.09.09
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
Mallorca: La juez imputa a Garau por tráfico de influencias para lograr un 'pelotazo'
Ourense: La crisis y el rechazo vecinal frenan proyectos para hacer seis parkings en el casco urbano
FARODEVIGO* : Por un lado el recelo de las empresas constructoras a invertir en un momento de crisis económica y por otro el rechazo de ciertos colectivos y plataformas vecinales a que les quiten la paz del barrio con un parking están frenando la construcción de una media docena de estacionamientos subterráneos en el casco urbano, con los que el Concello pretende paliar , según la edil de Urbanismo Áurea Soto, "el creciente déficit de plazas que hay en determinadas zonas de la ciudad".
El caso más reciente y con una polémica más estéril es el del parking previsto para la calle Valle Inclán en la confluencia con Celso Emilio Ferreiro y bajo unos jardinillos colindantes con los antiguos pabellones militares.
Los vecinos se habían puesto en pie de guerra contra la instalación de una grúa en ese jardín para hacer un hotel y sobre todo contra la "inminente" construcción señalaron de un parking subterráneo de cuatro plantas bajo los mencionados jardinillos. Pero no hay tal aparcamiento, al menos por ahora.
Tras la reunión mantenida esta misma semana entre el portavoz de la plataforma vecinal de Valle Inclán José Antonio Alonso, colectivo contrari a la construcción de este parking, con el alcalde, Francisco Rodríguez y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, "le aclaramos que no está previsto construir ningún estacionamiento en la zona, porque primero no hay empresas interesadas en hacer la oferta y además lo único que hicimos público fue un estudio de viabilidad de ese parking", explicó la concejala.
El alcalde se comprometió además en esta reunión con los vecinos de la calle Valle Inclán y aledaños "a informarlos con suficiente antelación de todo lo que ocurra con este proyecto, porque nosotros creemos que no va a beneficiar a nuestra zona, supondrá el cierre de comercios y además si se hace eliminará casi cien plazas de uso libre en superficie" en todo el entorno , indica el portavoz vecinal.
Para Áurea Soto, la situación es especialmente difícil "y todas las propuestas de estacionamiento subterráneo que tenemos en marcha salvo una prevista para a A Ponte están paradas porque no conseguimos captar el interés de las empresas constructora, en un momento que consideran que no es el más adecuado para invertir y menos una cantidad tan importante".
Ahí quedan los proyectos de estacionamiento subterráneo en calle Dalí en el barrio de O Couto, que no han conseguido candidatos pese a que se encuentra en una zona de crecimiento y que tras la apertura de esta calle acercaría ese parking al centro urbano. los vecinos tampoco quieren este aparcamiento. Tampoco hay candidatos para el parking de Pena Trevinca propuesto por el PP, , el de las naves de Tabarés en A Ponte o el de ampliación del edificio Solaina cerca de Os Remedios.
* Faro de Vigo - M.J.A. - 17.09.09
Foto: Parque de los pabellones militares en Valle Inclán. // Iñaki Osorio, farodevigo.es
Estepona: 'Astapa', gota a gota
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SUR/Málaga* : Un 70% de la documentación intervenida en la operación contra la presunta trama de corrupción municipal en Estepona aún está por analizar y el juzgado continúa sin juez de apoyo. Los agentes que participaron en la operación policial que puso al descubierto la presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona requisaron toneladas de documentos y una veintena de discos duros de ordenadores en los casi 40 registros que se practicaron tanto en dependencias municipales como en despachos profesionales y domicilios particulares.
Quince meses después de la 'operación Astapa' sólo un 30% de la documentación intervenida ha podido ser analizada por los investigadores, que tienen que dar con los hilos de donde tirar para que pueda seguir avanzando la instrucción judicial. La causa, además, sigue lastrando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, uno de los más colapsados del país, que aunque cuenta ya con un juez titular desde este verano, continúa aún sin un magistrado de apoyo que pueda ocuparse del resto de los asuntos.
Ciento cincuenta cajas, con miles de folios cada una, contienen toda la documentación intervenida en los registros de 'Astapa'. Hasta ahora los investigadores han podido analizar solo un 30% del total. El gran volumen de papel hace complicado su manejo y, por tanto, ralentiza su estudio. Hace unos meses el juzgado solicitó a la Junta de Andalucía que pusiera los medios para escanear las toneladas de documentación, «sobre todo, para hacer más fácil y rápido ese análisis», según explicaron fuentes del caso. Sin embargo, esa digitalización aún esta pendiente. «Es una tarea complicada que aún no se ha podido llevar a cabo por la baja por enfermedad del especialista que debe hacerlo», se excusaron fuentes de la Consejería de Justicia y Administración Pública que, sin embargo, no fijaron fecha para el comienzo de la digitalización.
Convenios urbanísticos
El caso es que miles de documentos relacionados con convenios urbanísticos, expedientes de disciplina y contratos, entre otros, del Ayuntamiento de Estepona aún están por examinar y, por tanto, de sostener con pruebas contundentes lo ya averiguado hasta ahora en el transcurso de la investigación. También está pendiente de conclusión la valoración económica de los aprovechamientos y compensaciones de terrenos que se acordaron en los convenios que suscribió el Consistorio.
El gota a gota de Astapa es un suma y sigue. El caso ha estado prácticamente paralizado tras la marcha de su jueza titular, a finales del año pasado. Isabel Conejo apenas llevaba nueve meses en el juzgado cuando solicitó el traslado a otro de nueva creación. La oficina judicial estuvo entonces a cargo de una jueza sustituta, Virtudes Molina, a quien correspondió la decisión de levantar parcialmente el secreto de sumario el pasado mes de junio, un año después de que se desencadenara la operación policial.
El nuevo titular, Jesús Torres Núñez, recién salido de la Escuela Judicial, aterrizó este verano en el complejo juzgado, el primer destino de en su carrera. En un tiempo récord ha tenido que ponerse al día del asunto, al que, sin embargo, no se podrá dedicar en exclusiva porque todavía no ha sido nombrado el juez de apoyo que deberá ocuparse del resto de los asuntos, que no son pocos, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, un destino que nunca ha tenido novios. Nadie lo quiere y por eso ningún juez, hasta el momento, se ha ofrecido de forma voluntaria como candidato a realizar las tareas de apoyo que necesita la oficina judicial. Fuentes judiciales, explican que «habrá que recurrir a la figura de la comisión de servicio». Por cierto, un sistema de trabajo que reservó en Marbella la gran sorpresa del 'caso Malaya' al recordado magistrado Miguel Ángel Torres, actualmente en destino mucho más tranquilo: Granada.
* SUR - MONTSE MARTÍN - 17.09.09
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
El juez imputa por prevaricación a los alcaldes de Yaiza, Tinajo y Arrecife
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : La 'Operación Unión' gira de nuevo. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha citado en calidad de imputados a los alcaldes de Yaiza, Tinajo y Arrecife dentro de una ronda de declaraciones que se prolongará desde el próximo viernes 18 de septiembre hasta el finales del mes de octubre.
Se trata, básicamente, de personas que ya prestaron declaración ante la Guardia Civil y a los que el juez imputa ahora de manera oficial en el marco de la presunta trama de corrupción que afecta a numerosas instituciones públicas de Lanzarote.
Las imputaciones más relevantes de esta segunda fase de la 'Operación Unión' tienen que ver con los máximos responsables de los Ayuntamientos de Yaiza, Tinajo y Arrecife. El magistrado instructor, que dirige la investigación junto a la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas y la Guardia Civil, ha citado como imputada a Gladys Acuña, máxima responsable del consistorio de Yaiza y perteneciente al PIL (Partido de Independientes de Lanzarote), formación que preside el principal imputado de esta causa, Dimas Martín.
Según aseguran fuentes próximas a la investigación, la citación de Acuña podría estar relacionada con un presunto delito de prevaricación a la hora de tramitar la licencia para construir la vivienda del arquitecto Carlos Morales, también investigado en la trama. Morales prestó declaración ante la Guardia Civil el pasado 3 de junio y se le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, por la construcción de una vivienda en Puerto Calero (Yaiza), en terreno protegido.
Otro de los aspectos por el que se investiga a la alcaldesa Gladys Acuña tiene que ver con el envío de una cuadrilla de trabajadores del ayuntamiento a una de las viviendas del líder del PIL, Dimas Martín, para realizar una serie de obras con cargo, presuntamente, al erario público municipal.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - 16.09.09
Foto: Arrecife (Lanzarote) - EDDC.NET
