EL PAÍS* : "El cemento avanza imparable por la costa española. El caos urbanístico es especialmente llamativo en el litoral Mediterráneo. Si en el año 2000, el 26% de los dos primeros kilómetros de costa estaban construidos, en 2005 el porcentaje ascendía a más del 30%, según un cálculo a la baja del Observatorio de la Sostenibilidad. Esto supone que en cinco años el ladrillo ha cubierto de media más de tres hectáreas al día, como tres campos de fútbol. Eso como mínimo, porque el cálculo está basado en el ritmo de crecimiento observado entre 1990 y 2000, mucho menor que el actual. La Costa del Sol es el modelo, no la excepción.
La Ley de Costas de 1988 impedía construir en los 100 primeros metros de litoral, pero la norma se incumple debido en parte a que muchos de esos terrenos fueron declarados urbanizables antes de la norma. Medio Ambiente asegura que ha demolido 300 obras en la costa desde 2004, pero aún hay 2.500 kilómetros (el 25%) en los que el Gobierno no ha delimitado la zona pública y la privada y eso impide aplicar la Ley.
Aunque muchos promotores están pasando de la costa al interior por abaratar costes, el hotel del Algarrobico, que la Junta de Andalucía, del PSOE, autorizó a 20 metros del mar y en el Parque Natural del Cabo de Gata, tiene muchos imitadores.
ALMERÍA Jaque a los acantilados
La costa de Almería es una sucesión de grúas. Uno de los proyectos más espectaculares es el que la empresa Almerinvest promueve en los acantilados de Aguadulce (Roquetas de Mar, Almería). Las grúas están desmontando unos escarpados acantilados junto al mar para construir 600 viviendas en torres de más de 10 pisos. Cuentan con el apoyo directo del ayuntamiento (del PP) y del indirecto de la Junta, que aunque se opuso a la aprobación municipal y detectó decenas de irregularidades en el plan, no lo recurrió a tiempo.
Los terrenos son urbanizables desde 1997 y el Ayuntamiento de Roquetas aprobó el plan parcial en noviembre de 2002. La Comisión de Urbanismo afirmó entonces que no tenía todos los datos para emitir el informe preceptivo, pero el Ayuntamiento decidió aprobarlo sin el apoyo de la Junta. La administración autonómica pudo entonces recurrir a los tribunales, pero no lo hizo. En febrero de 2005, el Ayuntamiento firmó un convenio con los promotores para urbanizar los acantilados y a mitad de año comienzan los desmontes. Entonces, a petición de la plataforma en defensa de los acantilados de Aguadulce, la Junta revisó todo el expediente: el 26 de julio de 2005 detectó una decena de irregularidades y en 2006 decidió no recurrir el plan. A cambio, SOS Acantilados y la Junta han ido recurriendo a los tribunales todos los actos siguientes, pero las obras siguen con permiso de los jueces, ya que el trámite principal, el plan parcial, está vigente.
LA MANGA DEL MAR MENOR Ganando terreno al mar
En los 45 ayuntamientos de Murcia hay suelo recalificado para 800.000 nuevas viviendas. La zona más saturada es el Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa, un espacio protegido junto al que hay previstas 200.000 casas. El Mar Menor está delimitado por La Manga, una lengua de tierra única. Pero ya está tan construida que el Gobierno regional, del PP, en contra de sus servicios jurídicos, autorizó un complejo con un gran puerto deportivo en terreno ganado al mar. El Tribunal Superior de Murcia ha paralizado cautelarmente la obra, llamada Puertomayor. El número tres del PP, Antonio Sánchez Carrillo, era consejero de la empresa. La obra estaba amparada en una licencia de 1975. La urbanización y la agricultura ha aumentado tanto los vertidos a la laguna que han proliferado millones de medusas.
LANZAROTE El Algarrobico canario
A cientos de kilómetros del Mediterráneo, en medio del Atlántico, sobre la misma Playa Blanca, en Yaiza (Lanzarote), se ha levantado un hotel de 640 plazas que invade el dominio público, linda con el parque protegido de Los Ajaches y tiene siete alturas, cuando sólo se permiten cuatro. La Fundación César Manrique recurrió la licencia y el 15 de enero de 2007 fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado el trámite para expropiar y derribar el edificio, ocupado por turistas que desconocen la ilegalidad.
El alcalde que concedió la licencia, José Francisco Reyes (antes Coalición Canaria, ahora Partido Nacionalista de Lanzarote), está denunciado desde el pasado diciembre por la Fiscalía por delitos urbanísticos y prevaricación. Se presenta a las municipales.
La licencia anulada fue concedida a la empresa Explotaciones Hoteleras Nueva Valencia SL, que posteriormente la traspasó a Papagayo Arenas SL. El Cabildo insular de Lanzarote, que también recurrió las licencias, denuncia "una estrategia coordinada en los ayuntamientos de Yaiza y Teguise para autorizar la ejecución de enormes complejos turísticos obviando el Plan Insular", lo que supone más de 12.000 camas hoteleras ilegales. Entre otros vínculos familiares entre responsables de la empresa y municipales, el arquitecto del hotel, Ángel García Puertas, había sido años antes el arquitecto de la Oficina Técnica Municipal de Yaiza, según el Cabildo. Reyes y el alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández (antes del PIL y ahora de CC), estaba citado en el juzgado para mañana, pero se aplazó por las elecciones.
* Información de Sofía Menéndez, Rafael Méndez y Tono Calleja.
* ELPAIS.com - Madrid - 24/05/2007
Foto: obras PuertoMayor (Murcia) /laverdad.es
El cemento cubre un 30% de costa mediterránea
Un juez paraliza el mayor PAI, en Jijona, por «no encajar con el interés público»
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B.SIRVENT.- LaVerdad* : "El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha fallado contra el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Jijona y la promotora Construcciones Valencia Constitución SL en el mes de noviembre del año 2005 para recalificar algo más de siete millones de metros cuadrados en uno de los principales secarrales de España. El PAI El Espartal es el mayor en extensión de casi el centenar que hay proyectados y en tramitación en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Este plan urbanístico, además, está siendo investigado por un juez de Instrucción de San Vicente, que ha abierto recientemente diligencias, por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de coacciones al denunciar la oposición socialista que el Ayuntamiento gobernado por Rosa Verdú, del PP, contrató al mismo abogado que representaba a esta promotora para la gestión del suelo y el desarrollo del concierto previo del Plan General de Ordenación Urbana.
El titular de la sala de lo Contencioso, Ricardo Estévez, en fallo notificado hace dos días y emitido el 15 de mayo, dictamina, en relación al convenio entre el Consistorio y la promotora con sede en Valencia, que «su carácter marcadamente privado encuentra difícil encaje en los intereses públicos, que han de satisfacerse mediante los convenios en general y los urbanísticos en particular». El PSPV, a través de su portavoz y candidato a la alcaldía, Ferran Verdú, uno de los cinco ediles del grupo socialista que presentó el recurso hace año y medio, alerta de que no sirve ya el concierto del PGOU, que en su día presentó el equipo de gobierno ante la comisión provincial de urbanismo y cuya elaboración estaba ligada al desarrollo del PAI El Espartal.
De hecho, el fallo dice textualmente, tras estimar el recurso contencioso-administrativo contra la resolución del 26 de enero del 2006, de la alcaldesa Rosa Verdú, desestimatoria del recurso de reposición contra el acuerdo de la junta de gobierno del mes de noviembre anterior (cuando se aprueba el convenio con la promotora privada): «Acto que declaro nulo y sin efecto por no ser conforme a Derecho». En la práctica, el mayor plan urbanístico de la Comunidad Valenciana queda paralizado, así como la petición para recalificar como urbanizable casi 7,5 millones de metros cuadrados.
Apelación al TSJ
El fallo que estima el recurso contencioso-administrativo, sobre el que los demandados pueden interponer recurso de apelación ante el mismo juzgado y para su resolución por la Sala de lo Contencioso del TSJ de la Comunidad Valenciana, fundamenta que el Ayuntamiento «debería promover una convocatoria pública respetuosa con los principios de concurrencia y publicidad, ya que no se trata de una concesión graciosa del aspirante urbanizador, sino de la anticipación de unos gastos que finalmente habrán de ser satisfechos por los propietarios del sector».
El acto administrativo impugnado es la aprobación de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento jijonenco y Construcciones Valencia Constitución para la gestión de suelo y la tramitación del concierto previo. El mayor plan urbanístico de la Comunidad Valenciana prevé la construcción de 5.400 viviendas y un campo de golf. Los socialistas jijonencos alegaban que su ejecución conllevaría una recalificación de terrenos al margen del actual PGOU de Jijona.
El secretario de Urbanismo y Vivienda del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, consideró, en declaraciones que recoge Efe, que el fallo «demuestra, una vez más, que es hora de cambiar este tipo de urbanismo, porque el modelo del PP no sólo destruye nuestro territorio, sino que, además, es ilegal». Según Burriel, el modelo urbanístico del Consell de Camps «da inseguridad jurídica a ciudadanos y empresarios y prueba de ello es que cada vez hay más sentencias condenatorias».
* La Verdad - 24 de mayo de 2007
Foto: RECREACIÓN. Chalés con campo de golf al fondo. / L. V. /laverdad.es
El cemento releva al 'Prestige'
P.OBELLEIRO.- El País* : "Si se le pregunta a un andaluz, un catalán o un madrileño por algún titular llamativo de las elecciones municipales de 2003, sin duda citaría el avance del PP en la Costa da Morte, una de las más castigadas por la catástrofe del Prestige, ocurrida seis meses antes. Aquellos resultados chocaron con la imagen de semanas previas de contestación social sin precedente contra la gestión de la crisis de los gobiernos de Aznar y de Fraga. Hoy el fuel ha dejado paso al cemento, que centra con una inusitada virulencia la disputa de las elecciones del domingo. A favor o en contra de la moratoria de la Xunta para construir en el litoral, todas las opciones políticas coinciden en que quizás llegue tarde para este rincón de la península. Los carteles de los candidatos a estos comicios compiten en el paisaje de la Costa da Morte con anuncios de venta o alquileres de apartamentos y el perfil de innumerables grúas.
El urbanismo está "en boca de todos", confirman políticos locales de todas las ideologías. Y no sólo porque destroza el paisaje y los recursos naturales de una comarca muy subsidiada que, sin industria, aún vive esencialmente del mar y la pesca. O porque arruina las perspectivas de organizar un sector turístico que constituiría una alternativa económica. El urbanismo preocupa, en esta campaña, esencialmente porque, como en todo, toca al bolsillo de cada uno.
Desaparecieron las sustanciosas ayudas por el Prestige y las contrataciones masivas en las cuadrillas de limpieza del chapapote que, para el PSOE, fueron el principal aporte de votos al PP en 2003. Marineros y mariscadoras llegaban a ganar más que faenando, reconoció el alcalde de Muxía, Antonio Blanco (PP). Cuatro años después, el bum urbanístico disparó los precios del mercado inmobiliario y los pisos de tanta nueva construcción ya no están al alcance del poder adquisitivo de la mayoría de los habitantes de la Costa da Morte.
Los jóvenes, ya penalizados por la escasez de empleo, son los más perjudicados. Comprar una vivienda en su pueblo resulta inviable. "Para la gente de aquí, pagar 30 o 35 millones de las antiguas pesetas por un piso es una barbaridad. Los compran los de Madrid o Bilbao, no los de aquí", corrobora Rafael Suárez Lema, un abogado treintañero que se estrena en la política como cartel electoral del PP en Ares, una de las pocas localidades de la comarca en las que los socialistas lograron hace cuatro años una cómoda mayoría absoluta.
En esta villa de paradisiacas playas, el "urbanismo desenfrenado", denuncia Suárez, también está en primera línea del rifi-rafe electoral, después de que la Xunta informase en contra del proyecto municipal de ordenación por planificar excesiva construcción. La presión urbanística es consecuencia directa de la marea negra del Prestige, cuya repercusión mediática desveló una costa tan bella como sin explotar. Un diamante en bruto que avivó todas las codicias.
Al amparo del desierto de regulación y normas urbanísticas que caracteriza todos los municipios de la zona, se desató la construcción desenfrenada de urbanizaciones residenciales pese a que no cesó de caer la población. En un año, la comarca perdió mil habitantes pero su costa se vistió de hileras de edificios vendidos fuera de Galicia que sólo se ocupan dos meses al año. "Y todas requieren servicios" que merman los ya exiguos presupuestos municipales e impiden dedicar el dinero a generar riqueza en los pueblos, alerta el presidente de los profesionales del turismo en A Costa da Morte, Manuel Pan.
El triángulo que conforman Fisterra, Cee y Muxía, y que en 2003 Mariano Rajoy, entonces vicepresidente del Gobierno al mando de la gestión del Prestige, convirtió en "símbolo" electoral tras lograr sus tres alcaldes del PP mayorías absolutas, encabeza hoy en Galicia los índices de la construcción.
El 444% de Fisterra
En Fisterra la edificación ha aumentado un 444% en los dos últimos años. Más al norte, en Malpica (PSOE), también se multiplica. Tres urbanizaciones en esta localidad y unas 400 viviendas a pie de playa en la carretera de entrada a Fisterra, gobernada por el PP, están en los tribunales. En Cee, la fiebre por construir en un relleno abrió otra polémica, a golpe de riadas. Los negocios inmobiliarios del hijo del alcalde de Cee y un sobrino del de Muxía, ambos asociados a uno de los constructores más dinámicos de la comarca, alimentan la controversia.
Ningún partido escapa a las denuncias. En Corcubión, la playa de Quenxe ilustra desde hace años la destrucción de la costa. Apeado en 2003 de la alcaldía tras 24 años, Rafael Mouzo, del BNG, hoy de nuevo candidato, aprovechó sus últimos días en el cargo para dar licencia para construir una nueva urbanización. La paralizó su sucesor.
* ELPAIS.com - A Coruña - 23/05/2007
Foto: Fisterra /centros.edu.xunta.es
