IDEAL* : Está acusado de presunta prevaricación urbanística en la concesión de licencia de ocupación de unas viviendas y posterior recepción de las obras sin que estuvieran acabadas.
La Fiscalía pide 28 años de inhabilitación especial y otros dos de cárcel para el alcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández-Sanz (PP), por presunta prevaricación urbanística en la concesión de licencia de ocupación de unas viviendas y posterior recepción de las obras sin que estuvieran acabadas.
En su escrito de acusación, el fiscal solicita también 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público y otros dos de cárcel para los cuatro miembros de la Junta de Gobierno Local que aprobaron la operación junto al alcalde.
La Fiscalía atribuye a los cinco la presunta autoría de un delito continuado de prevaricación urbanística y otro de prevaricación ordinaria, mientras que al alcalde lo acusa también de un delito continuado de prevaricación ordinaria, según el escrito.
Los hechos se remontan a julio de 2007, cuando los acusados adoptaron "unánimemente" un acuerdo relativo a la concesión de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización del plan parcial de desarrollo de las normas subsidiarias, conscientes, dice la Fiscalía, de que este proceder era contrario a las normas urbanísticas vigentes.
Y ello porque la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) prohíbe expresamente la concesión de licencias de primera ocupación sin la previa finalización de las obras.
Los acusados prescindieron también del preceptivo informe jurídico sobre adecuación del acto a la legalidad, pese a que tal omisión había sido advertida por el secretario municipal.
En octubre de ese año, los acusados, también de forma unánime, votaron a favor de la concesión de licencia de ocupación para un total de 46 viviendas de la misma urbanización, "con idénticas infracciones legales", pues las obras seguían sin estar terminadas ni recepcionadas por el Ayuntamiento, había un informe contrario del técnico municipal y se prescindió del informe jurídico.
Según el fiscal, la concesionaria de las obras pidió la recepción parcial de las mismas, si bien el arquitecto técnico municipal emitió un informe desfavorable al entender que éstas tenían importantes defectos y omisiones, entre otras consideraciones.
Pese a ello, la Junta de Gobierno Local acordó la recepción de las obras de urbanización sin hacer referencia a su "carácter parcial" (para favorecer así la recepción total) y condicionándola a que en el plazo de 90 días se subsanasen las deficiencias.
Pero "transcurridos solo quince días de los noventa fijados" y en virtud de un escrito de la concesionaria en el que se afirmaba que las deficiencias habían sido corregidas, el alcalde "tomó la decisión de poner fin al procedimiento cualquiera que fuese el estado de las obras de urbanización" y en noviembre de 2007 ordenó al técnico municipal que emitiera informe sobre la subsanación de las deficiencias.
El técnico volvió a informar en contra de la recepción, pese a lo cual el alcalde, "llevado de la determinación de proceder a la recepción total y definitiva de las obras (..) aun prescindiendo de las normas y garantías legales aplicables y haciendo caso omiso a lo informado por el funcionario de la corporación", dio por subsanados los defectos y recepcionó las obras, según la Fiscalía.
* Ideal - 09.02.12 - EFE
Foto: Otura (Granada), ayuntamiento - foro-ciudad.com
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LASPROVINCIAS/Valencia* : Tavernes se muestra predispuesta a que pueda desarrollarse un plan urbanístico en la costa vallera y a estudiar propuestas estratégicas para desarrollar la franja marítima.
Por lo menos eso es lo que se puede deducir de las manifestaciones realizadas después de la reunión que mantuvieron representantes del gobierno vallero con los miembros de la Associació per la Vall del Mar que defiende la ejecución de un PAI en la costa de Tavernes.
El encuentro tuvo lugar el martes y estuvo presidido por la concejala de Urbanismo, la socialista Mª Carmen Canet. Junto a ella, estuvieron técnicos municipales y los portavoces de la asociación que defiende el PAI, José Luis Gascón y Josep Enguix. En la reunión se habló del Decreto Ley 2/2011, de 4 de noviembre, del Consell, sobre las medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas.
Tras el encuentro, la concejala manifestó: «Dentro de mi responsabilidad al frente del área de Urbanismo, daré apoyo a cualquier iniciativa que contribuya a la dinamización de la economía y la creación de empleo en Tavernes, mediante los procesos de planificación y gestión urbanística previstos en dicha ley».
Por su parte, los representantes de la asociación añadieron que darán apoyo al Consistorio en la búsqueda de posibles inversores con el fin de que se implanten en Tavernes proyectos que puedan mejorar la economía local. Así pues, se puede ver una predisposición a acoger un proyecto urbanístico que afecte a la costa vallera.
La Associació per la Vall del Mar pidió que se dé publicidad a esta predisposición y que el Ayuntamiento realice todos los esfuerzos para atraer el interés de promotores que quieran invertir en Tavernes.
Promoción del turismo
La nueva estrategia territorial podría ser acorde con lo que se conocía como PAI La Vall del Mar o con planteamientos diferentes. Todo dependería del promotor y su entendimiento con las diferentes administraciones.
Los miembros de la agrupación mantienen que la Vall cuenta con buenas comunicaciones y un entorno privilegiado que permite ejecutar un plan en el que tenga cabida la expansión urbanística, la promoción del turismo y la implantación de centros de investigación. «Debemos aprovechar los valores de Tavernes y apostar por un futuro que conlleve prosperidad y trabajo para todos», señalaron los representantes del colectivo.
* Las Provincias - CARLOS GIMENO - 10.2.12
Foto: Vista de la playa de Tavernes de la Valldigna. :: LP
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ELPAÍS/Ourense* : El alcalde de A Veiga, Edesio Yáñez, del PP, ha construido contra viento y marea un aparcamiento de algo más de 1.500 metros cuadrados en una zona catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Red Natura 2000 y dentro del hotel del que él es socio. Yáñez, presidente de la asociación cultural sin ánimo de lucro Santa María de Xares (vinculada al Partido Popular), pidió —y se concedió a sí mismo— la licencia municipal desde el Ayuntamiento que también preside. Después, construyó el aparcamiento en el interior del hotel El Corzo, de Xares del que es socio.
“La zona en la que construimos el hotel era ilegal en su día, pero la legalizamos, así que entendemos que el aparcamiento es también legal”, disipa de esta forma cualquier sombra de duda el regidor. “Fíjese si será legal el hotel, que vino a inaugurarlo Fraga en 1995”, sale Yáñez al paso de la denuncia del portavoz del PSOE, Fernando Fernández, amparada por el expediente incoado por la Agencia de Protección de la Legalidad de la Xunta que obliga al regidor a “reponer la legalidad” en una resuolución firmada en diciembre pasado.
Pero Yáñez ni derribó la obra ni piensa hacerlo. “Tengo autorización municipal y además todos los vistos buenos de la Xunta”, sostiene el regidor quien apunta que el Gobierno gallego le ha subvencionado a través de Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento rural) “con algo más de 30.000 euros” la construcción de la infraestructura en los jardines del hotel del regidor, en plena zona de Red Natura 2000 y LIC.
El alcalde sostiene que el aparcamiento de su hotel será de uso público. “Es para el pueblo” —con apenas 30 vecinos en invierno, aunque zona de atractivo turístico— sostiene, aunque matiza que “también lo podrán usar los clientes del hotel, que dispone de otras plazas de estacionamiento”.
La incoación del expediente le fue notificada al regidor por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras el pasado 5 de diciembre, según consta en el registro de salida. El escrito detalla que de la investigación de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística se desprende que las obras promovidas por el alcalde desde la asociación cultural Santa María de Xares obtuvieron la licencia municipal en enero de 2001. Pero el estacionamiento, ubicado en el interior de su hotel, se levanta sobre terreno calificado como “no urbanizable común que forma parte de la Red Natura 2000”, hecho que el alcalde admite, aunque le reste importancia por considerar que la legalización, en su día, del hotel, ampara también ese incumplimiento.
Sin embargo, el informe indica, además, que la construcción de la infraestructura supone “un uso prohibido en suelo rústico de protección de espacios naturales”. A Edesio Yáñez no le importa. Insiste en que “está todo en orden”. “No pienso derribar nada”, aduce, al tiempo que atribuye estos requerimientos legales a una “trama” del socialista del que dice: “Puede poner usted que solo cuenta mentiras”.
Fernando Fernández sostiene que Yáñez consiguió la subvención de los más de 30.000 euros de la Xunta para la construcción de la obra en zona altamente protegida “porque figura como aparcamiento turístico”, aunque no se explica el significado del adjetivo, teniendo en cuenta que está en el interior de un hotel privado del que es socio el regidor. Éste sostiene que es turístico porque “podrán aparcar en él todos los turistas” que acuden a esta zona, fundamentalmente a la práctica de la caza.
Fernández insiste en la “impunidad” en la que se ha instalado el regidor para actuar “en beneficio propio” dentro de una zona protegida medioambientalmente siendo juez y parte al mismo tiempo. Según el socialista, la pequeña localidad dispondrá ahora de unas 80 plazas de estacionamiento —además de las que el alcalde asegura que tiene ya su hotel— en una propiedad privada.
Edesio Yáñez reconoce que hotel y aparcamiento están en zona de Red Natura y LIC, pero cree que el incumplimiento se solventó cuando, antes de 1995, obtuvo la licencia para levantar su hotel que después inauguró Fraga. Ahora, el alcalde se concede nueva licencia.
* El País - CRISTINA HUETE - 7.2.12
Foto: A Veiga (Ourense) - todopueblos
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PLATAFORMAVIVIENDADIGNA* : El colectivo ha presentado un escrito de denuncia ante la Comisión Europea, ya que la medida incumple claramente el derecho comunitario. También ha presentado una petición a la Defensora del Pueblo en el mismo sentido. La PVD no entiende que otros sectores empresariales sigan apoyando a Rajoy mientras se dedica a seguir fomentando el sobreendeudamiento familiar que tantas desgracias ha traído a este país y a canalizar la poca renta disponible que les queda a los ciudadanos de nuevo hacia el ladrillo.
La Plataforma por una Vivienda Digna ha presentado un escrito de denuncia a la Unión Europea porque la reciente bajada del IVA no se ha limitado a la vivienda habitual, como había anunciado repetidamente Mariano Rajoy, sino que se ha hecho efectiva para cualquier tipo de propiedad inmobiliaria según el Real Decreto-ley aprobado el pasado 30 de diciembre y las modificaciones posteriores.
Con esta decisión Mariano Rajoy falta una vez más a su palabra y lleva al BOE algo contrario a lo prometido, y respalda además una medida que viola claramente la normativa comunitaria. La directiva comunitaria 2006/112/CE no permite aplicar un tipo superreducido del Impuesto sobre el Valor Añadido a cualquier tipo de vivienda, sino solamente a aquellas que sean generadas en el marco de la política social.
La extensión del IVA superreducido a todas las viviendas permite situaciones terriblemente aberrantes, como que la compra de un palacete o una tercera residencia en la playa pague tan sólo un 4% de IVA, mientras los ciudadanos y las empresas tenemos que soportar diariamente tipos que llegan hasta el 18% por bienes o servicios que son mucho más necesarios.
Pero además, la PVD se opone frontalmente a esta medida porque sólo busca ayudar a las entidades financieras y de promoción inmobiliaria en el enésimo intento de recuperar un modelo que a los ciudadanos sólo les ha aportado vivienda inaccesible, precariedad y endeudamiento, transfiriendo cantidades ingentes de renta presente y futura hacia instituciones públicas, promotores y bancos. Ha quedado demostrado que este tipo de medidas no suponen bajadas de precios, sino aumento en los márgenes de beneficio, por lo que lo único que se consigue al bajar el IVA es, además de ayudar a la entidades anteriores, recortar ingresos del Estado, tan necesarios en estos momentos para sostener nuestros servicios públicos y dinamizar la economía.
En concreto, se estima que el Estado dejará de ingresar por esta bajada más de 750 millones de euros mientras que, en el caso de beneficiar a algún comprador, en el contexto actual sólo beneficiará a las rentas más pudientes. Resulta realmente insultante que los módulos de protección oficial sigan sin adecuarse a un mercado a la baja, o que un hipotecado con problemas tenga que pagar este año un IBI más alto debido a la reciente subida impulsada por Rajoy -y probablemente más de IRPF-, mientras que un millonario ahora podrá comprarse su tercer chalé y hasta el garaje pagando un IVA superreducido del 4%.
Para la PVD, la medida es además un “regalo” tan evidente a las promotoras y entidades financieras que es necesario preguntarse por qué el Gobierno de España favorece de esta forma tan clamorosa a unos sectores económicos tan concretos, olvidando por completo el derecho a una vivienda digna. Esta plataforma muestra también su estupor ante el hecho de que los empresarios de los demás ámbitos económicos, también en crisis, no se opongan fuertemente a este tipo de políticas, porque canalizan la poca renta disponible de los ciudadanos de nuevo hacia el ladrillo.
La bajada del IVA incomoda, por si fuera poco, a las instituciones comunitarias e instituciones y empresas financieras internacionales, que no quieren ni oír hablar de incentivar nuevos endeudamientos ni públicos, ni privados. La agencia de calificación Fitch, la tercera en importancia internacional, ha criticado esta decisión alegando que “retrasará la necesaria bajada de precios de la vivienda”. Y es que tratar de seguir sosteniendo con recursos públicos la burbuja inmobiliaria que tanto daño nos ha hecho ecológica, social, económica y políticamente, ya no tiene perdón posible. Perseverar en este tipo de medidas ya no sólo es que atente contra las recomendaciones de decenas de instituciones nacionales e internacionales, sino que atenta contra los principios más elementales de la economía y contra el más básico sentido común.
La Plataforma por una Vivienda Digna ha presentado también una petición a la Defensora del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad, por entender que la bajada del IVA para todas las propiedades inmobiliarias vulnera también la Constitución Española. Concretamente, es contraria al artículo 31.1, que exige que el sistema tributario se inspire en principios de igualdad y progresividad.
Con esta medida, el gobierno de Mariano Rajoy se instala en la senda continuista de las políticas de favores, en lugar de tomar medidas estructurales que dinamicen la economía de las empresas y los ciudadanos. El gran problema es que esta actitud no sólo aleja un panorama de vivienda digna real en el futuro, sino que amenaza con dejar al país irrecuperable tanto a nivel ciudadano como empresarial, con niveles de paro jamás imaginados, con varios sectores desaparecidos y con las instituciones políticas clave en manos de instituciones extranjeras. Así, las personas que pensaban comprar con esta rebaja deben saber que es un paso más en el sistema que pone en riesgo sus empleos.
Por todas estas razones, y en especial en defensa de una política de vivienda orientada al conjunto de los ciudadanos en vez de al beneficio de unos pocos, la PVD se ha dirigido a la Comisión Europea y a la Defensora del Pueblo, esperando que estas instituciones tomen las medidas que estén en sus manos para forzar a dar marcha atrás a esta decisión.
Plataforma por una Vivienda Digna
Comité Interterritorial
info@viviendadigna.org
http://www.viviendadigna.org
* Plataforma por una Vivienda Digna - Febrero 2012
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