T.Calleja.- EL PAÍS/Murcia* : "La titular del Juzgado número 4 de San Javier (Murcia), Aránzazu Moreno, permaneció ayer desde las 10.30 hasta las cinco de la tarde en el Ayuntamiento de Torre Pacheco recopilando todos los expedientes urbanísticos realizados desde 2003. De esta forma, esta magistrada da un paso más en la investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, sobre presuntas irregularidades, y que se ha tenido que acelerar en los últimos días tras comprobar posibles filtraciones de la investigación, según confirmaron fuentes del caso, que detectaron cambios bruscos en los comportamientos de los investigados.
La magistrada encabezó la delegación del juzgado en la que también participaron miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Región de Murcia, que intervino la documentación relacionada con la gestión del consistorio desde 2004, año en el que accedió al poder el actual alcalde, Daniel García Madrid, del PP, hasta la fecha. Fuentes del caso no descartan que haya arrestos en las próximas horas, siendo los principales sospechosos todos los miembros de la corporación municipal y varios empresarios locales.
Documentación requisada
La documentación requerida por el juzgado se refiere a planes parciales, expedientes sancionadores, así como a proyectos de urbanización realizados en el término municipal, uno de los más codiciados por las promotoras, que están construyendo al menos 20.000 viviendas en un municipio de 24.000 habitantes.
Precisamente, las pesquisas apuntan a que uno de los empresarios más conocidos en Torre Pacheco y en la comunidad, Facundo Armero Madrid, que vendió sus participaciones al frente de la principal empresa de Murcia, la promotora Polaris World, podría aparecer entre los empresarios. Esta promotora murciana fue denunciada en varias ocasiones por el propio Ayuntamiento por iniciar sus viviendas sin los permisos necesarios, aunque estos expedientes finalizaron en multas de baja cuantía, lo que provocó enormes críticas de la oposición socialista, que no fueron escuchadas.
Los ayuntamientos de Alhama, Mazarrón, Fuente Álamo, Torre Pacheco y Murcia, todos gobernados por alcaldes del PP, han recalificado o están en pleno proceso de recalificación de unos 25 millones de metros cuadrados de suelo rústico, propiedad de la empresa Polaris World, que estaría en disposición de construir 58.000 viviendas. La aprobación de los convenios urbanísticos debe tener el visto bueno final de la Consejería de Obras Públicas, cuyo titular es Joaquín Bascuñana, miembro de la junta directiva nacional del PP.
El alcalde de la localidad, Daniel García Madrid, quien confirmó en declaraciones a Efe esta intervención judicial, afirmó desconocer el motivo de la misma, al tiempo que mostró su disposición a colaborar con la Justicia. García Madrid se mostró "sorprendido" por la actuación judicial desarrollada en el Ayuntamiento, y mostró su "absoluta certeza" de que todos los expedientes urbanísticos se ajustan a la legalidad vigente.
* ELPAIS.com - 20/06/2007
Foto: torrepacheco_ayuntamiento /lomejordemurcia.com
Una juez busca durante siete horas delitos urbanísticos en Torre Pacheco
Los tribunales anulan dos urbanizaciones en Sada
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P.Obelleiro.- EL PAIS/A Coruña* : "Los tribunales acaban de echar abajo proyectos de grandes urbanizaciones que tenía en marcha el ex alcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares, en contra del criterio de la Xunta de Galicia. Los recursos del Gobierno gallego ante la Justicia dieron sus frutos, aunque en algún caso tarde, dado que el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por el que se suspende la licencia municipal de 24 viviendas en la parroquia de Meirás se emitió el pasado 8 de junio, sólo 20 días después de que el anterior regidor concediese permiso para ocupar unas edificaciones ya construidas y a la venta.
Esos cuatro bloques de pisos ahora suspendidos judicialmente forman parte de un proyecto de urbanización de un total de 154 viviendas en un núcleo rural de Meirás que también fue anulado por los jueces en resoluciones anteriores, antes de que se edificasen. El problema con estas 24 viviendas es que ya están construidas, "lo que incrementa la dificultad de restaurar la legalidad urbanística y aumenta los prejuicios que se pueda causar a los adquirientes de los inmuebles", destaca el alto tribunal gallego en su auto.
Otra de las decisiones judiciales dadas a conocer ayer por el nuevo gobierno municipal de Sada, que encabeza Abel López Soto, del BNG, afecta de lleno a uno de los más ambiciosos proyectos de urbanización del ex alcalde Rodríguez Ares como es la construcción de unas 300 viviendas en la zona de las lagunas de As Brañas. Haciendo caso omiso a una resolución de la Consellería de Política Territorial contra ese plan de urbanización, Rodríguez Ares había iniciado, mediante decretos de la alcaldía, los trámites para reparcelar los terrenos y permitir su edificación. El juzgado del contencioso-administrativo número " de A Coruña estimó el recurso interpuesto por la Xunta y anuló esos instrumentos de gestión urbanística del ex alcalde para urbanizar As Brañas.
El firme rechazo del BNG local a edificar en una zona de humedal catalogada dio al traste la semana pasada con las negociaciones para formar gobierno con el edil independiente David Brandariz, partidario del proyecto de urbanización del ex alcalde.
La sentencia judicial que anula los trámites en marcha refuerzan al nuevo gobierno bipartito de Sada -BNG y PSOE- en su intención de pedir la protección ambiental de las lagunas de As Brañas para evitar cualquier construcción futura. Brandariz, único concejal elegido por la Agrupación Sada Unida (ASU) permitió finalmente con su abstención la investidura del nuevo alcalde nacionalista.
* ELPAIS.com - 20/06/2007
Foto: sada (a coruña) /udc.es
La CE denunciará la ley urbanística valenciana ante el Tribunal de Luxemburgo
EuropaPress* : "El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, anunció hoy que tiene previsto denunciar la ley urbanística valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por infringir la normativa comunitaria en materia de contratación pública. Su portavoz, Oliver Drewes, explicó que la denuncia se presentará el próximo miércoles 27 de junio. En una comparecencia ante el pleno de la Eurocámara, McCreevy explicó que la LUV no remedia las infracciones detectadas en la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), a la que sustituyó en diciembre de 2005, y sigue sin respetar las exigencias de publicidad y transparencia que marca la normativa europea de contratación pública.
"La nueva ley no corrige algunas de estas infracciones, que se refieren a avisos de licitaciones, información requerida en los avisos de licitaciones y a la confusa definición del objeto de los contratos", destacó el comisario de Mercado Interior. Insistió en que las alegaciones enviadas a la Comisión por parte de las "autoridades competentes" para responder a estas preocupaciones son "poco convincentes". "Por ello, tengo la intención de proponer a la Comisión llevar este caso ante el Tribunal de Justicia", recalcó.
McCreevy reiteró que la aprobación de planes de actuación integrada (PAI), tal y como está contemplada en la LUV, supone la concesión de contratos de obras públicas y de servicios, y por tanto está sujeta al derecho comunitario. El Ejecutivo comunitario lanzó un procedimiento de infracción contra la LUV el 4 de abril de 2006 y un ultimátum final el 12 de octubre de ese mismo año.
DERECHOS FUNDAMENTALES Y MEDIO AMBIENTE
En cuanto a las denuncias de que la LUV vulnera el derecho a la propiedad, McCreevy dejó claro que la Comisión Europea "no puede intervenir" en esta materia porque no tiene competencias. "Las supuestas vulneraciones de los derechos de propiedad no afectan a ninguna disposición de la legislación comunitaria", aseguró.
Finalmente, en materia medioambiental, el comisario de Mercado Interior indicó que Bruselas sólo puede adoptar acciones legales cuando se vulnera la normativa comunitaria con algún plan de urbanización. "La Comisión seguirá vigilando que las autoridades competentes españolas respeten las reglas medioambientales comunitarias al desarrollar planes urbanísticos", dijo.
Recordó que el Ejecutivo comunitario ya ha actuado cuando algún plan urbanístico infringía la normativa europea sobre evaluación de impacto, hábitats o agua y así lo seguirá haciendo en el futuro.
McCreevy intervino ante el Parlamento en respuesta a una pregunta sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía planteada por los dos eurodiputados que participaron en la misión que visitó España a finales de febrero para investigar estas denuncias, el conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman. Ambos han presentado una resolución sobre esta cuestión apoyada por todos los grupos políticos salvo el PP que se votará este jueves.
Cashman denunció que en España, miles de ciudadanos europeos que "compraron una propiedad de buena fe" se han visto expropiados "sin el procedimiento legal debido" para desarrollos urbanísticos que no desean. "Esto sólo puede describirse en el mejor de los casos como incompetencia administrativa, o en el peor de los casos como negligencia criminal y corrupción", dijo.
El eurodiputado laborista criticó especialmente el caso de la Comunidad Valenciana, y destacó que pese a las tres misiones que ya ha enviado allí la Eurocámara en los últimos años y a la aprobación de un informe crítico en diciembre de 2005, las autoridades regionales sólo han introducido "cambios menores" en la ley urbanística que "no abordan los problemas clave". Además, denunció que se aceleraron los proyectos antes de la entrada en vigor de la LUV para aprovechar las "lagunas" de la LRAU.
Finalmente, lamentó los "vergonzosos ataques" que recibió la última misión parlamentaria a la Comunidad Valenciana por parte del PP, que a su juicio afectan a la "integridad de la Eurocámara". Por ello, criticó que su presidente, el democristiano alemán Hans-Gert Poettering, no haya reaccionado.
A su juicio, la Eurocámara ya ha hecho todo lo que podía en este caso, y el problema sólo lo podrá resolver el Tribunal de Justicia de Luxemburgo o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo "para vergüenza del PP en España".
MAYORÍA DEL PP
Durante el debate que siguió a la intervención de McCreevy, el representante del Partido Popular, Carlos Iturgáiz, destacó que los ciudadanos se han pronunciado sobre el urbanismo dando "mayorías absolutas a los Gobiernos del PP tanto en Madrid como en Valencia" pese a los augurios previos de que los populares "serían castigados" en las urnas.
Iturgaiz insistió en que la Eurocámara, al abordar el urbanismo de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, está "invadiendo competencias nacionales". "Ustedes quieren sustituir a decisiones de parlamentos autonómicos, quieren sustituir a decisiones de parlamentos nacionales, quieren sustituir al propio Tribunal Constitucional", espetó a los parlamentarios. Pidió por ello a los servicios jurídicos de la Eurocámara que aclaren si "aquí se puede votar absolutamente todo".
El representante del grupo de los Verdes, David Hammerstein, respondió a Iturgaiz que "el haber ganado unas elecciones no da permiso para obviar la legislación europea". Hammerstein reclamó a la Comisión Europea que "actúe con energía y urgencia" ante las vulneraciones "flagrantes" de la legislación comunitaria. "Muchas de las 750.000 viviendas construidas en España el año pasado, más que Francia y Alemania juntas, no han respetado el derecho comunitario. ¿A qué espera la Comisión para actuar?", espetó.
Por su parte, el eurodiputado socialista valenciano, Joan Calabuig, dijo que, tras las elecciones autonómicas, es un buen momento para iniciar una "nueva etapa" que permita "rectificar", reconocer el problema y "abandonar la arrogancia".
"El partido socialista tiende otra vez su mano para contribuir a la solución de este problema y por ello reitera en el caso de la región de Valencia la necesidad de un amplio apoyo político y social que incluya a todos los afectados, que tiene que tener como premisa la reforma de la LUV para su adecuación a los Tratados, y para incrementar la seguridad jurídica", destacó. Reclamó también el establecimiento de mecanismos de arbitraje para compensar a los afectados por abusos urbanísticos.
El también parlamentario socialista, Carlos Carnero, dijo que tanto en Valencia como en Madrid los Gobiernos autonómicos "están agrediendo el medio ambiente, agrediendo la sostenibilidad de la vida de la ciudadanía y por tanto violando los derechos individuales y colectivos". En este sentido, Carnero denunció que el Gobierno madrileño pretende seguir actuando de esta manera, con proyectos como la carretera M-61 "que quiere destruir el monte del Pardo, un lugar de una importancia ecológica fundamental".
En la resolución que votará la Eurocámara el jueves, que cuenta con el respaldo de socialistas, liberales, Izquierda Unitaria y verdes, se condenan las expropiaciones de tierras sin el procedimiento legal debido, una práctica "extendida" en la Comunidad Valenciana y otras regiones costeras, así como en Madrid. También se critican los "proyectos de urbanización masivos" que no se ajustan a las necesidades de la población local, son medioambientalmente insostenibles y tienen un "impacto desastroso" en la identidad histórica y cultural de las zonas afectadas.
* EUROPA PRESS - ESTRASBURGO, 19 Jun.
Foto: banderas europeas
El magistrado Martín Pallín ve dos remedios al descontrol del urbanismo: cárcel y derribos
EFE/Santander* : "El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín aseguró hoy que, en su opinión, existen dos remedios al urbanismo descontrolado que padecen varias zonas de España: un endurecimiento de las penas, con condenas de prisión, y derribos ejemplarizantes que "abran los telediarios". Martín Pallín dirige esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo un seminario sobre "Los impactos colaterales del urbanismo descontrolado", en el que tiene previsto pronunciar una conferencia titulada "La cárcel como remedio". El magistrado reconoció hoy en conferencia de prensa que el enfoque de su charla es "provocador", pero también aclaró que él es partidario de un endurecimiento de las condenas previstas en el Código Penal de 1995 para los delitos relacionados con el urbanismo, la ordenación del territorio y el medio ambiente.
"La gravedad del bien jurídico lesionado está adquiriendo unas dimensiones verdaderamente espectaculares. Creo que, en este momento, las penas no son proporcionadas al bien que se trata de proteger, que es el interés colectivo de éstas y de las futuras generaciones, porque no podemos dejar a las futuras generaciones esta herencia", razonó Martín Pallín.
El magistrado del Supremo también abogó por llevar el castigo administrativo a las irregularidades urbanísticas hasta sus últimas consecuencias: el derribo de lo edificado ilegalmente.
"El punto de ruptura será el día que veamos caer una mole. Yo pediría que fuese televisado en la apertura del telediario, en vez de tantos sucesos y tantos ataúdes que pasan de un lado para otro... Pediría abrir los telediarios con un edificio de ocho o nueve plantas o con el Cuco, aquí en Cantabria, volando", señaló.
El magistrado se refería así a la urbanización de 400 viviendas levantada en el Alto del Cuco (Piélagos), que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por vulnerar la Ley del Suelo y por su grave impacto sobre el paisaje, descrito en la propia sentencia como "una dentellada al monte".
Martín Pallín relacionó también el problema del urbanismo con "la famosa autonomía municipal", principio que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, pero cuyos efectos le preocupan, porque hay que proyectarlo sobre un país con 8.108 ayuntamientos, recordó.
Este jurista sostiene que "no se puede dejar la iniciativa urbanística" a los ayuntamientos y advierte sobre las consecuencias derivadas de "mezclar" su autonomía con la acción de "unos ingeniosos agentes urbanizadores a los que les importa muy poco la ordenación del territorio y mucho el beneficio inmediato".
"El ayuntamiento cumple unos servicios, entre los cuales podría estar alguna planificación urbanística. Pero nunca, y ahí viene la parte más peligrosa, debe convertirlo en un negocio, sobre el pretexto de financiarse y echarle la culpa a las autoridades estatales de toda índole por no haber previsto una ley de financiación de partidos políticos", añadió.
No obstante, también hizo autocrítica y consideró que "buena parte" de la responsabilidad de lo que está ocurriendo recae sobre "la judicatura", en unos casos por no haber actuado a tiempo y en otros por no haber llamado la atención del legislador sobre la necesidad de reformar y agilizar determinados procedimientos.
Para ello recurrió al ejemplo de Marbella, localidad cuyo plan de urbanismo fue anulado por el Tribunal Supremo a instancias de la Junta de Andalucía a los diez años de su aprobación.
"El resultado fue 33.000 viviendas edificadas en zona verde. ¿Pero quién le pone ahora el cascabel al gato y las tira? Éste es problema que tenemos que corregir", explicó.
* La Ley Diario de Noticias - 19/06/07
