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IDEAL/Jaén* : Setenta y dos personas figuran en la lista de imputados en una operación contra delitos urbanísticos desarrollada por el equipo de investigación del Seprona en Pozo Alcón. La más importante, por el volumen de implicados, desarrollada en la provincia en los últimos años.
En la lista figuran medio centenar de propietarios de casas de campo que no deberían estar donde se levantan actualmente, la ex alcaldesa Carmen Escudero (PSOE), tres arquitectos técnicos, ocho constructores y diez directores técnicos de obra. Se les ha puesto a disposición de la Justicia en calidad de imputados por construir sobre suelo no urbanizable viviendas unifamiliares. A la ex alcaldesa, por permitir que se vulnere la legalidad urbanística en el municipio.
Parte de las construcciones supuestamente irregulares detectadas tienen una licencia urbanística municipal. Pero no para una vivienda unifamiliar, sino para una nave de aperos agrícolas que en algunos casos podría ser autorizable porque lo permiten las normas urbanísticas actualmente en vigor en el municipio. Pero asociar alguna de esas construcciones -chalés de grandes dimensiones con piscina, y en algunos casos incluso pistas deportivas- con usos agrícolas será una tarea difícil en los tribunales.
Los encargados de visar los proyectos, hacerlos realidad y vigilar la legalidad tendrán que explicar cómo construcciones que sobre el papel son naves de aperos son en realidad grandes chalés y por qué nadie hizo cumplir las licencias.
Por experiencias en casos similares llevados a la Justicia anteriormente en la provincia, en la fase de instrucción en el juzgado muchos consiguen demostrar que sus casas tienen más de tres años de antigüedad, con lo que el posible delito está prescrito. Es la principal tabla de salvación- En una zona de chalés entre Jaén y la Guardia conocida como los Bermejales, el Seprona llegó a imputar en 2007 a 64 personas. En el caso Megatín se comenzó con 47. Sin embargo, en ambos casos apenas una decena de personas llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados. Nunca, sin embargo, se había llegado a poner a disposición del juzgado a 72 personas por este tipo de delitos.
Las fuentes consultadas indican además que no se han detectado urbanizaciones masivas, sino la proliferación de construcciones ilegales a las mismas puertas del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
Los investigadores del Seprona llevan meses sobre este tema. Las pesquisas llevaban paradas desde el mes de junio pasado, cuando el Instituto Armado confirmó la masiva presencia de casas irregulares en el término municipal. Casi un año antes, la actual alcaldesa, Pilar Salazar, había pedido a la Guardia Civil un informe sobre la situación urbanística en la localidad. «A los pocos días de tomar posesión como alcaldesa -en junio de 2007-, recibí información de la propia Guardia Civil de que se iban a producir en Pozo Alcón por parte del Seprona actuaciones de inspección sobre ilegalidades urbanísticas», explicó hace meses la alcaldesa. «Ante la alarma social que ésto podría producir, esta alcaldía se dirigió a esta institución (la Guardia Civil) para que antes de que se produzcan actuaciones de difícil solución» se le diese la oportunidad de «regularizar las situaciones de uso y transformación de edificaciones disconformes con la legalidad vigente», continuó la regidora. Primero había que determinar qué es lo que había que arreglar. Así que se pidió a la Guardia Civil un informe sobre la situación urbanística.
En febrero pasado Salazar indicaba que la modificación del Plan General de Ordenación de Urbana del municipio está «en fase de avance», ya que el trámite se inició el año pasado. La Guardia Civil ha ido más deprisa.
* Ideal - JUAN ESTEBAN POVEDA - 14.03.09
Foto: Vista panorámica del municipio de Pozo Alcón, junto al Parque Natural de Cazorla , Segura y Las Villas. /IDEAL
72 imputados por casas ilegales en Pozo Alcón
Tenerife: Unas 35.000 personas salen a la calle para protestar por el puerto de Granadilla
LAPROVINCIA* : Unas 50.000 personas, según los organizadores y 15.000 según la Policía Local, participaron hoy en la manifestación convocada por un grupo de científicos de La Universidad de La Laguna contra el Puerto de Granadilla.
La marcha, que comenzó a las 12,00 horas en la plaza Militar de la capital tinerfeña, concluyó dos horas y media después junto a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, donde el catedrático emérito de la Universidad de La Laguna, Wolfredo Wildpret leyó un manifiesto.
Wildpret se mostró satisfecho por la masiva asistencia a la manifestación convocada, dijo, para salvar "el grandísimo" patrimonio natural de Tenerife.
El catedrático afirmó que el compromiso de los científicos es que no se siga destruyendo "lo que la naturaleza colocó en Tenerife" y que ha convertido en la isla en un referente.
Wildpret indicó que lleva más de diez años realizando informes en los que se advierte de las graves consecuencias ambientales que tendrá la construcción del puerto de Granadilla, como la desaparición de unos de los sebadales más importantes de las islas.
Asimismo se refirió a los perjuicios que para fondo marino tendrá la extracción de arena y la contaminación de las aguas por los vertidos de fuel.
Wildpret también destacó que 53 especies protegidas se verán afectadas por esta infraestructura y alertó de se perderá parte de la biodiversidad canaria, pérdida, dijo el experto, que afectará a todos porque se trata de un bien común.
El portavoz de la comunidad científica aludió a la oposición de las administraciones europeas, estatales y regionales a aceptar los informes contrarios al puerto, lo que, dijo, les ha llevado a tomar una decisión que pone en riesgo la vida marina.
Wildpret expresó su rechazo a la descatalogación de los sebadales y apostó por un si a la vida marina, al cumplimiento de ley y a la defensa de los recursos naturales.
A la convocatoria de la comunidad científica se adhirieron numerosas organizaciones sociales y sindicales, ecologistas y movimientos vecinales como Asamblea por Tenerife, Ben Magec, Si se puede o Intersindical Canaria.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leía "Menos puertos y más reservas marinas" y "No al puerto de Granadilla, si al Puerto de Santa Cruz" y lanzaron gritos como "si a los sebadales, no a los vivales", "menos puertos industriales más escuelas y hospitales" y "Berriel dimite, el pueblo no te admite" en referencia al consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.
Entre los asistentes se encontraba la alcaldesa de Granadilla, Carmen Nieves Gaspar, de CC, quién señaló que nunca una infraestructura estuvo tan contestada y estimó que los políticos con responsabilidad deberían tomar nota, actuar en consecuencia y parar el puerto.
Un portavoz de Asamblea por Tenerife, que leyó un manifiesto al finalizar la manifestación, felicitó a la federación ecologista Ben Magec por ser los promotores de la denuncia que ha conseguido paralizar las obras del puerto al quedar suspendida de forma cautelar la orden que descataloga como especie protegida a los sebadales afectados por las obras de Puerto de Granadilla.
El representante de Asamblea por Tenerife, que recordó que esta es la quinta manifestación que se realiza en contra de este puerto, acusó a CC, PP y PSOE de engañar a la población con falsos argumentos para avalar la construcción del puerto y pidió la dimisión del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, al que atribuyó la responsabilidad "de este desaguisado".
* La Provincia - EFE - 14.03.09
Foto: Algunos de los asistentes a la manifestación que recorre las calles de Santa Cruz de Tenerife, convocada por organizaciones ecologistas y sociales. efe
Córdoba: El juez encuentra motivos para que la multa de Colecor haya caducado
ELDÍA* : El juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Córdoba, que ha de dilucidar si la supermulta impuesta por la construcción de las naves de Colecor por parte de Rafael Gómez se atiene a la legalidad, ha detectado que el expediente que se ha estado tramitando durante los cuatro últimos años en el Ayuntamiento por parte de los servicios de Disciplina Urbanística (Gerencia de Urbanismo) y Recaudación (Concejalía de Hacienda) podría estar viciado y, en su caso, ser nulo de pleno derecho.
El juzgado, en una providencia dictada el pasado 26 de febrero, ha detectado la "existencia de motivos susceptibles" de que la multa, cuyo principal supera los 24,5 millones de euros, se encuentre en situación de "caducidad o perención", que es la extinción de la facultad de una acción por el transcurso del plazo recogido en la legislación.
El juzgado que lleva el caso otorgó un trámite de diez días, según las fuentes consultadas en el Poder Judicial, para que las partes den su opinión -técnicamente, presenten alegaciones- sobre este hecho. La realidad es que ha sido el propio juez, en el proceso de estudio del caso antes de escribir la sentencia, quien ha estimado que el Ayuntamiento puede haber dejado demasiado tiempo inactivo el expediente sancionador sin motivo aparente que lo justifique, lo que obligaría a archivar la multa. Si el juez ha actuado de oficio, explican las fuentes conocedoras del proceso, es porque ninguna de las partes aludió al asunto de la caducidad en sus respectivos escritos.
Las hipótesis que en estos momentos se abren son dos. La primera, que se produzcan alegaciones de las partes en las que expongan argumentos a favor o en contra y que impliquen una sentencia en signo favorable o adverso a las tesis de cada una de las partes. La segunda, puramente teórica, que sea el propio Ayuntamiento quien en el marco de sus competencias y sin esperar a dictamen alguno opte por caducar el expediente e iniciar uno nuevo, en el caso de que sea posible porque los hechos -la construcción de 40.000 metros cuadrados de naves industriales en suelo no urbanizable- no hayan prescrito cuando eso suceda.
La asesoría jurídica municipal, dependiente orgánicamente de la Delegación de Presidencia, ha optado por presentar alegaciones en las que defiende la vigencia de la sanción impuesta, lo que implicaría esperar a que llegue la sentencia para conocer el criterio finalmente decidido por el juzgado. El gobierno municipal, después de negar durante varios días consecutivos la veracidad de la información de este periódico, acabó reconociendo ayer la existencia de la providencia. El teniente de alcalde de Urbanismo, Andrés Ocaña, aseguró que se trata de "una consulta" del tribunal "que ha sido aclarada". "Tiene el valor que tiene", dijo el portavoz de IU, que apostó por esperar a que llegue la sentencia.
La multa a Rafael Gómez lleva tramitándose desde junio del año 2005, a raíz de detectarse las primeras actuaciones. Inicialmente, la Gerencia de Urbanismo paralizó las obras -que se culminaron pese a la prohibición dictada- y empezó a instruir un expediente sancionador cuya primera valoración, acorde con el desarrollo de las obras, ascendió a 6,8 millones.
La multa fue avanzando hasta quedar fijada en 24,6 millones, en función de la tasación realizada de las construcciones. Desde entonces, se han llevado a cabo dos procesos paralelos, uno judicial y otro tributario. En el judicial, Arenal 2000 intentó revocar la multa o, en todo caso, paralizar su pago hasta que existiese sentencia firme. El TSJA acabó revocando esas pretensiones. Ningún tribunal aprobó la paralización cautelar del proceso.
* El Día de Córdoba - Rafael Ruiz - 12.03.09
Foto: Naves industriales construidas por Arenal 2000 en los terrenos de la antigua cooperativa lechera de Córdoba, en la carretera de Palma del Río. - eldiadecordoba.es
