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CANARIAS7* : El levantamiento parcial del secreto de sumario que pendía sobre el 'caso Doramas' ha desvelado la imputación en el procedimiento del ex concejal de Urbanismo Guillermo Reyes, que investiga supuestas irregularidades en la concesión de licencias urbanísticas.
El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde Guillermo Reyes compareció como imputado el pasado 12 de marzo ante la magistrada que instruye el caso Doramas y se negó a prestar declaración alegando que la causa estaba secreta, según consta en las diligencias desclasificadas ayer.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Telde, María de los Ángeles Zabala, investiga desde mayo de 2006 la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, supuestamente relacionados con la construcción por parte de la empresa Domingo Alonso S.A. de una superficie en el municipio de Telde para el almacenamiento de vehículos, concretamente en un parcela clasificada como Suelo Urbanizable Sectorizado No ordenado (Susno 1-3b) en La Pardilla.
Según consta en el sumario, la investigación se inició a raíz de sendas denuncias presentadas por Juan Pablo Rodríguez Martín, de la inmobiliaria Inmotelde, y por María Francisca Pérez Martell, de Artesanos del Metacrilato, que pusieron a la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Canarias sobre la pista de una supuestas irregularidades en la Concejalía de Urbanismo.
Además de Reyes, en el proceso figuran como imputados el que fuera el jefe del departamento, José Luis Mena, los técnicos municipales José Juan Sanabria Estupiñán (aparejador), Isabel Pastrana Jiménez (abogada) y Valeriano Díaz Castro (ex secretario general técnico de la Consejería de Política Territorial y el empresario Gilberto Ramírez, que supuestamente actuaría como intermediario en algunas operaciones. Mena y Ramírez fueron detenidos en mayo de 2007.
Presunto pelotazo por valor de tres millones de euros
Un informe policial del 4 de octubre de 2007 recapitula todos los pasos que siguió el expediente de La Pardilla y concluye: «no se descarta la posibilidad de que se hayan producido, al igual que en otras operaciones inmobiliarias investigadas de las que sí existen datos obtenidos a través de escuchas telefónicas, pagos ilegales a los responsables de la tramitación de los expedientes que nos ocupan». Y llega a esa deducción tras comprobar que desde el Ayuntamiento, «en connivencia con Reyes, Mena y el auxilio de los técnicos» imputados, se acortaron «drásticamente» los trámites para facilitar la concesión de una licencia de obra menor a Domingo Alonso «absolutamente inadecuada» para lo que se hizo, y que pretendía regularizar unas obras que se iniciaron sin licencia y hasta con un informe técnico negativo. Es más, con la idea de ayudarla, se falsificó un acta de la Policía Local para darle tiempo a presentar un proyecto de obra. También se investiga si hubo un intento de pelotazo, porque poco después de que Alonso comprara el solar, Urbanismo le subió la edificabilidad, pudiendo reportarle 3 millones más de euros a Europrocana, la empresa que vendió el suelo.
* Canarias 7 - P.V. / A.F.G. / G.F. - 24.05.2008
Foto: Telde (Gran Canaria) - tiempoocio.com
El ex concejal de Urbanismo de Telde imputado por el 'Caso Doramas'
Los vecinos de Candeleda, en contra de las obras de captación de agua de una urbanización
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TERRA/Ávila* : La Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda organizó en la jornada de ayer una sentada junto a las obras de captación de aguas que comenzaron a desarrollarse el pasado 14 de mayo para llevar el agua hasta la nueva urbanización Candelas de Gredos, que se construirá en los límites del Parque Regional de Gredos.
Según explica la portavoz de la plataforma ciudadana, Pilar Diego, la promotora abulense Dávila Monteblanco va a construir junto al parque 435 viviendas y un hotel de 200 de plazas. En este momento se están realizando las obras de captación de agua del arroyo Castañarejo, un río considerado 'una joya de la naturaleza' por parte de la plataforma, que 'se va a ver muy perjudicado por esta captación'.
Además, según explicó la portavoz, están obras están limitando el tránsito de los ganaderos por el camino y también de las personas que se dedican, en esta época, a la limpieza del monte, ya que se está reduciendo su capacidad para acceder a la zona 'con dos máquinas enormes que trabajan en el lugar, donde también se ha ubicado una arqueta y numerosas tuberías para cuya instalación se esta levantando el terreno, con todo el destrozo medioambiental que conlleva'.
Por otro lado, desde la plataforma manifiestan que los vertidos que de aguas residuales que se generen en la urbanización no serán depurados, ya que en Candeleda no existe estación depuradora. Algo que será un problema por la cantidad de gente que llegará con la construcción de la urbanización y del nuevo hotel.
Consideran también que la nueva urbanización no va a ser beneficiosa para el municipio puesto que 'van a ser segundas viviendas de vecinos de Madrid, que no se van a empadronar en el pueblo, por lo que dispondrán de servicios sin aportar mucho al municipio'.
Echando la vista atrás, Pilar Diego recuerda que en 1999 'el promotor fue comprando las fincas a un precio muy bajo, 1,44 euros el metro cuadrado, porque era una zona rústica' y añade que 'en el 2001, la zona se convirtió en urbanizable con la aprobación de las normas urbanísticas'. También explica que en el terreno donde se va a construir la urbanización existen dos yacimientos arqueológicos, que podrían verse dañados con las obras.
Para mostrar su malestar por la construcción de la urbanización y la captación de agua que conlleva los vecinos de Candeleda se manifestarán el próximo sábado día 31 de mayo en la plaza del Castillo de la localidad abulense.
* Terra Actualidad - VMT - 25.05.2008
Foto: Candeleda (Ávila), terreno urbanización - aviladigital.com
Blasco eximió indebidamente a Catarroja de hacer vivienda social
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ELPAÍS/Valencia* : La política urbanística y de vivienda del Consell encajó ayer un nuevo varapalo judicial. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha anulado una resolución del ex consejero de Territorio Rafael Blasco que eximió al Ayuntamiento de Catarroja de construir pisos sociales en una parcela del patrimonio municipal de suelo sin justificar debidamente que la demanda estaba cubierta.
Blasco consideró satisfecha la necesidad de vivienda de protección pública (VPP) en Catarroja al mismo tiempo que el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), dependiente de su consejería, impulsaba junto a la promotora Llanera el macroproyecto de Nou Mil·leni con el argumento de que la zona sufría un déficit de pisos asequibles. El proyecto no se aprobó hasta hace un año y prevé 11.459 pisos, de ellos un 51,5% de protección oficial.
El Consistorio de Catarroja, gobernado por Unión Valenciana y el PP, subastó en 2005 una parcela de su propiedad y se la adjudicó a Armiñana Promociones Inmobiliarias por 2,9 millones de euros. El promotor construyó pisos de renta libre, y el dinero ingresado por el municipio se destinó al teatro-auditorio de Catarroja, que aún no ha abierto al público.
La ley exigía que el Ayuntamiento empleara su patrimonio de suelo en la promoción de vivienda social. En el caso de enajenar esa propiedad, la ganancia debió reinvertirse en el mismo fin, es decir, la compra de terrenos y otras actuaciones que redundaran en la construcción de VPP. La norma solamente eximía a la localidad de esa obligación si demostraba tener garantizada la demanda de vivienda social o justificaba un interés público claro para invertir el dinero en otra actuación. La decisión estaba en manos del entonces consejero Blasco, que autorizó la operación. El Grupo Socialista recurrió la resolución del consejero, ahora anulada por TSJ. El fallo afirma que Blasco dio vía libre a la petición de Catarroja a pesar de que "no existe en el expediente administrativo ningún dato fehaciente que acredite cumplidamente que la demanda de vivienda protegida está satisfecha", y todo ello después de que en un informe anterior la Dirección General de Vivienda indicara al Ayuntamiento que debía apuntalar su pretensión con un estudio de demanda.
El portavoz socialista de Catarroja, Wilson Ferrús, exigió que se restituya la pérdida al patrimonio local."Defendemos los intereses generales de Catarroja, mientras que el PP con un bien municipal ha defendido los privados", denunció Ferrús. Los socialistas recurrieron el pleno que aprobó la subasta de la parcela (835 metros cuadrados) en octubre de 2005 y luego la resolución de Blasco, a la que no les habían dado acceso. Una sentencia de 2007 ya les dio la razón al anular el acuerdo plenario. El juez destacó en ese fallo que el IVVSA y Llanera promovían el plan de Nou Mil·leni precisamente con el argumento de que existía un déficit y "desequilibrio" en la oferta de pisos sociales que debía cubrirse. Como ahora el TSJ, tampoco aceptó que se subastara para vivienda de renta libre el solar municipal porque no vio "debidamente justificada" que la demanda de VPP estuviera satisfecha en Catarroja.
El TSJ critica la "falta de rigor" de Blasco al aprobar la resolución, denunciada también en su día por el ex responsable de Territorio del PSPV-PSOE Eugenio Burriel. "Es el colmo del cinismo que se adujera que no hacía falta VPP en Catarroja", afirmó ayer.
El alcalde, Francisco Chirivella, del PP, extendió la responsabilidad a todo el poder local y consideró justificada la subasta del suelo en el simple hecho de que el dinero sacado se invirtiera en Catarroja, aunque no se cumpliera la ley. "Eso lo han hecho todos los pueblos. Y siendo ingresos para Catarroja...", adujo Chirivella, que no conocía ayer la resolución del TSJ. La primera sentencia desfavorable a la operación está recurrida.
Cambio de normativa
Como afirma Chirivella, otros municipios han vendido para fines no previstos en la ley su patrimonio de suelo como vía de financiación de otros proyectos. Y han tenido la misma respuesta judicial. El TSJ anuló la subasta de un terreno en Valencia y obligó al equipo de Rita Barberá a asignar 14 millones de euros a la VPP, la misma cantidad que se había destinado a otras actuaciones. Lo mismo puede ocurrir en Catarroja. En La Vila Joiosa, las sentencias similares acumuladas por el anterior gobierno del PP han dejado las arcas en quiebra técnica.
Ante el fallo contra Blasco, la ahora Consejería de Medio Ambiente apuntó que está "muy avanzada" una reforma consensuada para incentivar la puesta en el mercado de suelo municipal para VPP y dar más facilidades a los Ayuntamientos para que inviertan ganancias en otro tipo de necesidades "siempre que esté cubierta" la demanda.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 24/05/2008
Foto: Catarroja (Valencia), urbanización Nou Mileni - levante-emv.com
Totana: "Haz un documento para que las comisiones lleguen a todos"
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ELPAÍS/Murcia* : La apertura del secreto de sumario en la Operación Tótem, que destapó una trama de corrupción en la que han sido detenidas en Murcia, Galicia y Madrid 14 personas, está subiendo los colores a todo el Ayuntamiento de Totana (Murcia).
Apenas un mes después de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, con la oposición del PSOE e IU, el sumario, al que ha tenido acceso EL PAÍS, pone de manifiesto la presunta existencia de una lucha entre el ex alcalde y diputado murciano Juan Morales y el actual primer edil, José Martínez Andreo, para obtener tres millones de euros en comisiones.
Según la juez que instruye el caso, Morales pudo haber recibido 12 millones de euros en comisiones en los diferentes pelotazos del municipio, en el que se aprobaron 60 convenios urbanísticos.
"Yo no puedo firmar nada, pero hay que hacer algún documento donde las comisiones lleguen para todos, y luego cada uno recoja su parte". Así se expresaba el diputado del PP en el Parlamento murciano (ahora está en el Grupo Mixto), Juan Morales, quien pagó 200.000 euros para eludir la prisión, tal y como decretó la Sala de lo Civil y Penal de la Audiencia de Murcia.
La frase procede de una conversación grabada por la Guardia Civil en la sala Vip del aeropuerto de Barajas. En ella participaron, además de Morales, los intermediarios Gabriel Martínez y José Antonio Alcántara. Iban de camino a Galicia a cobrar presuntamente una comisión de tres millones de euros al empresario gallego Manuel Núñez, para recalificar varios millones de metros cuadrados para que la firma Nuaria construyera 5.000 viviendas en Totana (20.000 habitantes).
En la misma sala de Barajas, uno de los intermediarios, concretamente Alcántara, dijo: "Lo que le vamos a proponer es que en vez de los seiscientos millones, nos dé los cuatrocientos en billetes y nos bajamos el viernes con ellos en una bolsa para Murcia".
Estos tejemanejes estaban reflejados, según la investigación realizada por la juez de Totana María Asunción Navarro, en un documento que el propio diputado Juan Morales destruyó al tener conocimiento de las detenciones de los empresarios gallegos. Este documento, "troceado y recompuesto, es un reconocimiento de deuda de tres millones de euros por parte de una de las firmas del empresario que quería construir en Totana en favor de una empresa cuyo titular es Joaquín Carmona". Los tres millones de euros se habían repartido en tres partes: una para Morales, otra para el empresario Gabriel Martínez, y una tercera para los intermediarios Joaquín Carmona y José Antonio Alcántara, según la investigación de la Guardia Civil.
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 24/05/2008
Foto: Totana (Murcia), iglesia-ayuntamiento - totana.es
NOTICIA RELACIONADA: El nuevo alcalde quiso obtener su 'mordida' y apartar a Morales - ELPAIS.com - 24/05/2008
El TSJA condena al alcalde de Jódar por regalar terreno a un constructor
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IDEAL/Jaén* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al equipo de gobierno de IU en el municipio de Jódar por «regalar a un constructor una parcela de terreno sobrante de una expropiación» en la que, junto a otra, se construyeron viviendas que deberán ser demolidas para devolverla a su propietario original.
Así lo aseguró ayer el PSOE de Jaén , que no dudó en calificar esta actuación de la «máxima gravedad jurídica y política», por lo que pedirá que se asuman las correspondientes responsabilidades políticas.
El vicesecretario general del PSOE de Jaén , Francisco Reyes, que compareció junto al portavoz socialista en el Consistorio galduriense, José Luis Hidalgo, explicó que la resolución judicial, que es firme, pone de manifiesto las «constantes irregularidades» que se producen en el Ayuntamiento de la localidad.
Final de un proceso
Por su parte, Hidalgo señaló que la resolución del Supremo andaluz supone la finalización de un proceso que se inició por la vía contencioso-administrativa en Jaén con la denuncia del propietario a quien le habían sido expropiados los terrenos. «En septiembre de 2004 el pleno la aprobó por un objetivo aparentemente necesario, la construcción de una nueva calle, pero fue un año más tarde, en enero de 2006, cuando supimos que una parte había sido entregada a un constructor gracias a la sentencia que condenaba a demoler el edificio y devolver los terrenos en las mismas condiciones a su dueño», comentó.
La sentencia fue recurrida y ahora, con fecha de 28 de abril de 2008, el TSJA «resuelve contra el recurso del Ayuntamiento de Jódar con lo que da la razón en todos los extremos al PSOE», que, tras conocer lo sucedido y que, además, «no había habido ningún proceso de enajenación o venta» que diese contraprestaciones al Consistorio, denunció los hechos en septiembre de 2007 por vía penal, causa que continúa abierta.
A ella, según añadió el portavoz socialista, se sumarán las diligencias del proceso contencioso-administrativo, puesto que, según el PSOE jienense, en la sentencia del TSJA se insta a la Fiscalía a investigar posibles delitos de prevaricación y expropiación ilegal. «Por tanto, abre a vía penal contra el Ayuntamiento, que, según dice, ha tenido una actuación burda desde el punto de vista jurídico hasta extremos desconocidos», subrayó.
Así las cosas, el portavoz socialista afirmó que se trata de una sentencia «demoledora» contra el equipo de gobierno de IU que muestra un comportamiento «arbitrario e ilegal» que también perjudica a quienes en su momento «compraron honradamente» su casa sin saber que una parte de la parcela no era del constructor.
EL APUNTE
El edificio: Según apuntó Hidalgo, el edificio tiene aparcamientos, locales y siete viviendas, de las que están afectadas cuatro, a pesar de que la parcela «regalada» no es precisamente grande. «Tiene 18,32 metros cuadrados, pero su valor no es tanto por la extensión como por lo que aporta al solar», subrayó. En este sentido, explicó que el proyecto original únicamente contemplaba oficinas por carecer de la luz necesaria, pero que con la superficie en cuestión, que «está en esquina, en una situación estratégica y aporta luz», fue posible edificar las viviendas.
* Ideal - MÓNICA LOPERA - 24.05.2008
Foto: Jódar (Jaen) - pueblos-espana.org
