LAVERDAD/Murcia* : El magistrado señala que el ex regidor y «sus secuaces» se iban a repartir 3,6 millones de una «sustanciosa comisión». Tres años y cuatro meses exactos han pasado desde el día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pusieron boca abajo el Ayuntamiento de Totana, en la primera gran redada contra la corrupción urbanística que se registraba en la Región. Ahora, el desenlace de una parte significativa del proceso judicial a que dio origen esa operación policial, bautizada como 'Tótem', empieza a estar muy cerca.
El magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez-Templado, notificó ayer el auto por el cual se inicia el procedimiento abreviado -la antesala del juicio- contra el ex alcalde popular de Totana y actual diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional -el PP lo expulsó tras ser imputado-, Juan Morales, y otras doce personas, tal y como ayer ya adelantó este periódico.
Lo más significativo del mencionado auto son los múltiples cargos que el magistrado imputa a Morales - dos delitos de cohecho, dos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, otro de tráfico de influencias, otro de prevaricación, otro de falsedad documental, otro de fraude, dos de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último de infidelidad en la custodia de documentos-, así como un resumen de los hechos que, no por conciso, resulta menos revelador. Así, señala el instructor que Juan Morales, «durante su mandato como alcalde entre 2003 y 2007, se ocupó de la gestión de numerosos convenios urbanísticos, y en concreto de uno que promovió la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez Arias».
Relata que para llevar a buen puerto la operación, el entonces alcalde se involucró en la compraventa de terrenos, utilizando personas interpuestas -que también han resultado imputadas, como su ex esposa María del Carmen Jordán y la sociedad Gestoría Jordán, Juan Antonio Álvarez Moreno (Deitania Trading S.L.), Fulgencio Marín Bravo (Agroproducciones Integradas S.L.), Gabriel Martínez Navarro (Huevos Maryper), Joaquín Carmona Abellán (Nubia Inversiones), Domingo Sánchez Martínez (Visanfer S.A.) y Juan Antonio Alcántara, socio de Carmona-, y a cambio de esas gestiones iban a percibir, «Morales y sus secuaces», una «sustanciosa comisión» de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas).
La citada comisión se documentos, según el juez, «como reconocimiento de deuda de la empresa promotora Inmonuar a Nubia Inversiones», y se abonaría si la operación concluía de forma satisfactoria.
Otras presuntas ilegalidades
El resto de los delitos que el juez imputa al actual parlamentario proceden de su intervención en la venta de unos terrenos de una sociedad municipal, Provinvitosa, a la firma Huevos Maryper, con un supuesto perjuicio económico para el Consistorio; el hecho de que Morales estuviera dado de alta como trabajador de esa empresa privada, «cuando no tenía relación laboral alguna»; enviar dinero supuestamente ilícito a Brasil (unos 150.000 euros, según el fiscal), a través de su novia Vaneide Freita, para construirse una vivienda; hacer llamadas de teléfono a ésta y a otras amigas de Brasil a cargo del Ayuntamiento, y sustraer expedientes municipales.
Todo un cumulo de supuestos y muy variados hechos delictivos que podrían suponer una condena de varias decenas de años de prisión al ex alcalde popular.
Martínez Andreo, exculpado
Especialmente relevante es, asimismo, el hecho de que el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, haya quedado exculpado del presunto delito de cohecho o, en su defecto, de negociaciones prohibidas a los funcionarios, por el que ha permanecido en esta causa desde hace más de tres años. Pérez-Templado considera que de la conversación entre Martínez Andreo y un ex concejal totanero, Juan Francisco Casanova, que fue interceptada por la Guardia Civil, «no se deduce la existencia de un pacto para eliminar al antiguo alcalde Juan Morales de la percepción de comisiones ilegales para suplantarlo él». Sí afirma el instructor, sin embargo, que «si algo puede deducirse de la conversación telefónica con Casanova, queda en el arcano de las intenciones». Pero, tal y como recuerda el magistrado echando mano del latín, cogitaciones poenam nemo patitur'. O, traducido al castellano, que los pensamientos no son delito.
Añade, además, una razón procesal: de haber existido tal pacto para quitarle las comisiones a Morales, «la competencia no sería de esta Sala, al no tener relación directa con el aforado (Juan Morales) que motiva nuestra actuación», sino de un juzgado ordinario. De ahí que, por ambas razones, el instructor ordene el sobreseimiento provisional.
En el caso de Martínez Andreo, es previsible que el Ministerio Fiscal recurra en apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal, como ya hizo con un anterior sobreseimiento, con el fin de intentar sentar en el banquillo a Martínez Andreo. De hecho, en un escrito presentado el pasado día 9, el fiscal interesaba que se dictara auto de preparación de juicio oral contra Martínez Andreo y Casanova «por interesarse en la solicitud de la comisión que había realizado Morales a Inmonuar, al menos en grado de tentativa, o interesarse en una operación inmobiliaria que iba a generar una posible plusvalía a por unos terrenos propiedad del segundo». Unos hechos que, según el fiscal, podrían ser constitutivos de cohecho o de negociaciones prohibidas.
Otra causa abierta en Totana
En el caso de Martínez Andreo, el sobreseimiento provisional sólo afecta a la causa por supuesto cohecho, ya que en el juzgado de Totana está vigente la investigación por delitos como prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, fraude, malversación, violación de la correspondencia y, el más reciente, el de obstrucción a la justicia por presuntas coacciones a un testigo.
En la práctica, el auto de apertura de procedimiento abreviado dictado por Pérez-Templado supone que las diligencias han quedado concluídas y que, una vez sean resueltos los recursos que previsiblemente presentarán el fiscal y los letrados defensores, podrá procederse al señalamiento del juicio. La fecha de la vista estará fijada, previsiblemente, entre los meses de septiembre y diciembre próximos.
El tribunal estará constituído por el presidente de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, Juan Martínez Moya, y por los magistrados Manuel Abadía Vicente y Enrique Quiñonero Cervantes.
* La Verdad - 30.04.10
Foto: Totana, ayuntamiento - lomejordemurcia.com
Totana: El juez imputa doce delitos a Morales y dice que cobraba de una empresa privada
Todo el Gobierno de Camps amañó contratos con la trama de corrupción
ELPAÍS/Valencia* : El Gobierno que preside Francisco Camps, del PP, contrató de forma generalizada con la trama de corrupción que encabezaba Francisco Correa, tal como revela un informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el caso Gürtel. El informe, del pasado 16 de abril, fue la bomba que ayer reveló el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, en plena sesión de control a Camps.
"Incumplió la ley en más de 50 ocasiones", le recriminó Luna al presidente valenciano, que se negó a pedir disculpas por la trama de corrupción y dijo, en relación con la decisión que el 12 de mayo tiene previsto adoptar el Tribunal Supremo sobre el caso de los trajes que le regaló la red Gürtel: "Confío en la justicia y la verdad, por eso estoy tranquilo".
El informe pericial aporta datos demoledores. Entre 2004 y 2009, el Ejecutivo valenciano adjudicó al menos 85 contratos con nueve empresas de la trama de corrupción, la principal de ellas la sociedad Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, cabeza visible de la red en Valencia. Sólo nueve de esos contratos se hicieron por concurso y, aun así, en varios casos se trató de concursos ficticios o con irregularidades. La propia Presidencia de la Generalitat, la Vicepresidencia, siete consejerías (Justicia, Territorio y Vivienda, Infraestructuras y Transporte, Turismo, Cultura y Educación, Bienestar Social y Sanidad), y ocho organismos y empresas públicas contrataron con la trama por una cantidad global de 7,2 millones.
El fraccionamiento de contratos para adjudicarlos a dedo y evitar el concurso fue la práctica más habitual en un catálogo de irregularidades que incluye la adjudicación directa de contratos por encima de 12.000 euros, que prohíbe la ley, la vulneración del principio de concurrencia al solicitar ofertas a empresas de la misma trama, la duplicidad en el pago de servicios, el pago por trabajos no realizados y la adjudicación a empresas sin solvencia técnica.
La Abogacía de la Generalitat emitió anoche una nota en la que defiende que todos los contratos se ajustan a la legalidad y califica de "desproporcionadas, infundadas, y en algún caso falsas", las conclusiones de la Unidad de Auxilio Judicial, que integra a expertos de la Intervención del Estado, de la Agencia Tributaria y del Banco de España, entre otros.
* ELPAIS.com - 30.04.10
Foto: Generalitat (Valencia)-wikipedia.org
La piqueta entra en Sanxenxo y empieza a derribar un edificio ilegal
LAVOZDEGALICIA* : El edificio Boavista de Sanxenxo ya enseña parte de sus entrañas. Esta mole de siete plantas levantada con una licencia de 1984 para dos casas pareadas se ha convertido en el símbolo de la lucha por restablecer la legalidad urbanística emprendida por el gobierno de este turístico municipio gallego. Tras su controvertido desalojo el día anterior -con la detención de su dueño, ya en libertad-, ayer entró la maquinaria para ejecutar el aleccionador derribo, que se inició con las labores de demolición de la techumbre.
Los obreros que ejecutan la orden judicial trabajan en dos turnos (de 8 a 15 horas y de 15 a 22) para completarla en el plazo de un mes. Tarea no les falta. Tienen por delante derribar los 1.079 metros cuadrados ilegales de los 1.713 de superficie global de esta controvertida construcción a escasos metros de la playa de Baltar, en un emplazamiento de alto valor paisajístico.
A lo largo de la jornada, los trabajadores cargaron carretas llenas de escombros procedentes de la planta bajo cubierta. Los cascotes eran transportados en una grúa hasta ser depositados en otros contendedores de mayor tamaño.
La empresa adjudicataria de la demolición, Saraiba Obras S.???L., pasará al Ayuntamiento una factura de más de 140.000 euros. Posteriormente, el Concello pretende que sean los dueños del Boavista los que asuman el coste de los trabajos.
El derribo iniciado ayer culmina un pleito judicial que se remonta a 1994. Fue entonces cuando el gobierno local interpuso la primera denuncia relativa al exceso de edificabilidad de esta construcción.
El litigio no está del todo concluido. El abogado de los dueños del Boavista, Carlos Corredoira, se personará hoy en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para pedir la suspensión cautelar de la demolición.
Según detalló, no pretende evitar el derribo parcial del inmueble, pero sí busca que el Concello se ciña al estudio de viabilidad de reforma del edificio Boavista, acordado el 10 de agosto del 2005 por el entonces alcalde, Telmo Martín; la gerente de urbanismo, Encarnación Rivas, y el propietario, Pedro Prieto. Este plan, que nunca se llegó a realizar, suponía legalizar el inmueble con 12 viviendas y fue redactado por el arquitecto Manuel Antonio Silvares Fontenla.
Los dueños aseguran que no se oponen a la demolición de las tres últimas plantas (bajo cubierta, cuarta, tercera), pero reclaman salvar la planta baja, entreplanta, primera y segunda. Temen que la obra de demolición les deje el inmueble sin tejado, puesto que tras el derribo parcial deberán legalizar de igual forma la casa.
«El edificio seguirá siendo el Boavista, y mis padres seguirán alquilándolo. Hay permiso para disponer allí de doce viviendas», insistió el hijo.
Denuncias por allanamiento
Los dueños del Boavista, así como varios de los inquilinos, interpusieron el mismo martes denuncias por allanamiento ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Cambados. El abogado de Pedro Prieto expone en la denuncia de su cliente: «Estaba en cama cuando oyó golpes en su vivienda y entraron en su habitación varios policías [...] Uno estuvo hora y media, y después llegaron unos ocho más. Lo vistieron por la fuerza porque le dijeron que no lo podían sacar desnudo».
* La Voz de Galicia - 29.04.10
Foto: Varios trabajadores se afanaban ayer en las tareas de demolición de la parte alta del edificio Boavista, en primera línea de playa en Portonovo - lavozdegalicia.es
El Hotel Senator, emblema de la corrupción marbellí, sigue en pie gracias a Arenas
ELCONFIDENCIAL/Málaga* : El empresario José María Rosell, imputado en la ‘Operación Jable’ por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, ha sido uno de los principales beneficiados del PGOU de Marbella. El Hotel Senator, del que es propietario, conocido como el emblema de la corrupción urbanística en Marbella, levantado sobre una parcela que iba destinada a la ampliación del Palacio de Congresos, y ahora legalizado por los nuevos regidores, ha destapado las iras de los ciudadanos.
La oposición, así como las asociaciones ecologistas, han denunciado públicamente el trato de favor que los ‘populares’ han dispensado al promotor de la empresa Hoteles Playa. Según ha sabido El Confidencial, las buenas relaciones entre el presidente del PP andaluz Javier Arenas y la esposa de Rosel, Mar Agüero, senadora y ex presidenta del PP de Almería, fue decisiva para la legalización definitiva del Hotel Senator. La empresa Hoteles Playa, dueña del establecimiento, ya ha contactado con el Ayuntamiento marbellí para acelerar los trámites e inaugurar el edificio próximamente.
Desde que se tuvo conocimiento de la imputación del empresario Rosell en la ‘Operación Jable’, que es una pieza separada del ‘Caso Unión’, en la que se investiga una red de corrupción urbanística y una trama de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en distintos puntos de Canarias y Almería, hay que hablar de nuevo capítulo en la enmarañada historia del urbanismo local y del hotel Senator, un inmueble que nunca debió dejar la calificación de equipamiento público como residencia de mayores.
Las asociaciones ecologistas de la ciudad han denunciado a este periódico que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, es la responsable directa de que se legalizase el hotel por completo, frustrándose la cesión de 99 apartamentos para su uso como residencia de mayores, tal y como se contemplaba en el avance del PGOU. Muñoz ha permitido que el hotel que gestiona el empresario afín a la línea de los populares, consiguiera la legalización a costa del interés general.
En la actualidad, la única contraprestación que recoge el PGOU para legalizar el hotel es la financiación del 50% de la ampliación del Palacio de Congresos, una actuación que servirá como un valor añadido para el hotel, que tendrá al Palacio pared con pared, lo que beneficiará sus opciones de negocio.
No cederán ningún apartamento
Según anunció la misma alcaldesa Ángeles Muñoz, uno de los primeros empresarios en pedir la normalización de su inmueble nada mas aprobarse el documento urbanístico el pasado 29 de enero fue el propietario de de las empresas Hoteles Playa junto con otros empresario del ladrillo, Nicolás Osuna. La regidora se refirió a que los dueños del hotel Senator, propiedad de Hoteles Playas, deseban abrir cuanto antes y para ello señaló que "tendrán que hacer una inversión importante para ceder una parcela anexa y destinarla a la ampliación del palacio" En total, y según el PGOU, destinarán 25 millones en ejecutar la ampliación del palacio y legalizar el hotel. Además, el 50% del coste lo sufraga la Junta de Andalucía.
La primera versión del nuevo planeamiento preveía la cesión de los 99 apartamentos que la empresa posee junto al hotel, que después se redujeron a 27. Finalmente, según el último documento aprobado, no tendrán que ceder ninguno.
Protesta de asociaciones de vecinos
Asociaciones de vecinos como el Banana Beach, que deberá ser demolido, consideran “muy grave el agravio comparativo, así como que la alcaldesa beneficie a Rosell, que infringió la legalidad urbanística en Marbella levantando un hotel donde tendrían que ubicarse equipamientos públicos”. Rosell es dueño también de Hotel Playa Verde, de Costa Teguise, así como de otro establecimiento en construcción en la misma zona turística que fue paralizado por orden judicial.
Los vecinos de Marbella ven insuficiente la compensación a la ciudad por haber construido su establecimiento en una parcela de 10.000 metros cuadrados destinados a equipamiento público, reservado ahora nada más que para la ampliación del actual Palacio de Ferias y Congresos. Pero la historia de los terrenos ya es complicada de por sí. Los ciudadanos aún recuerdan en la campaña electoral de abril de 2003, a la entonces socialista Isabel García Marcos, detenida posteriormente en la ‘Operación Malaya’, cómo en una rueda de prensa delante del establecimiento hotelero, denunció que lo primero que haría si llegaba a la alcaldía sería derribar el Hotel Senator.
Propiedad de la trama vasca de Malaya
El terreno donde hoy se levanta el Senator fue cedido en su día por los propietarios de la urbanización Alhambra del Mar al Ayuntamiento de Marbella para equipamiento público. En el año 1998, el Ayuntamiento lo vendió a la empresa Proinsa por 2,6 millones de euros. Esta sociedad Proinsa es una de las sociedades de Javier Arteche miembro de ‘la trama vasca’, socio de Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de la trama de corrupción.
En el año 2000, Proinsa vendió el solar a Hoteles Playa S.A. por 15 millones de euros. Y dos años más tarde, el ex consejero de la Junta, Jaime Montaner Roselló, contratado en este caso por Hoteles Playa, presentó una modificación de dicho proyecto, no ya para construir 150 apartamentos, sino un centenar viviendas y un hotel de cuatro estrellas, sin que el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga lo visara.
Julián Muñoz le concedió la licencia en tres días. Así, en el año 2006, el Senator y aledaños pasaron de ser un terreno cedido al Ayuntamiento para equipamiento público a venderse por casi nueve millones y medio de euros, con la inestimable ayuda del ex consejero de la Junta de Andalucía, el socialista Jaime Montaner y el empresario José María Rosell afín al Partido Popular y ahora imputado en el Caso Jable.
Hoteles Playa consiguió el nuevo proyecto, lo partió por la mitad y vendió las viviendas a la empresa sevillana Inmo S.L. (Inversiones Turísticas Hoteleras, S.L.) por el módico precio de 9.495.000 euros, en escritura ante el notario de Sevilla Victorio Magariños Blanco el 19 de diciembre de 2002.
A través de la sociedad EBM Alisma, cinco cajas de ahorro son propietarias del 5% de las acciones de la Sociedad Hoteles Playas. Estas cajas son: Caja de Ahorros de San Fernando, Caja Granada, Caja Sur, Caja Círculo y Caja de Castilla-La Mancha.
* El Confidencial . 29.04.10
Foto: Vista general del Hotel Senator en Marbella (A. De la Gama), elconfidencial.com
Galicia: El PP rechaza en el Parlamento prorrogar la Ley de los 500 metros
LAVOZDEGALICIA* : El Parlamento gallego ha rechazado, con los votos del PPdeG, prorrogar las medidas de protección recogidas en la Ley 6/2007 de 11 de mayo, conocida como la ley de los 500 metros, hasta la aprobación definitiva del Plan de Ordenación del Litoral (POL). La Xunta prorrogó la suspensión temporal de la norma pero dicha prórroga caduca el próximo 15 de mayo.
Por ello, el grupo socialista presentó esta mañana una proposición no de ley en la que pedía que la Cámara autonómica instara a la Xunta a «prorrogar las medidas recogidas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 6/2007 hasta la aprobación del Plan de Ordenación del Litoral», a la que se incorporó una enmienda del BNG que especificaba que la aprobación fuese la definitiva.
Por su parte, el grupo popular propuso una enmienda de sustitución en la que abogaba por «adoptar los mecanismos oportunos para garantizar las medidas de protección» recogidos en los preceptos citados «mientras no se apruebe de forma inicial» el POL, cuyo estudio será abordado desde mañana en comisión.
En sus intervenciones, los encargados de defender las posiciones de sus grupos se reprocharon la gestión territorial y urbanística de sus respectivos gobiernos y, en este sentido, la defensora de la proposición, Mar Barcón, pidió al PPdeG «lealtad con la costa y legalidad» liderando la protección de las zonas más débiles y sensibles de Galicia, como la franja de 500 metros de litoral.
Alegó que realiza esta solicitud en aras de preservar el patrimonio natural para que «no perezca bajo la presión de intereses particulares» o «la depredación en nombre de un malentendido progreso» y agregó que «no nos podemos fiar» del plan del PP por contener «avances oscuros, con errores y discrecionalidad».
Recordó que el gobierno bipartito abanderó una «defensa decidida» de la costa gallega con la Ley de Medidas Urgentes, y enfatizó que «cuando la política se aparta del urbanismo lo único que queda es el mercado», para concluir: «Que la política proteja el bien de todos y no regale lo que es de todos a unos pocos».
La diputada nacionalista Teresa Táboas lamentó que el POL sea la «caricatura» de lo «mal» que está hecho técnicamente «que tiene más que ver con la costa del Levante español y tan poco» con Galicia.
El parlamentario popular Román Rodríguez defendió la prórroga de un año «de veto» a la construcción en los 500 metros de franja litoral ante la «inseguridad jurídica» que acarrearía no hacerlo, y se mostró partidario de que dicha prohibición se mantenga hasta la aprobación inicial del POL «con información sobre espacios paralizados y diálogo directo con los ayuntamientos».
Rodríguez pidió por su parte al PSOE «responsabilidad y lealtad con Galicia» y al BNG que sea «coherente» en esta materia.
* La Voz de Galicia - 28.04.10
Foto: La costa de Carnota - lavozdegalicia.es
«La crisis ha frenado un modelo urbanístico que era evidente que iba mal»
LNE/Gijón/Entrevista* : María Jesús González es la presidenta de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA) que ha citado hoy a sus socios en el Paraninfo de la Laboral para presentar la Carta del Transcantábrico, un documento para la construcción de ciudades más habitables, sostenibles, plurales, solidarias, libres, diversas, creativas y participativas. Tras un viaje en el Transcantábrico debatiendo estas cuestiones, González reflexiona sobre algunas cuestiones de actualidad vinculadas al colectivo que representa.
-¿Cómo afecta el cambio climático a la arquitectura?
-El cambio climático y la utilización de los recursos naturales es un tema que preocupa y la actividad de los arquitectos creando un espacio donde el ser humano habita no puede dejarse libremente sin estudiar. La idea de hacer la Carta del Transcantábrico, una propuesta de Arturo Gutiérrez de Terán, nos pareció una idea interesante que se debe respaldar porque en estos momentos es especialmente oportuna, no sólo por la preocupación medioambiental sino también desde el punto de vista de la crisis. Todas las circunstancias confluyen en que sea necesario un debate en profundidad, participativo y abierto sobre sostenibilidad y arquitectura del que se saquen conclusiones para después actuar.
-¿A quién se hará llegar ese documento?
-La carta pretende ser un documento muy abierto. Está claro que sin apoyos desde las instituciones no se puede hacer nada pero al mismo tiempo también es necesaria la participación del ciudadano.
-¿Cuáles son los puntos básicos para el debate?
-Fundamentalmente se trata de dar un enfoque distinto al problema de la sostenibilidad. Decía Einstein que no se pueden resolver los problemas con la misma óptica con la que se han creado, eso quiere decir que tenemos que ponernos en un posición libre, externa, abierta, para sugerir soluciones nuevas. La sostenibilidad abarca muchísimos aspectos, no sólo lo meramente energético sino aspectos sociales, participativos, de manera que podamos estudiar el futuro de una forma muchísimo más abierta.
-¿Qué opina de los modelos de ordenación territorial basados en una feroz especulación del suelo?
-El problema visto desde fuera, tanto para Gijón como para cualquier otra ciudad es que los municipios participan de unos esquemas generales que se deben plantear de forma previa, es decir, es un problema del hombre con respecto a la naturaleza y de la huella ecológica respecto a nuestro estilo de vida. Cualquier ciudad debe plantearse solucionar sus problemas locales sin perder de vista otros más generales porque realmente los problemas de impacto ambiental no pueden estudiarse de forma local. Por eso los municipios deberán estudiar seriamente su Agenda XXI con criterios muy serios. El principio de pensar globalmente y actuar localmente es absolutamente vigente.
-¿Existe algún territorio modelo en cuanto a su planificación urbanística?
-No podría citar ninguno en concreto pero lo que sí está claro es que desde hace diez años para acá existe un evidente interés por la sostenibilidad. Empieza a haber muchos informes pero el camino que queda por recorrer es enorme.
-¿Cómo son las previsiones?
-Ahora mismo estamos trabajando para conocer qué elementos comunes pueden dar pautas para conseguir ciudades más sostenibles y habitables. El informe sobre sostenibilidad para el año 2050 dice unas cosas muy claras sobre qué a va ser del planeta si en pocas décadas no se corrigen las tendencias actuales.
-¿Cabe achacar el problema a la especulación urbanística?
-Esa situación nos indica que el modelo actual no es válido pero el problema es mucho más amplio, no sólo de una crisis económica. La crisis está señalando cosas pero el problema es mucho más profundo.
-¿Cómo ha afectado la crisis a la actividad profesional de los arquitectos?
-Ha frenado un proceso que era evidente que iba muy mal y que no tenía destino. Vamos a ver ahora cómo reaccionamos, por eso es muy oportuna la Carta del Transcantábrico.
-¿Cuáles son los objetivos de la asociación?
-Somos una asociación sin ánimo de lucro compuesta fundamentalmente por arquitectos cuyo objetivo es profundizar y debatir la relación entre sostenibilidad y arquitectura, que posee un gran número de socios pero abierta a otras disciplinas y refrendada por un comité multidisciplinar de gran solvencia que colabora en dar rigor, seriedad y fundamento a todas nuestras actividades.
* LNE - 24.04.10
El ex presidente balear Cañellas declara como imputado por corrupción
ELPAÍS/Palma* : El primer presidente de Baleares, entre 1983 y 1995, Gabriel Cañellas (PP), declaró ayer como imputado, en la comisaría de policía de Palma de Mallorca, ante los fiscales anticorrupción que investigan una supuesta malversación en la empresa pública balear Caib Patrimoni. En este caso están también imputados Luis Ramis de Ayreflor, consejero de Economía bajo el mandato del presidente Jaume Matas, y dos ex directores generales del anterior Gobierno autónomo: Jorge Sainz de Baranda y Joan Pol.
Gabriel Cañellas negó su relación con supuestos desvíos de fondos de la compañía pública y con pagos de comisiones por adjudicación de obras.
El ex presidente de Baleares facturó en 2006 cerca de 50.000 euros a la firma Atlas Capital, una comisión por una intermediación en una venta, según documentó. Dos ejecutivos de Atlas están imputados tras percibir 600.000 euros por asesoría y control de un concurso de Caib Patrimoni que la acusación cree amañado.
* ELPAIS.com - 29.04.10
Foto: Palma, Presidència del Govern Balear - epdlp.com
Nuevo revés judicial a los planes de Barberá
PÚBLICO/Valencia* : Primero fue el Ministerio de Cultura a instancias del Tribunal Supremo. Más tarde el Tribunal Constitucional en dos ocasiones. Y ahora la Audiencia Nacional, a través de un auto fechado el 9 de abril y que trascendió ayer. Las tres instancias han puesto freno al plan del Ayuntamiento de Valencia de derruir cerca de 600 edificios de alto valor histórico en el barrio de El Cabanyal. Un proyecto que Cultura paralizó, tras calificarlo de "expolio patrimonial", el 29 de diciembre a través de una Orden que el consistorio recurrió ante la Audiencia Nacional, a la que solicitó su suspensión cautelar.
Esta última medida ha sido denegada ahora por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal a través de un auto en el que insta al equipo de Gobierno de Rita Barberá (PP) "a la suspensión inmediata de la ejecución" del plan urbanístico que prevé derruir El Cabanyal para prolongar una avenida, "en tanto se lleve a cabo una adaptación que garantice la protección de los valores histórico artísticos que motivaron la calificación como conjunto histórico".
El texto señala que, de no ser así, "podrían producirse perjuicios irreparables en dicho patrimonio histórico". Tras este auto, queda pendiente que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la totalidad del recurso presentado por el consistorio.
Satisfacción en el barrio
La decisión judicial fue recibida con enorme satisfacción por Salvem El Cabanyal, plataforma que se opone a las demoliciones. Para su portavoz, Maribel Doménech, supone "un nuevo varapalo jurídico para Barberá, que se ha declarado insumisa a la legalidad vigente". También denunció que la alcaldesa ya conocía el auto este lunes, cuando aprobó 18 licencias de derribo "que serían nulas de pleno derecho".
Barberá no se pronunció sobre este tema, aunque sí cargó contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, a la que conminó a presentarse "como alcaldesa de Valencia si lo que pretende es hacer un planteamiento nuevo para El Cabanyal".
* Público - 29.04.10
Foto: Valencia, ayuntamiento - elmundo.es
El fiscal pide ocho meses para el alcalde de Zurgena, dos concejales y cinco ex ediles
ELPAÍS/Almería* : El alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón (PA), dos concejales y cinco ex ediles que formaron parte de la anterior corporación se enfrentan a ocho meses de cárcel y siete años de inhabilitación. La fiscalía les culpa de un delito de prevaricación por votar favorablemente en un pleno, en febrero de 2006, la concesión de licencias para la construcción de cinco viviendas en suelos no urbanizables del paraje El Cucador. Los permisos fueron otorgados "a sabiendas de su injusticia", afirma el fiscal en su escrito de acusación.
El fiscal hace extensible este reproche al técnico municipal que dio el visto bueno a las construcciones, para el que reclama la misma pena.
En esta causa figuran también como imputados el administrador de la promotora de la obra y su director técnico, quien realizó los proyectos siendo consciente de que ocuparían suelos no aptos para la construcción. Para ellos pide el ministerio público dos años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para desempeñar cualquier trabajo relacionado con la construcción por delitos continuados contra la ordenación del territorio. El administrador de la promotora, José T. C., deberá indemnizar, en caso de condena, a los compradores de sus casas, para las que se pide la demolición.
Además del primer edil, se sentarán en el banquillo el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), y la segunda teniente de alcalde, Emilia Jiménez (PA). Les acompañarán los ex ediles andalucistas Aniceto López y Miguel Marín. Completan la lista de acusados los ex concejales socialistas Juan Morales y José Antonio Ramos y el ex edil popular José Juan Sánchez, para los que su letrado pide la absolución. Todas estas personas se enfrentan a ocho meses de cárcel y siete años de inhabilitación por contribuir al desorden urbanístico en el Valle del Almanzora, en el que se ubica este municipio de algo menos de 3.000 habitantes.
El letrado aduce en su escrito que la falta de formación jurídica y urbanística de Morales, Ramos y Sánchez les impedía conocer la ilegalidad de las licencias. Por ello, arguye el letrado, se limitaron a votar a favor de la propuesta, que avalaban los informes del técnico municipal y de la secretaria del Ayuntamiento. El alcalde fue arrestado junto a su mano derecha, el edil de Urbanismo, el 2 de abril de 2008 dentro de la operación Costurero. Además, en esta operación se incluyen otros 11 procesos que salpican a 10 de los 11 miembros de la anterior corporación, a la ex secretaria del Ayuntamiento, a varios empresarios y al cuñado del alcalde, que es promotor inmobiliario.
En la causa principal, que aún está pendiente de calificar, Trabalón figura como acusado de prevaricación, cohecho, delito contra la ordenación y falsedad por privilegiar a promotores, entre ellos su familiar, y por otorgar licencias sin cumplir los requisitos previstos por la ley.
* ELPAIS.com - 29.04.10
Foto: Zurgena - teleprensa.es
El TSJA desestima el recurso que pedía desbloquear el campo de golf de Lucena
ELDÍA/Córdoba* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado "la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto por Las Lomas del Duque SA y La Dehesa del Duque SA para tratar de desbloquear el proyecto de construcción de un campo de golf en Lucena promovido por las dos sociedades, tal y como se recoge en una sentencia del 6 de abril a la que el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lucena, Miguel Villa, hizo referencia en el transcurso del último pleno ordinario.
Villa preguntó al alcalde de la ciudad, José Luis Bergillos (PSOE), si conocía que el "TSJA no ha admitido a trámite el recurso porque los promotores no han acreditado que los órganos de dirección de ambas sociedades sean competentes para litigar contra la Junta de Andalucía". El regidor replicó que carecía de noticias al respecto y añadió que "por lo que sabemos sigue adelante" el proyecto, una afirmación que de inmediato rebatió Villa, quien indicó que "lo que sigue adelante es la solicitud de declaración de interés turístico del campo, no la construcción del proyecto", matizó el concejal de IU.
El consejero delegado de una de las promotoras del campo de golf -Dehesas del Duque-, Manuel García, indicó ayer a El Día que "el TSJA no ha valorado las cuestiones de fondo que plantea el recurso y lo ha desestimado por una cuestión meramente formal" y adelantó que "vamos a recurrir la sentencia al Tribunal Supremo", aunque se lamentó de que "como la justicia es así, tendremos que esperar otros cuantos años para que esto se solucione".
El recurso que no ha sido admitido a trámite pretende recurrir el dictamen de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba que suspendió la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Lucena relativa a la creación de un nuevo sector de Suelo Urbanizable Ordenado Residencial denominado Las Lomas del Duque.
Esta posición del TSJA supone un nuevo revés para los accionistas, que en su última junta general escucharon por parte del Consejo de Administración "el hartazgo y el cansancio" que suponía tantos años de trámites. Tras plantear a los accionistas dos alternativas, por un lado renunciar al proyecto y liquidarlo definitivamente; y por otro, la opción elegida por unanimidad, que no es otra que efectuar una liquidación ordenadamente, sin desprenderse de los activos necesarios para materializar el proyecto, decidieron dejarlo todo en suspenso hasta junio del presente año, fecha en que de nuevo reunida la junta general, se decidiría si se continúa adelante o si la iniciativa queda cancelada sin más dilación.
Y es que se dependía de si la tramitación burocrática permite desbloquear el proyecto y de si el recurso contencioso-administrativo planteado por los promotores del campo de golf se falla a su favor, algo en lo que se mostraban muy esperanzados porque, tal y como indicó el consejero delegado, Aurelio García, el recurso está "muy bien armado" según los expertos. Ahora, la decisión del TSJA lo vuelve a dejar todo en el aire.
Los promotores ya aceptaron en su día las pretensiones de la Junta de Andalucía de rebajar el número de viviendas inicialmente previstas en la zona -670 frente a las 1.070 del plan original-, la reducciónde la prohibición de la toma de agua de la estación depuradora sólo a los meses de julio y agosto y utilizar la depuradora de Lucena para el tratamiento de las aguas residuales. Los primeros pasos dados para el desarrollo del campo de golf consistieron en la compra de los terrenos, una operación que se realizó en 2001 adquiriendo la finca La Blanca con una superficie de 235 hectáreas por más de 5,1 millonesde euros. Manuel García recordó que "el proyecto consiste en la ejecución de dos campos de golf de 18 y nueve hoyos, un hotel de cuatro estrellas con 100 habitaciones y una serie de instalaciones complementarias, como casa club y alojamientos turísticos y residenciales".
* El Día de Córdoba- 29.04.10
Foto: Lucena - spainonline.com
Vigo acumula edificios sin habitar y miles de peticiones de viviendas
ATLÁNTICO* : Mientras 11.188 vigueses esperan una vivienda de protección oficial, muchos edificios fantasmas están sin terminar ni ser ocupados. Situado en la confluencia de las calles Angel de Lema y Marina con Buenos Aires se encuentra un edificio de siete plantas. Aparentemente parece uno más de los inmuebles del último tramo de Travesía de Vigo, sin embargo, está prácticamente vacío y la mayoría de viviendas sin rematar.
Lejos de lo que podía parecer, no es una construcción reciente, sino que tiene más de veinte años y a día se mantiene como un edificio fantasma, con apenas siete vecinos. Este es sólo un ejemplo de edificaciones que por distintos motivos quedaron sin entregar o sin concluir en su construcción y permanecen en pie sin que hasta el momento nada se sepa sobre los que iban a convertirse en moradores. En plena crisis económica, donde el sector de la construcción se ha visto obligado a parar en seco, la ciudad cuenta con edificaciones levantadas sin que hayan llegado a materializarse como viviendas. ‘Este edificio no tiene remedio’, explicaba una de las de las pocas residentes en el inmueble de Teis. Declina hacer más comentarios sobre lo que ocurrió para que ese edificio tenga siete plantas levantadas y la mayoría sin ventanas, ni puertas, ni por supuesto, vecinos. Sólo hay siete buzones operativos en el portal de las más de 14 viviendas que hay en el bloque. ‘Está prácticamente vacío desde hace años’, afirma esta vecina. Según algunos testimonios recogidos por este periódico, el edificio podría haber sido víctima de la crisis en una constructora allá por 1984. El propietario habría huido de la ciudad dejando una deuda de 500 millones de pesetas, entre sus 120 trabajadores, Seguridad Social, entidades financieras y proveedores de materiales de construcción. En aquella época fue todo un escándalo que vino acompañado de una orden de búsqueda y captura contra el propietario de la empresa y una lluvia de denuncias. Hasta el momento, Urbanismo no ha dado una respuesta sobre el expediente de este inmueble, que es carne de cañón para la ocupación ilegal en un momento en el que el número de personas sin vivienda se ha disparado. No es éste el único riesgo al que se enfrentan estos edificios. En la calle Rosalía de Castro se encuentra otro inmueble, prácticamente terminado, pero sin ocupar desde hace más de 15 años. La falta de residentes impide el mantenimiento de una obra que sufre del deterioro por el paso de los años, sin haber sido nunca habitada y con riesgos al situarse junto a un colegio. Con una altura de nueve plantas, ninguna de las viviendas ha sido finalizada y ya se han producido caída de cascotes y elementos de la fachada, sin rematar, durante algunos temporales de invierno, señalaron vecinos de la zona.
* Atlántico - 26.04.10
Foto: Este edificio situado entre Buenos Aires y Angel de Lema y Marina está prácticamente deshabitado y sin rematar desde hace 20 años. Foto: j.v. landín, atlantico.net
La inacción, causa del caos en Zahora
DIARIODECÁDIZ* : A la vista de todos y con impunidad total se ha levantado un hotel ilegal en la playa de Zahora, ladrillo a ladrillo, carretada a carretada y con camiones, es de suponer, entrando y saliendo en primavera, verano, otoño e invierno. Imposible no darse cuenta. Ha estado funcionando durante al menos un años y se ha anunciado en internet con una magnífica presentación. Sin embargo y pese atodo ello, el Zahora Riad no existe oficialmente; es un negocio "clandestino". Atendiendo a su vocación y estilo arquitectónico semejante a una kashba, podría decirse que para las autoridades municipales y autonómicas es como un espejismo del Sáhara, pero en la playa barbateña. A pesar de que inspectores de una y otra administración han tenido que darse cuenta del desaguisado urbanístico, el establecimiento no ha tenido ningún problema.
El alcalde de Barbate ha declarado cumplida su responsabilidad con la apertura de un expediente; la delegación de Turismo de la Junta de Andalucía ha estado "un par de veces y no ha detectado actividad", y afirma que no pueden "andar cerrando" establecimientos, cuando la práctica está bastante extendida. Ante todo este carnaval de despropósitos, el pasmo ha aparecido en la cara de los ciudadanos, y la indignación en el rostro de los industriales que han cumplido todos los requisitos y trámites de años para montar su negocio. No digamos ya, porque seguramente será irreproducible, lo que pensarán los propietarios que han vistos sus casas ilegales derribadas. Este caso parece demostrar que, ante el descontrol de la normativa urbanística en la zona de Zahora, las autoridades competentes han optado por la inacción y la vista gorda. No cabe duda de que esta actitud incapaz de la Administración, arrastrada desde hace años, ha propiciado el tremendo caos, que hay que achacar también a muchos propietarios de la zona, poco cuidadosos con el tesoro que es su entorno. Nadie duda de la complicación que supone arreglar ahora esos entuertos pero tampoco de la urgencia de hacerlo, y como ejemplo ahí está el difícil proceso de regularización de El Palmar vejeriego.
* Diario de Cádiz - Opinión - 24.04.10
La reforma penal ataca la corrupción privada y exime a los partidos
CUARTOPODER* : El Estado no es punible penalmente y los partidos políticos, sindicatos, administraciones públicas y sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, tampoco. Por eso la reforma del Código Penal que aprobará mañana, 29 de abril, el pleno del Congreso, les deja al margen de la sanción penal por corrupción que establece para las “personas jurídicas” privadas. No obstante, por primera vez los legisladores han decidido castigar con penas de uno a tres años de cárcel las autorizaciones urbanísticas contrarias a la ley y han ampliado el delito de “cohecho” a las omisiones y silencios de las inspecciones preceptivas.
Esta modificación del Código Penal de la democracia que negociaron hace 15 años Joaquín Almunia, Diego López Garrido, Federico Trillo y Julio Padilla soslaya la responsabilidad penal subsidiaria de las formaciones políticas, sindicatos y organismos y empresas públicas en los delitos de corrupción. Es más, el preámbulo de advierte expresamente que “no les serán exigibles responsabilidades penales”. Las modificaciones no afectarán a la trama Gürtel vinculada al PP ni a otros casos de corrupción que afectan a varias formaciones políticas, pues carecen de efecto retroactivo y entrarán en vigor tras una vacatio legis de seis meses.
La reforma se limita a tipificar los “cohechos” en el sector privado y extiende la responsabilidad penal a las “personas jurídicas”. Cuando entre en vigor, los jueces podrán condenar a las empresas y sociedades privadas por una doble vía: “por los delitos que cometan en su nombre o por su cuenta las personas que tienen poder de representación en las mismas y por no haber ejercido el debido control”. Para evitar que recurran al socorrido “cabeza de turco”, un precepto faculta a los jueces a exigir la responsabilidad de la persona jurídica con independencia de que exista o no responsabilidad penal de una persona física. Para graduar la sanción se introduce la atenuante de “la confesión, la reparación del daño y la aplicación de medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos en el futuro”.
Otras formas para combatir la corrupción consisten en extender el delito de “prevaricación” a la ocultación de actos ilícitos observados por la inspección y a la omisión de inspecciones obligatorias, lo que tiene especial importancia para atacar la corrupción urbanística, el empleo negro y el fraude social y fiscal. En los delitos urbanísticos se dispone que la sanción económica sea “proporcional”, no equivalente al lucro. Los legisladores han extendido también el delito de cohecho a los funcionarios extranjeros en el marco de la Unión Europea.
Junto con la corrupción privada, que incluye el soborno de administradores y directivos de empresas, el falseamiento de datos contables, balances y otros instrumentos bursátiles y societarios, la reforma opta por la vía italiana de penalizar el soborno en el deporte y consagra como delito la piratería de contenidos y el encubrimiento de la misma. La figura del “encubrimiento” se extiende además al tráfico ilegal de órganos y a la trata de seres humanos.
Finalmente, aunque en primer lugar por los bienes y derechos que hay que proteger, los legisladores acentúan el castigo a los violadores y asesinos de menores de 13 años y de otras personas indefensas con unas penas que “no están muy distantes de la cadena perpetua”, según afirman. Y fijan medidas pospenitenciaras como la “libertad vigilada” y la “localización permanente” que pueden durar hasta diez años para prevenir la reincidencia.
Ni los delincuentes patológicamente peligrosos ni los condenados por terrorismo a penas de reclusión superior a cinco años podrán acceder al tercer grado sin haber cumplido la mitad de la pena y, en todo caso, quedarán sometidos a un “periodo de seguridad”. Con estas nuevas fórmulas y otras referidas a la protección y dignidad de las víctimas frente a los agresores, han querido dar respuesta a los casos que mayor indignación social han provocado en los últimos años.
* Cuarto Poder - 28.04.10
Viñeta: Corrpción urbanística - torreviejadigital
Portonovo: Desalojan para derribarlo un edificio cuyos pisos se alquilaban desde 1984
LAVOZDEGALICIA/Pontevedra* : El litigio para demoler los más de 1.000 metros cuadrados de exceso de edificabilidad se remonta a 1994. La piqueta ya está dispuesta en Portonovo para empezar a derribar hoy mismo el edificio Boavista, primera ilegalidad urbanística de gran volumen que caerá en el municipio pontevedrés de Sanxenxo, tras un largo litigio -de 16 años- entre sus dueños y el Concello.
La resistencia no ha sido poca, tanta que ayer, cuando se procedía al desalojo de los inquilinos con un amplio dispositivo policial, uno de sus propietarios, Pedro Prieto, salió esposado del edificio ante su negativa a levantarse de la cama en un intento de obstaculizar una acción avalada por los tribunales.
Licencia para dos pareados
La historia del inmueble Boavista arranca en 1984, cuando se levantó de forma ilegal a escasos metros de la playa de Baltar un bloque de siete alturas con una licencia que en realidad solamente admitía la construcción de dos viviendas pareadas de dos plantas cada una. El resultado fue una mole de 1.789 metros cuadrados de superficie, de los que 1.079 suponen un exceso de edificabilidad.
La llegada de la piqueta, que hoy comenzará un trabajo que se prevé que durará un mes, se produce después de un largo carrusel de sentencias y recursos. Aunque el litigio comenzó en 1994, la licencia urbanística para edificar la concedió diez años antes el entonces regidor Ramón Guisasola.
Los dos mandatarios municipales que lo sucedieron se mostraron aparentemente indiferentes a la desproporción de la estructura, al borde de una playa de bandera azul y zona dunar de Portonovo. Pero quejas vecinales llevaron en 1994 al alcalde José Luis Rodríguez a interponer la primera denuncia. Aunque otras fuentes apuntan que el primer recurso judicial se habría formulado ya en el año 1992. En época estival, los 24 apartamentos del Boavista eran alquilados a turistas. Con esta actuación, el Concello logra acometer el primer derribo de calado para recuperar la legalidad urbanística de una zona costera. La operación contempla la demolición total de las cuatro últimas plantas, así como el derribo parcial de otra de ellas. La intervención se prolongará aproximadamente hasta junio.
La primera sentencia favorable a las tesis municipales data de 1996 y el último fallo judicial se dictó hace apenas dos semanas, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) autorizaba al gobierno local a proceder a la demolición parcial y al desalojo previo del inmueble.
La alcaldesa de Sanxenxo, Catalina González (PP), lamentó ayer que los propietarios «abusaran» del sistema judicial para dilatar en el tiempo el derribo del Boavista. «Foi un proceso longo e iso que se intentou en varias ocasións que o legalizasen», precisó la regidora in situ. Advirtió que otros edificios podrían seguir el mismo camino: «O exceso de edificabilidade é clamoroso», reprobó.
Despliegue policial
Un enorme operativo policial ya estaba desplegado en los aledaños del inmueble a primera hora de la mañana de ayer para comenzar el desalojo de la estructura. Al menos ocho policías locales y cinco guardias civiles vigilaban el entorno, que fue acordonado y, posteriormente, vallado.
Los agentes locales tardaron unos minutos en acceder al edificio para desalojar a los ocho inquilinos, que salieron sin ofrecer resistencia tras recoger sus pertenencias. Sin embargo, se encontraron con la negativa del dueño, que acabó saliendo esposado de la casa. El propietario, Pedro Prieto, que cumple 80 años el próximo mes, estaba en la cama cuando fue detenido por la Policía Local. «Non se resistiu», afirmó la regidora, pero «houbo que levantalo», precisó.
El hijo de los propietarios se lamentó: «Entraron en casa, se acercaron a mi padre que estaba en cama, lo vistieron y se lo llevaron esposado». El abogado de la familia afirmó que hoy mismo presentará alegaciones ante el TSXG para intentar salvar in extremis el inmueble.
* La Voz de Galicia - 28.04.10
Foto:
Inquilinos del edificio Boavista, ubicado en la localidad de Portonovo, en Sanxenxo, se afanaban ayer en sacar sus pertenencias de los pisos - CAPOTILLO, lavozdegalicia.es
Condenan a siete años de inhabilitación al alcalde de Canillas de Albaida
ADN/Málaga* : El alcalde de Canillas de Albaida (Málaga), Antonio Gregorio Díaz Navas (PP), ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal nº5 de Málaga a siete años de inhabilitación para cargo público de concejal o alcalde, y a una multa de quince meses por un delito de prevaricación urbanística. El tribunal considera aprobado que el alcalde concedió una licencia de obras de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable "con grave incumplimiento de la normativa reguladora de la concepción de licencias", según la sentencia a la que ha tenido acceso Efe.
Por todo ello, la sala ha acordado la nulidad de la licencia otorgada el 2 de noviembre de 2004 para la construcción de una vivienda unifamiliar en el paraje "El Mosquín", en el término municipal de Canillas de Albaida.
El tribunal también ha ordenado que se manden oficios a la Junta Electoral Central, a la Oficina del censo y al ayuntamiento "al objeto de constancia y ejecución de la pena de inhabilitación especial para cargo público".
En los hechos probados se relata que en 2006 el propietario de unos terrenos y un constructor edificaron una vivienda unifamiliar aislada en un terreno no urbanizable, y que presentaron la solicitud de licencia de obra al consistorio.
La solicitud se realizó sin el preceptivo proyecto técnico ni el de actuación, pero se concedió la licencia por decreto del alcalde en noviembre de 2004.
Asimismo, el tribunal considera que el alcalde omitió la reclamación de documentación técnica visada del arquitecto municipal, según se indica en la sentencia.
En los fundamentos de derecho se recuerda que el propio alcalde durante el juicio reconoció haber conseguido la licencia pese a la falta de documentación, pero se excusó "en que eran muy pesados".
Por todo ello, el tribunal ha destacado que el acusado actuó "con clara conciencia de la arbitrariedad e ilegalidad de la resolución", y que ha cometido una infracción de la normativa urbanística de manera "patente y grosera".
* ADN - EFE - 27.04.10
Foto: Canillas de Albaida (Málaga) - malagapueblos.com
La Fiscalía critica que ayuntamientos promuevan "el borrón y cuenta nueva" en la ordenación del territorio
EUROPAPRESS* : La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha criticado que los ayuntamientos promuevan "una tendencia interminable al borrón y cuenta nueva inasumible y de lamentables resultados en la ordenación del territorio, por el mensaje de impunidad que se envía al ciudadano". En la memoria de 2009, consultada por Europa Press, la Fiscalía asevera que, a pesar de que en 2009 se ha detectado "una cantidad algo mayor de comunicaciones al fiscal, sigue siendo escaso el nivel de colaboración de algunos ayuntamientos", pues en cuanto a infracciones penales, "de muchos de ellos no se tiene noticia si no es por la comunicación realizada desde las distintas fuerzas policiales por atestado".
En este sentido, precisa que, en ocasiones, "cuando se inician investigaciones del fiscal o del juzgado por edificaciones masivas en un municipio, se intenta minimizar la relevancia de las investigaciones penales aludiendo a iniciativas de regularización, acuerdos de Pleno donde muestran la resolución de modificar el planeamiento y aluden a un acuerdo de colaboración con la Dirección General de Inspección y Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, usado por muchas defensas para tratar de hacer creer que la legalización de las construcciones ilegales es inminente".
Añade que, en los casos en que llega a la Fiscalía la noticia del delito, "sigue apreciándose que no hay efectividad alguna a la hora de ejecutar medidas cautelares de los ayuntamientos eventualmente acordadas en el expediente administrativo", criticando también "la casi nula colaboración municipal en materia de demoliciones, con contadas excepciones".
DEMOLICIONES EN LAS MINAS
Tras todo esto, la Fiscalía considera que "uno de los mayores problemas" es la zona de Las Minas, en Castilblanco de los Arroyos, ya que la mayor parte de las sentencias condenatorias que se reflejan en el apartado relativo a los delitos sobre la ordenación del territorio "se derivan de acusaciones por delitos cometidos por particulares promotores en esta zona, donde el espacio ocupado por las parcelaciones ilegales y consiguientes edificaciones irregulares ejecutadas en su interior excede muy notablemente de la superficie del casco urbano del municipio".
Al hilo, llama la atención sobre el "problema" suscitado por el "discrepante" criterio de las secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial respecto a las demoliciones en este paraje, "problema que se ha agravado durante este año por haber recaído numerosas condenas por delitos sobre la ordenación del territorio".
Así, indica que, "aunque en prácticamente todos los casos las secciones de esta Audiencia revocan las posibles sentencias absolutorias en la instancia, estimando así recursos de apelación de la Fiscalía, se da la circunstancia de que tres de las secciones acuerdan al mismo tiempo la demolición de las construcciones alzadas, mientras que una de ellas considera que las especiales circunstancias de consolidación edificatoria de la zona desaconsejan demoler lo edificado", lo que en la práctica "hace inútil o testimonial la respuesta penal".
Según agrega, la consecuencia "indeseable" de todo esto "es que se dictan sentencias radicalmente discrepantes en tan fundamental aspecto, lo que no es entendido por la ciudadanía, que ve como en la mayor parte de los supuestos se ordena derribar lo construido, y si por azar la apelación corresponde a la sección discrepante, se resuelve lo contrario, por mucho que se ofrezcan agudos argumentos dignos de consideración".
"TRABAS" A LA DEMOLICIÓN
En relación a los procedimientos por delitos sobre la ordenación del territorio donde por sentencia firme se acuerda la demolición, señala que, hasta finales de 2008, han llegado a la treintena las sentencias firmes en las que se ordena la restauración del suelo a su estado originario, "lo que ha ocasionado notables problemas a la hora de ejecutar este concreto pronunciamiento de las resoluciones, por las naturales trabas creadas por los condenados, la sistemática impugnación de cualquier providencia orientada a ejecutar tal pronunciamiento y la falta de colaboración de algún ayuntamiento particularmente afectado".
Además, y tras lamentar que, "en otras ocasiones, se retrasa innecesariamente la efectividad de la demolición señalando el Juzgado de lo Penal plazos injustificadamente amplios", la Fiscalía aboga por negar cualquier suspensión de la ejecución de las penas de prisión "en tanto no se satisfaga el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil que constituye la demolición, naturalmente si existe solvencia", mientras que también muestra su oposición a la sustitución de prisión por multa, pues ello "demuestra la falta de compromiso del reo en reparar el daño causado".
A pesar de todo lo anterior, la Fiscalía reconoce la calidad de las resoluciones judiciales de las diferentes secciones de esta Audiencia Provincial, así como la postura "abiertamente favorable" de éstas "a huir de un Derecho Penal simbólico por el que se limitara la respuesta a estos delitos a una sanción pecuniaria y a una pena de prisión siempre suspendida, prescindiendo de la demolición".
COLABORACIÓN CON MEDIO AMBIENTE
En su memoria, la Fiscalía se refiere a la colaboración prestada por la Delegación Provincia de Medio Ambiente, lamentando que "se aprecian en demasiadas ocasiones retrasos considerables en las diligencias de investigación y en la instrucción judicial por las demoras" en los informes técnicos solicitados, añadiendo que "se es consciente de la escasez de medios de esa Delegación en relación al ingente número de informes que deben evacuarse, pero la relevancia de esos informes por la entidad de los bienes jurídicos en juego exigen tal vez la preferencia en la emisión de los que afectan a autoridades judiciales y fiscales".
Así, considera que, "a pesar de que se ha tratado de solventar la cuestión mediante contactos del delegado con la Delegación provincial de la Consejería para evitar dilaciones en las investigaciones, la consecuencia es que suelen judicializarse las mismas sin haber llegado el informe requerido a esa Delegación, cuando en ocasiones es determinante de la relevancia penal del asunto y no solamente de algún aspecto accesorio o de mera responsabilidad civil".
Respecto a los datos numéricos, la Fiscalía incoó en 2009 un total de 162 diligencias de investigación, de las que 132 fueron por delitos sobre la ordenación del territorio --en 2007 fueron 198 y en 2008 un total de 255--, seguidas de las 15 relacionadas con el medio ambiente; siete por flora y fauna; cuatro por patrimonio histórico; tres por incendios forestales y una por malos tratos a animales domésticos.
PEQUEÑAS EDIFICACIONES
Sin embargo, llama la atención sobre el hecho de que sobre la sección de Medio Ambiente "sigue pesando una similar o mayor carga de trabajo a causa de que todas las diligencias de investigación tramitadas en los pasados años han dado lugar a procedimientos judiciales incoados en 2009 --145--, más las incoadas antes que, una vez judicializadas, naturalmente siguen pendientes de sentencia firme en su mayoría".
En esta línea, incide en que ese aumento "provoca que los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad se centren en esta materia, fundamentalmente en pequeñas edificaciones hechas por particulares", aseverando que "la forzosa dedicación de esas fuerzas policiales a la investigación de decenas de edificaciones menores como cabañas de madera y casas prefabricadas, está produciendo el efecto indeseable de no poder atender a otras materias también propias de su competencia, como es la investigación de delitos de mayor gravedad y complejidad".
* Europa Press - 26.04.10
Foto: castilblancodelosarroyos.es
Salvem considera la concesión de licencias como una "insumisión" al Estado de Derecho y una "burla" al TC
EUROPAPRESS/Valencia* : Salvem el Cabanyal tildó hoy de "insumisión al Estado de Derecho" la decisión del Ayuntamiento de Valencia de aprobar la concesión de otras 18 licencias de derribo en el barrio valenciano de El Cabanyal-Canyamelar, al considerar que esta acción supone un "claro desacato" al Tribunal Constitucional (TC). Por esta razón, la plataforma, en un comunicado, anunció que sus servicios jurídicos pondrán en conocimiento del Alto Tribunal esta "burla".
Según la plataforma, "la inmensa mayoría de los edificios que pretende derribar el Ayuntamiento se encuentran incluidos en el catálogo de edificios protegidos del Plan General de 1988, que es el que marca la legalidad urbanística una vez suspendido el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri)".
Salvem el Cabanyal desveló que, en el caso de aquellos edificios que no cuenten con ninguna protección, la concesión de la licencia de derribo debería ir acompañada del proyecto de la edificación sustitutoria, con el objetivo de no generar nuevos solares, tal y como marca la Ley de Patrimonio Valenciana.
Por este motivo, la plataforma criticó las "trampas, artimañas y desobediencia" del consistorio valenciano al TC, pues "las viviendas no son propiedad municipal ni han sido expropiadas". Manifestó que esta acción es "una maniobra más" del Ayuntamiento, que pretende "acosar, amenazar y extosionar a los ciudadanos que se oponen a la destrucción y a la especulación", apuntó.
Por último, Salvem el Cabanyal consideró que se trata de un acto de "desobediencia y burla" al TC y, en consecuencia, los servicios jurídicos de la plataforma pondrán este "desacato e insumisión" en conocimiento del Tribunal Constitucional, "al que tanto dicen respetar".
* Europa Press - 26.04.10
Foto: Protesta de Salvem el Cabanyal. - lasprovincias.es
Aroma de tierra
SALVADOR FRAGA/Galicia* : Otra vez más, está abierto el melón de la Ley del Suelo. El urbanismo, en las sociedades modernas y de modo singular en España, marca una característica línea de fractura entre las élites gobernantes (políticas y económicas) y los ciudadanos. Este roto viene de antiguo y su desgarro, que ahora sacude el seísmo de la crisis, desnuda un estropicio; a la espiral de descontento social no se le ve fin y los vaivenes de timón de los poderes públicos parece que más que aplacarlo lo encrespa. Imposible olvidar que en anteriores reformas legales, con demasiada frecuencia, salió el tiro por la culata. Se quiso abaratar el suelo y el precio se disparó, se quiso dar un golpe de gracia al "feísmo" y los filtros colocados los pasa mejor la mala que la buena arquitectura, se quiso atajar el "riesgo de formación de núcleo urbano" y se alentó la dispersión…como colofón de este contorno irónico se daña algo esencial: la legitimidad y necesidad de tocar en profundidad el marco administrativo del urbanismo junto con la Ley del Suelo.
Dado que no basta con ser bienintencionados para acertar, intentemos una perspectiva clara de la situación. La prioridad, durante siglos, fue el sustento directo de la población con los recursos de la tierra. Galicia se cuajó de adaptaciones pragmáticas, asentamientos de población, soutos de varas, prados, levadas, represas, carreiros, socalcos, cantiles o peiraos, una obra ingeniosa que además perdura como un derroche de gracia y belleza. Y dos lecciones aún vigentes: a) una intervención humana intensiva, ayer y hoy (puente del Tarn de Norman Foster), puede también, ser armónica con una naturaleza inmensa de valores y b) la racionalidad, ayer y hoy, emana del bien entender el lugar.
Ahora bien, hubo un momento en que la geografía pasó de ser territorio a llamarse suelo. La ley del Suelo del 56 marcó el inicio de una epopeya, dar techo en la ciudad al vaciado del hábitat rural. El entramado técnico-jurídico desplegado surgió pues al hilo de un problema muy específico: la provisión extensiva de vivienda urbana. En las siguientes décadas, miles de millones de metros cuadrados construidos (forjado) se levantaron con fogosidad para hacer de España una sociedad de clases medias urbanas con piso en propiedad, coche y guiños al bienestar. El urbanismo, con sus deformidades (resonancia de Valle-Inclán), interpretó un papel dentro de una misión de país.
Hoy la historia y los problemas son otros. La cuestión ya no es la habitación sino la cohabitación. Formamos una democracia sofisticada con un alto nivel educativo, asistencia y servicios públicos donde, si bien cargada de reticencias y fragilidades, se sabe que nuestro territorio es el espacio urbano de muchos en cohabitación difícil con un medio natural escaso. Se ejercen con plenitud los "fingers" de la globalidad (vuelos de bajo coste, internet, dinero digital, autopistas de la comunicación) y, a la vez, la ciudadanía presta oído más atento a los "avisos" de la sostenibilidad (finitud de recursos, cuestión del carbono o salud general).
Si está meridianamente claro que lo que tenemos hoy entre manos nada tiene que ver con lo anterior, ¿por qué no intentar, de nuevo, entender el lugar (ya comentamos que tiempo atrás así se hizo), comprender que reclaman nuestras calles y periferias urbanas (gusten más o gusten menos), y actuar con realismo positivo? ¿No vale la pena tomarnos la libertad y el riesgo de darle unas cuantas vueltas a lo construido en las pasadas décadas de los 60, 70, 80… y mejorar vida, humor y salud en el mundo del urbanismo?¿las viejas prácticas y herramientas no deben ser puestas al día para afrontar nuevas ilusiones?
No se trata de refundar el urbanismo ni de jubilar planes o archivar normas, pero sí es terapéutico drenar el marco técnico-político de cuanto lo obstruye funcionalmente y a la postre lo degrada. Administración, ley y acción política se pueden adaptar y simplificar, mientras se gana en orientación práctica y resolución. Contamos con los conceptos, la técnica y los equipos humanos para afrontar una nueva aventura: recualificar la realidad construida elevándola a objeto de otras bellezas. Un reciclaje intensivo, arquitectónico, social, y urbanístico; útil, tangible y posible. Su horizonte (éxito o fracaso) dependerá de si se asume, o no, el desafío intelectual y político.
Para ello es tan importante acertar como pactar. No se puede tocar una estructura sin tener antes perfectamente claro lo que se va a hacer. Hay que identificar lo prioritario, enunciar con claridad una estrategia y relacionar con precisión, suma y detalles de los contenidos de las acciones. Y desplegar convicción social. Mostrar que la administración del territorio (urbanismo) es, en sí misma, una actividad decente y honesta esencial para el interés general, presente y futuro. Nuestros antiguos conocieron un "pathos" del territorio de Galicia. Ahora, quizás coincidiendo con la salida de la crisis, podemos encontrar el nuestro, el sentimiento de un nuevo entusiasmo. Tras el suelo, se vuelve a percibir aroma de tierra.
* Salvador Fraga - Arquitecto
* Faro de Vigo - Opinión - 22.04.10
Condenan al ex alcalde de Salares a 1 año de cárcel por no actuar ante las obras de una casa ilegal
EUROPAPRESS/Málaga* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga ha condenado al ex alcalde de la localidad malagueña de Salares Jorge Luis Fernández a un año de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público por un delito contra la ordenación del territorio, al no actuar ante las obras de una vivienda ilegal y por expedir un certificado en el que indicaba que la casa reunía las condiciones de habitalibidad, lo que supone "una auténtica licencia de primera ocupación".
En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se condena, además, a un año de prisión, multa de 5.400 euros e inhabilitación como promotor o constructor durante un año al propietario de la parcela, catalogada catrastralmente como terreno agrícola y actualmente terreno rústico, quedando clasificado como no urbanizable, dentro de los límites de la Reserva Nacional de Caza 'Sierras Tejeda y Almijara'.
Según la resolución, que no es firme, el promotor solicitó en 1999 al Ayuntamiento licencia para una vivienda, que "nunca llegó a concederse" por no presentarse el proyecto técnico y por el informe desfavorable de la Secretaría. Pese a ello, el acusado procedió entre 2001 y 2007 a la ejecución de las obras de una casa unifamiliar de unos 160 metros cuadrados. En 2006, pidió y se le concedió autorización para un cercado y realizó, además, un muro de hormigón.
En el caso del entonces alcalde, que tomó posesión en noviembre de 2001, el juez entiende que tuvo "pleno conocimiento de la ilicitud de las obras que el coacusado realizaba", ya que fue informado "en reiteradas ocasiones" por la secretaria del Ayuntamiento. Además, "plenamente consciente de la ilegalidad, hizo caso omiso a las reiteradas denuncias" del propietario de una parcela colindante, "no ordenando" el inicio del restablecimiento de la legalidad.
Asimismo, concluye que "a los fines de dar a la construcción que se realizaba apariencia de legalidad", a petición del otro acusado, expidió un certificado en septiembre de 2006 "afirmando que la vivienda está totalmente terminada y reúne las condiciones necesarias de habitabilidad para concederle la calificación de apta para primera ocupación". Por otro lado, denegó la licencia solicitada por el dueño de la parcela colindante para una nave apícola.
Para el juez, es "indudable" que la construcción se ha efectuado en suelo no urbanizable, "careciendo de licencia o autorización". Además, asegura que "no puede discutirse" que el entonces regidor "tenía obligación legal de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística" en su municipio "ni se puede argumentar que desconocía la realidad de la construcción".
En este punto, argumenta este conocimiento en que eran unos 200 habitantes en 2002 y en que sabía que había informe negativo, llegando a justificar la construcción en que el otro acusado "tenía necesidad y en que "era vecino del pueblo". Además, sabía de las denuncias presentadas por el otro propietario, "hasta 19", y de los requerimientos de información por parte de la Junta de Andalucía, que "desatendió".
Asimismo, señala que "llama la atención" los conocimientos del entonces alcalde de Salares a la hora de denegar la autorización para la nave apícola solicitada por el propietario de la finca colindante, que ejerció en esta causa como acusación particular; "frente al desconocimiento que alega en materia urbanística respecto de la construcción que el acusado llevaba a cabo".
"La conducta del acusado --ex regidor-- no solamente ha de ser encuadrada en su modalidad de prevaricación omisiva, sino que pueden considerarse como conducta prevaricadora activa, pues la certificación como vivienda apta para primera ocupación suscrita por el acusado constituye una auténtica licencia de primera ocupación, contraria a las normas urbanísticas por cuanto afecta a una construcción ilegal", apunta la sentencia.
* Europa Press - 27.04.10
Foto: Salares - andaluciaturismodigital
Barberá aprueba 31 nuevos derribos en el barrio del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : El Ayuntamiento de Valencia dio hoy cuenta de la concesión de 18 licencias de derribo en el barrio valenciano de El Cabanyal, que afectan a un total de 31 viviendas, la mayoría ubicadas en la calle San Pedro y Luis Despuig. El concejal delegado de Urbanismo del consistorio, Jorge Bellver, aclaró que estas licencias se aprobaron "dentro de la legitimidad", antes de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso del Gobierno contra la ley autonómica que avala el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), al tiempo que matizó que están suspendidas.
Bellver se pronunció en estos términos en una rueda de prensa posterior a la Comisión de Grandes Proyectos, Vivienda y Urbanismo, después de que el concejal del grupo municipal socialista en el consistorio Vicente González Móstoles acusara al Ayuntamiento de haber aprobado hoy las licencias, pese a la admisión del recurso de inconstitucionalidad.
Al respecto, Bellver negó esta afirmación y aclaró que "lo que ha hecho la comisión de Urbanismo es dar cuenta de las licencias que se dieron en su día, entre comisión y comisión, a los efectos de control". "Las licencias se aprobaron en su momento, hoy se ha dado cuenta pero quedarán en suspenso", dijo. No obstante, afirmó que el día en que se pronuncie la Justicia, "ya estarán las licencias concedidas y se podrán aplicar inmediatamente".
Matizó, en este sentido, que las últimas dos licencias que firmó son del 20 de abril, es decir, un día antes de que el BOE publicase la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo. Por tanto, insistió, "se aprobaron dentro del plazo, amparadas en la legitimidad que tenía el ayuntamiento para hacer derribos".
Bellver indicó que en el momento de conceder estas licencias de derribo "no había nada que impidiese que esto fuera así", ya que "la misma legitimidad tenía el hecho de derribar como la firma de licencias", reiteró. De hecho, señaló que el equipo municipal "va a seguir tramitando y tomando decisiones como éstas, en base a un respeto absoluto a la legalidad".
Por su parte, González Móstoles indicó que el PSPV lamenta --y por eso ha votado en contra de la concesión de estas licencias-- "la cicatería, el oportunismo administrativo que ha demostrado el equipo de gobierno" porque, según relató cronológicamente, los informes sobre ellas se produjeron entre el 8-9 de abril, las resoluciones entre el 13-14, y la admisión a trámite del segundo recurso del Gobierno a mediados de abril --el día 14--", con lo que "se ha aprovechado lo que el Ayuntamiento considera un vacío legal para proponer el derribo de 31 viviendas más".
Reiteró, pese a lo afirmado por Bellver, que las licencias "se han concedido hoy, y no antes, y hoy el marco jurídico de la ley de Francisco Camps está en suspensión". Así pues, entiende que el otorgamiento de las licencias "es situarse fuera de la legalidad y el consistorio se tendrá que atener a las consecuencias que puede tener". En este punto aclaró que el PSPV analizará si recurre esta resolución, aunque dijo que tampoco es su papel "estar todos los días en los tribunales", ya que hay otras vías.
Lamentó, con todo, que las nuevas licencias otorgadas por el ayuntamiento, sobre inmuebles de Cabanyal 2010, afectan a edificios ubicados en el conjunto histórico protegido, que es "tan protector como el Bien de Interés Cultural (BIC), aunque supone otra modalidad y otro origen". Recordó que si la licencia no es recurrida, tiene vigor desde "ya", y el plazo son seis meses para ejecutar el acto o pedir una prórroga.
EL DECRETO
Bellver criticó la "poca claridad" del decreto ministerial sobre El Cabanyal, puesto que "la situación que se ha quedado actualmente es kafkiana", ya que, según la teoría, el PEPRI queda suspendido actualmente y podría ser aplicable el plan anterior, que es el Plan General. Y esto, según dijo, "es una barbaridad" porque "podrían haber nuevas peticiones de derribo y se tendrían que aprobar". Por ello considera que el decreto "es una aberración desde el punto de vista jurídico y urbanístico".
Ante este decreto y las resoluciones del TC, el Ayuntamiento, según dijo Bellver, acudió a la Audiencia Nacional para pedir, en primer lugar, que se archivara todo y no se diera valor al decreto del Gobierno; y, de no ser así, que se entendiera que la aplicación del mismo era sólo para el ámbito BIC que forma parte del PEPRI. Ante ello, la Audiencia no quiso entrar a valorar el fondo del asunto porque es algo "muy grave", puntualizó.
Ante esta situación, Bellver lamentó que "no existe en toda la historia de la democracia un decreto similar respecto a una legislación autonómica". "Es la primera vez --agregó-- en la historia de la democracia que un gobierno de España decreta lo que decreta en Valencia, a pesar de que hay otras ciudades a las que no se ha dirigido pese a que tienen denuncias de la Unesco". "A lo mejor tiene algo que ver que se traten de alcaldes socialistas", matizó.
* Levante-EMV - 26.04.10
Foto: El Cabanyal - blogalaxia.com
Detenciones y registros en la tercera fase de la 'operación Jable'
CANARIAS7/Lanzarote* : La Guardia Civil ha lanzado en la mañana de este martes la tercera fase de detenciones y registros en el marco de la 'operación Jable'. La ex presidenta del Cabildo, María José Docal, es una de las personas que integran la lista de detenidos en esta fase. Su casa está siendo registrada desde primeras horas del día. Los agentes también han entrado en el Ayuntamiento de Arrecife. Otro de los nombres que forman parte de la lista de detenidos en esta operación es el del concejal de Parques y Jardines de Arrecife, Antonio Machín, del PIL, igualmente detenido.
La cifra final de detenciones prevista para hoy ronda las ocho personas. A los políticos ya citados se unen los nombres de unos cinco empresarios que habrían contratado servicios con el Ayuntamiento y el Cabildo. Entre las empresas estarían Lanzagrava, Inelcom y Señalcom, todo ello según fuentes oficiosas. Demetrio Rodríguez, de Lanzagrava, sería uno de los detenidos.
Se mantiene así la previsión de los investigadores, que cifraban desde un primer momento en más de veinte las detenciones en esta fase del 'caso Unión'.
* Canarias 7- 27.04.10
Foto: Docal, junto a Dimas Martín, en una foto de archivo.- canarias7.es
Las condenas por casas ilegales se concentran en Castilblanco de los Arroyos
ELCORREOWEB/Sevilla* : La zona ocupada por las parcelaciones irregulares supera la del casco urbano del pueblo. La Fiscalía exige que los jueces unifiquen el criterio en las sentencias sobre temas urbanísticos.De las 66 sentencias condenatorias dictadas el año pasado por los juzgados sevillanos 61 fueron por delitos contra la ordenación del territorio, o lo que es lo mismo, por levantar una construcción ilegal. Pero lo más llamativo de esta cifra es que "la mayor parte" fueron por delitos cometidos en Las Minas, en Castilblanco de los Arroyos, una zona que, según destaca la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio en su memoria de 2009, es "un desastre urbanístico sin igual en la provincia".
Como ya ocurriera en años anteriores, más del 80% de las investigaciones de esta sección del ministerio fiscal, se centran en estos delitos, pese a que el año pasado "descendieron". El fiscal coordinador en Sevilla, Javier Rufino, llama especialmente la atención sobre Las Minas, donde "el espacio ocupado por las parcelaciones ilegales y consiguientes edificaciones irregulares ejecutadas excede muy notablemente de la superficie del casco urbano" del municipio.
Las escasas sentencias absolutorias -ocho- son en su mayoría de particulares de esta zona que no han podido ser condenados porque los jueces han considerado "la prescripción del delito", alegado "sistemáticamente por las defensas". Todos estas decisiones judiciales, absolutorias o condenatorias, se comunican desde 2009 al Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos para que "adopte las medidas oportunas en ejercicio de su obligaciones de disciplina urbanística" que, según el fiscal, "tan groseramente omitió en su día".
El fiscal también hace alusión especial en su memoria al hecho de que una de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla haya dictado pronunciamientos "radicalmente discrepantes" al respecto de las otras tres, que han confirmado las sentencias que decretaban la demolición de lo construido. Una de las secciones, en cambio, se ha opuesto al estimar "las especiales circunstancias de consolidación edificatoria de la zona", que "catastróficamente" se está convirtiendo en urbana, pese a no serlo. De ahí, que solicite un plenillo de magistrados para unificar criterios.
Asimismo, la memoria señala que se han incoado 12 procedimientos penales por contaminación acústica, sobre los que critica la lentitud de los mismos porque "no se produce una respuesta satisfactoria de la administración local", cuando se la requiere para la obtención de documentos. Además asegura que "no se entiende cómo sigue sin llegar prácticamente ninguna denuncia por iniciativa de los ayuntamientos". Sobre los incendios forestales, el fiscal señala que no se produjo ninguno de relevancia en 2009 gracias a "la labor de detección de focos de riesgo".
* El Correoweb - 26.04.10
Foto: La urbanización Las Minas se encuentra en Castilblanco de los Arroyos. - Juanma Rodríguez, elcorreoweb.es
El fiscal pide dos años de cárcel para el ex alcalde de Manilva por cohecho
ELPAÍS/Málaga* : El gilismo, esa concepción política de corrupción e intereses que surgió en los años noventa en la Costa del Sol, tuvo en el municipio malagueño de Manilva, junto al límite con Cádiz, uno de sus baluartes. El 13 de octubre de 2005, un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía entró en el domicilio del entonces alcalde manilveño, Pedro Tirado, que aunque pertenecía al personalista partido PDEM (Partido Democrático de Manilva), había echado los dientes políticos en el Grupo Independiente Liberal (GIL). En el registro del ático de Tirado, en la urbanización Sabinillas del Sol, los policías hallaron una de las famosas "bolsas de basura", como las que una noche se echaron en cara los ex regidores marbellíes Jesús Gil y Julián Muñoz ante las cámaras de Telecinco. La bolsa, lejos de contener desperdicios, guardaba 762.102 euros. En billetes de 500 y 200.
El juez instructor, Miguel Ángel Torres, que investigó también el caso Malaya, y el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, sostienen que el dinero pertenece a la comisión cobrada por Tirado por un convenio urbanístico en el que se aumentaba la densidad edificatoria de la finca La Parrada. En pleno auge inmobiliario, estos terrenos urbanizables pasaron de tener una densidad de 10 viviendas por hectárea a 18, lo que permitía construir 2.340 viviendas en lugar de las 1.300 que le correspondían inicialmente. La sociedad Royal Marbella Estates, propietaria de los terrenos, que adquirió por 9,7 millones de euros entre septiembre de 2002 y junio de 2003, los revendió en diciembre de 2004 por 117,9 millones, IVA incluido, a un consorcio formado por cinco grandes promotoras.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga juzgará a partir de mañana martes al ex regidor Tirado, apoyado por IU y el PSOE y que dimitió tras su detención. La fiscalía pide para él dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y multa de tres millones de euros, con responsabilidad de seis meses de cárcel en caso de impago, por un delito de cohecho.
El llamado caso Parrada o caso Tirado, es una pieza separada del caso Ballena Blanca, la macrocausa contra el blanqueo de capitales centrada en el despacho del abogado marbellí Fernando del Valle y cuyo juicio, ahora suspendido, empezó el pasado 15 de marzo. La sociedad Royal Marbella Estates está controlada por Aki Kujala. Según el fiscal, este ciudadano finlandés "aparece relacionado" con individuos a los que se les imputan "actividades delictivas graves", como tráfico de drogas. Para el ministerio público, Royal Marbella Estates compro La Parrada como forma de blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Aki Kujala está acusado en el caso Parrada por cohecho y blanqueo. Se enfrenta a cuatro años de prisión.
Donde hay un alcalde dispuesto a dejarse sobornar, casi siempre hay un cuñado dispuesto a llevarse su parte. Francisco Calle, hermano de la esposa de Tirado, fue, según el fiscal, quien puso en contacto al empresario Kujala con el regidor y le convenció para que firmara el convenio. Por esta gestión, Calle se embolsó 2,17 millones de euros tras fundar una sociedad con Kujala, que apareció como mediadora en la venta de los terrenos de la Parrada. Calle adquirió supuestamente con este dinero un ático en Sotogrande. Para ocultar la compra, a través de una sociedad fundada a su vez por otra firma con base en Gibraltar, Calle aparece como arrendatario del inmueble.
* ELPAIS.com - 26.04.10
Foto: Playa en Manilva - diariosur.es
Piden urbanismo con aval ciudadano
EXCELSIOR/México* : Álvaro Porcuna, especialista español en planeación urbana, indicó que para proyectos viales de gran impacto, como la Supervía que anunció el Gobierno del DF, se necesita un alto consenso con la población afectada e, incluso, sugirió que ésta puede dar un soporte para el transporte público. Durante el 2º Congreso Internacional de Transporte Urbano, el especialista explicó que la construcción de nueva infraestructura vial siempre va a generar molestias, sobre todo por la competencia de los usos de suelo y las afectaciones al entorno, además de que resultan costosas.
Señaló que si bien en ciudades europeas la tendencia es hacer una inversión racional en ese tipo de infraestructura, el Distrito Federal tiene problemáticas particulares que deben atenderse, pero recomendó que antes de emprender cualquier proyecto se haga una valoración previa de los costos, tanto económicos como ambientales, así como las afectaciones a las personas.
Sin embargo, Porcuna afirmó que las ciudades deben comenzar a pensarse bajo modelos más compacto, pues en la mayoría de las urbes los polos de desarrollo se encuentran dispersos, lo que genera mayores gastos de combustible, transporte público, infraestructura, entre otros.
Detalló que en el DF resulta más caro llegar a los centros de trabajo que pagar la hipoteca, por lo que dijo que las autoridades deben tratar de evitar los desplazamientos, potencializar el transporte público e inhibir el privado.
En el caso de la Supervía Poniente, Martín Mejía, director general de Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), informó que además de la ruta de la Red de Transporte de Pasajeros que la recorrerá, se conservarán los recorridos que el transporte concesionado hace de Santa Fe a Tacubaya, por Vasco de Quiroga, y de Constituyentes a Santa Fe.
Se pretende que empleen vagonetas, lo que obligaría a los transportistas a renovar sus unidades.
Si trabajo en Santa Fe debería vivir ahí y hacer mis compras en esa zona, tratando de evitar el traslado al Centro de la ciudad.”
* Álvaro Porcuna, especialista español en planeación urbana
* Excelsior - Jessica Castillejos - 23.04.10
Foto: Los proyectos como la Supervía Poniente no sólo deben contar con planes de mitigación, sino con apoyo civil, consideraron expertos. - Archivo/Daniel Betanzos. exonline.com.mx
