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DIARIODECÁDIZ* : La Fiscalía ha imputado al alcalde del municipio gaditano de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez (PP), por las supuestas irregularidades cometidas en una operación urbanística. La Fiscalía investiga la reversión de una finca por una cuantía superior a la fijada.
Los hechos se remontan a 1998, siendo alcalde José Fernández Pons, cuando la familia Pérez Periáñez cedió una parcela de 14.800 metros cuadrados a cambio de que el Ayuntamiento recalificase varios suelos propiedad de la familia, con la condición de que en ese terreno se levantase un instituto. De lo contrario, el municipio debería abonarles 312.000 euros o revertir la parcela.
Llegado 2004 y con Juan Carlos Juárez en la Alcaldía, el Ayuntamiento inicia el expediente de reversión de la finca nueve días antes de que lo solicitara la propia familia Pérez Periáñez. Una vez de vuelta a manos de la familia, el terreno fue vendido por 450.000 euros; es decir, la familia ganó con la venta 138.000 euros.
IU interpuso por esta operación una denuncia ante la Fiscalía, ya que no entendió por qué el Ayuntamiento no vendió el terreno y abonó lo que le correspondía a los Pérez Periáñez.
El Ministerio Fiscal indica en su denuncia que se ha producido una actuación "aparentemente irregular" y expresa su extrañeza porque el Ayuntamiento haya "dejado escapar" este negocio. Considera también que fue "una actuación incomprensible y ruinosa para las arcas municipales". Además, imputa a la técnico Sonia Rey, a Lorenzo Pérez Periáñez y a los representantes de la empresa Bahía Romana. La parcela está cedida a la Junta de Andalucía para la construcción del nuevo hospital comarcal.
Hay que recordar que el regidor linense está imputado por la supuesta venta irregular de cuatro parcelas municipales a Roseworld en detrimento de otra empresa local.
+ Diario de Cádiz - Estrella Blanco / La Línea - 24.04.2008
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz) - Konstantin (wikipedia.org)
El alcalde de La Línea, imputado por un nuevo delito urbanístico
Los derribos en la Cañada podrían encubrir proyectos urbanísticos
EUROPAPRESS/Madrid* : Las redes de apoyo social "Patio Maravillas" y "Rompamos el silencio" aseguraron que los derribos de varias viviendas efectuados ayer en la Cañada Real encubren el inicio y la ejecución de los proyectos urbanísticos de Valdecarros, Los Ahijones y Los Berrocales.
Según indicaron, el vacío legal que existe en esta antigua vía pecuaria sirve además "como herramienta y estrategia" para lograr la consecución "muy lucrativa" de tres proyectos urbanísticos mixtos, de iniciativa privada y pública, como el de Valdecarros, los Ahijones y los Berrocales, "en los que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tienen una participación directa".
"Lo que hay detrás no es una supuesta voluntad de limpieza para hacer un 'corredor verde'. Lo que quiere el Ayuntamiento es convertir este suelo en territorio urbanizable, que les otorgue beneficios económicos", señalaron.
Por otro lado, ambas redes sociales indicaron que se está previsto el derribo de otras treinta viviendas, "por lo que la población está muy asustada, ya que no saben en qué momento pueden llegar las máquinas a destruir sus casas".
El colectivo Patio de Maravillas señaló que lo ocurrido en la Cañada Real "es una nueva manifestación de la vulneración de los derechos humanos en nuestra ciudad, poniéndose de manifiesto otra vez la existencia de ciudadanos de primera y tercera clase, no ciudadanos".
'Los ciudadanos carecen de alternativas a los derribos'
"Los derribos se realizaron desde la ilegalidad, con la protección masiva de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera se molestaron en ampararse en una orden judicial de derribo. No existía, no la tenían, no hacía falta. Tampoco existió preaviso a las familias afectadas, tomándolas por sorpresa en su rutina diaria e impidiendo que se pudieran organizar", señalaron.
El colectivo social criticó que no existan alternativas a los ciudadanos que derriben sus casas en la Cañada Real, "dentro de un Gobierno que enarbola el estado de bienestar y de derecho". Asimismo, denunciaron que el Ayuntamiento de Madrid ha sido incapaz de dialogar con estos ciudadanos, "dando como única respuesta un despliegue de alrededor de 400 miembros de diversas fuerzas de seguridad del Estado".
Por último, indicó que ayer la Cañada se convirtió "en un espacio en estado de sitio y excepción", impidiendo la entrada a las zonas afectadas de medios de comunicación, vecindad, colectivos sociales y abogados, "lo que se tradujo en la indefensión, vulnerabilidad y aislamiento absolutos de sus habitantes".
El PSM responsabiliza a Aguirre
Por su parte, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, ha responsabilizado a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, del desalojo y posterior derribo de viviendas en la Cañada Real y ha instado a la Comunidad a crear de modo urgente una Comisión que aporte soluciones a la situación de este poblado.
En conferencia de prensa tras presentar una batería de medidas económicas para la región, Gómez ha explicado que desde hace meses los socialistas vienen reclamando que la Comunidad asuma su responsabilidad en este poblado.
"Esperanza Aguirre es la responsable de la Cañada Real y es la que tiene que poner encima de la mesa las soluciones", ha dicho.
La primera de las soluciones pasa, a su juicio, por la creación, con carácter inmediato, de una Comisión "participada, presidida y dirigida" por el Gobierno regional y en la que estén presenten los ayuntamientos "afectados": Madrid, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Coslada y Getafe. Esta comisión fue también propuesta hace tiempo por Alberto Ruiz-Gallardón y el alcalde de Rivas.
Dicha Comisión debería encargarse de impedir nuevas construcciones en la Cañada Real y de proponer la solución "definitiva" a la implantación de viviendas y actividades económicas que hay en su seno.
* El Mundo - E.P. - 24.04.2008
Foto: Una mujer marroquí, frente a los escombros de una casa derruida en la Cañada Real/ Bernabe Cordón, elmundo.es
Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para dos ex alcaldes de Santa Brígida
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : La Fiscalía solicita una condena de diez años de inhabilitación de empleo y cargo público para los ex alcaldes de Santa Brígida Carmelo Vega y Antonio Díaz, por un delito de prevaricación. Están acusados de dejar de cobrar, "de forma consciente", un impuesto de 684.057 euros a la constructora que realiza las obras del centro comercial de la villa.
La fiscal Cecilia Acebal no presenta cargos contra el actual alcalde, Lucas Bravo de Laguna, que estaba imputado en la causa, porque no ha encontrado indicios de su participación en estos hechos cuando era edil de Hacienda.
Según el escrito de calificaciones, Carmelo Vega, en su condición de alcalde, y Antonio Díaz, como edil de Urbanismo y posteriormente también como alcalde, dejaron de promover la liquidación y el cobro a la denominada UTE Santa Brígida el importe correspondiente al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la tasa municipal de licencia de obras. Este impuesto era derivado de los trabajos que la constructora iba a ejecutar en la villa y que consistían en un centro comercial. Estas instalaciones, cuyas obras están paralizadas por un juez, se ejecutaban en las calles Secretario Juan Morales Navarro, 18 de Julio y José Antonio Primo de Rivera, por un presupuesto de 9.129.760,44 euros.
La fiscal sostiene que se dejó de cobrar el impuesto, pese a que por acuerdo de un pleno extraordinario, de fecha 7 de junio de 2003, se acordó autorizar la ejecución de las obras condicionando su validez y efectividad de dicha autorización a que la constructora abonara los tributos. Todo ello, además, de que con posterioridad la Audiencia de Cuentas de Canarias comunicara la obligatoriedad del pago.
* La Provincia - CRISTINA GONZÁLEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 24.04.2008
Foto: Estado de las obras del centro comercial, actualmente paradas, a finales del año pasado/ SANTI BLANCO, laprovincia.es
Jaén legaliza un polígono con sentencias de demolición
ELPAÍS* : Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Jaén aprobaron la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para calificar como suelo urbanizable el polígono industrial Pilar de la Dehesa, en el que trabajan unas 400 personas.
Esta medida política fue utilizada ayer por la defensa de 11 nuevos propietarios de naves industriales que fueron juzgados por la situación ilegal de sus instalaciones. Al igual que ocurriera en otros juicios anteriores, la Fiscalía pidió la demolición de estas naves.
De hecho, ya existen varias sentencias que ordenan la demolición de las naves por haberse construido en suelo no urbanizable. Sin embargo, los grupos políticos confían en que el proceso de legalización del mismo acabe con la presión judicial para los empresarios de esta zona.
En la misma línea, la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa) anunció ayer que entregará antes de fin de año las 98 parcelas que conforman la segunda fase del parque empresarial Nuevo Jaén. "Dada la necesidad acuciante de suelo industrial debido a la coyuntura económica hemos volcado todos los esfuerzos en agilizar las obras para permitir que las empresas puedan instalarse y comenzar su actividad medio año antes de lo previsto", señaló el concejal José Luis Cano, presidente del consejo de administración de Somuvisa.
El Ayuntamiento de Jaén tiene sobre la mesa al menos una decena de expedientes con sentencias que ordenan la demolición de otros tantos inmuebles ilegales y que sus propietarios se han negado a su ejecución por no poder correr con los gastos. Se trata de edificaciones en el polígono industrial Pilar de la Dehesa, pero también en los parajes de Valdecañas, Zumbel y Pago de Juan Ramos.
* ELPAIS.com - G. D. - Jaén - 24/04/2008
Foto: Jaen, ayuntamiento - andaluciarustica.com
El fiscal admite la denuncia contra el alcalde de Cabanes por las licencias de Marina d´Or
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LEVANTE/Castelló* : El fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Javier Carceller, ha admitido una denuncia presentada contra el alcalde de Cabanes por un posible delito de prevaricación por conceder licencias de ocupación a Marina d'Or en el PAI de Torre La Sal, a pesar de que la Generalitat le había advertido de que este paso era ilegal.
Así lo han indicado hoy fuentes de Iniciativa pel País Valencià (IpPV) en un comunicado, en el que han explicado que la denuncia fue presentada el pasado 28 de marzo.
El Fiscal, después de estudiar otras denuncias contra el alcalde que permanecen en fase de diligencias de investigación penal por asuntos relacionados con este PAI, ha acordado acumular todas las diligencias, han explicado desde IpPV.
Según las fuentes, las primeras diligencias abiertas se basan en la rescisión del contrato a la empresa Facsa para el abastecimiento de agua del PAI para otorgarlo a la empresa Marina d'Or, con lo que según estas fuentes se vulneró el contrato firmado entre la primera empresa y el Ayuntamiento.
Las segundas diligencias se refieren a las supuestas irregularidades cometidas por parte del equipo de gobierno municipal relacionadas con la vulneración de la Declaración de Impacto Ambiental y la concesión de permisos de obras ilegales, entre otras cuestiones.
El concejal de IpPV en Cabanes, Carles Mulet, ha denunciado que el equipo de Gobierno de la localidad "continúa haciendo caso omiso a las advertencias" de la Generalitat mientras que los órganos judiciales investigan "la posible gestión corrupta del PP".
Mulet ha recordado la Fiscalía "tiene abierto otro frente" por un presunto fraude electoral relacionado con el empadronamiento masivo de ciudadanos de otras localidades en los domicilios del alcalde y de sus familiares directos, caso que a su juicio también podría "salpicar directamente a Marina d' Or".
* Levante-EMV - EFE - 24.04.2008
Foto: Cabanes (Castellón), torre la sal - mma.es
Toda una vida para pagar un piso de 70 metros
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ELPAÍS* : Una pareja media española, sin ahorros importantes previos, tendría que dedicar 75 años de su vida, cuya esperanza media de duración es de 80,23 años, a hacer frente al pago de una hipoteca de un piso de segunda mano, 70 metros cuadrados y dos dormitorios, según un informe del portal Facilismo.com.
Los responsables de la web inmobiliaria llegan a esta conclusión basándose en los datos de los precios de vivienda de segunda mano que se publican en su página -que comprende unos 110.000 inmuebles- y sobre los salarios medios publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Teniendo en cuenta, además, que el Banco de España no recomienda destinar más del 30% de los ingresos netos al pago del piso.En este sentido, desde Facilisimo.com explican que un español sin unos ahorros importantes previos no podrá de ninguna manera acceder a una vivienda, pues con el 30% de su salario neto no alcanzará ni siquiera apagar los intereses de la hipoteca.
Por este motivo, la mayoría de las personas que se embarcan en la compra de una vivienda lo hacen en pareja, o incluso con otra familia. Además, serán necesarios unos ahorros que permitan dar al menos una entrada o tener una vivienda previamente.
Entre las comunidades autónomas existen enormes diferencias, que oscilan entre los 27 años que tardaría una pareja canaria con el salario medio, y el caso del País Vasco, donde el 30% de los ingresos medios de una pareja no llega ni siquiera para amortizar los intereses mensuales (el mismo problema que en Cantabria, Cataluña y Baleares).
En el caso de los dos principales mercados nacionales, en la Comunicad de Madrid, una pareja tardaría 47 años en pagar su hipoteca, ya que el precio total supone 141 veces el salario medio, mientras que en Cataluña, el 30% del salario tampoco cubre los intereses, en tanto en cuanto el precio de la vivienda supone 170 veces el salario medio.
* ELPAIS.com - EFE - 23.04.2008
Foto: Piso piloto de una promoción inmobiliaria en Villaverde Alto (Madrid)- PAULA VILLAR, elpais.com
Los casi 80.000 vecinos de los PAU y la FRAVM se unen para demandar equipamientos públicos
EUROPAPRESS/Madrid* : La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) y las asociaciones de los principales Programas de Actuación Urbanística (PAU) de Madrid, que suman un total de 79.400 ciudadanos, han constituido una comisión conjunta para demandar equipamientos públicos en los nuevos desarrollos.
El portavoz de la comisión de Urbanismo de la FRAVM, Fernando Gómez, señaló en declaraciones a Europa Press que el objetivo de esta comisión es hacer "un frente común ante la Administración porque los problemas son los mismos". La comisión servirá "para empezar a tirar líneas, ya no tanto de reivindicaciones concretas sino generales".
La principal reivindicación de los PAU, estas "nuevas ciudades", como fueron definidas por Gómez, pasan por exigir a la Administración la necesidad de poner en marcha equipamientos públicos al mismo tiempo que se construyen las viviendas.
"Los equipamientos públicos son prácticamente inexistentes pero cuando se trata de educación o de sanidad privada te das cuenta de que eso ya está en los PAU", aseveró el portavoz de la comisión de Urbanismo de la FRAVM. En cuanto a las exigencias de todos los PAU, éstas pasan por la necesidad de contar con equipamientos como institutos, centros cívicos, bibliotecas, la ampliación del transporte público y la mejora de los accesos por carretera.
Un apartado especial es el dedicado a la seguridad. "En los PAU la seguridad es uno de los problemas más graves porque son grandes avenidas en las que no pasa nadie, no hay comercios, no hay nada", explicó Fernando Gómez. En este sentido, una de las primeras medidas adoptadas por la comisión es la solicitud de una reunión con Delegación de Gobierno para tratar esta cuestión.
Otras de las medidas anunciadas por Gómez son la elaboración de un documento unificado de problemáticas y una reunión con los portavoces de los tres partidos políticos, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, para que se realicen Plenos monográficos en las dos administraciones para abordar la problemática de los PAU.
* Europa Press - MADRID, 21 Abr. 2008
Foto: Madrid, viviendas Sanchinarro - EFE
Ciudadanos Rodeados por las Fábricas muestra su "indignación" por el PGOU de Los Barrios
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EUROPAPRESS/Cádiz* : La Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fabricas manifestó hoy su "indignación" por la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) propuesto por el Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz), "suspendido desde el 18 de mayo de 2007", ya que, a su juicio, su aprobación implica "dar el visto bueno a una serie de delitos e irregularidades en materia urbanística y medioambiental".
En un comunicado, la plataforma ciudadana consideró que, de esta manera, la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y su Comisión de Urbanismo son "de alguna manera cómplices", junto al Ayuntamiento barreño y la empresa municipal encargada de las obras.
En este sentido, aseguró que las delegaciones provinciales de Obras Públicas y Medio Ambiente "tienen conocimiento de las actuaciones ilegales llevadas a cabo en la finca La Gertrudis al menos desde junio de 2007", a raíz de las protestas y movilizaciones sociales llevadas a cabo en Los Barrios.
Asimismo, aseveró que la Delegación de Medio Ambiente es "cómplice y encubridor de los delitos cometidos por el Ayuntamiento de Los Barrios y su empresa GAMA S.L." en la citada finca ya que, según explicó, las obras fueron denunciadas por los agentes forestales desde su inicio en 2006.
En cambio, la delegada, Gemma Araujo, "no impidió la continuación de las obras, permitiendo la tala de cuatro hectáreas de bosque protegido por directivas europeas y el desmonte de más de 32 hectáreas". Sin embargo, continuó, en agosto, Araujo "decía que la declaración de impacto era favorable, para más tarde sancionarlos por incumplir con la declaración".
Finalmente, acusó al alcalde de la ciudad, Alonso Rojas (PSOE) de cometer "delitos con relativa impunidad pero con mucha frecuencia" e hizo referencia al complejo tecnológico celular de LPC Group en la localidad, de cuyo proyecto, licencias y permisos "niega información a los ciudadanos, ocultando o manipulando la verdad".
* Europa Press - LOS BARRIOS (CÁDIZ), 23 Abr. 2008
Foto: Los Barrios (Cádiz), polígono industrial - mma.es
Una urbanización de Candeleda será denunciada ante la Fiscalía General del Estado
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ÁVILADIGITAL* : La Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda prepara una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la urbanización ‘Candelas de Gredos’ que promueve la empresa Dávila Monteblanco en el paraje de Navalpilón, junto al Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Aseguran que las obras están a punto de comenzar, aunque el proyecto no se ha sometido a Declaración de Impacto Ambiental, y se espera que los trabajos para iniciar la captación de agua desde el arroyo Castañarejo, el principal afluente de la garganta de la que se abastece Candeleda, se inicien en los próximos días.
Los ganaderos de la zona, de hecho, ya han recibido la notificación de que tendrán que dejar de utilizar el camino que ahora usan los cabreros porque se va a realizar una captación que, según explican, estará dentro de los límites del Parque Regional.
Son en total 431 viviendas y 200 plazas hoteleras las que incluye el proyecto y, a juicio de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, la ocupación como “segunda residencia” llegará a las 2.000 personas –el municipio tiene ahora 5.000 habitantes-.
En cuanto a la captación autorizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, es de doce litros por segundo, mientras que la concesión para los habitantes actuales es de ocho litros por segundo y “en los dos últimos años ya ha habido carencias de agua que han conllevado restricciones en el consumo”, según ha explicado Jesús Dutil, uno de los portavoces de la plataforma.
“Atentado ecológico”
A su juicio, las obras supondrán una “pérdida del caudal”, además de la destrucción de un “ecosistema de bosque de galería único”, además de la “masa arbolada que habrá que cortar para dejar espacio al ladrillo”.
En este sentido, aseguran que se trata de una zona de “gran interés ecológico”, catalogada como bosque mediterráneo, con “especies endémicas o en peligro de extinción” y tumbas excavadas en rocas graníticas y restos cerámicos medievales.
“Irregularidades” en la tramitación
Sobre la tramitación de la urbanización, cuyo plan parcial fue aprobado en octubre de 2006, consideran que ha habido “claras actuaciones irregulares”, y citan, entre otras cosas, la compra de terrenos rústicos recalificados de forma inmediata, la ausencia de un estudio de impacto ambiental o la “nula atención” a las recursos de alzada interpuestos.
Y en cuanto a la captación de agua, denuncian que el Ayuntamiento ha cedido a la empresa 7.800 metros cuadrados por un periodo de 30 años y les ha cobrado 7.000 euros, y que “se han concedido los terrenos antes de saber si se iba a autorizar la captación”.
La Plataforma ya congregó a cerca de 1.000 personas en una manifestación y ha reunido más de 9.000 firmas contra lo que consideran un “atentado ecológico”.
* Ávila Digital - María Cuenca - 23.04.2008
Foto: Paraje de Navalpilón, en Candeleda, donde pretende construirse una urbanización - aviladigital.com
La Fiscalía pide 9 meses de cárcel al alcalde de Burguillos por un delito urbanístico
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DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de nueve meses de prisión e inhabilitación durante ocho años para el alcalde de Burguillos, José Juan López (PSOE), al que imputa un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación, en relación con la concesión de una licencia de construcción ilegal.
El escrito de conclusiones provisionales presentado por el Ministerio Público en el juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, considera que la licencia otorgada por el regidor a la entidad Castillo de Lennen el 7 de agosto de 2006 para edificar viviendas en un solar de la calle Real incumplía la "limitación de plantas y la altura fijada en el Plan General de Ordenación Urbana vigente".
Según informó ayer la Fiscalía hispalense, el arquitecto municipal emitió un informe desfavorable a la concesión de la autorización, y el proyecto fue rechazado igualmente en dos ocasiones por los sucesivos secretarios municipales que informaron al alcalde de la ilegalidad de dicha licencia.
A pesar de estos tres informes negativos, el alcalde concedió el permiso, una decisión que según el Ministerio Público puede encuadrarse en un delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 320.2 del Código Penal. La acusación pública reclama en el escrito elevado al juzgado una condena de nueve meses de prisión para José Juan López, así como su inhabilitación para empleo o cargo público durante un período de ocho años.
El juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla decidió en febrero pasado continuar la causa abierta contra el alcalde de Burguillos al apreciar indicios de delito en la conducta del regidor. La licencia concedida a la sociedad Castillo de Lennen, según explicaba el auto, "incumplía a sabiendas las normas subsidiarias" del planeamiento urbanístico en vigor y se había emitido "en contra de los informes técnicos y jurídicos correspondientes".
El juez consideró que había indicios de que el permiso se otorgó porque el alcalde "tenía pensado realizar una modificación" de los planes urbanísticos para posibilitar esa licencia en los términos propuestos, pero el cambio no se llevó a cabo en la fecha en la que se autorizó la construcción.
El PP, que ejerce la acusación particular en el proceso, ya anunció que solicitaría la máxima condena posible para el alcalde, José Juan López, por el delito que se le atribuye: dos años de prisión y otros diez años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo o empleo público.
* Diario de Sevilla - Jorge Muñoz - 23.04.2008
Foto: Burguillos (Sevilla), ayuntamiento - wikipedia.org
¿Un piso de menos de 40 m²?
ANTÓN REIXA* : La especulación urbanística ha determinado el advenimiento de la crisis económica como percepción instalada en el tejido social. Esa misma percepción se constituye también en un elemento estructural de la misma y determina el comportamiento del dinero. En pocos meses se ha pasado del paraíso al infierno y pocas voces analíticas superan el recurso a la especulación, en este caso intelectual, para analizar un fenómeno cíclico que forma parte ineludible de la economía de mercado que legaliza y sacraliza la Constitución española.
Todos parecen coincidir en que gran parte de la solución a la crisis pasa por el aumento de la inversión pública y concretamente en la licitación de vivienda pública protegida. Ahí se les acaba a los neocon su pasión por el déficit cero. Por eso resulta especialmente perverso que se pretenda acometer la construcción de vivienda pública de forma desregulada y de espaldas a los mínimos de calidad de vida que merece la ciudadanía.
En las últimas semanas la hostilidad a la nueva regulación del hábitat que promueve el Gobierno gallego y su departamento de Vivienda han estado en el centro de la acción de ayuntamientos y agentes del sector. Alianza poco recomendable la de ayuntamientos con constructores y promotores y que está en la base de la agresión urbanística constante que ha padecido Galicia en las últimas décadas. Si hay algo de lo que no pueden alardear en su conjunto los gestores municipales es, precisamente, del urbanismo. Y no sólo por una deficiente gestión técnica, sino también por la generación de innumerables prácticas deshonestas, ilegales y paralegales, como las que se registran en este ámbito.
Todos estaríamos en posición de defender la autonomía municipal como primer estadio de la democracia de proximidad, pero de ahí a dejar que los municipalistas se conviertan en emperadores de mínimas ciudades-Estado hay una gran diferencia. Sobre todo cuando se trata de legislar derechos sociales que afectan directamente a nuestra calidad de vida. ¿Hay alguien que desee vivir en pisos de menos de cuarenta metros cuadrados? ¿Hay alguien que crea objetivamente deseable que el ancho de las puertas de sus viviendas no resulte accesible para los minusválidos? Esas son algunas normas de la regulación del hábitat que rechazan alcaldes y promotores.
Con toda seguridad la historia de estos tres años de Gobierno bipartito en la Xunta deberá registrar como grandes logros políticos, entre otros, los avances en vivienda social y en política de bienestar. Curiosamente, también la creación del Consorcio Galego de Benestar generó inicialmente el mismo tipo de rechazo municipal, pero la realidad es tozuda y los problemas de xenofobia que han surgido últimamente con el realojo de familias gitanas en Pontevedra y A Coruña han puesto de manifiesto la incapacidad de la autonomía municipal para resolverlos. Curiosamente también desde la implantación de los ayuntamientos democráticos en 1979 hay que reconocerles a muchos alcaldes su audacia, sobre todo en política social, para dar cobertura a estos problemas sustituyendo la falta de proactividad de las admimistraciones provincial, autonómica y estatal ¿Por qué ahora este rechazo cuando el Gobierno de la Xunta sí es capaz de actuar en ese ámbito con legislación y presupuestos? Es como si los ayuntamientos se negasen a que en su término municipal se realizasen controles de alcoholemia aduciendo una baja en la facturación nocturna de la hostelería local.
Obviamente, el diálogo y la cohesión entre administraciones deben solucionar estos conflictos. Paradójicamente es lo que exigen los alcaldes y ofrece reiteradamente la conselleira. Pero en el rifirrafe de la política, Teresa Táboas suma muchos puntos de credibilidad: dirige un departamento de nueva creación sin el histórico de errores de los ayuntamientos y, además de ser mujer, tiene una gran preparación técnica como arquitecta, no proviene de la política profesional y no necesita el cargo para hacer fortuna.
* ELPAIS.com - Galicia - ANTÓN REIXA 22/04/2008
