ELPAÍS* : El delegado en Pontevedra del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que tiene entre sus competencias la gestión del urbanismo en la provincia, lleva 24 años sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por el chalé que posee en el municipio pontevedrés de Caldas de Reis. Evaristo Juncal Carreira, que es además presidente del PP en esta localidad, esquiva el abono del tributo desde 1986 porque construyó su vivienda con una licencia para bodega, garaje y almacén de aperos de labranza. El galpón del dirigente popular es en realidad, según le recriminó ya en la década de los ochenta el ex aparejador del Ayuntamiento, una vivienda de dos plantas, que hoy en día está rodeada de un amplio jardín y una piscina.
Según relatan fuentes cercanas entonces a la tramitación, Evaristo Juncal solicitó en 1984 un permiso al Ayuntamiento para construir un almacén en una parcela de la parroquia de Pazo, a la entrada de Caldas por la carretera de Pontevedra. Este ingeniero de obras públicas ya era en aquel momento funcionario de la Xunta, adscrito al departamento pontevedrés de Estradas, aunque no había emprendido todavía esa agitada actividad empresarial que le ha llevado a poseer al menos una decena de sociedades, la mayoría beneficiarias de concesiones públicas, que en varios casos han acabado en manos de narcos o de condenados por comerciar con bienes obtenidos con el botín del tráfico de drogas.
Dos años después, en 1986, el ex aparejador municipal mostró en un informe su sorpresa por las características del galpón donde Evaristo Juncal decía que iba a amontonar sus aparejos agrícolas. El técnico concluyó que aquella edificación no se trataba en ningún caso de un almacén, sino de una vivienda.
El ahora jefe territorial de la Xunta y presidente local del PP no dudó en responder al informe municipal con un escrito en el que recriminaba al aparejador que denunciase sus irregularidades urbanísticas y no las de otros vecinos que cometen infracciones no legalizables. Tras esta protesta, el dirigente del PP presentó efectivamente un proyecto de legalización: el galpón pasó a ser también oficialmente un garaje y una bodega.
Aquella mínima modificación urbanística, que fue aceptada, fue la última que sufrió la edificación. En 2000 el Gobierno central, entonces en manos del PP, realizó una revisión catastral en Caldas que, sin embargo, no destapó las irregularidades de la vivienda de Evaristo Juncal. Según el registro de la Diputación de Pontevedra, nadie abona en el Ayuntamiento el Impuesto de Bienes Inmuebles por este chalé. El alcalde de Caldas, el socialista Juan Manuel Rey, sin embargo, ha eludido aportar datos sobre la situación urbanística de la vivienda del jefe territorial de la Xunta.
El galpón del Evaristo Juncal se levanta en una finca rodeada de viñedos a la entrada de Caldas de Reis. El chalé no es sólo una casa de recreo para el presidente local del PP de Caldas sino también la sede social de su promotora inmobiliaria, Juncal-Froján, SL y de su sociedad vitivinícola, Lagar da Condesa, SL. Y fue también el domicilio de otras dos empresas que el dirigente popular liquidó tras ser nombrado jefe territorial de la Xunta en 2009: Villa Amalia, SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, y Golfeiras de Barbafeita, SL, creada para explotar piscifactorías.
Las plantaciones de uvas de albariño de la bodega Lagar da Condesa están muy cerca del chalé de Pazo y tienen algo más en común con él. Según consta en el registro de la Diputación de Pontevedra, Evaristo Juncal tampoco paga el Impuesto de Bienes Inmuebles por el edificio almenado que se erige entre los viñedos. Los datos de la Diputación de Pontevedra revelan que la empresa Lagar da Condesa, fundada por Evaristo Juncal en 2003, tributa por su actividad y por dos vehículos pero no por "unidades urbanas", es decir, por bienes inmuebles.
"Ya está bien de tanta persecución y tanta historia"
El jefe territorial en Pontevedra de la consellería que gestiona las competencias en urbanismo no cree que su cargo le obligue a explicar las irregularidades urbanísticas de su vivienda. "Ya está bien de tanta persecución y tanta historia", exclamó como única respuesta Evaristo Juncal cuando este periódico le preguntó por la situación irregular en la que está su chalé en Pazo. El presidente del PP de Caldas de Reis define como una "persecución" las informaciones sobre su intensa actividad empresarial durante los gobiernos de Manuel Fraga, cuando compaginó su condición de funcionario de la Xunta con la compraventa de empresas concesionarias de gasolineras, piscifactorías y minicentrales hidráulicas.
Su superior directo en el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo -el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández- le ha solicitado al propio Evaristo Juncal un informe sobre estos negocios para comprobar si incurrió en algún tipo de incompatibilidad con su condición de funcionario e ingeniero de la Administración autónoma. Según fuentes de la consellería, el escrito con las explicaciones del presidente del PP en Caldas ya está en manos de Hernández, que lo está analizando.
* El País - 28.06.10
Foto: Chalé de Evaristo Juncal en Caldas de Reis por el que lleva 24 años sin pagar el IBI - elpais.com
El jefe territorial de la Xunta levantó un chalé en Caldas con licencia de galpón
Barcelona.- El hotel que ha encerrado a los saqueadores del Palau
ELPAÍS* : El caso Millet se ha ramificado y está afectando, aunque de forma desigual, a los dos principales partidos catalanes: por un lado, está la supuesta financiación ilegal de CDC y, por otro, la acusación de trato de favor que la Administración socialista, tanto desde la Generalitat como desde el Ayuntamiento de Barcelona, habría dado a Millet para erigir un hotel de lujo junto al coliseo musical. Millet y su mano derecha, Jordi Montull, han acabado en prisión por esta causa.
Los jefes de Urbanismo del Ayuntamiento insisten en su inocencia y aseguran que supieron en 2009 y por una llamada de este diario que las tres fincas donde iba a instalarse el complejo eran de Olivia Hoteles y no de la Fundación del Palau. Sin embargo, la Guardia Urbana abrió en diciembre de 2008 un expediente a esa empresa por hacer obras en una de las casas sin licencia. Las diligencias aludían a la suspensión provisional o definitiva de las obras. El Consistorio no ha aclarado a este diario cómo acabó el procedimiento.
La juez Miriam de Rosa tomará hoy declaración a nuevos testigos, entre ellos la ex edil Itziar González que dimitió tras pedir sin éxito al alcalde Jordi Hereu que paralizara el proyecto del hotel. El fiscal quiere ampliar su querella a altos cargos de Urbanismo del Ayuntamiento. Hace días, trascendió que Montull envió cartas en 2007 al ex teniente de alcalde, el socialista, Carles Martí y a Ramón Massaguer, gerente de Urbanismo, informándoles de que Olivia era la propietaria. El Ayuntamiento dice que no encuentra esas misivas. Manuel Valderrama, dueño de Olivia, dijo en el Parlamento catalán que fue presentado como tal en 2007 ante los patronos del Palau y que pagaba el IBI de las tres fincas.
* El País - 28.06.10
Foto: Barcelona, Palau de la música - educastur.es
Buenos Aires usa el doble de agua que París
LANACIÓN/Argentina* : "El agua es un lugar de interdependencias, donde confluyen las políticas públicas, la cultura, la gestión, la geografía, la hidrogeología... Por eso, el gran problema que plantea actualmente su manejo es el de la integración de todos estos conocimientos", afirma la doctora Graciela Schneier-Madanes, arquitecta, geógrafa, directora del programa Rés-eau-ville", del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia (CNRS), y de la Unidad Mixta Internacional Agua, Medio Ambiente y Políticas Públicas, colaboración del CNRS con la Universidad de Arizona.
Schneier-Madanes, sobrina del célebre director y productor teatral Cecilio Madanes, acaba de pasar por Buenos Aires para presentar el libro El agua globalizada (ediciones La Découverte, París, 2010), que reúne estudios de ingeniería, urbanismo y ciencias sociales sobre casos de cuatro continentes. "Intentamos contribuir a una «reunificación» del estudio del agua, que hoy es fundamental", agrega.
Para la especialista, si se pretenden resolver los problemas que presenta la gestión del agua en las megaciudades, es imprescindible integrar temas habitualmente separados: el de la gestión del recurso y el de los servicios de potabilización y saneamiento.
"Está el agua para riego, para el esparcimiento, para la energía -ilustra- [...]. Cuando se crean situaciones de escasez o de contaminación, pueden surgir conflictos muy importantes y hasta explosivos, si no participan en las discusiones los usuarios, las empresas y el gobierno municipal para llegar a acuerdos y formas de gestionar y distribuir el recurso de manera equilibrada."
Alejada de los dogmas, Schneier-Madanes destaca que si esta confluencia de intereses contrapuestos es de por sí compleja, puede agravarse aún más cuando se agregan factores estrictamente físicos. "Por ejemplo -detalla-, en el conurbano, el problema es muy serio porque hasta está relacionado con el cambio climático. En las inundaciones y la subida de napas, hay una parte de responsabilidades técnicas y políticas por la falta de obras, y otra que se origina en cambios del sistema geográfico."
Por eso, si bien el agua es un recurso renovable, el aumento de la población y, especialmente, su uso en irrigación, plantean escenarios complejos. "Lo primero que hay que saber es que el agua no se termina, pero que, sin embargo, hay que cuidarla y evitar contaminarla -subraya-. Lo otro que hay que tener en claro es que, en el nivel mundial, el mayor consumo de agua corresponde a la agricultura, ya que el 87% del agua dulce va a la irrigación de cultivos. La Argentina es una gran exportadora de agua «virtual» [la que se utiliza para la producción agrícola-ganadera] que no se contabiliza. La otra gran paradoja es que el acceso al agua es un problema de políticas públicas y decisiones económicas: si uno mira los mapas, hay muchísima agua en zonas a las que la gente no tiene acceso."
Una mejor administración de este recurso no sólo puede dosificar el uso, sino también regular la demanda: los porteños, por ejemplo, gastamos 370 litros por día, aproximadamente el doble de lo que utilizan los habitantes de grandes ciudades europeas, como París, donde se gastan 150 litros per cápita por día.
* La Nación - 28.06.10
Foto: Buenos Aires, vista - britannica.com
País Vasco.- La investigación del espionaje político sigue abierta a nuevos implicados
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ELPAÍS* : La investigación judicial abierta a la trama que presuntamente se dedicaba a espiar a altos cargos del actual Gobierno tiene los visos de culminar con la aparición de nuevos implicados en este caso. A la espera del resultado que ofrezcan las averiguaciones que se siguen practicando al respecto, un juzgado de Bilbao mantiene los cargos contra el ex director de Sprilur (la sociedad pública del Ejecutivo que gestiona los suelos industriales) y ex alcalde de Mendaro por el PNV, Antton Zubiaurre, quien fue detenido el pasado viernes por la mañana en el domicilio particular que tiene en la citada localidad.
Zubiaurre, militante peneuvista y responsable de la sociedad Sprilur entre 1999 y 2007, durante la etapa de Juan José Ibarretxe como lehendakari, se acogió a su derecho a no declarar ante la autoridad judicial y fue puesto en libertad con cargos. Está acusado de participar en la red que supuestamente había pirateado los ordenadores de la SPRI con la finalidad de acceder de forma ilegal al contenido de los equipos informáticos y controlar la información de los correos electrónicos.
La detención de Zubiaurre se produjo tras la denuncia por supuesto espionaje industrial interpuesta a comienzos de este año por la propia Sprilur, donde habían detectado que una o varias personas estaban accediendo a sus correos electrónicos sin autorización y utilizando la información obtenida.
La vigilancia fraudulenta se llevaba a cabo desde fuera de las dependencias de la SPRI, después de manipular los equipos informáticos de los altos cargos de Industria, renovados desde la llegada de los socialistas al Gobierno en mayo del año pasado.
En la misma causa también podría estar implicado el ex chófer de Zubiaurre, Iñaki Urrutxua, quien tras la llegada del nuevo equipo directivo de la SPRI fue recolocado en tareas comerciales debido a que el actual director de la sociedad pública, Tomás Orbea, renunció a contar con un conductor personal. El ex chófer también iba a ser detenido por la policía, pero decidió presentarse voluntariamente en el juzgado. Se desconoce el contenido exacto de las imputaciones contra quienes, por el momento, son los dos únicos inculpados, dado que la autoridad judicial ha declarado secreto el sumario. No se descarta que entre las personas que han podido intervenir en este supuesto espionaje se encuentren trabajadores de la sociedad pública dependiente del Departamento de Industria.
Tras conocerse estos hechos, el PP fue el único partido en pronunciarse al respecto. El secretario general del PP de Álava, Javier de Andrés, se refirió a este caso como una continuación de otras supuestas tramas de corrupción que afectan a personas vinculadas al PNV, como el caso De Miguel o el caso Margüello. De Andrés aseguró que son un ejemplo de "lo que hay detrás del PNV". "Éstos son quienes nos daban lecciones de patriotismo; el patriotismo de su cartera", censuró.
El líder de los populares alaveses afirmó que esta no es la primera ocasión en la que desde las filas peneuvistas se actúa de esta forma, ya que "ya se espió" a Carlos Garaikoetxea en la época de la escisión de EA. Este modo de proceder, a su juicio, se debe a que el PNV "actúa como si el País Vasco fuera su batzoki".
La irrupción del caso Zubiaurre -el segundo gran escándalo que salpica al PNV tras su salida del Ejecutivo autónomo- coloca en una delicada situación política al partido que dirige Iñigo Urkullu. Esta operación se suma a la que se instruye en un juzgado de Vitoria por una presunta trama de comisiones ilegales en la compraventa de terrenos en el Parque Tecnológico de Miñano y en otros oscuros negocios empresariales. Como principal imputado de la misma figura el ex diputado foral alavés Alfredo de Miguel.
De 'poteo' con el acusado Zubiaurre
Antton Zubiaurre se paseaba ayer por la plaza de Mendaro, su localidad natal, "como si no pasara nada", según señalaron vecinos del municipio. La víspera había sido detenido en su propia casa bajo la acusación de participar en un presunto espionaje informático a los actuales responsables de Sprilur, la sociedad pública que él mismo dirigió entre 1999 y 2007.
Testigos presenciales aseguraron a este diario que un equipo de seis agentes de la Ertzaintza se presentó el pasado viernes a las 7.00 en el domicilio de Zubiaurre. Después de que inspeccionaran la vivienda y el interior de su Porsche, a las 9.30 le llevaron detenido en un vehículo policial hasta el juzgado.
Por la tarde, una vez puesto en libertad con cargos, el que fuera alcalde de Mendaro entre 1991 y 1997 -también fue concejal de Urbanismo en el Consistorio en los periodos 1987-1991 y 1999-2001- regresó al pueblo, donde algunos vecinos pudieron verle "de poteo" con los amigos, con quienes posteriormente compartió una cena en una sociedad gastronómica. "Me imagino que quería aparentar que estaba tranquilo y dar la sensación de que no le preocupa la situación", confesó un paisano. Al parecer, a raíz de este asunto ha decidido trasladar su residencia al domicilio de un familiar muy cercano.
La alcaldesa de Mendaro, Irune Berasaluze, miembro del Euskadi Buru Batzar (EBB), no quiso realizar ayer ninguna declaración sobre la operación desarrollada contra Zubiaurre, y se remitió a las valoraciones que haga su partido. El ex regidor de Mendaro y director general de Sprilur no mantiene buenas relaciones con el PNV local y tampoco con los actuales responsables municipales, de su propia formación.
Fuentes municipales aseguran que Zubiaurre ha presentado "numerosas denuncias" contra expedientes ordinarios tramitados por la anterior corporación (en manos del grupo independiente MTI) y del actual equipo de gobierno peneuvista. Añaden que estas denuncias venían "a nombre de desconocidos". Por estos hechos, Zubiaurre ha sido demandado como presunto autor de un delito de denuncias falsas, un procedimiento que aún sigue vivo en los tribunales. Zubiaurre "ha tratado de hacernos la vida imposible" desde que dejó el ayuntamiento sin lograr su objetivo de recalificar unos terrenos familiares durante su etapa como concejal de Urbanismo, explican estas mismas fuentes.
La situación personal del ex director de Sprilur sufrió un importante deterioro como consecuencia del rocambolesco traspaso de su hijo Iban de la Real Sociedad al Athletic. Su empeño por vestirle de rojiblanco le llevó a burlar el contrato que tenía en vigor con el club txuriurdin, que apeló a la justicia y acabó pasándole una factura muy cara al futbolista. La familia Zubiaurre no ha remontado desde que tuvo que abonar 3,5 millones -el Athletic otros 1,5- a la Real.
* ELPAÍS.com - 27.06.10
Foto: Mendaro (Guipúzcoa) - wikipedia.org
Un pago de la caja B de la Gürtel apunta a Bormujos
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PÚBLICO/Sevilla* : Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y presunto número dos de la trama Gürtel de corrupción, recibió un sobre de la caja B de Francisco Correa con 3.000 euros el 21 de diciembre de 2004, pocos días antes de que el PP y los independientes votaran la moción de censura que en enero de 2005 desbancó al PSOE de la alcaldía de Bormujos, un municipio de 18.590 habitantes situado en la corona metropolitana de Sevilla.
El destinatario del sobre, según consta en un apunte de la contabilidad en negro que llevaba la trama, era Jesús Calvo Soria, socio de Correa en una de las empresas integradas en el entramado de blanqueo de capitales, según la Policía. Calvo Soria, en aquellas fechas, urdía la moción de censura junto a la actual alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso (PP), el también imputado Tomás Martín Morales, y varios ediles independientes. Calvo Soria pagó el hotel en el que varios ediles pasaron las horas anteriores a la moción.
Este apunte en la contabilidad B de Correa, que la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude incluye en un informe que está en el sumario Gürtel, apuntala la declaración de José Luis Peñas, denunciante e imputado en el caso, ante el juez instructor, Antonio Pedreira. Peñas afirmó: "Pablo Crespo me comentó que había bajado disfrazado a Bormujos a entregar una maleta con dinero. [Iba] con peluca y con gafas oscuras para que no se le reconociera". Peñas utilizó entonces la palabra "maleta" en sentido metafórico y no literal. Luego agregó, a preguntas de los fiscales que el dinero servía para pagar "al tránsfuga". Los 3.000 euros serían sólo una parte del pago.
La moción de Bormujos, que se fraguó para modificar el plan urbanístico elaborado por los socialistas, pudo llevarse a cabo porque el concejal José Sánchez cambió de bando. Abandonó a AIB-La Paloma y votó junto al PP y los independientes de Baldomero Gaviño para desalojar al entonces alcalde Juan Antonio Iglesias (PSOE). La cifra, los 3.000 euros que Crespo recibió de la caja B para entregar a Calvo Soria, coincide con la cantidad que supuestamente cobró el padre del tránsfuga antes de la moción "para tapar agujeros", según indicaron a Público fuentes conocedoras del asunto. El tránsfuga siempre ha negado que cobrara soborno alguno. Este diario trató de contactar con él, sin éxito.
Un juez de Sevilla ya investigó el caso en 2006 tras la denuncia de dos compañeros de Sánchez en AIB-La Paloma. Dijeron entonces a la Policía que un empresario local les había ofrecido 840.000 euros que ponía un grupo inmobiliario de Madrid. El caso se archivó por falta de pruebas.
Correa, intermediario
Una grabación incluida en el sumario viene ahora a demostrar que el propio Correa estaba al tanto de la operación en Bormujos y que incluso intermedió. En un almuerzo en octubre de 2006, le cuentan que Calvo Soria declaraba ante el juez de Sevilla. Él afirma que éste le iba a echar "toda la mierda a Máximo" y que era "verdad" porque el que había movido los hilos era Máximo. Correa se refería a Máximo González Jurado, presidente del Consejo de Enfermería. En esa conversación, se describe una situación en la que Correa actúa de intermediario entre Máximo y Baldomero Gaviño, el edil que accedió a la alcaldía tras la moción. Correa zanjó esa charla con la frase: "Menos mal que no bajé a Bormujos y que allí no me conoce nadie".
González Jurado ya había intentado junto a Correa hacer una Ciudad Sanitaria con facultad de enfermería, en Majadahonda (Madrid), según un informe policial del sumario Gürtel. Hoy, en Bormujos, existe una escuela de enfermería junto al Hospital San Juan de Dios, cuyo suelo 8.000 metros cuadrados fue cedido gratis por el ayuntamiento cuando lo dirigía Baldomero Gaviño.
Un caso archivado en 2006 por falta de pruebas
La operación que desbancó al PSOE del gobierno de Bormujos ya fue investigada por la justicia en 2006. Dos concejales, compañeros del tránsfuga José Sánchez en AIB-La Paloma se dirigieron a la Policía para denunciar que Eusebio Gaviño, primo de Baldomero Gaviño, quien ocupó la alcaldía tras la moción de censura de enero de 2005, les había ofrecido por cuenta de un grupo inmobiliario de Madrid, 840.000 euros a repartir si votaban a favor del cambio de gobierno. “En Borjmujos lo que querían era dar un pelotazo”, manifestó José Luis Peñas, denunciante e imputado en el caso, al juez instructor del caso Gürtel. Modificar el plan urbanístico de Bormujos era el objetivo de la moción.
* Público - 27.06.10
Foto: Bormujos (Sevilla), ayuntamiento - sol.com
La corrupción provoca un descenso de calidad de la democracia en España
ELPAÍS* : La calidad de la democracia española ha descendido casi medio punto en dos años, según el informe anual que realiza la Fundación Alternativas, coordinado por Joaquín Estefanía, Nicolás Sartorius y Juan Manuel Eguiagaray e inspirado en el modelo de las auditorías democráticas de la Universidad de Essex. La caída de 6,2 a 5,8 puntos tiene como causa principal los escándalos de corrupción, y sitúa a esta, por vez primera en la historia de la democracia, como uno de los tres principales problemas de los españoles. A pesar de la crisis económica, son los comportamientos políticos y no los resultados económicos los causantes de la caída de la valoración. El informe resalta "muy negativamente" la capacidad del sistema democrático para solucionar la crisis.
"Se ha deteriorado de forma acusada la confianza en la acción de gobierno para resolver los principales problemas ciudadanos".
El informe señala también cómo la crisis económica ha afectado a la calidad de los medios de comunicación, en su independencia y profesionalidad: "Los intereses empresariales de los medios de comunicación, acuciados por la crisis, han sido más explícitos que nunca en sus relaciones con los actores políticos".
Pero la corrupción es "el principal problema y la principal insuficiencia de la democracia española". El informe destaca que "en ello ha jugado un papel principal el caso Gürtel, que sólo ha afectado al PP. La caída del indicador de la confianza en la oposición para controlar al Gobierno puede estar relacionada con ello".
En el análisis sobre la corrupción en España, señala que está muy vinculada al urbanismo y a la contratación pública, que es sobre todo política y no funcionarial y se ha expandido en los gobiernos locales y en algunos autonómicos. Cita la "ecuación de la corrupción de Robert Klitgaard" para explicar la corrupción. Esa ecuación dice que "la corrupción equivale a monopolio de la decisión más discrecionalidad menos rendición de cuentas". "Los resultados son un Estado que paga demasiado por sus adquisiciones y recibe demasiado poco por las privatizaciones y la adjudicación de concesiones y permisos".
El informe precisa que en el caso Gürtel se dan otros elementos causales, como la necesidad de financiación de los partidos. Esta, a su vez, la explica por el "proceso de mediatización y publicidad de la política, que genera unas demandas de gastos de sostenimiento de los partidos cada vez mayor".
Resalta cómo "la política urbanística en España ha sido un ejemplo hasta hace muy poco de política capturada por los propietarios del suelo". Sugiere que un "adecuado rediseño institucional podrá ayudar a afrontar estos problemas". Y propone mayores límites a los gastos electorales, mayor democracia interna en los partidos, mayor independencia política del órgano encargado de controlar los conflictos de interés e incompatibilidades de los políticos, y una dirección pública profesional y mejor capacidad regulatoria del Estado.
* ELPAIS.com - 26.06.10
Foto: Corrupcíon, montaje foto - terra.es
