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ELFARO/Cartagena* : La Federación de Asociaciones de Vecinos, expectante ante una próxima reunión monográfica con el edil de Urbanismo, Joaquín Segado, y la Asociación de Naturalistas del Sureste, absolutamente crítica, coincidieron ayer, por boca de dos representantes autorizados, en reprochar que la desclasificación como urbanizable de toda la fachada marítima del Mar Menor no vaya acompañada, en el avance del Plan General que se abordará la próxima semana en pleno, de una figura de protección ambiental concreta.
El presidente de la Federación vecinal, Leandro Sánchez consideró “irrenunciable” el mantenimiento de la franja litoral de la laguna como no urbanizable “para evitar la proliferación de campos de golf¨” y echó de menos, por ello, “una mayor protección específica.
Y es que, el nuevo avance establece que esa zona será no urbanizable inadecuada, pero no subraya ninguna razón ambiental para ello.
Para el presidente de ANSE, Pedro García, la eliminación de esa razón ambiental “convertirá en más sencilla la conversión de ese suelo en urbanizable cuando interese en el futuro, sin necesidad de hacer informes de evaluación previa”.
Esa coincidencia entre vecinos y ecologistas no se mantiene en la otra gran zona que quedará sin urbanizar, la del oeste perteneciente al área protegida de la Sierra de La Muela y Cabo Tiñoso. En ese caso, la Federación aboga por una reducción de la parcela mínima para poder construir, actualmente situada en 80.000 metros cuadrados, según Sánchez. Para García, sin embargo no es posible entrar en eso mientras se mantenga la ilegalidad de “viviendas cuyos propietarios sabían perfectamente que vulneraban la ley cuando las construyeron”.
Respecto al centro de la ciudad, García deploró que se mantengan como urbanizables las laderas del Monte San Julián; mientras que Francisco Rodríguez, vocal de Urbanismo de la Federación consideró beneficioso que se permita a los propietarios de viviendas en San Antón y Santa Lucía concentrar edificabilidad para dejar más espacios libre para zonas verdes, viales más anchos y equipamientos.
“Alumbres no sale perjudicada”
“La previsión de suelo para una futura estación intermodal entre Alumbres y El Borricén no afectará negativamente a Alumbres sino todo lo contrario”, según el parecer del vocal de Urbanismo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, Francisco Rodríguez. En esta zona aumenta también el suelo industrial.
* El Faro de Cartagena - Eduardo Ribelles - 2.10.2008
Foto: La Manga (Murcia) - JM.Rodríguez, AGM (laverdad.es)
Vecinos y ecologistas critican que no se proteja expresamente el Mar Menor
Una nueva sentencia judicial anula la licencia de 934 plazas turísticas en Costa Teguise
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DIARIODELANZAROTE* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado en sentencia firme la resolución del alcalde de Teguise por la que concedió una prórroga del plazo de ejecución de las obras de construcción de apartamentos turísticos (934 plazas), centro administrativo y locales comerciales, tras el recurso interpuesto por la Fundación César Manrique (FCM).
Las obras corresponden a la parcela 242-B del Plan Parcial Costa Teguise, y fueron autorizadas con una licencia concedida en 1989.
El TSJC ha anulado la licencia al entender que el Estudio de Detalle no entró en vigor al no haber sido publicado, “por lo que nunca debió otorgarse ni prorrogarse una licencia con arreglo a las determinaciones ni publicadas e ineficaces del mismo”.
Como señala la sentencia, “la Jurisprudencia ha señalado reiteradamente que el principio de publicidad plena exige la publicación del texto íntegro de las ordenanzas y demás normas de los planes urbanísticos”.
Con este fallo ya son 17 los recursos presentados por la FCM que han sido estimados por los tribunales, 15 de ellos con sentencias firmes, que han supuesto la anulación de más de 7.000 camas turísticas y 4.500 residenciales.
* Diario de Lanzarote - 2 de octubre de 2008
Foto: Teguise (Lanzarote), costa - diariodelanzarote.com
Urbanismo y autovías frente a biodiversidad
PÚBLICO* : La riqueza natural de España es única en Europa: es el país con más diversidad biológica del continente. Sin embargo, este privilegiado lugar no cuenta con la protección adecuada, según un informe de Ecologistas en Acción, presentado ayer como anticipo a la celebración del Congreso Mundial de la Naturaleza, que comenzará el domingo en Barcelona.
"Los esfuerzos de protección de la naturaleza están siendo prácticamente inútiles" frente a un modelo de desarrollo que "prescinde" de las políticas ambientales en tiempos de crisis, advierte el informe de la ONG ecologista.
La apuesta del Gobierno y las Comunidades Autónomas por fomentar la obra pública tiene sus consecuencias en el entorno, recuerdan los ecologistas, para los que el crecimiento urbanístico basado en grandes complejos de ocio y turismo es "desmesurado" y las infraestructuras suponen las "más frecuentes agresiones a la naturaleza". Los proyectos de autovías previstos más dañinos hacia el entorno son, a juicio de esta ONG, la A-43 Puertollano-Mérida; la autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba; la autovía Linares-Albacete; diferentes tramos de la ruta de la plata A-66 de Gijón a Sevilla; la A-48 Costa de la Luz (Cádiz-Algeciras); la autovía Cuenca-Teruel; así como la IV centenario (Ciudad Real-Valencia). Son señaladas porque sus trazados atraviesan parques naturales, zonas de especial protección para aves, espacios Red Natura 2000 o lugares de interés comunitario.
Otras infraestructuras con impactos ambientales incluidas en el informe son la línea de tren de alta velocidad Madrid-Extremadura, la ampliación del puerto norte de Valencia y el nuevo puerto de Granadilla (Tenerife), así como el desdoblamiento de la carretera M-501 (Madrid) y la construcción del aeropuerto de Ciudad Real. En Murcia, recoge el documento, se ha modificado la Ley de Espacios Naturales "para sacar de la lista de espacios protegidos zonas que se pretenden urbanizar".
Además, Ecologistas en Acción cree que la unión del Ministerio de Medio Ambiente con el de Agricultura, realizada en esta legislatura, ha sido "una mala decisión" que perjudica al medio ambiente. Este hecho puede suponer, "un retroceso en la política de conservación y protección activa de la biodiversidad", según vaticinan. En este sentido, se apunta que comunidades autónomas como Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha ya han suprimido sus Consejerías de Medio Ambiente y se ha utilizado "como excusa la necesidad de reducir gastos".
Para hacer frente a esta construcción insostenible, los ecologistas piden una revisión de los proyectos susceptibles de afectar gravemente al medio natural y la aprobación del Plan Estratégico del Patrimonio Natural.
* Público - MARÍA GARCÍA DE LA FUENTE - Madrid - 01/10/2008
Foto: Obras de desdoblamiento de la carretera M-501 (Madrid). - Gente , publico.es
Madrid: Los vecinos exigen que se retiren los parquímetros tras la sentencia
ELPAÍS* : Ni Sangenjo ni nada. Da igual lo que ponga en la placa. "Esta es la plaza del Parquímetro". Así, con mayúscula. Jesús Otero, uno de los cabecillas del movimiento antiparquímetros que comenzó hace más de dos años, está radiante. Le felicitan por la calle en el distrito de Fuencarral-El Pardo. "Enhorabuena, Jesús". "Gracias, gracias". Es como si él hubiera redactado la sentencia que declara nula la ampliación de los parquímetros al exterior de la M-30. Como si los fueran a quitar mañana.
Da igual que la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 de Madrid no sea firme y que el Ayuntamiento le restara ayer importancia asegurando que la va a recurrir.
Los parquímetros de la periferia, según una nota municipal, seguirán donde están. Pero el fallo judicial fue ayer como un soplo de aire fresco para las plataformas antiparquímetros en los tres distritos afectados (Fuencarral, Hortaleza y Carabanchel). Pidieron la retirada "inmediata" de las máquinas y recuperar el dinero de los tiques y de las multas. El grupo municipal socialista, que presentó el recurso contra la ampliación de los parquímetros, cifró ayer en 206 millones de euros el perjuicio económico por los dos últimos años. Los madrileños afectados por la medida, según los cálculos del grupo socialista, pagaron a lo largo de 2007 30,5 millones de euros por la compra de tiques, 2,1 millones por las tarjetas de residentes y otros 31 millones más por las multas. El resto corresponde al canon que reciben las concesionarias, según las cifras facilitadas por el PSOE. El Ayuntamiento no ofreció ninguna estimación.
Los socialistas recomendaron ayer a los vecinos que guarden los recibos y reclamen sus derechos, aunque recuerdan que, mientras el decreto actual siga en vigor "prevalece la legalidad". Es decir, ni un coche sin tique. Pero en la calle de Sangenjo no había ayer ni rastro de rebeldía. Casi todos los coches lucían tarjeta de residente o boleto. Los más afectados por los estacionamientos regulados, los comerciantes, tiran de la picaresca o del bolsillo. Pilar Carazo, que regenta una óptica, sale corriendo cada vez que pasa la vigilante para cambiar el tique. "Es que, si lo cambio cada hora, me sale por un pico", añade. La otra opción es perder más de una hora en el metro desde Las Musas. Maite López, la de la tienda de aluminios y persianas, se ha buscado "una trampilla": empadronarse en casa de su madre para poder traer el coche al barrio desde El Pilar. O Francisco, el quiosquero, que subalquila la plaza de garaje de un taxista por 30 euros de 6.00 a 14.00. Lo cuenta con cuatro plazas de aparcamiento libres delante del puesto. "Cuando hay problemas de aparcamiento es por la noche, al volver los vecinos que han salido a trabajar", explica Juan García, que vive en el barrio. "A esa hora ya no hay que pagar parquímetros... pero tampoco encuentras sitio".
Unos metros más abajo, la noticia también es comidilla en el bar de José Lozano. "La de clientes que hemos perdido estos dos años", dice el hombre. Él y su hijo Francisco alquilaron dos plazas de garaje para dejar el coche, más de 200 euros al mes. María Carmen García, la peluquera, renunció a sacarlo de casa. Llega al trabajo todos los días después de más de una hora entre el tren desde Vallecas y el paseo desde la estación. No ha encontrado un estacionamiento por menos de 100 euros. "Desde que están los parquímetros, los garajes han subido de precio", asegura. Y no puede permitírselo. Lleva nueve multas desde noviembre: "tres pagadas, seis recurridas". En casa de Jesús Otero se acumulan las carpetas con multas recurridas de todo el vecindario. No quieren pagarlas y exigen que se devuelva el dinero, como piden las plataformas antiparquímetros de los otros dos distritos afectados. En Carabanchel Alto se congregaron por la tarde una decena de vecinos para precintar los parquímetros con bolsas de basura.
* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 03/10/2008
Foto: Madrid, parquímetro - adn.es
Separar vivienda de negocio especulativo
XERARDO ESTÉVEZ* : Ante el horizonte global de crisis, cabe preguntarse si en un sector de la economía donde predominan, por lo que se ve, los neocon-pillos, una administración en Washington más sagaz no podía haber previsto el terremoto hipotecario americano. En otro contexto financiero, pero de alguna forma agravado por aquel, sí era, en mi opinión, predecible la crisis inmobiliaria española, con la desmesurada construcción de más de 800.000 viviendas al año y el precio subiendo; sólo que en aquellos momentos de euforia pocos quisieron escuchar el razonable pronóstico del estallido de la burbuja.
Hay que admitir, con todo, que el crecimiento sostenido durante tantos años ha mejorado apreciablemente la calidad de vida; eso sí, por lo general a costa del deterioro del territorio. Un satélite que fotografió el ladrillo nos hizo advertir los efectos de una ciudad en huida, con una excesiva colonización y un crecimiento desordenado y disperso, sobre el que no se quiso echar cuentas de sus costes de conexión, movilidad, seguridad y mantenimiento.
Cuando se "calienta" el suelo y, al mismo tiempo, unos bancos espléndidos catapultan la demanda con un Euríbor asequible y tasaciones un tanto sobrevaloradas para comprar, de paso, muebles y coche, la conclusión que se puede sacar es que la subida del precio de la vivienda es imparable; por cierto, muy al contrario de la filosofía de la ley del Suelo de 1998, derogada en 2007, que relacionaba de forma simplista una liberalización del mercado de suelo con una reforma estructural de la economía española. En los ciclos de máximo beneficio al mercado le molesta lo público y grita, como en el boxeo, segundos fuera, pero luego pide socorro en la adversidad.
En esta ciudad-negocio lo que se compra no es tanto la casa para vivir, que se deprecia, sino más bien la parte proporcional de suelo alcista. En cierto modo, nos vemos todos convertidos en especuladores pasivos, atrapados en una contradicción: somos conscientes de que el precio de la vivienda no puede seguir subiendo desmesuradamente, pero al mismo tiempo rezamos para que no baje; sólo a aquellos que aspiran a adquirir un piso les conviene que el precio se contenga. El problema surge ahora, cuando muchos se encuentran pagando una hipoteca superior al precio de mercado de su vivienda y con el Euríbor inestable.
La Administración central enfatizó quizá en exceso la aportación coyuntural del cemento al PIB y al empleo, y evitó abordar el tema de una financiación municipal suficiente para que los ayuntamientos no sean tan dependientes de la marea inmobiliaria. Porque a la administración local esta actividad le permite recaudar y realizar inversiones y, con cierta candidez, ha vinculado la construcción masiva con el éxito electoral. Mientras, las autonomías más constructoras dedicaron demasiado tiempo a legislar minuciosamente, para luego ser demasiado flexibles en la aprobación de los planes generales y eludir el deber de coordinar las políticas municipales con planes territoriales que acotasen los desmadres de algunos ayuntamientos.
Si algo positivo tienen las crisis es que nos mueven a sacar conclusiones. En primer lugar, no es cierto que el territorio lo aguante todo: su ocupación extensiva produce desajustes y desequilibrios costosos. No necesitamos que la Unión Europea venga a contárnoslo para decir no a la avaricia de unos cuantos grandes propietarios de suelo que lo han ido adquiriendo como rural pensando en convertirlo en edificable, al margen de cualquier previsión urbanística.
Una buena ordenación territorial, como la que admiramos en otros países de nuestro entorno, evitará dedicar el tiempo de la política y los recursos públicos a reparar errores y permitirá, a cambio, invertirlos en una economía de innovación. Es verdad que el urbanismo tendrá que actualizarse a través de planes viables donde la vivienda se incardine en lugar de ir por libre y las infraestructuras, además de comunicarnos, sirvan para ordenar el país. Es aquí donde las autonomías, junto con la inversión y la prestación de servicios, tienen que dedicarse a regular el territorio con criterios supralocales.
Para acometer políticas sostenidas y no cíclicas al albur del interés o desinterés económico es necesario deslindar el problema real de la vivienda del negocio de la vivienda. Debe mantenerse una cooperación continuada entre lo público y lo privado para construir viviendas de protección, en venta o en alquiler, y con una arquitectura innovadora para dar satisfacción a las demandas de una sociedad cambiante. Es decir, hay que racionalizar el sector residencial a fin de permitir una revalorización equilibrada y un dinamismo que impida la formación de grandes stocks de pisos vacíos que conformen una ciudad de persianas bajas.
La política ha de realizar cierto grado de prognosis, ir un palmo por delante de la realidad y dotarse de una perspectiva global que reemplace el pensamiento cortoplacista. El Gobierno no deja de darnos ánimos, mientras la oposición insiste en infundir pesimismo. Ambos habrían de coincidir en que se debe introducir sostenibilidad en el mercado, para que no pase de la euforia a la depresión, dejando familias hipotecadas generacionalmente hacia atrás, padres y abuelos que ayudan hoy, y hacia delante, hijos que heredarán la carga.
* Xerardo Estévez es arquitecto.
* ELPAIS.com - Opinión - 2.10.2008
