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Viñeta de Ramón - El País, 14 de marzo de 2007
¿Ciudad del medio ambiente?
Querella contra dos directores generales por las obras de Puerto Mayor
M.BUITRAGO/R.FERNÁNDEZ/Murcia* : "Los directores generales de Calidad Ambiental y de Transportes y Puertos, Antonio Alvarado y Marcos Ortuño, deberán dar explicaciones por su participación en los expedientes administrativos que permitieron la reanudación de las obras de Puerto Mayor, en octubre del año 2003. Como se sabe, estas obras, situadas en el Canal del Estacio de La Manga, se encuentran paralizadas cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia desde septiembre del 2005.
El magistrado Francisco José Albaladejo Caravaca, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, ha admitido a trámite la querella presentada por el PSOE murciano por un presunto delito de prevaricación administrativa, según se ha conocido ahora. La iniciativa judicial fue presentada por José Ramón Jara, número dos de los socialistas murcianos.
Ahora, el juez de Instrucción número 5 considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito y ha decidido incoar diligencias previas e iniciar «las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias». Las notificaciones se cursaron el pasado mes de enero. El magistrado ha dado asimismo parte al Ministerio Fiscal; al igual que las consejerías de Obras Públicas y de Medio Ambiente. Ambos departamentos deberán remitir al juzgado los expedientes administrativos incoados con relación a las obras de Puerto Mayor.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, manifestó ayer que la querella está dirigida contra ambos directores generales «porque fueron ellos quienes levantaron la paralización del proyecto en octubre del 2003, lo que permitió que las obras se reanudaran en el año 2004. A partir de ahí intervino el Seprona para advertir que la empresa estaba actuando de forma irregular». Después llegó el contencioso presentado por la ministra de Medio Ambiente instando al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel a paralizar las obras, entre otros motivos porque causaba daños medioambientales al entorno. A juicio de Rosique, los dos directores generales «no debieron autorizar el levantamiento de la paralización que pesaba sobre el proyecto debido a que había caducado la concesión». Esta Redacción intentó ayer ponerse en contacto con el director de Calidad Ambiental.
*laverdad.es, Miércoles, 14 de marzo de 2007
Foto: Las obras de Puerto Mayor junto al Canal del Estacio, en junio del 2005, cuando fueron suspendidas por el TSJ. / JOSÉ M. RODRÍGUEZ /AGM
El fiscal Vercher arremete contra las críticas a las actuaciones en corrupción
DanielMILLET/LaOrotava* : "El fiscal jefe nacional de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, aseguró al preguntársele por los ataques políticos a la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife y otros órganos judiciales canarios con los que determinados grupos políticos y empresariales han respondido a la apertura de varias investigaciones, que "al que le pica, se rasca".
Vercher aclaró durante una conferencia en La Orotava sobre Justicia y Urbanismo, que "habría que recordar que se han abierto procesos que afectan a un amplio arco político, desde independientes hasta representantes de la izquierda y la derecha", y añadió que "sabía en lo que me metía cuando inicié mi carrera hace más de 25 años. La presión siempre está ahí".
Vercher explicó los grandes avances jurídicos y sociales que se han conseguido en materia de medio ambiente y urbanismo, desde la misma creación reciente de la Fiscalía que dirige a raíz de la nueva Ley de Montes de 2006, pero matizó que siguen faltando muchos medios, concienciación y siguen sobrando problemas a la hora de aplicar las medidas legales.
"Se han ido creando fiscalías especiales y nuevos cuerpos policiales, mientras las encuestas indican que cerca de un 90 por ciento de la población española está concienciada en temas medioambientales. Pero, muchos fiscales carecen de herramientas, hay una necesidad de coordinación entre los cuerpos de seguridad y de ese 90 por ciento, sólo alrededor de un 20 por ciento recicla la basura o demuestra con algún otro hecho su verdadera preocupación", lamentó Vercher.
Tanto él como José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, expusieron que el problema de la corrupción y las actuaciones que degradan el entorno natural han llegado a tal extremo que la Justicia ha tenido que empezar a aplicar con severidad el Código Penal, pues el Derecho Administrativo no ha sido suficiente.
"Esto es un cáncer que se ha propagado y que precisa de cirugía urgente. Es que si seguimos así vamos a tener que empezar a construir juzgados en territorio protegido. O lo paramos o esto puede convertirse en una verdadera catástrofe", señaló Martín Pallín, quien utilizó entre otros ejemplos el de Canarias como muestra de los graves daños que puede ocasionar un desarrollo irresponsable sobre el territorio.
Vercher partió de la base de que el derecho al medio ambiente es constitucional y de que la misma Constitución sólo pide expresamente la aplicación del Código Penal en la defensa de la naturaleza y el patrimonio histórico. "No ha habido ningún asunto, como el medio ambiente, que haya pasado de no tener ni un artículo hasta hace muy poco, el año 1995, a pasar ahora a tener más de 40". Precisó que de cualquier modo se están produciendo muchas dificultades para aplicarlos, desde la misma concienciación ciudadana: "Nos llegaron a llamar despectivamente los fiscales de los pajaritos. Decían que qué hacíamos defendiendo a esos animalitos. Luego, tenemos que partir de que para aplicar las normas ambientales debemos tener en cuenta más de 30.000 reglamentaciones nacionales e internacionales".
El fiscal jefe del Supremo recordó las innumerables advertencias de la Unión Europea a España de que no está cumpliendo con los objetivos comunitarios y la complejidad que se está encontrando la Justicia a la hora de aplicar por ejemplo medidas como las demoliciones de las viviendas ilegales.
Entonces, leyó un artículo obtenido de internet en el que se detallan todo tipo de trucos para legalizar una construcción en suelo rústico, ante la sorpresa del nutrido aforo del Liceo orotavense. En este punto, el magistrado emérito abogó por el endurecimiento de las penas: "Lo que no puede suceder es que a una persona que entre a robar en un adosado le puedan caer cinco años y a quien construye ilegalmente una urbanización, deteriorando irreversiblemente todo un espacio de gran valor natural, sólo le castiguen con no más de tres años".
*laopiniondetenerife.es, Miércoles, 14 de marzo de 2007
Foto: urbanización "El pelotazo" en la Orotava /ecoboletin.com
El plan para construir 450 viviendas junto a Valorio desata las protestas vecinales
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M.J.PASCUAL/Zamora* : "El acuerdo del equipo de Gobierno que autoriza la construcción de un residencial de, al menos, 450 viviendas en el Camino de la Lobata, un alto desde donde se domina todo el bosque de Valorio, ha desatado las primeras protestas vecinales. El Foro Ciudadano se ha apresurado a expresar su oposición a esta decisión de la Junta de Gobierno local del lunes, y anuncia que «combatirá este plan con todas sus fuerzas», tanto por la vía de las alegaciones como, si es necesario, presentando un recurso contencioso administrativo en los tribunales contra el acuerdo municipal.
Para este colectivo, la aprobación de este plan es un «despropósito que solo se entiende para favorecer intereses o pagos ocultos antes de la marcha del actual alcalde o ante un cambio en el Gobierno de la ciudad». El Foro ha presentado una nueva alegación múltiple contra la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, en la que se exige de manera expresa la protección integral del entorno del bosque de Valorio y también de las márgenes del Duero.
PROTECCIÓN
Tramitación avanzada
Impactos
Esta impugnación al documento urbanístico como consecuencia de las importantes recalificaciones de suelo que permitirán el crecimiento de residenciales alrededor del bosque se suma a las ya planteadas en el mismo sentido de protección natural y paisajística por los grupos municipales de la oposición. Tanto el PSOE como IU reclaman al equipo de Gobierno desde hace meses que de marcha atrás en las promociones urbanísticas en este entorno, alguna de las cuales, como el plan parcial Camino de la Lobata, están en una fase muy avanzada de tramitación. En este caso, el expediente se remonta al PGOU del 2001.
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zamora aseguró ayer que llegará hasta los tribunales si el equipo de Gobierno no da marcha atrás en la autorización y sigue adelante con el desarrollo urbanístico de este plan parcial. Argumenta. además, que en el expediente de la sociedad limitada Promociones Manso 2003, al que los grupos han tenido acceso, se contempla la construcción, no de 450 viviendas, sino la de 760, «lo que es una completa barbaridad».
CONTRA LA ESPECULACIÓN
La sentencia del TSJ
Revisión total
El portavoz del PSOE, Antonio Plaza, señaló que la decisión del equipo de Gobierno del PP es el primer paso «para que la especulación urbanística sea un hecho en el entorno de Valorio». Plaza reconoció que la tramitación de este plan se remonta al PGOU ahora en proceso de revisión y que no se plantearon alegaciones en su día, si bien recordó que el documento del 2001 ha sido anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, «de manera que sería coherente que en la revisión actual se tengan en cuenta todas las consecuencias de los planes parciales aprobados entonces».
En este caso, subrayó, no solamente se acabará con el perfil paisajístico tradicional que este espacio verde tiene para los zamoranos, sino que acabará por afectar al bosque negativamente, porque hay que llevar los servicios que necesitan esos residenciales (agua, electricidad, alcantarillado, viales). «Y al final, Valorio sería disfrutado solo por los pocos que puedan comprar esas viviendas».
La abogada y concejala Mar Rominguera insistió en que su grupo «agotará todas las armas legales para evitar que desaparezca el bosque tal y como lo conocemos». Por el momento, indicó la letrada, se presentará en el Ayuntamiento un recurso de reposición contra el acuerdo y, si no prospera, se acudirá a la vía de lo contencioso administrativo.
MÁS PLAZO PARA ALEGAR
Exposición pública
En el Registro
Los socialistas justifican la iniciativa en la preocupación de la ciudadanía, «que está alarmada por el giro urbanístico que se está produciendo en el entorno de Valorio». Este grupo ya ha planteado una alegación al PGOU para que en los planos se contemple un amplio cinturón de protección de este entorno.
El PSOE presentó ayer en el Registro municipal y por tercera vez una solicitud para que se amplíe el plazo de exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana, que concluye el 23 de marzo. En concreto, solicita que se firme el convenio propuesto por el Colegio de Arquitectos de Zamora para que se dote de medios técnicos, dependencias y personal especializado para el estudio y el examen de la documentación y los planos del PGOU. El grupo socialista reivindica que se habilite una oficina donde físicamente los ciudadanos tengan acceso a esta información y que, una vez abierta, se amplíe el plazo de alegaciones otros cuarenta días. Además considera indispensable que se cuente con el asesoramiento del Colegio de Arquitectos, que hasta el momento no han sido consultados por el equipo de Gobierno, según Plaza.
De cualquier forma, tanto el PSOE como el resto de los grupos de oposición, así como diversos colectivos ciudadanos, entienden que «por sentido común», el PP debería dejar el PGOU a la próxima Corporación municipal.
En este sentido, IU, el Foro Ciudadano, la Asociación para la Defensa del Paisaje, Amigos de la Bici y la Coordinadora Stop al Plan de Urbanismo dan mañana en la plaza de Castilla y León modelos de alegaciones para que los ciudadanos «paren el plan».
*El Norte de Castilla, Miércoles, 14 de marzo de 2007
Foto: Vista de los campos deportivos del bosque de Valorio. Al fondo, los terrenos del plan parcial Camino de la Lobata. / LUIS CALLEJA
La Guardia Civil investiga al Consell por las obras que lleva a cabo en Sa Dragonera
LluisF.Oliver* : "Las obras realizadas por el Consell de Mallorca en el parque natural de la isla de la Dragonera están siendo investigadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Agentes del Instituto Armado han recopilado en los últimos días todos los documentos incorporados al expediente que por presunta infracción urbanística inició el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma después de que los técnicos municipales detectaran que las obras que el Consell realizaba en la isla no se ajustaban a las contempladas en el proyecto que obtuvo licencia y otras incluso no tienen ni permiso municipal.
SE CONSTRUYEN PORCHES Y SE AMPLÍAN EDIFICIOS
La actuación policial está enmarcada en la denuncia instada contra el Consell y que el fiscal que investiga atentados contra el Medio Ambiente y contra la Ordenación del Territorio está corroborando con el objeto de solicitar al juez, en el caso de que lo considerase oportuno, la apertura de diligencias penales.
Los celadores de Urbanismo del Ayuntamiento pudieron comprobar el pasado mes de septiembre cómo se habían realizado construcciones en la Dragonera sin licencia municipal y otras que, amparadas por licencias de obra menor, habían sido erigidas a modo de porches y ampliaciones de edificios ya existentes.
MD.COM ADELANTÓ LA INVESTIGACIÓN
Como adelantó mallorcadiario.com el 22 de septiembre de 2006, los celadores de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx detectaron obras en la isla que no se ajustaban al planeamiento ni a los permisos concedidos.
Además, el pasado 18 de octubre el Ayuntamiento envió al director conservador del Parc Natural de sa Dragonera un escrito firmado por su representante en la Junta Rectora, el regidor Sebastián Reus, en el que se solicitaba información de las obras que el Consell venía realizando en esta isla perteneciente al municipio de Andratx.
LA JUNTA RECTORA DEL PARC NO SE HA REUNIDO DESDE QUE SE CREÓ
El grupo de consellers de EU-Els Verds en el Consell de Mallorca llegó a presentar denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, la Conselleria de Medio Ambiente y la Comisión Insular de Urbanismo del Consell de Mallorca después de que este digital hiciese pública la investigación. En dicha denuncia, EU-Els Verdes aseguraban que se habían ejecutado obras presuntamente ilegales en Dragonera.
El propio regidor municipal solicitó al director del Parc toda la información de que dispusiera: presupuesto de las mismas y licencias y permisos solicitados para su ejecución. A sumar a este interés, el propio departamento de Urbanismo incoó un expediente por presunta infracción urbanística al constatar que las obras allí realizadas no contaban con ningún tipo de licencia ni permiso municipal y, por tanto, eran ilegales.
Además, ninguno de los miembros de la Junta Rectora fue informado de las mismas y no recuerdan que constaran en el plan de actuaciones previsto para 2006 en la isla. De hecho, la Junta Rectora nunca ha sido convocada desde su constitución.
*mallorcadiario.com, miércoles, 14 de marzo de 2007
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