ELFARO/Murcia* : El Colegio Profesional de la Región aseguró, durante la presentación del IV Foro de Urbanismo, que tendrá lugar en Murcia, que la construcción de estos espacios provoca la escisión entre los elementos del casco urbano.
En el marco de una crisis económica, “que ha llegado con una dureza más grande de la esperada”, el Colegio de Arquitectos ha vislumbrado no sólo un momento crítico, sino también “una oportunidad para estudiar y repensar nuestras ciudades”, según afirmó ayer el presidente del Colegio de Arquitectos de Murcia, Francisco Caminos, durante la presentación del IV Foro de Urbanismo.
La iniciativa, celebrada en su anterioridad en otras capitales españolas como Sevilla, Palma de Mallorca y Zaragoza, aterriza en Murcia para “plantear las experiencias positivas de planificación urbanística en otras ciudades españolas”. Camino aborda el arranque de la cuarta edición del foro con una rotunda afirmación inicial, “el urbanismo tradicional ha muerto y es necesario cambiar la planificación para convertir las ciudades en lugares con articulación, con todas sus zonas interconectadas entre sí, que exista continuidad entre sus elementos, que sea mixta, mestiza, sin marginar ninguna de las partes que la conforman”.
Para Camino, lo ideal es que “todos los miembros de la ciudad, así como sus elementos vivan juntos”, por lo que denunció “la creación de ciudades de ocio, ciudades de la justicia, espacios que no son ciudades y que rompen el tejido urbano y humano entre las personas”. Camino sentenció, “se está despojando a la ciudad de sus vísceras, con la presión de modelos urbanísticos que no son los nuestros”.
Situación de Murcia
La reciente construcción de determinadas zonas dedicadas a funciones sociales, económicas o administrativas específicas, han elevado la voz de los arquitectos. Su presidente, Camino, afirma que “el gran atractivo de la ciudad de Murcia eran las condiciones de tenerlo todo a mano. La persona que vivía en Murcia tenía cerca el trabajo, podía hacer la compra sin necesidad de desplazarse porque le quedaban cerca de casa, podía pasar tiempo con los amigos paseando por los parques, incluso un ciudadano que tenía problemas con la justicia, tenía los juzgados cerca”.
Sin embargo, para los arquitectos, la creación de “la Ciudad de la Justicia, o ciudades del ocio a las afueras han roto con esto”.
Los movimientos de la población hacia zonas residenciales, “no tan numeroso como se pueda pensar, no tiene por qué realizarse si se puede vivir en una ciudad bien conectada, ya que vivir en las zonas de las afueras suponen un gasto en la vivienda y en el transporte”.
Estudio
El Colegio de Arquitectos, inmersos en uno de los talleres que organiza con frecuencia, ha cartografiado el área metropolitana de Murcia para estudiar los movimientos de los ciudadanos y el estado de la ciudad. En palabras de Camino, “se ha descubierto que existen muchas viviendas sin ocupación y que tampoco son rentabilizadas por sus propietarios, lo que quiere decir que están ahí para nada, del mismo modo que se han registrado zonas como auditorios que funcionan durante tan sólo unas horas o unas jornadas, lo que se traduce en la insostenibilidad de determinados espacios urbanos de la ciudad de Murcia”.
Expertos y experiencias de prestigio internacional
El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España celebra con carácter bianual el Foro de Urbanismo para un desarrollo de las ciudades en la sostenibilidad del territorio, para crear espacios más respetuosos, más equilibrados y más justos con la naturaleza. Para el abordaje de este tema, Murcia recibirá la visita de arquitectos de gran prestigio nacional e internacional, como Jaime Lerner o Herbert Girardet, así como distintas personalidades del mundo de la Arquitectura que expondrán ejemplos sobre qué de bueno han incluído en sus ciudades construcciones como el anillo verde de Vitoria, la ría 2000 de Bilbao, distintas intervenciones arquitectónicas hechas en Sevilla, Girona, o incluso, Bogotá.
* El Faro de Murcia - Isabel Sanchez - 06.05.2008
Foto: Murcia - vegamediapress.com
Los arquitectos critican la nueva ubicación de la Ciudad de la Justicia y los centros de ocio
Mallorca: El Govern del PP impuso un mínimo de 200 chalés para traspasar a es Crevers
,+finca+Plan+Territorial+-+diariodemallorca.es.jpg)
DIARIODEMALLORCA* : La conselleria de Medio Ambiente del Govern del PP impuso al Consell de Mallorca un trasvase de 200 chalés como mínimo desde la parcela AS16 de Alcúdia a la finca rústica es Crevers de Marratxí, una operación incluida en el Plan Territorial de Mallorca (PTM) y que investiga la fiscalía anticorrupción por un supuesto pelotazo de casi 100 millones de euros, según ha revelado uno de los principales testigos de cargo, el experto en urbanismo Josep Giménez Serra.
Giménez, al igual que otros testigos, mantiene que los aprovechamientos urbanísticos de Alcúdia eran cero, pese a lo cual el Govern del PP habría convencido a sus socios de Unió Mallorquina (UM) en el Consell para hacer un trasvase a la finca rústica de es Crevers (Marratxí) de 1.200 viviendas.
Giménez, en la pasada legislatura, formó parte del equipo de dirección técnica del Plan Territorial y era la mano derecha del entonces conseller de Territorio del Consell, Bartomeu Vicens, imputado en el sumario. Giménez actualmente es asesor del conseller de Medio Ambiente del Govern, Miquel Àngel Grimalt (UM).
El testigo de cargo ha revelado cómo supuestamente la inclusión de la operación AS16-es Secar de la Real (Palma) y, después, AS16-es Crevers partió del Govern de PP en una reunión mantenida, a mediados o finales de noviembre de 2003, en el Parlament con dirigentes de UM. Al menos dos de las personas citadas como asistentes a esa cumbre, Rosa Estarás, presidenta del PP y ex vicepresidenta del Govern, y Mabel Cabrer, ex consellera de Obras Públicas en el mismo ejecutivo, han negado públicamente haber hablado de la operación de la AS16 de Alcúdia en dicho encuentro.
Giménez sostiene que en febrero de 2004 se frustró el trasvase desde la finca de Alcúdia a es Secar (una operación incluida dentro de las llamadas áreas de reconversión territorial del PTM). Semanas después, desde la conselleria de Medio Ambiente, dirigida entonces por Jaume Font, otro de los imputados por el juez Miquel Florit a instancias de la fiscalía anticorrupción, se remitió al Consell de Mallorca un sobre con el nombre de es Crevers como beneficiada del área de reconversión territorial propuesta presuntamente por el PP.
Josep Giménez ha explicado a los investigadores que el sobre remitido desde la Conselleria contenía también los planos de la AS16 y una ficha urbanística de dichos terrenos que, para el ayuntamiento de Alcúdia y el Consell, eran suelo rústico, pero que para el Govern del PP y los propietarios podían ser suelo urbano, ya que existía un pleito judicial por su desclasificación. El testigo dice que Medio Ambiente impuso 200 chalés como mínimo del hipotético aprovechamiento urbanístico de la AS16. Finalmente, a es Crevers se traspasó la posibilidad de hacer hasta 1.200 viviendas.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J. F.MESTRE. PALMA - 06 de mayo de 2008
Foto: Marratxí (Mallorca), finca Plan Territorial - diariodemallorca.es
Valladolid: El TSJ declara ilegal la ocupación y las obras del edificio de Caja Duero
NORTECASTILLA* : La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nulas las licencias de obra, el proyecto de ejecución y la licencia de primera ocupación del edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla, donde el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, tiene una vivienda en propiedad.
Además el regidor era el vicepresidente de la entidad de ahorros en el momento de autorizar los trabajos de rehabilitación en este inmueble.
La Federación de Vecinos Antonio Machado hizo pública ayer la sentencia del TSJ de 28 de abril en la que se estima el recurso presentado por el colectivo ciudadano en el año 2000 contra los trabajos de rehabilitación que se llevaron a cabo en este inmueble y que convirtieron las galerías y carboneras del bloque en una planta más de uso residencial. La decisión de la sala convierte el edificio, con fachadas a la plaza de Zorrilla, a Santiago y a María de Molina, en ilegal.
La sentencia, notificada ayer mismo, deja claro que los trabajos que se llevaron a cabo por la constructora Edificasa 2000 no respetaron la normativa urbanística vigente en varios aspectos, ya que se trataba de un edificio sujeto a protección P3. La Federación había alegado que las obras no mantenían los elementos de cerramiento que definen el volumen y la forma del inmueble. Asimismo, denunciaron que no se conservaba la fachada interior de la calle Santiago y se alteraban las tres fachadas exteriores en la zona de los áticos. Además, a juicio de los vecinos, se excedían los límites de la rehabilitación parcial que se pretendía, porque se superó el 25% de la superficie total y se modificó la composición tipológica del bloque. El TSJ da la razón a algunos de los argumentos esgrimidos en el recurso vecinal al afirmar que en la obra se alteró la forma del edificio en la cubierta, así como la fachada interior de la calle Santiago donde se demolió una galería acristalada.
La sentencia también respalda a la Federación de Vecinos, que en su recurso denunciaba un aumento de edificabilidad. Mientras que el perito judicial considera que los tres edificios afectados se pueden considerar como un solo bloque y que es admisible el traslado de la edificabilidad obtenida con la supresión de las galerías, la sala subraya que «en ningún caso la infracción de este deber de conservación puede servir de justificación para un aumento de superficie edificada en otra parte del inmueble, y en este caso -según el propio dictamen pericial- ese incremento se produjo en toda la octava planta, afectando a todos los edificios con protección».
En su recurso, la Federación de Vecinos Antonio Machado también denunciaba que el edificio del número 28 de la calle Santiago no respetaba el porcentaje que se tenía que destinar a vivienda con un límite del 50% de su superficie construida. «Afirmar que en este caso no se ha respetado ese límite del 50% de su superficie construida no precisa esfuerzos argumentales en cuanto todas las plantas, hasta la sexta inclusiva, se han destinado a oficinas».
Los magistrados Ana Martínez Olalla, Ramón Sastre Legido y Ezequías Rivera Temprano añaden que si se aceptara que los tres inmuebles fuesen un solo edificio -un argumento que utilizaba el Ayuntamiento en su defensa- ese límite también se habría superado según los datos que constan en el propio informe pericial donde se señala que a uso residencial se destinan 3.270,51 metros cuadrados, para uso comercial-social 2.018,76 y para oficinas 3.611, 39 metros cuadrados. La Sala sí acepta un argumento alegado por el letrado del Ayuntamiento en el que justificaba que la protección integral de la fachada exterior del inmueble imposibilitaba realizar garajes. La Federación de Vecinos Antonio Machado consideraba que se había infringido el artículo 79 de las normas del PGOU al no dotar de plazas de aparcamiento a los tres edificios.
En el punto séptimo de los fundamentos de derecho, el TSJ estima la nulidad del proyecto de ejecución y de la licencia de obra, una nulidad que hace extensiva a las licencias de primera ocupación, «ya que no hacerlo sería reconocer como correcta la ocupación de unos edificios que se han rehabilitado o reestructurado en base a una licencia de obras expedida sin respetar las normas urbanísticas». El presidente de la Federación de Vecinos Antonio Machado, Ángel Bayón, expresó su satisfacción por este fallo que avala los argumentos de su organización. A su juicio, este caso es un paso más en el «erre que erre» de las ilegalidades urbanísticas que comete el PP y su regidor al frente a pesar de la fama de buen gestor que vende. Bayón considera que habrá que pedir responsabilidades por este nuevo desaguisado similar al de Niña Guapa 23.
* El Norte de Castilla - J. ASUA - 06.05.2008
Foto: Obras en el edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla en el año el 2001/ JAVIER RODRÍGUEZ, nortecastilla.es
La escasez de zonas verdes se debe a la falta de planificación urbanística
LAVOZDEGALICIA* : La falta de planificación urbanística es la causa principal de la escasez de parques y jardines públicos en la Costa da Morte. Al menos así lo ven los expertos en la materia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, unas cifras que están lejos de alcanzarse en la comarca.
Ricardo García Mira, profesor de Psicoloxía Social e Ambiental en la Universidade de A Coruña, echa en falta una política general que estructure las zonas verdes en relación con las edificaciones, los espacios naturales y el patrimonio cultural. «Precísase estruturar o patrimonio da Costa da Morte, e os espazos verdes son un elemento desa identidade, pero para iso cómpre artellar os xardíns públicos en torno aos proxectos de megalitismo e de rutas turísticas», explicó. García Mira recuerda que un jardín «para o esparcimento» debe integrarse en una política del municipio, en la que deben trabajar gobernantes, técnicos y ciudadanos.
Todos coinciden en señalar que los espacios verdes integrados en el núcleo urbano apenas existen. «Só hai pequenas áreas», explica García Mira.
Por su parte, Andrés Graña, ingeniero técnico agrícola, declaró que los jardines «sempre son insuficientes, pero a súa escaseza responde non só á falla de planificación senón, sobre todo, a unha cuestión de presuposto», comentó.
Para llegar a crear verdaderos espacios verdes es necesario potenciar «a dimensión ecolóxica urbana», en palabras de García Mira, es decir, aprender el significado de la ecología y la sostenibilidad urbana, creando, para ello, espacios de interpretación. «No deseño destes lugares debe estar presente esta dimensión, sobre todo de cara aos cativos», añadió.
Las asociaciones de vecinos ya se han puesto a trabajar en este sentido para pedir más zonas verdes. Por ejemplo, el presidente de la asociación de vecinos Costa da Morte, José Fernando Carrillo, explicó que los habitantes proponen crear una zona ajardinada en el paseo marítimo de Fisterra, aprovechando para el riego de los jardines, las aguas residuales que saldrán depuradas de la futura EDAR.
En cuanto al vandalismo, hay quien opina que es una de las causas de la falta de espacios verdes, pero los expertos optan por la visión opuesta. «Cando hai un espazo ben coidado e limpo, a xente respéctao máis e colabora no seu mantemento. E aos vándalos illados que queden, habería que castigalos con multas para sufragar os danos que causaron e facéndoos reparar a eles mesmos esas roturas», comenta Andrés Graña.
* La Voz de Galicia - Laura López - 06.05.2008
Foto: casal - lavozdegalicia.es
El ex alcalde de Andratx niega que supiera que su propia casa es ilegal
ELPAÍS/Mallorca* : La Fiscalía Anticorrupción pretende demostrar ante el tribunal de la Audiencia de Palma de Mallorca que el ex alcalde de Andratx actuaba como dueño y señor de la villa. Y el ex alcalde quiere hacer creer que no sabía que su propia casa era ilegal y que lo único que hay contra él es un compló.
En el primer juicio por el urbanismo salvaje en la citada villa balear, la fiscalía pretende probar que la antigua cúpula del Ayuntamiento de Andratx toleró ilegalidades urbanísticas y tomó "represalias" contra la oposición. Y que, al mismo tiempo, se maquinaron negocios privados entre el ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo y tres funcionarios (una arquitecta, un letrado y un celador de obras), que decidían o informaban los expedientes de Urbanismo y conocían proyectos inmobiliarios.
El primer asunto del caso Andratx que se juzga parece un caso menor: la casa de aperos del edil fue convertida en chalé ilegal, con unas obras efectuadas a cien metros del edificio del Ayuntamiento, en terreno rústico protegido. Hidalgo, por este asunto, se enfrenta a una pena de seis años de cárcel. Su socio el inspector de obras, Jaume Gibert, se confesó "arrepentido" y apoyó las tesis de los fiscales a cambio de una rebaja de su condena.
El caso Andratx es el mayor escándalo político ocurrido de Baleares, porque nunca se había detenido ni encarcelado a una autoridad (un alcalde) y arrestado e imputado a un director general Jaume Massot, cerebro del urbanismo del antiguo Gobierno de Jaume Matas. Éste y el secretario general del PP y su consejero de Interior, José María Rodríguez, patrocinaron a Hidalgo y se reunieron con él, en la sede del Gobierno, 40 horas antes de su detención. Las grabaciones recogieron una llamada de alerta de Rodríguez a Hidalgo.
El sumario está segregado en 68 causas penales distintas, según los hechos, construcciones y protagonistas de la supuesta trama delictiva. Andratx es uno de los territorios de las islas donde ha reinado el urbanismo salvaje. Situado en el oeste de la isla de Mallorca, a media hora por autopista de Palma, el municipio tiene 10.000 habitantes y está especializado en el turismo residencial. El caso penal instruido alude a una suma de diversos delitos distintos: contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, cohecho, asociación ilícita, de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y delito fiscal.
"Si no me firmas el final de obra te echo a la puta calle", se escuchó ayer en la sala de vistas. La voz era del ex edil Eugenio Hidalgo (ex guardia civil y empresario inmobiliario en Andratx) y procedía de uno de los cientos de archivos informáticos que almacenan las grabaciones de los pinchazos judiciales a los imputados durante la investigación. La amenaza la espetó el ex edil al celador de obras y su socio Jaume Gibert. Éste dijo que no informó sobre las ilegalidades del alcalde por miedo y asumió que hizo negocios con aquel y otros técnicos. Otro imputado, el letrado municipal Ignacio Mir, rebatió todas las acusaciones y negó ser socio de la trama.
"Desde que me fui, aquello [el Ayuntamiento de Andratx] era un verdadero desastre", se defendió el ex director general de Ordenación del Territorio del Gobierno del PP, Jaume Massot. Éste, ex funcionario de Andratx, fue señalado por los fiscales como el hacedor de todos los expedientes y licencias y, en especial, colaborador del alcalde, aun cuando no tenía función ni competencia porque estaba de alto cargo en el Gobierno balear.
El ex edil Hidalgo pidió "disculpas" y "perdón" por haber convertido de manera ilegal una pequeña nave agrícola en la vivienda "sin yo saberlo" y afirmó "ser víctima de una trama" contra él. Los fiscales le recordaron al ex alcalde que manejó la administración para perseguir con expedientes a tres ediles de la oposición que denunciaron sus infracciones. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach denunciaron que un informe sobre el ex alcalde ha sido expoliado y que su información ha sido escamoteada a la justicia.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 06/05/2008
Foto: Andratx (Mallorca), puerto - guides
Juzgado por prevaricación el alcalde de Guadarrama
,+ayuntamiento+-+ayuntamientodeguadarrama.es.jpg)
ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Guadarrama y diputado regional (PP), José Ignacio Fernández Rubio, el concejal de Urbanismo y ex edil de Medio Ambiente Miguel Rodríguez Bonilla y otros tres concejales populares han sido acusados por el Juzgado de Instrucción nº2 de Collado Villalba de un delito de prevaricación -tomar una decisión a sabiendas de que es injusta- con consecuencias contra el medio ambiente.
Los tres concedieron una licencia provisional de explotación para instalar un restaurante, El Molino del Rey, en suelo protegido con el único aval de un informe elaborado por un ingeniero industrial, en el que se obviaban las consecuencias ambientales y la calificación de los terrenos, no urbanizables y especialmente protegidos. Además, el concejal de Urbanismo es administrador de la empresa propietaria del restaurante, y el alcalde fue abogado y asesor de la misma.
Fernández Rubio, que gobierna el municipio casi ininterrumpidamente desde 1995, asegura que se ha inhibido de todas las decisiones que se han tomado respecto al restaurante. Pero ha estado al frente de la comisión municipal que trató el tema, según un escrito del fiscal.
"En octubre pasado la Comunidad autorizó la recalificación de los terrenos", explica el regidor, que también es portavoz de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Asamblea de Madrid. "Espero que la decisión de la Comunidad ayude a cerrar el caso", concluye. Pero el supuesto delito que se juzga es anterior a la recalificación de los terrenos.
Los problemas comenzaron en 2000, cuando la empresa Golden Hipotecaria, de la que es administrador el edil de Urbanismo, adquirió unos 3.000 metros cuadrados junto al río Guadarrama con la intención de restaurar un antiguo molino de piedra para instalar un restaurante. Para ello solicitaron un permiso al Ayuntamiento. Desde entonces el asador El Molino del Rey lleva funcionando con una licencia provisional, a pesar de encontrarse en un espacio clasificado como monte preservado y suelo no urbanizable protegido. "Muchos otros propietarios intentaron rehabilitar el molino, pero el Ayuntamiento siempre denegó cualquier licencia", cuenta el dueño de los terrenos colindantes, que llevó el caso a los tribunales.
Durante ocho años la Consejería de Medio Ambiente rechazó la recalificación de los terrenos junto al río Guadarrama.En febrero de 2003, el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid reclamó al Ayuntamiento que clausurara el restaurante El Molino del Rey. Pero el local nunca fue cerrado. Los propietarios realizaron obras y levantaron una valla de piedra en torno al molino, e instalaron un merendero y un aparcamiento para un centenar de coches, sin traba por parte del Consistorio. De esta forma, convirtieron un antiguo molino del siglo XVIII, que era uno de los mayores proveedores de harina de la Panera Real, en un restaurante para 120 comensales.
El propietario de la finca colindante, José Rodríguez Rubio, llevó el caso a los tribunales porque los propietarios del molino se habían apropiado de una parte de sus terrenos. Rodríguez Rubio inició dos procedimientos: uno civil, para conseguir que le devolvieran la parte de suelo que reclamaba, y otro penal, por presunta prevaricación.
El juez que instruye el caso, Juan José Escalonilla, consideró el 18 de septiembre de 2006 que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y dio traslado al ministerio fiscal, que se interesó en el caso y acusó al alcalde, al concejal de Urbanismo y ex edil de Medio Ambiente, y a los otros tres ediles populares que concedieron en 2000 la autorización al local: José Antonio Garrido, Remedios Panizo y José Ignacio Gómez.
Se confirma el delito
Con el caso en los tribunales, el alcalde intentó regularizar la situación. Aunque la decisión que constituye el supuesto delito ya estaba tomada. Por eso, Fernández Rubio explica que "el fiscal presentó su escrito unos meses antes de que el local lograra el permiso de la Comunidad, pero ahora el problema está solucionado con la calificación urbanística de Medio Ambiente". En marzo de 2008, el juez del caso, ante un escrito presentado por la acusación, confirma el delito contra la ordenación del territorio tipificado en el artículo 329.2 del Código Penal -se castigará a la autoridad que hubiese resuelto a favor de una concesión a sabiendas de su injusticia- que ya había establecido.
El regidor explica que "la autorización libera a la empresa de realizar una declaración de impacto ambiental". Medio Ambiente condiciona la autorización a la consideración del restaurante como "un establecimiento rural". Además, el permiso regional traspasa al Ayuntamiento la obligación de emitir un informe de evaluación ambiental.
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 06/05/2008
Foto: Guadarrama (Madrid), ayuntamiento - ayuntamientodeguadarrama.es
Un problema de modelo
JORDI PORTABELLA/Barcelona* : Setecientas cincuenta viviendas afectadas donde viven más de 2.000 personas con una inversión prevista de 390 millones, 313 de los cuales corresponden a la iniciativa privada. Estas son las cifras que pueden explicar, de forma sintética, el impacto del plan de reforma del Carmel, un tema de ciudad al que hay que estar muy atentos por la complejidad de una intervención que afecta a una trama urbana singular, tanto por su orografía como por las características de las viviendas que se construyeron.
Se trata de una actuación que permitirá, por lo tanto, visualizar un determinado concepto urbanístico en un modelo de ciudad concreto.
El alcance de esta intervención plantea un primer reto institucional: el de garantizar el derecho a saber de todos los afectados. En este sentido es necesario crear una comisión de vecinos con todos los afectados para empezar a debatir con toda la información alrededor del proyecto. Es así como podremos conseguir una actuación que puede dar proyección a lo que durante muchos años hemos definido como modelo Barcelona y que es determinante para un buen número de familias. Un modelo basado en la complicidad entre la sociedad civil y la Administración, que en muchos casos ha dado como resultado elementos de referencia internacional en el ámbito del urbanismo y la arquitectura. Así, tal y como se ha llevado a cabo en otros puntos de la ciudad, como en el barrio del Coll, este proceso de información debe producirse previamente a la aprobación inicial del proyecto. Uno no puede enterarse por la prensa, como ha sucedido con muchos afectados.
LA REFORMA del Carmel es un proyecto complejo que limita, en parte, con la de los Tres Turons, todavía pendiente de una solución definitiva y que resulta prioritario resolver tras 40 años de afectación. No parece razonable que un proyecto, en debate desde el 2002 y que desde el distrito de Horta se ha anunciado públicamente hasta seis veces que estaría terminado "en breve", quede aplazado otra vez. Tampoco parece razonable, ni encaja con el modelo de ciudad vigente, tratar de solucionar urbanísticamente un área sin una visión de continuidad urbanística, teniendo en cuenta que hay calles fronterizas entre ambos planeamientos. No puede llevarse adelante la reforma del Carmel sin antes dar explicaciones de cómo van a evolucionar los Tres Turons. Lo requiere la misma complejidad de la afectación urbanística, así como la larga historia de relaciones entre el ayuntamiento y el conjunto de colectivos vecinales afectados y el hecho --no menos importante-- de que cualquier solución supone más de un mandato.
LA PROPUESTA de ERC es partir de un pacto ciudadano por los Tres Turons y evitar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona afrontar en solitario esta cuestión, implicando al conjunto de fuerzas políticas representadas en el consistorio. Es así como se debe gobernar, más aún considerando la situación actual del bipartito, que no reúne una mayoría amplía y por lo tanto no representa la voluntad mayoritaria del consistorio.
Con respecto a la inversión estimada en el Carmel, destaca el elevado presupuesto previsto, sobre todo si fijamos como referencia a la población y el territorio que abarca. Sin embargo, no hay nada que objetar si tenemos en cuenta la deuda histórica con el Carmel y los barrios anexos. El peso de la inversión privada es decisivo para el conjunto del proyecto, lo cual explica la necesidad de detallar un plan de ruta para la inversión privada, dejando claros los plazos, las afectaciones, la capacidad de ejercer el derecho de retracto, etcétera, puesto que pocas cosas afectan tan negativamente a los propietarios o arrendatarios de un inmueble como la incertidumbre de no saber qué va a pasar en los próximos años.
En cuanto al calendario, 12 años son muchos para desarrollar un proyecto que no depende sólo del ayuntamiento de la ciudad, sino también de la inversión de la Generalitat en equipamientos, no concretada a estas alturas, y del desarrollo privado. Tenemos ejemplos próximos de lo que esto puede comportar, como el planeamiento del barrio de Vallcarca aún pendiente de ejecución en buena parte del territorio y con años de retraso, lo cual genera degradación urbanística, problemas de carácter social, ocupación de fincas, desertización del comercio de barrio e inseguridad jurídica para los pequeños propietarios y para los arrendatarios, ya que el paso del tiempo beneficia la acumulación de inversión de grandes corporaciones, que son las que terminan controlando los planes de mejora urbana.
Visto el desarrollo de otros proyectos urbanísticos, la experiencia nos lleva a creer que el peso de la inversión privada es el que finalmente acaba marcando el calendario y que todo lo que no está escrito resulta de difícil cumplimiento. Hay que pensar, en este sentido, en reducir el periodo de desarrollo y ejecución de la intervención, que en el peor de los casos no puede ir más allá de dos mandatos.
SOLO A PARTIR de ahí podemos empezar a hablar del proyecto técnico en el que destacan dos elementos principales. Por un lado, la consideración de infravivienda es demasiado genérica y no tiene en cuenta toda la casuística. Cuando detallamos las fincas de forma más minuciosa veremos cuáles pueden salir de la afectación propuesta, ya que, en realidad, cumplen con la calidad de habitabilidad estándar de la ciudad.
Por otro lado, creemos necesaria una revisión general del área de afectación, que se podría reducir, no solo por las denominadas infraviviendas, sino también por algunas de las propuestas referidas al espacio público.
En definitiva, la complejidad y la importancia del plan no se corresponden con el intento del gobierno de querer aprobar un proyecto sin establecer antes un turno intenso de conversaciones bilaterales con todas las partes implicadas.
* El Periódico - Tribuna - 05.05.2008
