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ELFARODELGUADARRAMA/Madrid* : Ninguno de los 39 vecinos que decidieron comprar un chalé de cerca de 600.000 euros en la urbanización Altagracia, en Collado Villalba, pudieron pensar que un año después de haber entrado a vivir en estas viviendas de lujo se iban a encontrar en una urbanización abandonada por la promotora y el Ayuntamiento.
Debido a la crisis inmobiliaria, ORAMBA -empresa promotora de estos unifamiliares- no ha finalizado la construcción de más de 60 chalés, por lo que no se han recepcionado las calles. Esta situación ha provocado que pese a pagar sus impuestos (más de 600 euros de IBI), estos vecinos no se beneficien de los servicios de limpieza y mantenimiento de Collado Villalba. De hecho, en esta urbanización no hay ni siquiera papeleras, y la gran mayoría de las farolas están deterioradas y sin funcionar porque nunca se han cambiado las bombillas. Tampoco se han puesto nombres a las calles, sino que ha sido uno de los vecinos el que ha diseñado y colocado los carteles para que “al menos el cartero nos pueda traer la correspondencia”.
Según explican, durante este tiempo se han puesto en contacto con la promotora, explicándoles además que hay un gran número de viviendas a medio construir y que no han sido debidamente cerradas, lo que ha provocado que los fines de semana muchos jóvenes las utilicen como refugio donde realizar sus botellones. También se han encontrado borrachos y drogadictos, por lo que cada semana tienen que llamar a la Policía Local para ‘desalojar’ a alguien. Además, tras el abandono de la promotora, estas casas se han convertido en un foco de infección poblado de ratas y otros animales. La gran mayoría de los vecinos tienen niños pequeños que juegan, según dicen, en un auténtico estercolero, donde también hay bidones con combustible, hierros y todo tipo de desechos.
Uno de los vecinos, que habla en nombre de todos -ya que debido al limbo en el que se encuentra esta urbanización no pueden constituirse como asociación-, afirma que la promotora les da largas y que, tras muchos meses de revindicaciones, únicamente han conseguido que se termine de adecuar una pista de pádel, un vestuario y la piscina comunitaria.
Pero todavía hay más problemas, sobre todo circulatorios. Esta urbanización también cuenta con un acceso a la calle Doctor Poveda a través de una rotonda. Esta glorieta lleva cerrada desde que se construyó y, pese a haberse realizado dos retranqueos, a día de hoy la Policía Local todavía no ha dado autorización para que se pueda abrir al tráfico, lo que provoca que, como las vallas se encuentran en el suelo, muchos visitantes se confundan y tengan que frenar bruscamente en una zona con poca visibilidad, al encontrar este acceso cerrado. Pero hay que tener en cuenta que esta calle, desde el acceso al Mirador de la Sierra hasta la entrada a la urbanización Fontenebro, no cuenta con señalización ni con limitadores de velocidad, así que las velocidades que se pueden llegar a coger en este tramo superan en muchas ocasiones los 100 kilómetros hora.
“Se está realizando un informe sobre la situación”
Respecto a estos problemas, el director de Urbanismo, Jesús García del Burgo, ha asegurado que esta semana unos técnicos municipales se han personado en la urbanización y están elaborando un informe que enviarán a ORAMBA para instarles a que cierren convenientemente las casas que están sin terminar o a medio construir. Además, pedirán que limpien la zona de escombros, entre otras cuestiones. García del Burgo señaló que este tipo de situaciones se producen como consecuencia de la crisis inmobiliaria, y que pese a la presencia de estas familias no pueden recepcionar la urbanización hasta que que esté finalizada. “Hemos visto las peticiones de los vecinos y nos hemos puesto en contacto con la promotora. Estamos por dar soluciones y alternativas a esta situación”, finalizó.
* El Faro del Guadarrama - Arancha Ortega - 18.12.09
Foto: elfarodelguadarrama.com
Collado-Villalba: Los vecinos de Altagracia denuncian el abandono de su urbanización
'Otro Castro es Posible' recuerda la obligación de convocar una consulta popular
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DIARIOMONTAÑÉS* : La asociación denuncia que hace un año, el pleno del Ayuntamiento de Castro aprobó la celebración de una consulta para que la ciudadanía decidiese sobre el futuro de su bahía. Desde entonces, no ha realizado ninguna acción en este sentido, pese a su obligación legal. Fuentes de la Dirección General de Puertos de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo han informado a la asociación ciudadana Otro Castro Es Posible de la inminente licitación y ejecución de las obras del puerto deportivo de Castro Urdiales a comienzos del 2010.
Este hecho se corrobora por la aprobación en el Consejo de Gobierno de Cantabria, celebrado ayer mismo, de la autorización para la licitación del proyecto y ejecución de obras con un presupuesto de casi 17 millones de euros. Los planes del Gobierno de Cantabria desdicen una vez más los planteamientos del propio presidente Revilla que adquirió el compromiso de no ejecutar el puerto deportivo si el Ayuntamiento y el pueblo de Castro no lo querían (sic). Ante esta situación Otro Castro es Posible pone de nuevo de manifiesto la obligación del ayuntamiento castreño de organizar una consulta popular para que la ciudadanía de este municipio decida sobre el futuro de su bahía y puerto deportivo.
La denuncia de la asociación ciudadana se basa en la aprobación hace aproximadamente un año, por parte del pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales a propuesta del concejal de Izquierda Unida, de la celebración de una consulta popular en el municipio sobre este proyecto. En este sentido, desde el consistorio no se ha tomado ninguna decisión para implementar la consulta.
Esta es la razón por la que Otro Castro Es Posible reivindica el ejercicio de este derecho democrático, reconocido ya de manera oficial por su Ayuntamiento, y recuerda a sus responsables políticos, y especialmente a su alcalde, la obligación que tienen de llevar a cabo la consulta popular. Se señala por la asociación que las condiciones por las que atraviesa el ayuntamiento, en “estado de coma” debido a las imputaciones y procesamientos que afectan directamente al equipo de gobierno, no son las más idóneas para organizar la consulta popular, razón por la que se apela al consenso entre las formaciones políticas para poner en marcha urgentemente un programa para la celebración de la consulta, y se pongan a disposición los medios para que se informe, se opine y se debata la aceptación o rechazo al puerto deportivo.
El derecho de consulta popular está reconocido en la legislación española, concretamente, en el art. 71 de la ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local en la que se señala que “los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos”.
Relleno de la bahía
El proyecto aprobado por el Gobierno de Cantabria prevé el estrechamiento de la bocana de la bahía, la construcción de un dique interior perpendicular al muelle don Luis, el relleno del ecosistema intermareal bajo el Paseo Marítimo y la privatización la tercera parte de la superficie de la bahía castreña. El anteproyecto de puerto deportivo tuvo una importante contestación social desde el año 2004, organizada en torno al Colectivo para la Defensa de la Bahía que llegó a recoger más de diez mil firmas contra el proyecto. Este colectivo fue apoyado por asociaciones ecologistas y vecinales, entre ellas Otro Castro Es Posible, si bien la propuesta de consulta popular promovida por esta asociación fue desoída por el colectivo. Unas 2.500 personas, según datos de la prensa, se manifestaron en marzo de 2004 contra el puerto deportivo. El colectivo también ofreció una propuesta de ordenación del puerto organizando los usos y amarres entorno al espacio actual de la bahía, como alternativa al tremendo impacto ambiental que supondrá la construcción del puerto deportivo. Actualmente el Colectivo para la Defensa de la Bahía está disuelto.
Trigésimo aniversario de la consulta popular sobre Castro Novo
El llamamiento de Otro Castro Es Posible coincide con el 30 aniversario de la consulta popular sobre el proyecto de Castro Novo, realizada el 16 de diciembre de 1979. Ésta fue la primera consulta popular convocada en España sobre un referente urbanístico, que vino precedida de una experiencia de participación ciudadana y de movilizaciones que terminó con la claudicación del gobierno municipal de Manuel Gutierrez Elorza “Lolín”, tras la huelga de hambre de seis días de 2 concejales y 5 militantes de Izquierda Castreña Unida. El 11 de octubre de 1979 el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la convocatoria de consulta popular para el 16 de diciembre de ese mismo año. Las urnas estuvieron abiertas en todos los colegios electorales, y el pueblo votó entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde con una participación del 73,56% del censo electoral obteniendo el Si 3.188 votos, y el NO a Castro Novo 3.732 votos.
Según se pone de manifiesto desde la asociación ciudadana, esta victoria de la democracia, que rechazó el proyecto de Castro Novo, contrasta con la frustración de buena parte de la ciudadanía castreña que ha visto que a pesar de la victoria en la aquella consulta popular, se ha implantado en nuestro municipio suelo urbano y urbanizable que equivale al proyecto de Castro Novo multiplicado por diez, con el agravante de que este crecimiento urbanístico no ha venido acompañado de los equipamientos y servicios que necesita la población actual de Castro Urdiales, y sin embargo dejan entrever indicios más que probables de corrupción urbanística.
Es por esta razón por la que la consulta popular se convierte, además de un derecho democrático para decidir sobre el futuro de la ciudad, en una necesidad, y esta no es otra que la de recuperar la dignidad de una sociedad civil prácticamente inexistente durante los últimos años.
* El Diario Montañés - Mario Cerro - 18.12.09
Foto: Vista general de Castro Urdiales. / SANE, eldiariomontanes.es
El TSJ suspende cautelarmente el plan Rabassa con 13.503 casas
ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha acordado la suspensión cautelar del plan Rabassa, el proyecto urbanístico más ambicioso y polémico de Alicante, que prevé la construcción de 13.503 casas en la periferia norte de la ciudad. El programa urbanístico, adjudicado al contratista local Enrique Ortiz, fue aprobado definitivamente por el Consell el pasado mes de mayo.
La iniciativa fue recurrida por el Grupo Socialista de las Cortes Valencianas y por la Plataforma Iniciativas Ciudadanas (PIC). Con anterioridad, el Gobierno también había planteado otro recurso, en este caso porque el programa no tenía acreditados los recursos hídricos para abastecer la futura población.
El alto tribunal, según fuentes judiciales, avala la decisión de paralizar cautelarmente el plan Rabassa en dos argumentos básicos: primero porque el macroproyecto no cuenta con el preceptivo informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de recursos hídricos; y segundo, porque el Ayuntamiento lo tramitó al margen del Plan General de Ordenacíón Urbana (PGOU) de la ciudad.
El plan Rabassa, que comenzó a tramitarse hace ocho años, ha sido la iniciativa urbanística más polémica y que mayor rechazo ha concitado entre los colectivos cívicos de la capital alicantina. Aparte de su aprobación al margen del PGOU, estos colectivos cuestionaron el negativo impacto ambiental y social de la futura macrourbanización. El rechazo social al plan cristalizó en la creación de la mencionada plataforma. El portavoz de la PIC, el profesor universitario Manuel Alcaraz, resaltó la satisfacción del colectivo por el auto del TSJ.
Desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, se defendió la tesis contraria y el equipo de gobierno resaltó el volumen de viviendas sociales que llevaba aparejado el plan: 8.047 del total de 13.503.
Nada más contar con el visto bueno final del Consell, el promotor anunció que en breve comenzarían las obras de urbanización, y que en el plazo de dos años estarían levantadas las primeras casas.
Sin embargo, desde su aprobación final el plan Rabassa no ha sido noticia por el comienzo real de las obras, sino por la iniciativa del Ayuntamiento de ubicar en PAI la futura tienda de la multinacional sueca del mueble IKEA.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 18/12/2009
Foto: Alicante, vista aérea con terrenos plan Rabasa - diarioinformacion.com
Un juzgado ordena la demolición de diez viviendas en Chiclana
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DIARIODECÁDIZ* : Un juzgado ha emitido la orden de derribo de diez viviendas en Chiclana, situadas concretamente en la zona de Majadillas Bajas, al estar construidas todas ellas en terrenos denominados como urbanizable no sectorizados. En otras palabras, casas que se levantaron en suelo rústico sin contar ninguna de ellas con licencia municipal.
El Ayuntamiento recibió días atrás ese dictamen judicial y pretende ejecutar hoy mismo la orden a partir de las ocho de la mañana. Al parecer, los inquilinos de las viviendas ya han recibido varios avisos desde el juzgado para que sean ellos los que contraten los trabajos de demolición de sus propios inmuebles. Al no ser así, el Ayuntamiento tendrá que llevar a cabo esa actuación bajo mandato judicial, trasladándoles luego las facturas de los costes de esta medida a los ocupantes de las viviendas.
Todos los inmuebles se ubican en una misma parcela y ocupa prácticamente una calle. Los vecinos se arremolinaban anoche frente a las puertas de sus casas a la espera de noticias de su abogado. Según ellos, el letrado le ha asegurado que la orden judicial de derribo ha sido paralizada. No obstante, según fuentes municipales ese extremo se desconocía y será hoy cuando se sepa con seguridad si se tiran o no la decena de edificaciones.
Entre los inquilinos había ayer nerviosismo ante la proximidad del derribo de sus casas. En la calle se reunieron casi la totalidad de las familias afectadas, niños incluidos, que discutían sobre la inminente demolición de sus hogares, aunque mantenían su confianza en que esta medida no se producirá en la mañana de hoy tras hablar con el abogado.
El proceso administrativo para proceder al derribo comenzó pocos años atrás con la orden de paralización de la construcción de esas casas, según ha podido saber este medio. Fuentes consultadas relataron que se hizo caso omiso de esos avisos hasta que llegaron a levantarse las viviendas. Mientras tanto se han interpuesto recursos, pero el proceso ha continuado hasta que el juez ha decretado la demolición.
Cabe recordar que la primera de las casas que se tiró a requerimiento del juzgado en el término de Chiclana sucedió el pasado mes de marzo en la zona conocida como El Marquesado. En este caso, el ocupante tampoco hizo caso a las notificaciones de la Justicia, por lo que fue el propio Ayuntamiento de esa localidad quien se hizo cargo de los trabajos de derribo. La segunda de las viviendas que se echó abajo tuvo lugar hace escasamente un mes, pero esta vez fueron los propietarios quienes prefirieron ejecutar la orden. En ambos casos, las viviendas se situaban en suelo rústico sin disponer de las preceptivas licencias.
* Diario de Cádiz - F.M. - 18.12.09
Foto: La máquina volverá mañana a actuar en la localidad chiclanera donde continúan con el proceso de regularización de viviendas. :: ANTONIO VÁZQUEZ, lavozdigital.es
Aguirre amplía la privatización de la concesión de licencias a toda la región
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ELPAÍS/Madrid* : Primero fue el Ayuntamiento, y ahora la Comunidad de Madrid ha decidido dar cobertura legal y ampliar a toda la región la posibilidad de poner en manos de empresas la concesión de licencias y la labor de inspección y control urbanístico. Así lo recoge una de las enmiendas presentadas por el PP en la Asamblea a la Ley de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña que se vota hoy.
Concretamente su disposición adicional segunda que se titula "Colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico".
La idea es que el Gobierno homologue una serie de empresas, como las que pasan la ITV de los vehículos, para que realicen controles e inspecciones urbanísticas. La diferencia principal con el Ayuntamiento, que diseñó este sistema a raíz del escándalo de corrupción en la concesión de licencias destapado hace dos años, es que la enmienda no deja claro si podrían emitir informes referidos a modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM).
El PSOE no tiene duda de que eso sucederá. "Se trata de privatizar todo el control de la legalidad urbanística. No es la primera vez que se intenta tal operación. En el anteproyecto de la Ley del Suelo de 2001 se contemplaba la homologación de las entidades certificadoras y de inspección técnica, a lo que finalmente renunció el Gobierno de Gallardón ante las enmiendas presentadas por el PSOE", critica el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.El PSOE pedirá que se retire la enmienda, pero si la escasa fuerza parlamentaria con la que cuenta no le se lo permite, recurrirá al Tribunal Constitucional. "Esto no tiene parangón en la legislación europea. Es inconstitucional, cualquier constructora que se precie monta un chiringuito de éstos", denuncia Gordillo.
En la Comunidad aseguran que la enmienda no afecta a ninguna de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ninguna de esas entidades privadas, dicen, interferirá en las funciones del Gobierno regional. "Simplemente se da cobertura legal a una ordenanza del Ayuntamiento. En la enmienda se fijan una serie de características que tienen que tener las entidades privadas. El objetivo es agilizar la tramitación de las licencias", asegura un portavoz de la consejería.
Lo que está claro que hace esta enmienda es abrir la veda para que los ayuntamientos puedan implantar el mismo modelo que la capital. "Nosotros creemos que no necesitábamos esta cobertura legal. Pero si se produce, bienvenida sea", explica el impulsor de la privatización en la concesión de licencias en la capital, el concejal de Hacienda, Juan Bravo. El Ayuntamiento prevé que el nuevo sistema de tramitación de licencias empiece a funcionar en abril de 2010. De hecho, ya ha preseleccionado a unas 30 empresas que pueden cumplir los requisitos para realizar esta tarea.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 17/12/2009
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
