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DIARIODELANZAROTE* : A golpe de auto judicial, el Juzgado de lo contencioso administrativo está cuestionando la política urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento de Yaiza en la etapa de José Francisco Reyes (PNL). Por tercera vez, el Juzgado ha dictado medidas cautelares que paralizan la construcción de un complejo de villas, en este caso de 42 unidades.
Durante años, la ausencia de medidas cautelares que frenasen la construcción de complejos turísticos o residenciales de dudosa legalidad posibilitaron que en los municipios de Yaiza y Teguise florecieran edificaciones que luego los tribunales de justicia declaraban ilegales. En la mayor parte de las ocasiones, cuando llegaba la sentencia el hotel ya estaba abierto o la villa residencial vendida.
En el último año, sin embargo, en el Plan Parcial Playa Blanca ya se han paralizado de manera cautelar por los tribunales tres promociones cuya legalidad ha sido puesta en duda por el Cabildo, que en realidad considera que el propio plan parcial no tiene validez y que quedó extinguido hace siete años, con la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias (6/2001).
El último caso en sumarse a la lista de las obras paralizadas ha sido una promoción de 42 villas unifamiliares autorizadas por el Ayuntamiento de Yaiza mediante licencia concedida el 16 de septiembre de 2005. Las villas se construirían en la parcela R-22 del Plan Parcial Playa Blanca.
El Juzgado de lo contencioso administrativo de Las Palmas dictó el pasado 13 de junio un auto en el que se acuerda "acceder a la medida cautelar interesada por la representación del Cabildo de Lanzarote" y, por tanto, dispone la suspensión de la licencia urbanística concedida por el Consistorio que entonces presidía José Francisco Reyes.
Pero además de suspender la licencia y evitar que se levanten los bloques de la promoción recurrida por la Corporación insular, el Juzgado también ha ordenado la anotación preventiva del recurso contencioso administrativo en el Registro de la Propiedad de Tías hasta que recaiga sobre el procedimiento judicial sentencia definitiva.
Tal y como se razona en los fundamentos de la decisión judicial, la petición de suspensión por parte del Cabildo se basó en que la licencia impugnada vulneró de "forma notoria y ostensible" la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas establecida por las Directrices del Gobierno de Canarias del año 2003 (en concreto la disposición transitoria trimera de la Ley 19/2003).
Además, la licencia urbanística fue otorgada -según el Cabildo- en virtud de una modificación del Plan Parcial para su adaptación al Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que es "inexistente", es decir, que nunca se ha aprobado.
De hecho, el criterio de los servicios jurídicos del Cabildo sostienen que el Plan Parcial Playa Blanca quedó extinguido por efecto de la disposición adicional segunda de la Ley 6/2001, de Medidas Urgente. Por ello, el Cabildo ha recurrido todas las licencias de las que ha tenido conocimiento dentro del citado plan parcial.
Sin informe jurídico
Otro de los aspectos que más llaman la atención de este caso es que ni siquiera fue emitido "el preceptivo informe jurídico previo a la resolución sobre la solicitud de licencia". De ahí que el Juzgado confiera a la reclamación del Cabildo la "apariencia de buen derecho" y opte por paralizar la licencia para evitar, de paso, que la finalidad del recurso -que no se construya la promoción- no se cumpla.
La tercera
Esta última promoción paralizada en el Plan Parcial Playa Blanca es la tercera que frenan los tribunales a instancias del Cabildo. Así, también se ha resuelto medida cautelar contra un complejo de 38 chalets en la parcela R-21 autorizado por Reyes el 7 de septiembre de 2005 y contra un proyecto de 34 bungalows al que le dio vía libre el Ayuntamiento el 30 de agosto de 2005 en la parcela R9B.
Más detalles
RECURSOS. Después de que el Ayuntamiento facilitase las licencias al Cabildo de Lanzarote, la Corporación ha iniciado procedimientos judiciales para anular una quincena de licencias urbanísticas dadas por el Consistorio.
CAUTELAR. Según el Juzgado, "la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad al recurso".
* Diario de Lanzarote - 27 de junio de 2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - diariodelanzarote.com
Lanzarote: Golpe de la Justicia al Plan Parcial Playa Blanca
El convenio para demoler el hotel de Prasa en Estepona carece de tasación
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ELPAÍS/Málaga* : Uno de los convenios urbanísticos sobre los que más se han interesado los policías que investigan la trama de corrupción en Estepona es, al mismo tiempo, uno de los más recientes y polémicos. Se trata del acuerdo que permitió la demolición del hotel Estepona Playa, una mole de siete plantas que la promotora cordobesa Prasa levantó algo más que en primera línea de playa: el inmueble invadía directamente el dominio público marítimo terrestre.
El convenio con Prasa, firmado en noviembre de 2007, y el derribo inmediato de la estructura ilegal fue publicitado por el equipo de gobierno de Antonio Barrientos -actualmente en prisión- como un ejemplo de rigor urbanístico. Sin embargo, el convenio hacía aguas, a pesar de la gruesa capa de tecnicismos jurídico-arquitectónicos que sus redactores emplearon para dar al expediente un aspecto impecable. El arquitecto jefe del Servicio Técnico de Urbanismo, Ignacio de la Hoz, ahora en libertad bajo fianza de 50.000 euros, no incluyó en el convenio una tasación para valorar los terrenos que iban a ser objeto del acuerdo entre Prasa y el Ayuntamiento. Este detalle, que puede parecer menor, se traduce en que en realidad se ignora el beneficio económico concreto que ha obtenido la empresa con el acuerdo.
El hotel Estepona Playa recibió la licencia de obras en junio de 1999. A los pocos meses se iniciaron los trabajos frente a la barriada de pescadores de la playa de La Rada. El 11 de julio de 2003, cuando el edificio era ya un esqueleto de hormigón de siete alturas sobre un solar de 3.569 metros cuadrados, la Demarcación de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente paralizó las obras porque parte de la estructura invadía el dominio marítimo terrestre, entre otros incumplimientos. Prasa obtuvo en los tribunales que el coste del derribo, 1,2 millones de euros, no saliera de su bolsillo. El convenio de noviembre estipulaba que sería la propia Dirección General de Costas la que correrá con el coste de la demolición.
Además, para compensar el lucro perdido por Prasa por no poder explotar el hotel ilegal, el Ayuntamiento acordó aumentar en 10.859 metros cuadrados de techo edificable el aprovechamiento de una parcela que Prasa posee en la playa de El Valerín. Esta modificación se incorporará al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona, actualmente en redacción. En el informe que elaboró para dar validez al convenio, Ignacio De la Hoz escribe lo siguiente: "Las inversiones realizadas por Prasa en la construcción existente en el solar [el hotel] resultar equivalentes respecto del incremento de aprovechamiento a realizar en el futuro PGOU de Estepona". Para emitir este dictamen, el arquitecto jefe municipal no se apoya en ninguna tasación, peritaje o valoración, según el expediente del convenio.
El acuerdo urbanístico también recibió el visto bueno del redactor del PGOU esteponero, Enrique Bardají, y del jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo, Andrés Flores. A este último la juez instructora de la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona dejó en libertad provisional sin fianza.
Por otro lado, la concejala de Cultura y Fiestas Mayores, Asunción López, expulsada del PSOE, reconoció ayer que los 90.000 euros intervenidos por la Policía en la sede de su concejalía no habían sido controlados por la Tesorería municipal. López aseguró que el dinero estaba custodiado en una caja fuerte de la concejalía y no en un cajón de su despacho, y afirmó que la cantidad correspondía al canon que los feriantes pagan al Ayuntamiento por el uso del suelo municipal para la feria que comienza el 1 de julio.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ / F. J. PÉREZ - Estepona - 27/06/2008
Foto: Estepona (Málaga), derribo hotel Prasa - diariosur.es
El ladrillo gana siempre
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ELPAÍS* : La huerta de Murcia es pasto de los pisos. Casas como la de Pedro y Violante, con limoneros, gallinas y conejos, están "llamadas a desaparecer", como afirma el Ayuntamiento de Murcia. Pedro y Violante, de 89 y 84 años, acaban de perder, tras meses de batalla judicial, el derecho a seguir en la vivienda que habitan desde 1946.
La Sección Primera de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha corregido al juez que les dio permiso a seguir allí porque en un piso -donde los realojaba el consistorio- peligraba su salud.
En noviembre pasado, Pedro Camacho explicaba en su casa cómo en 1973 fue operado en Barcelona. En un paseo por el hospital subió a un ascensor. "Estuve subiendo y bajando hasta que alguien me dijo cómo salir. No he vuelto a montar en uno". Siembre ha vivido en una casa baja en la huerta. Pero el ayuntamiento planeó a través de ésta una avenida de seis carriles vital para las miles de viviendas previstas en la zona.
El 26 de abril de 2006, el ayuntamiento acordó expropiar los 232,05 metros cuadrados de la casa de Pedro y Violante. Fue tasada en 163.034 euros, con lo que debían pagar un alquiler durante 18 meses y con el resto podrían optar a un piso protegido.
El 10 de mayo de 2007, los técnicos les dieron cinco días para desalojar la casa. Comenzaban las obras. El 14 de septiembre, con el trámite de expropiación avanzado, su abogado, Eduardo Salazar, probó una maniobra a la desesperada: pidió parar la expropiación por motivos de salud. Aportó un informe médico sobre los octogenarios. Padecían una "sintomatología ansioso-depresiva: pensamientos recurrentes e intrusos sobre la expropiación, falta de apetito y alteraciones del sueño, oscilaciones anímicas, se muestran asustadizos, con sensación de irrealidad". Pedía que en vez de un piso, el ayuntamiento les diese "una casa parecida, humilde pero en la huerta". El juez, en una decisión sorprendente -por lo humana- les dio la razón el 2 de noviembre y paralizó el realojo. Desde entonces, su casa es una isla en un mar de grúas. El ayuntamiento recurrió al Tribunal Superior: "Se está condenando al ayuntamiento a buscar casa en la zona, cosa difícil puesto que es una zona de crecimiento de la ciudad, donde las viviendas de similares características están llamadas a desaparecer".
El tribunal, en una sentencia notificada el miércoles, ha dado la razón al consistorio. Aunque admite que "el abandono de su vivienda puede ocasionar perjuicios" a la pareja, señala que la "vivienda ha sido expropiada y necesariamente han de abandonarla". La sala pide que sean los familiares los que le busquen "una vivienda similar". "No parece que mantenerlos en una vivienda en una zona en obras contribuya a esa forma de vida que es conveniente a su edad y circunstancias". Además, destaca el "perjuicio al interés general" que están ocasionando Pedro y Violante.
Contra el fallo no cabe recurso y Pedro y Violante deben pagar las costas del procedimiento. Su familia explicó ayer que conseguir una casa similar costaría más dinero del que han recibido porque hay que comprar una taúlla de terreno. "Ellos están abatidos. Se sienten humillados. Pedro dice que parece que estamos en los tiempos de antes", explicó un familiar. El ladrillo ha vuelto a ganar.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 27/06/2008
Foto: Murcia, Pedro y Violante ante su casa - CZ (elfarodemurcia.info)
Andalucía: Especulación inmobiliaria, construcciones y delitos urbanísticos, el pan nuestro de cada día
GAS/Reportaje* : Tras ver los casos de delitos urbanísticos de Sevilla y Cádiz, esta vez, se destacan casos del resto de provincias andaluzas. Veremos los casos más destacados y recientes, provincia por provincia. Como han sido en Córdoba, el “Caso Torreblanca”, donde se ha abierto un procedimiento penal contra varios policías locales. Y en Málaga la Operación Astapa, en la cual se ha detenido al alcalde de la localidad.
Huelva:
En Huelva, el mayor plan urbano de los últimos años ha sido aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). De este modo se llevará a cabo la construcción de 3.600 viviendas, un centro comercial y un palacio de congresos, integrados en el “Plan Parcial del Ensanche Sur de Huelva”.
El TSJA ha rechazado, de este modo, los recursos de la Consejería de Obras Públicas y la Junta de Andalucía, quienes pretendían rechazar el Plan Parcial para aplicar otro instrumento urbanístico: un Plan de Sectorización, que sólo podría ser aprobado por la Junta. Este Plan Parcial avalado por la justicia determina lo que se va a construir tras el estadio Nuevo Colombino, junto a la Ría de Huelva.
Córdoba:
En Córdoba, enmarcado en el “Caso Torreblanca”, se ha abierto un procedimiento penal contra varios policías locales a los que se imputan delitos relacionados con la supuesta falsificación de firma, alteración de denuncias de infracción urbanística y desaparición de actas y de datos del registro oficial de la Policía Local. Se ha informado que se borraron más de 1.000 expedientes de la Unidad de Disciplina Urbanística relacionados, en su mayoría, con la parcelación de Torreblanca.
Por lo tanto lo que empezó como una simple construcción de chalés ilegales en esa urbanización de la Sierra Cordobesa, ha continuado por una serie de delitos que superan los primeros denunciados por medio de una investigación periodística. Los implicados son un escolta de la alcaldesa y una pareja de municipales encargados de multar a quienes edifican ilegalmente.
Tras su denuncia en enero, el Ayuntamiento abrió una investigación, que demostraba la modificación de la fecha de las denuncias de la policía local y las actas de infracción.
El caso a pasado a los juzgados, con los supuestos delitos de la falsificación de la firma de un particular en un acta de infracción urbanística, la alteración de un registro oficial y la eliminación informática de datos.
Málaga:
En la serranía malagueña, en Ronda, el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, la Consejería de Obras Públicas y Ecologistas en Acción han recurrido ante los tribunales la construcción de la macrourbanización “Merinos Norte”.
Es un proyecto que se comenzó a construir en septiembre del 2006 y que prevée convertirse en un complejo turístico con dos campos de golf, 800 viviendas y demás infraestructuras turísticas y hoteles, promovidas por Promociones Club de Campo y Golf de Ronda SL y con el apoyo del Ayuntamiento de Ronda.
La denuncia de los colectivos vecinales, sociales, ecologistas y agrarios se centra en la amenaza de esta “obra faraónica” a la cantidad y calidad del agua del acuífero del que se abastecen diversas poblaciones de la sierra. De hecho, ya ha supuesto la muerte de miles de encinas en este paraje, la Sierra de las Nieves, declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. El complejo, que no cuenta con las autorizaciones oportunas para extracción de aguas, pone en riesgo el abastecimiento de 10.000 vecinos por la sobreexplotación, y por la contaminación por filtraciones, como ya demuestran informes de organismos oficiales.
El 31 de mayo 300 vecinos, ecologistas y ciudadanos preocupados por el medio ambiente y la salud de la comarca marcharon desde Cuevas del Becerro hasta la finca donde se pretende construir dicha obra. La manifestación, convocada por la Plataforma Cueveña en Defensa del Agua reclama la Junta la paralización definitiva de las obras, al incumplir la Declaración de Impacto Ambiental. A la misma han acudido colectivos sociales de la provincia de Málaga agrupados en la plataforma ciudadana por una Nueva Cultura del Territorio, así como asociaciones senderistas que exigen la recuperación de varios caminos públicos que la promotora ha cortado.
Por su parte, el 17 de junio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de la Policía Judicial hizo saltar a la luz otro caso de corrupción urbanística en la Costa del Sol, en Estepona. Este caso, destapado por la Operación Astaza, ha detenido al alcalde de la localidad, del PSOE, cuatro concejales, así como políticos, abogados y el arquitecto municipal; además han llamado a declarar numerosas personas sin saber cual es su implicación en los hechos, como el presidente de la inmobiliaria Prasa, una de las más potentes de Andalucía.
El fraude consta de irregularidades a través de licencias, convenios, recalificaciones o aprovechamientos urbanísticos. Según informó la Policía, se dedicaban a recalificar terrenos del Ayuntamiento para venderlos a empresas y clientes, con lo que se suman los cargos de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.
Ante este caso, que se asemeja al Caso Malaya en el modus operandi excepto por el menor calado e importancia, el PSOE ya ha expulsado al alcalde y ha declarado su rechazo a la corrupción, aunque su implicación en el Caso Malaya también fue importante. Además de los arrestos, los agentes de la UDEF realizaron treinta y ocho registros, tanto en Estepona como en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián.
Jaén:
En la provincia de Jaén, en Porcuna, el anterior gobierno local, encabezado por la ex alcaldesa, Ana María Moreno y otros cuatro ediles del mismo grupo de gobierno han sido investigados por presuntos delitos urbanísticos, ya que concedieron unas licencias urbanísticas para construir naves en la zona rústica de Carrajaén y otros parajes del municipio. Estos delitos se produjeron entre los años 2005 y 2006, en los cuales infringieron la ley de ordenación del territorio.
Las construcciones se hicieron con autorizaciones en las que los servicios municipales estaban en contra y sin éstos haber dado el visto bueno. Por ello, unido a diversas quejas de los ciudadanos, fueron llamados a declarar el pasado 19 de Junio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Martos (como ya se hizo en abril de 2006, sin llegar a ser archivado). Tras pedir la colaboración con la Junta de Andalucía, salieron a la luz nuevos casos de construcciones ilegales. El actual gobierno local del PP junto con la oposición (PSOE) quiere una actuación mediante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento por el cual pretenden marcar limitaciones en las edificaciones. Este debate llevado a cabo en el pleno de la Corporación, no obtuvo el apoyo del resto de las fuerzas políticas.
Granada:
En la vega de Granada, en Dúdar, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al proyecto de construcción de una megaurbanización en una zona de Sierra nevada que exige estudios de impacto ambiental serios. Sin embargo, ninguna de las tres urbanizaciones que componen este proyecto, lo han hecho. El proyecto, que incumple la legalidad vigente, supone 600 viviendas, proyectadas sobre un pueblo de 300 habitantes, lo que hace que rompa con el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Además, se situaría en una ladera de bosque mediterráneo de gran valor y calidad paisajística que alberga una interesante fauna protegida y destrozaría completamente el paisaje. También destaca el problema del agua, ya que no hay suficiente, y se planea extraerla del agua que abastece a Granada y el Área Metropolitana, por otro lado, las aguas residuales no cuentan con una salida clara. Por lo tanto, el Ayuntamiento no tiene excusas para implantar dicha urbanización, que no tendría equipamientos suficientes, ya que ni tan siquiera existe paro en dicha población.
* Grupo de Acción Social - GAS - 21/06/2008
Foto: Córdoba, urb. Torreblanca - abc.es
Urbanismo empantanado en Catral
ELPAÍS/Alicante* : Catral (9.400 habitantes), en el prelitoral de La Vega Baja, está preso desde hace un lustro de su doble cara urbanística: la legal, el casco urbano; y la ilegal, 1.300 chalés diseminados en tres millones de metros cuadrados de huerta. Esta segunda cara urbanística (el 25% del parque de viviendas) llevó al Consell a intervenir el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio el 3 de octubre de 2006.
La iniciativa la impulsó el entonces consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, en vísperas de la moción de censura del PSPV al jefe del Consell, Francisco Camps. Un año y ocho meses después de la suspensión del PGOU, la fisonomía urbana de Catral no ha variado un ápice: las casas ilegales siguen en pie en espera de un plan definitivo para legalizarlas. El Consell se ha limitado a abrir 217 expedientes por infracción urbanística, mientras el Ayuntamiento, gobernado por el PP desde mayo de 2007, se afana en elaborar una propuesta de concierto previo para legalizar las casas. El equipo de gobierno ha elaborado ya cuatro borradores. "Confiamos en que el Consell dé el visto bueno al último en la reunión de la Comisión Territorial de Urbanismo del próximo día 19", aseguró ayer el alcalde, Aurelio David Albero. "Nuestro objetivo es legalizar toda la trama a base de pequeñas bolsas, con viales, zonas verdes e infraestructuras", subrayó. El primer edil no supo cuantificar el coste que acarreará incluir dentro de ordenación las edificaciones. "Nuestro objetivo es que cueste lo que cueste lo paguen los constructores y promotores, y los propietarios, pero nunca los vecinos del casco urbano ni los agricultores que se han mantenido al margen del proceso urbanizador en la huerta". Albero, con todo, admite el lastre que suponen las casas ilegales para la economía del municipio. "Son residentes que no pagan impuestos y sí reciben servicios, como basura, correos, sanidad y educación, que han elevado la deuda del Consistorio hasta 1,8 millones de euros", aseveró.
La inactividad del Consell tras la intervención del PGOU es la primera baza de la crítica del grupo municipal del PSPV. "El Consell se limitó a dar un pelotazo mediático, y después se olvidó", afirma Francisco Illán, único edil socialista en la actual corporación. Las casas ilegales, levantadas entre 2000 y 2007, bajo el mandato del ex socialista José Manuel Rodríguez Leal, fueron una tumba electoral para el PSPV de Catral. El partido expulsó al ex regidor y cuatro ediles más y a otra decena de militantes que avalaron la lista alternativa de Rodríguez Legal (Socialistas por Catral, que obtuvo cinco ediles). Este grupo de ex socialistas represaliados concluye que el único efecto tangible de la "ejemplarizante" iniciativa de la Generalitat ha sido la fractura y pérdida del poder de los socialistas en Catral. Illán comulga con esta tesis y admite: "Las relaciones con nuestros ex compañeros son inexistentes".
En plena huerta del término, propietarios de casas ilegales y agricultores apuntan a la misma cabeza como responsable del caos, el ex alcalde Rodríguez Leal. "El tema es grave y estamos preocupados", asegura Marco, un galés propietario de una casa en el límite con el parque del Hondo. "Han destrozado la huerta, y ahora quieren que también paguemos la legalización de las casas", señaló José Vicente García, propietario de una graja ovina. "Por ahí, no pasaremos", añade.
La parálisis administrativa que atenaza las casas ilegales de Catral es extrapolable a la investigación judicial. Cuatro años después del inicio de la instrucción, el juzgado no tiene claro a quién imputar: Sólo tienen esa condición el ex alcalde y cuatro ediles de su junta de gobierno.
Crónica de una intervención urgente
- Medida "ejemplarizante". El 3 de octubre de 2006 el Consell suspende el PGOU de Catral para atajar las casas ilegales.
- Investigación judicial. En paralelo a la intervención del Consell, el juzgado retoma la denuncia por las casas ilegales e imputa al alcalde, el socialista José Manuel Rodríguez Leal.
- Fractura socialista. La imputación de Rodríguez Leal provoca la fractura del PSPV y el acceso a la alcaldía del PP.
- Concierto previo. El gobierno municipal del PP lleva cuatro intentos frustrados para legalizar las casas. El Consell se ha limitado a abrir 217 expedientes.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 27/06/2008
Foto: Catral - 20minutos.es
El caso Estepona, uno más
LUIS DE VELASCO* : ¿Cuántas Marbella, Estepona, Mogán, Andratx, Totana o Ciempozuelos más hay? ¿Son éstos los únicos casos de corrupción urbanística en nuestro país? Esta pregunta, sin duda, haría sonreir a cualquier español porque la respuesta es fácilmente previsible. Estos son los casos más sonados, hasta ahora. Hay muchos más.
Esta columna ha afirmado más de una vez que el “modelo” de crecimiento de esta última docena de años, basado sobre todo en el ladrillo, ha tenido serios costes no sólo económicos, sociales y ambientales sino también éticos. La corrupción inmobiliaria, que vino a sustituir a la famosa “cultura del pelotazo” de los años previos ( aquellos en los que se dijo por un ministro del gobierno socialista que España era el país donde más rápido se podía uno enriquecer) es prueba de ese deterioro de valores individuales y colectivos.
Algo va mal en un sistema en el que una firma de una autoridad en un convenio o en un contrato urbanístico puede hacer millonario al favorecido y a quien lo firma. A ambos porque, hay que insistir, en que en el extendido cáncer de la corrupción urbanística no hay sólo una parte como muchas veces se nos pretende hacer creer presentando como sólo culpable al político de turno o al funcionario. Lo que , muchas veces, se nos presenta como víctima ,el negociante, el empresario es, como mínimo, tan culpable. Ambas partes participan de este saqueo al erario público porque de ahí es de donde sale el dinero en último término.
Este fin de semana, la vicepresidenta del gobierno, refiriéndose al ,por ahora, último escándalo conocido, el de Estepona, ha anunciado una “persecución implacable” y un “castigo sin paliativos” para los responsables de la corrupción urbanística. Bellas palabras que, seguramente, la mayoría de la ciudadanía acoge con escepticismo. (Este caso ha sido “levantado” por las fuerzas de seguridad. Las denuncias anteriores de dos concejales del PSOE fueron desestimadas por sus superiores en el partido.) Hasta ahora, los poderes públicos, salvo algunas excepciones en períodos preelectorales, han sido escasamente diligentes tanto en prevenir estos comportamientos corruptos como en investigaciones y sanciones políticas en sus propias filas. Por su parte, la administración de justicia ha hecho lo de otras veces: poco y tarde. No basta con inculpar y juzgar si luego las sentencias son ridículas o no se ejecutan. ¿ Algún condenado devuelve lo robado alguna vez ?
La corrupción urbanística acompaña además a miles de obras, sobre todo aunque no únicamente en las absolutamente degradadas costas del país, realizadas con absoluto desprecio no sólo a la legalidad sino a consideraciones ambientales, sociales o colectivas. Se inician esas obras sabiendo que, aunque se declaren ilegales, nunca se derribarán. Un altísimo porcentaje de edificaciones de la costa están en esa situación, como han documentado informes de organizaciones ecologistas.
La ciudadanía , salvo una minoría concienciada con lo que esto supone, contempla estos casos con alejamiento y escepticismo. Peor todavía: vuelve a votar a políticos procesados por estos delitos, síntoma de ese deterioro moral que produce esta plaga.
* Estrella Digital - Opinión - 25.06.2008
