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ELMUNDO/Murcia* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de San Javier ha ordenado la detención del ex alcalde de la citada localidad murciana José Hernández, del promotor Santiago Martínez Esparza y de otras dos personas, J.V.N.A. y A.J.S.R., por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre otros. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia, agentes de la Guardia Civil han procedido este martes a las detenciones, así como a siete registros en domicilios particulares y profesionales de los detenidos en Murcia, Cartagena y San Javier.
Martínez Esparza ha salido en libertad con cargos y sin fianza. El promotor ha salido de los juzgados de San Javier acompañado por su abogado, José Pardo Geijo, minutos antes de las siete de la tarde, y ha abandonado la sede judicial en compañía de un familiar.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Javier ha establecido además para Martínez Esparza la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio de la Unión Europea, al tiempo que lo ha citado nuevamente en el juzgado para continuar prestando declaración.
Este miércoles está previsto la puesta a disposición judicial del ex alcalde de San Javier José Hernández, del PP, y de los otros dos detenidos, J.V.N.A. y A.J.S.R., que se encuentran en dependencias de la Guardia Civil de San Pedro del Pinatar.
El procedimiento se inició en 2008, tras una querella de la Fiscalía, y en el marco de este procedimiento se produjeron, también, en diciembre de ese año seis detenciones, entre ellas tres arquitectos, dos de ellos funcionarios municipales.
Entre los detenidos en esa operación estaban el arquitecto municipal de San Javier M. B, y el del ayuntamiento de Fuente Álamo, J.M.S.M., así como J.P.S.T., socio de los primeros en el despacho profesional Gruparq-3, ubicado en San Pedro del Pinatar.
Tanto M.B. como J.M.S.M. ya se encontraban imputados en un presunto caso de corrupción urbanística, junto con otras 12 personas, investigado en los municipios de Torre Pacheco y Fuente Álamo, en noviembre de 2007.
Asimismo el ex-edil Hernández, del PP, y Martínez Esparza ya declararon como imputados en 2006 ante el fiscal encargado de delitos urbanísticos, Juan Pablo Lozano, tras la denuncia interpuesta por el Grupo Independiente de San Javier, entre otros asuntos, por un convenio firmado entre ambos para la cesión de unos terrenos del promotor, donde estaba prevista la construcción del hospital comarcal, a cambio de "aprovechamiento" urbanístico.
* El Mundo - EFE - 29.06.10
Foto: San Javier (Murcia), ayuntamiento - regmurcia.com
Detenidos el ex alcalde de San Javier y otras tres personas por corrupción
Barcelona.- Una plataforma denuncia que no hubo concurso público para reformar el Born
ELPAÍS* : El antiguo mercado del Born no parece sacudirse la polémica de encima. Cuando las obras de reforma parecen encarriladas y la fecha de 2012 para reabrirlo como centro cultural para explicar la Barcelona de los siglos XVII y XVIII parece definitiva, surgen voces que denuncian supuestas irregularidades y que plantean alternativas al proyecto del Ayuntamiento de Barcelona. La plataforma El Torn del Born, formada por profesionales y vecinos del barrio de La Ribera, ya reclamó en marzo que el Born debería ser "una plaza pública abierta a cualquier tipo de expresión artística, cultural y comercial de los ciudadanos de Barcelona y no un museo cubierto". Ahora, además, denuncia supuestas irregularidades en la ejecución del proyecto.
Conrado Carrasco y Francesc Fàbregas, arquitectos y miembros de la plataforma, aseguran: "no hubo concurso para adjudicar las obras del centro cultural a los arquitectos Rafael Cáceres y Enric Soria. Por romanticismo se les adjudicó la reforma porque ya no podían hacer la Biblioteca Provincial, pero, en realidad, el Ayuntamiento estaba obligado a convocar un nuevo concurso para el nuevo equipamiento". Fuentes del Ayuntamiento aseguraron ayer que "se creyó oportuno hacerlo así por el esfuerzo realizado por los arquitectos".
Según Carrasco, "no es comprensible que el edificio que se expropió en la calle Comercial, un inmueble catalogado que pasó de uso residencial a equipamiento para albergar los equipos de refrigeración necesarios para la Biblioteca Provincial, haya acabado cumpliendo otros fines diferentes de aquellos para los que se expropió; en el Ayuntamiento están muy orgullosos de un edificio que no sirve para nada".
El jueves, El Torn del Born hará públicas sus denuncias y expondrá su propuesta de uso para el mercado del Born. "No queremos que el edificio de Fontseré sea un sarcófago de lujo para las ruinas", explica Carrasco, que denuncia también falta de información de la administración.
Ayer por la tarde arquitectos, responsables del Ayuntamiento y miembros de las asociaciones de vecinos de La Ribera se vieron las caras en la segunda mesa sobre las obras del Born, celebrada en la Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña. Durante el encuentro, algo tenso, arquitectos y miembros del Icub se defendieron de las acusaciones de falta de transparencia y aseguraron haber explicado el proyecto ampliamente. "Cinco veces en los últimos 30 días", afirmó García Espuche, director científico del nuevo Born. Con cierto desánimo, García Espuche lamentó la incertidumbre sobre el proyecto: "Dentro de 11 meses hay elecciones y no se sabe que puede pasar".
* El País - 30.06.10
Foto: Barcelona, mercado del Born - fotosdebarcelona.com.es
Nace en Almería la Plataforma Stop Urbanismo Salvaje que se manifestará el domingo contra el hotel en el Parque Natural
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TELEPRENSA* : Varios colectivos almerienses han constituido la Plataforma Stop Urbanismo Salvaje en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar “por la intención que tienen ciertos empresarios, con el favor de las instituciones, de construir en una zona privilegiada”. Así lo ha expresado José Enrique Martínez, miembro de la dirección de Izquierda Unida. La plataforma nace, por tanto, con el objetivo de luchar contra la construcción de un hotel en terrenos especialmente protegidos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
“Por muy legal que quieran hacerlo, no vamos a permitirlo”, ha agregado Martínez.
Para ello han creado un grupo en facebook para que la gente se una y les apoye y utilizarán todos los medios que tengan a su alcance para impedir la construcción en la zona. Así, el próximo domingo 4 de julio tienen previsto realizar una manifestación que partirá a las 11 de la mañana de la iglesia de Las Salinas hasta la Fabriquilla. En ella participarán colectivos como Amigos del Alcazaba, Ustea, Ecologistas en Acción, la Asociación Argar, Caja de Pandora o el Foro Social de Almería, entre otros.
* Teleprensa - 30.06.10
Foto: Playa de Cabo de Gata - teleprensa.es
A Coruña.- El urbanismo que se puede contemplar desde la bahía
LAVOZDEGALICIA* : Media luna en el cielo. Un barco fondeado en la salida de la ría. Hace un tiempo que el sol también se fondeó en el mar. Desde la cubierta, el perfil de la costa dibujado sobre el azul oscuro de la noche naciente evoca un idílico paisaje caribeño. Es solo una evocación, lo que hay enfrente no tiene nada que envidiarle a ningún rincón al menos visto desde el mar: el poblado de As Xubias y la desembocadura de la ría de O Burgo. En la cubierta del Rías Altas I-Ferrol , micrófono en mano, uno de los mayores expertos en planificación urbanística de España, José María Ezquiaga, responde a las preguntas de un grupo de inquietos arquitectos. Palabra a palabra, pregunta a pregunta, los convocados parecen conjurarse para salvaguardar un espacio que consideran único.
«En las encuestas -explica uno de los componentes del grupo DoDó- casi todo el mundo nos mencionaba el sitio ese de la parra como el mejor de esta zona». Ezquiaga confirmaba que esos espacios con parra «son siempre emblemáticos en todos los sitios, también porque cada vez hay menos».
Aunque las reflexiones urbanísticas viajaban a otros lugares del mundo -«en Japón las lonjas son un espacio de atracción turística, bien planificado», decía Ezquiaga-, el recorrido marítimo había empezado un par de horas antes en la Dársena, ante uno de los espacios emblemáticos del borde marítimo de A Coruña como son las galerías. «¡Apaga o motor, home!, que non podemos saír», pedía el patrón de un pesquero que se disponía a salir a faenar.
Poco después zarpaba el barco de los arquitectos, para doblar la punta del dique de abrigo; a lo lejos, entre la bruma del atardecer, se atisbaba el borde marítimo de los Pelamios, San Amaro (evocando a Serrat en su petición de que le entierren «en la ladera de un monte, más alto que el horizonte...») y la Torre.
Con varios pesqueros volviendo por popa, el barco de los arquitectos inició el recorrido del borde litoral, pasando por el muelle de trasatlánticos y luego el pesquero. «Desde aquí se ve cómo la nueva lonja corta la bajada al mar de varias calles», apuntaba el presidente de la delegación coruñesa del COAG, Manuel de la Iglesia. Ezquiaga escuchaba las explicaciones, elogiaba la vieja lonja como «arquitectónicamente más interesante que la nueva» e indicaba que podría ser de un discípulo de Torroja.
«Nadie es dueño del puerto»
Comentarios sobre la ampliación del muelle de contenedores -«es un sistema que tiene menos impacto porque permite el paso del oleaje»-, y ante el muelle Calvo Sotelo uno de los responsables del grupo DoDó ofrece una publicación de Busquets sobre el puerto. En varios momentos, Ezquiaga insiste en la idea de la cohesión entre el puerto y la ciudad: «Que el puerto entienda que es un suelo público y que la lógica económica del puerto está ligada a la ciudad»; «si escucha esto el jefe del puerto dirá que es una tontería»; «nadie es dueño del puerto y menos la Autoridad Portuaria; se debe permeabilizar el puerto a la ciudad y la economía del puerto debe subordinarse a una economía más amplia, que es la de la ciudad, aunque no existe esta mentalidad».
«Esas son unas instalaciones para nitrato», apunta el fotógrafo, que un poco más adelante señala las barreras anticontaminantes de Repsol. A la altura de Casablanca, De la Iglesia destaca el amplio corredor sin edificaciones que ha provocado el paso del oleoducto.
«Estamos máis metidos na ría do que deberíamos», anuncia por altavoz uno de los organizadores, poco antes de pasar el micrófono para las preguntas y las palabras de Ezquiaga. La vivienda es el peor uso para el puerto, «el primer valor de la ría es la ría misma, es un valor irrepetible», el peligro de dilapidar un espacio como este o la adecuada programación del uso del litoral son algunos de los temas que plantea.
En el viaje de regreso hasta la Dársena, Manuel de la Iglesia insiste en que la presencia de destacados arquitectos en la ciudad, invitados por el COAG, pretende mostrar lo que se hace en otros lugares del mundo y apoyar que el plan Busquets se lleve a cabo. Fin de una clase a la luz de la luna.
* La Voz de Galicia - 30.06.10
Foto: A Coruña, barrio As Xubias - laopinioncoruna.es
La Justicia rechaza el recurso contra el convenio para desarrollar la ecociudad
LARIOJA* : Y van ocho resoluciones judiciales -al menos según las cuentas del consejero de Administraciones Públicas, Conrado Escobar- que respaldan el polémico proyecto de ecociudad del Ejecutivo riojano. La última, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), que desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Logroño contra el convenio urbanístico firmado por la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial y las promotoras privadas LMB y Progea: «El fallo ratifica también el procedimiento elegido por el Gobierno regional (convenio) para poner en marcha este proyecto de interés regional», explicó Escobar.
Y la penúltima, de la que también informó ayer el consejero, es otra nueva denegación de suspensión cautelar de los trámites, en este caso pedida por la patronal de construcción.
Así las cosas, Escobar recordó el contenido las ocho decisiones judiciales favorables: en primer lugar, el rechazo del Constitucional a la supuesta vulneración de la autonomía local, al que se suma el dictamen en el mismo sentido del Consejo Consultivo riojano; en segundo, la triple desestimación de los recursos de ecologistas, promotores y ayuntamiento contra la declaración de interés municipal; y en tercero, dos autos más denegando las medidas cautelares de paralización del proyecto y un nuevo auto confirmando el interés regional. «Teníamos competencia, el lugar elegido era el idóneo, el procedimiento el correcto y el proyecto es totalmente viable y al margen de reparo legal o jurídico alguno», recapituló el titular de Administraciones Públicas.
En este sentido, la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo, insistió en que «las decisiones judiciales ponen de manifiesto lo escrupuloso del proyecto» y lamentó la «poca responsabilidad de algunos dirigentes políticos del Ayuntamiento de Logroño». «El varapalo judicial sufrido -agregó Escobar- debería hacer desistir de nuevos recursos por dignidad política a los responsables municipales de la capital y la única salida digna que les queda es comenzar a colaborar en el desarrollo de este proyecto».
Respecto a la última sentencia, el TSJR da plena validez al convenio urbanístico al desestimar que «haya traslación o cesión de funciones públicas a favor de personas privadas»; al argumentar que el encargo de la redacción del proyecto a quienes se van a encargar posteriormente de la urbanización «es conforme» y, por último, al señalar que sí existe valoración económica de la actuación, en contra de lo argumentado por el Ayuntamiento.
La 'guerra' seguirá
Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano de Logroño, Miguel Gómez Ijalba, restó ayer importancia a la sentencia y aseguró que en ningún caso «legitima al Gobierno regional». Ijalba indicó que todavía queda por tratar «el fondo de este asunto», es decir, el recurso sobre la aprobación del proyecto definitivo, y aseguró que «el convenio ratificado en la sentencia dejó de tener valor cuando el Irvi desapareció de la ecociudad».
LA ECOCIUDAD
Viviendas. 2.392, de las que el 90% serán protegidas: el 50% de precio general, el 40% de precio pactado y el 10% libres.
La actuación urbanística. La ecociudad se prevé levantar en una parcela de 59,9 hectáreas, cuyos propietarios mayoritarios son LMB y Progea, promotores privados del proyecto.
Medio ambiente. La 'ecociudad' contempla la construcción de dos parques eólicos y un parque solar para generar la mayor parte de la energía consumida. Contará también con un sistema de reutilización de aguas y otro de recogida neumática de basuras.
* La Rioja - 30.06.10
Foto: Maqueta del proyecto planificado en el Monte El Corvo.- larioja.com
Bruselas investigará la revisión del PGOU de Peñíscola
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LEVANTE/Castelló* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado la demanda de la asociación vecinal Camí Vell de Peñíscola de investigar el proceso que se ha seguido en el municipio para revisar su Plan General de Ordenación Urbana que va a ser aprobado en pleno esta semana. Según la comunicación recibida de la presidenta de la Comisión de Peticiones fechada en noviembre del año pasado, se había solicitado ya a la Comisión Europea que iniciara una investigación preliminar sobre los diferentes "aspectos del problema" denunciados por la agrupación vecinal, que se queja de la falta de atención a las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición al público del documento urbanístico.
Así, y en relación a la presentación de alegaciones durante el verano de 2008, desde Camí Vell reprueban que "decenas de miles de alegaciones presentadas por cientos de ciudadanos no fueron admitidas pese a haber estar presentadas en tiempo y forma ante el Ayuntamiento de Peñíscola". "En consecuencia, no se puede considerar que la fase de exposición pública de este proyecto de Plan General se haya superado de forma satisfactoria. Estos hechos están siendo investigados por el Comité de Peticiones del Parlamento europeo", adelantaban ayer. El documento, fechado el pasado 18 de noviembre, está firmado por la presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni.
Comisión de seguimiento
Peñíscola celebró precisamente el pasado lunes una reunión de la comisión de seguimiento de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, según denuncian los vecinos, hacía "más de dos años que no se convocaba ninguna".
En este sentido, el colectivo vecinal ha denunciado que el Ayuntamiento de Peñíscola todavía no ha contestado la petición efectuada desde la entidad, para que las reuniones de la comisión de seguimiento del plan general fueran públicas y/o se grabaran las intervenciones y se facilitara copia a todos los participantes. Durante la reunión del lunes se exhibió y entregó una copia de un plano en que aseguran la asociación de Vecinos de Camí Vell "se observan variaciones muy escasas respecto al proyecto expuesto en 2008 y un CD con el informe de las alegaciones".
Desde Camí Vell aseguran que la Asociación ha solicitado durante este año 2010, "mediante varios escritos diversos documentos relacionados con el urbanismo que el ayuntamiento se ha negado a facilitar". "Sin información, la participación ciudadana no puede ser efectiva por ello exigimos que se cumpla la legislación y se faciliten los documentos", explican.
Por otro lado, el colectivo vecinal ha lamentado el "retraso" del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Peñíscola en aprobar un nuevo Plan General, "como demuestra el hecho que se haya tardado dos años en volver a convocar la Comisión de Seguimiento".
Esta situación provoca que se siga aplicando "un plan urbanístico anterior a la Constitución española de 1978", por lo que exigen la aprobación de un PGOU que cumpla c"on toda la legislación de aplicación, que sea socialmente justo para pequeños y grandes propietarios, medioambientalmente sostenible y económicamente viable".
Finalmente, la Asociación ha remarcado su disposición a participar en cuantas reuniones o iniciativas sean necesarias en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, siempre defendiendo los intereses de sus socios plasmadas en sus alegaciones.
* Levante-emv - 30-06.10
Foto: Imagen aérea del término municipal de Peñíscola, que el nuevo PGOU ordenará. LEVANTE-EMV
El fiscal acusa a Fabra de cobrar 300.000 euros por unas gestiones
ELPAÍS/Castellón* : La Fiscalía Anticorrupción mantiene que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, es autor de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Así lo explicó Luis Pastor el viernes ante el titular del juzgado nº1 de Nules, que presidió la vista en la que las partes debían concretar las imputaciones, previa a la decisión de archivar la causa o seguir con el procedimiento.
Según el fiscal, Fabra recibió cerca de 300.000 euros por las gestiones realizadas ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad con el fin de tratar de agilizar las autorizaciones para los productos fitosanitarios que fabricaba su entonces amigo Vicente Vilar, el mismo que después le denunció y acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Según el fiscal, Vilar le pidió a Fabra que "valiéndose de su cargo, intermediara y tratara de influir ante los ministerios para la obtención de permisos y licencias".
Luis Pastor afirmó que Vilar entregó dinero a Fabra "en atención por las actuaciones desplegadas por aquel [el presidente de la Diputación] ante la Administración central a fin de agilizar la tramitación y conseguir las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios". Y concretó las gestiones en "diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos".
El fiscal apuntó que, por este motivo, Fabra recibió, entre septiembre y octubre de 1999, más de 150.000 euros. Posteriormente, y "con el mismo motivo", recibió otros pagos a través de la sociedad Carmacas, que facturó al grupo de empresas de Vilar. "So pretexto de unos genéricos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo", entre 2000 y 2001, Fabra recibió otros 150.000 euros, con lo que el montante total del dinero entregado por Vilar al dirigente del PP asciende a más de 300.000, según el fiscal.La Unión de Consumidores, que representa la acusación popular, también concretó el viernes las imputaciones del caso Fabra. En su informe, la acusación desgranó la trama y concluyó que el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, llegó a recibir más de 500.000 euros de Vicente Vilar, el empresario que acusó al dirigente del PP de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. A los primeros 150.000 euros que supuestamente le entregó en 1999, la acusación popular suma otros 66.000 que presuntamente Vilar "pagó" en 2001 "en una bolsa de plástico". En su relato detalló, además, cómo, a través de distintas empresas de Vicente Vilar, Fabra recibió otros 330.000 euros como "contraprestaciones económicas", "emitiendo facturas falsas por trabajos inexistentes".
La fiscalía mantuvo la imputación contra Fabra, Vilar y contra la ex esposa de este, Monserrat Vives, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, pero consideró que no hay motivos suficientes para acusar al resto de imputados como autores, cómplices o encubridores, por lo que pidió el sobreseimiento para ellos, excluyendo también de la acusación de dichos delitos a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández.
Por el contrario, la acusación popular sostiene que los imputados a los que la fiscalía no quiere procesar "generaron presiones e influencias, cada uno a su nivel" y que entre todos crearon una "trama criminal" con la "perfecta coordinación de todos sus integrantes".
El actual titular del juzgado, Jacobo Pin, tiene así dos opciones: aplicar la doctrina Botín, que establece que si el ministerio fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusación particular (que en el caso Fabra no existe), no es posible iniciar un juicio exclusivamente a instancias de la acusación popular; o la doctrina Atutxa, que sostiene que cuando se carece de perjudicados concretos y nadie ejerce la acusación particular (como en el caso Fabra), la acusación popular basta para instar la apertura del juicio aunque el ministerio fiscal no acuse.
En lo que sí coincidieron tanto la fiscalía como la acusación popular es en la imputación del matrimonio Fabra por fraude fiscal. Ambos hicieron referencia al informe pericial que destapó ingresos millonarios en las cuentas de Fabra y su esposa y una cantidad defraudada a Hacienda, entre 1999 y 2004, de 1,7 millones de euros. La acusación popular consideró, además, que estos movimientos "no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboración de los directores de las oficinas bancarias", por lo que pidió la imputación de siete de ellos.
* El País - 29.06.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elmundo.es
Despilfarro en infraestructuras en Castilla y León
ECOLOGISTASENACCIÓN* : España es el país europeo con más kilómetros de autovías por habitante, y el primer país del mundo en kilómetros de AVE. Sin embargo, no somos los más desarrollados, pero ahora lo tenemos que pagar. Si dividimos la deuda española entre cada uno de nosotros, cada español debemos unos 12.000 euros. Y esta deuda la tenemos porque España ha dilapidado grandes cantidades de dinero en obras que no han contribuido al desarrollo de las personas ni de las regiones. Un buen ejemplo es Castilla y León, con cientos de kilómetros de autovías, 4 aeropuertos y 2 estaciones de AVE, pero la región se sigue despoblando y el tejido productivo de la región pierde peso. El progreso no está vinculado a este tipo de obras.
España es el país europeo con más kilómetros de autovías por habitante, y el primer país del mundo en kilómetros de AVE. Ello ha implicado un gran coste económico de las Administraciones. Tanta infraestructura ha sido un lujo que no nos podíamos permitir. La demanda insaciable de más carreteras, más AVE y más aeropuertos, ha ocasionado que el país entero se haya endeudado hasta límites insospechados.
También hemos pagado un alto coste ambiental. Se ha ocasionado un gran impacto ambiental en muchos espacios naturales, se han enterrado bajo cemento terrenos productivos, y se ha fomentado aún más un modelo de tranporte insostenible, basado en el coche, en el avión, y en el AVE. Mientras tanto, el ferrocarril convencional y el transporte público con autobuses a los pueblos se han ido abandonando. Además echamos en falta una mejora en servicios públicos como la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, o del trato de las Administraciones con los ciudadanos.
A este despilfarro y grave endeudamiento han contribuido prácticamente todas las Administraciones, desde la Unión Europea y el Gobierno de la Nación, al más pequeño y alejado de los Ayuntamientos.
En 2005 el Gobierno presentaba el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020 (PEIT), que preveía la construcción de otros 6000 kilómetros de autovías y 9000 kilómetros de AVE. El presupuesto era de 248.000 millones de euros, unos 7.300 millones de pesetas cada día durante los 15 años de duración del Plan. En febrero de 2010, ya en plena crisis, el propio Zapatero anunció 17.000 millones de euros más para el PEIT, el mismo dinero que ahora tiene previsto ahorrarse con la congelación de las pensiones, el recorte a los empleados públicos, y la eliminación de la ayuda a la maternidad. Por ejemplo, la autovía en construcción entre Burgos y Aguilar de Campoo costará unos 281 millones de euros, o los 25 kilómetros de autovía entre Palencia y Ampudia costarán 244 millones. Los 4 aeropuertos de Castilla y León suman una deuda acumulada de 234 millones de euros. El AVE de Palencia a Santander está presupuestado por ahora en 200 millones. Y “pequeñas” obras, como los 2,4 km de la Ronda sur de Valladolid, que han costado 38 millones. La futura autovía León-Asturias discurrirá paralela a la autopista actual, y la Autopista 2 mares, que unirá Santander con Miranda de Ebro por las Merindades, cuando ya existe esa conexión por Bilbao. Otras autovías que se han construido sin la intensidad de tráfico necesaria, como la Tordesillas-Zamora, o previstas, como la Palencia-Benavente o la Valladolid-León, serían perfectamente sustituibles por un mantenimiento de las nacionales existentes con nuevas variantes que eviten las travesías de los pueblos.
Además, cuanta más obra nueva, más gasto en conservación para el futuro. El Estado gasta unos 6 millones de euros al día en conservación de carreteras.
El Estado además ha tirado cientos de millones de euros en otro tipo de obras, como por ejemplo, hidráulicas. El embalse de Castrovido en Burgos, de 120 millones de euros, o la presa de Irueña en Salamanca, de 46.
La Junta de Castilla y León también ha contribuido al endeudamiento público. Se han construido autovías sin demanda, como la Burgos-León (400 millones), o la Valladolid-Segovia (350 millones de euros), y está prevista la construcción de la Almazán-Ágreda, (Soria), dos pueblos que ya estarán unidos por la autovía que el Estado está construyendo entre Medinaceli-Soria-Ágreda. En plena crisis y en época de recortes sociales, la Junta ha sacado a estudio informativo una autovía entre Salamanca y Piedrahíta (Ávila), una carretera recién reformada. La Consejería de Fomento tenía presupuestados, sólo para este año, 139 millones de euros en nuevas infraestructuras.
El Plan Regional del Duero tiene presupuestados 1460 millones de euros, para la construcción de las famosas “Cúpulas del Duero”. Dentro de este plan está incluída la CMA de Soria con un gasto previsto de 120 millones de euros.
Las Diputaciones provinciales no han sido ajenas a este hecho. El ejemplo más claro quizás sea el de la Diputación de Valladolid, que ha gastado 12 millones de euros en un proyecto ilegal y de dudosa rentabilidad, como la estación de esquí en Tordesillas.
La inmensa mayoría de los ayuntamientos también se han endeudado enormemente en obras de escasa rentabilidad. Por ejemplo, en Valladolid se han gastado 3 millones en el tunel de la Av. Salamanca, y está previsto que el puente de La Rondilla supere los 10 millones. Este gasto se ha visto agravado por el Plan E del Gobierno, que en sus 2 fases ha transferido 13.000 millones de euros a los Ayuntamientos. Hemos visto como se ha tirado ese dinero en cambiar aceras y remozar plazas. Por ejemplo, los 4,6 millones de euros con el que se pretende desplazar la fuente de Santo Domingo de León. En Valladolid, las llamadas 5 eco-terrazas han costado más de 1 millón de euros.
Ante el grave endeudamiento al que estamos sometidos, una decisión racional sería meter la tijera recortando esta locura de gastos en obras, en vez de recortar derechos sociales y laborales, como ha hecho el Gobierno, y se han apresurado a seguir el resto de Administraciones.
Como la realidad ha demostrado, el modelo económico basado en cemento y ladrillo es insostenible. No se puede construir eternamente, ya que ni hay demanda, ni los impuestos de los contribuyentes ni el medio ambiente lo pueden soportar.
Y ante la grave crisis ambiental que sufrimos, hay que paralizar tanta construcción desaforada, que fomenta un modelo de transporte insostenible, y tiene un impacto altísimo sobre espacios naturales y terrenos de cultivo.
* Ecologistas en Acción Castilla y León - 24.06.10
