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Q.CHIRINO/C.MORÁN/Granada.- Ideal* : "Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fechado el 30 de marzo ha suspendido cautelarmente el macro proyecto urbanístico promovido por el Ayuntamiento de Maracena en las instalaciones de la fábrica de pavimentos de Jimesa, unos terrenos de unos 60.000 metros cuadrados a la entrada del municipio y a un salto de la capital. La pretensión es sustituir las vetustas naves por más de 600 viviendas, un complejo administrativo y 24.000 metros cuadrados de equipamientos y zonas verdes. En su origen, también se contemplaba levantar un complejo hotelero, una idea que se desechó más tarde. La macrourbanización metería de golpe 2.000 vecinos más en el pueblo.
El proyecto, aprobado definitivamente por el pleno de Maracena en septiembre de 2005, fue recurrido por la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento empleó una 'innovación' -una figura urbanística rápida- para cambiar las normas subsidiarias del municipio sin necesidad de modificar las normas en sí. En definitiva, lo que consiguió con este enrevesado trámite fue que se pudieran levantar pisos donde hasta entonces sólo estaba permitido construir naves; técnicamente, cambiar el uso, de suelo industrial a residencial. Es una maniobra legal -siempre que se utilice de forma justa y equilibrada- y que Juan Carlos Benavides ha popularizado en Almuñécar, donde ante la imposibilidad de sacar adelante un nuevo planeamiento urbanístico (PGOU) lleva tramitadas un centenar de modificaciones puntuales del viejo.
Otro de los puntos enconados del litigio es la edificabilidad. Mientras que el Ayuntamiento considera que los solares tienen un coeficiente de 1,3, la oposición y la Junta lo rebajan a uno. La consecuencia es clara: caben menos pisos y el beneficio de la operación es menor.
El litigio
La Junta impugnó la aprobación del pleno al considerar que el Ayuntamiento estaba llevando a cabo una reforma de gran entidad que no se podía resolver de una forma tan simple, sin pasar por la Comisión Provincial de Urbanismo. Por contra, el gobierno municipal -apoyado en sus informes técnicos- defiende que el proyecto «no supone alteración de la condición del suelo sino de su uso» y alega que el solar está «enclavado en la actualidad en el casco urbano de la localidad, por lo que se considera adecuado trasladar la industria a otro lugar para mejorar las condiciones medioambientales».
El TSJA, sin entrar en el fondo del asunto, ha decidido suspender la macrourbanización porque -si se resuelve finalmente que es ilegal- se habrían consolidado «unas actuaciones urbanísticas en las que se consolidaría un aumento de edificabilidad que no se ha previsto». Dicho de forma sencilla: que no se podría dar marcha atrás.
El proyecto de Jimesa se enredó en los tribunales. El grupo de IU llevó el convenio a la Fiscalía, aunque el asunto se archivó hace un año. Por la vía de lo contencioso administrativo ha seguido unos derroteros diferentes. Pero en estos dos años farragosos, el asunto de Jimesa ha llegado incluso a la oficina del Defensor del Pueblo. Por partida doble.
En octubre de 2005, el Ayuntamiento maracenero anunció un recurso de amparo ante José Chamizo por lo que -entendía- era una «persecución política de la Administración autonómica».
Edificabilidad
Obras Públicas había modificado la edificabilidad y el Ayuntamiento interpretaba que «el informe de la rectificación es posterior a la aprobación definitiva del convenio de Jimesa en el pleno. No es serio que la máxima autoridad en materia de Urbanismo diga una cosa, la aceptemos y aprobemos en pleno y después diga que se ha equivocado», manifestó el alcalde de Maracena, Julio Manuel Pérez.
Antes, el PSOE había seguido el mismo camino. El Defensor del Pueblo sugirió al Ayuntamiento que analizara de nuevo en profundidad «el dictamen emitido sobre el asunto por Obras Públicas y Transportes y, en su caso, se reflexione sobre la necesidad de efectuar las modificaciones que procedan en el contenido del convenio objeto de tramitación para la nueva ordenación urbanística de los terrenos que en la actualidad ocupa Jimesa». Y aún no ha acabado.
*Ideal Granada - 12 de abril de 2007
Foto: LOS TERRENOS. La fábrica tiene pensado trasladarse a Escúzar. /JESSICA MUR /Ideal
El TSJA paraliza un proyecto urbanístico que prevé más de 600 viviendas en Maracena
Un tribunal paraliza 2.700 nuevas viviendas en Ponferrada
MariféMORENO.- EL PAÍS* : "Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha paralizado la pretensión del Ayuntamiento de Ponferrada, gobernado por Carlos López Riesco (PP), de construir al menos 2.700 viviendas más en el paraje de La Rosaleda. En esta parcela de más de 700.000 metros cuadrados el ayuntamiento planeaba la construcción de casi 5.000 pisos. Hasta ahora ha otorgado licencias para unos 2.300. El auto es consecuencia de una denuncia de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Bierzo, que reclama más espacios verdes y comunes.
Una sentencia de 2005 del mismo tribunal ya había anulado la ordenación urbanística de La Rosaleda, aprobada por la Junta de Castilla y León (PP), por la ampliación de la edificabilidad de las parcelas en detrimento de la superficie destinada a equipamientos públicos. El ayuntamiento recurrió ante el Tribunal Supremo, y la federación de vecinos pidió la ejecución de la sentencia para evitar que se siguieran dando licencias.
Alberto Zapico, ex presidente de la federación y miembro de la candidatura socialista al ayuntamiento, ha acusado al alcalde de prestar más atención a esta zona que a otras de los alrededores deterioradas por el paso del tiempo.
*ELPAIS.com - León - 13/04/2007
Foto: Barrio de la Rosaleda /elbierzodigital.com
Tenerife: sábado 14 de abril, manifestación contra la corrupción
indymedia* : "L@s canari@s tenemos una nueva cita en la calle este sábado 14 de abril, a las 12 horas en la plaza Secundino Delgado (conocida oficialmente con el nombre del criminal "Weyler"). Este sábado habrá nuevo ejercicio de democracia participativa, convocado por la Asamblea por Tenerife. Nos reuniremos en Santa Cruz para volver a decir lo que ya hemos gritado tantas veces en estos últimos años de lucha masiva contra la administración esperpéntica del tándem político-empresarial que gobierna y que nos tiene la democracia maltrecha : NO A LA CORRUPCION, NO AL PUERTO DE GRANADILLA.
Sí a los servicios públicos de calidad, a una sanidad y una educación digna, NO la autopista exterior y demás carreteras que cubre de piche lo poco que queda de tierra, NO a la RIC; en defensa del sector primario frente a la especulación, por las energías renovables, por el transporte público… ¡QUEREMOS QUE ESTO CAMBIE!
La adjudicación de las obras en granadilla tras los esfuerzos masivos de la ciudadanía para parar este disparate de puerto o la aprobación de nuevas camas turísticas tras las leyes de moratoria nos deja ahora bien claro que estamos sól@s. Sol@s ante unas leyes hechas a medida del poder, que se pliegan a su conveniencia. Pero también sabemos que nos tenemos a nosotr@s, que somos una multitud que es capaz de pensar, de hablar, de gritar: que no permitiremos que las condiciones sociales, económicas, culturales, medioambientales de nuestro pueblo se deterioren aún más.
¡Hacemos un llamamiento a la asistencia, con más fuerza que nunca!. Si luchamos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos. ¡por nuestra tierra, por nuestros hijos, salgamos a la calle a dar una patada en el culo al gobierno! ¡mándense a mudar!
*Canarias indymedia - 12 abr 2007
La Eurocámara condena la tolerancia con el urbanismo salvaje en la costa
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R.M.deRITUERTO/C.VÁZQUEZ.- EL PAÍS* : "La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer por 13 votos a 3 un demoledor informe sobre las tropelías del urbanismo salvaje español, así como varias recomendaciones para ponerles freno. El informe se centra en "el 'enladrillado' del litoral" mediterráneo, en particular el valenciano, sometido a "un expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural". El consejero de Territorio, Esteban González Pons, calificó en Bruselas el informe de "inquisitorial e injusto" por centrarse en Valencia "cuando en toda España se construye igual".
A la Comisión no le costó mucho aceptar los duros términos de este informe, según el cual "en ningún otro país de la UE se han violado de tal modo y en tal magnitud los derechos de propiedad de los ciudadanos ni se han recibido peticiones sobre este tema de ningún otro Estado miembro de la UE". El documento es fruto del viaje realizado entre el 27 de febrero y el 3 de marzo por dos eurodiputados (el polaco Marcin Libicki, del partido de los hermanos Kaczynski, y el laborista británico Michael Cashman) a Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.
"Lo que está ocurriendo a lo largo del litoral mediterráneo español no es tanto desarrollo sostenible programado de las comunidades locales -aunque tal desarrollo también se produzca- cuanto, con frecuencia, un expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural", señala el informe. El documento menciona también los graves obstáculos encontrados en su visita a la Comunidad Valenciana, donde el equipo investigador "halló una actitud más arrogante y donde se le facilitaron menos explicaciones".
La Comisión aprobó, con los votos de socialistas, verdes y liberales, las recomendaciones del informe, donde se insta a las comunidades autónomas a crear, con la participación de los defensores del pueblo locales, comisiones de arbitraje -la redacción inicial menciona "tribunales administrativos especiales", pero se varió la redacción-, a los que puedan tener acceso sin costes las personas directamente afectadas por proyectos urbanísticos. También se pidieron valoraciones económicas acordes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y el de los Derechos Humanos cuando se imponga una compensación por pérdida de la propiedad.
Pese al voto en contra de tres eurodiputados populares españoles incluido el suyo propio, Luis Herrero dijo: "Con este informe básicamente estamos bastante de acuerdo". La intervención de su compañero de partido Carlos Iturgaiz fue de rechazo frontal al contenido del informe, del que dijo que su objetivo es "desgastar" al Consell.
El eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein lamentó que el territorio valenciano "se haya convertido en el salvaje oeste europeo", mientras el parlamentario socialista Joan Calabuig recriminó la actitud de la Generalitat porque no ha defendido adecuadamente los intereses generales de los valencianos en esta cuestión.
González Pons, que pudo haber tomado la palabra en la Comisión, decidió no hacerlo finalmente. Éste cree ver intereses espúreos en la singularización de la Comunidad Valenciana "cuando en toda España se construye igual" y lamenta los onerosos costes en imagen, inversión y turismo que puede suponer semejante documento, que calificó de "inquisitorial e injusto".
Este último informe acaba aquí su recorrido. Aprobadas las recomendaciones en la Comisión, el contenido no se remitirá al pleno del Parlamento Europeo. Los dos representantes de la Comisión Europea -el del Mercado Interior y el de Medio Ambiente- explicaron que en junio se decidirá si el expediente abierto a España por falta de transparencia en los contratos públicos se remite al Tribunal de Justicia Europeo. También confirmaron que la Comisión ha abierto 19 expedientes contra España por abusos relacionados con atentados al medio ambiente.
*ELPAIS.com - Bruselas / Valencia - 12/04/2007
Foto: Los miembros de la delegación de eurodiputados en Valencia- SANTIAGO CARREGUÍ
