LuisFERNÁNDEZ-GALIANO* : "La arquitectura ha transitado del espectáculo al escándalo. Tanto los proyectos singulares como las urbanizaciones plurales se colorean con la sospecha del cohecho, y los filósofos resucitan el viejo espectro del pacto fáustico entre la arquitectura y el poder. Las estrellas del ramo aparecen asociadas a sátrapas, y los profesionales de infantería se descubren en compañía de concejales dudosos y comisionistas seguros. El crecimiento económico alimenta la actual floración de rascacielos emblemáticos y edificios totémicos, mientras el boom inmobiliario transforma el territorio en un magma indiferente, y esa combinación de gritos simbólicos y susurros hipotecarios ha construido una ciudad que sentimos ajena. Sin embargo, la urbanidad icónica y anónima es el retrato fiel de una sociedad próspera y superficial, que rehúsa reconocerse en el espejo oscuro de la ciudad cotidiana. Los medios emplean los términos 'especulación' y 'corrupción' como mantras hipnóticos que ocultan la legitimidad estructural del desarrollo urbano, y los jueces ofician un exorcismo preelectoral que finge expulsar demonios y miasmas de un cuerpo social robusto y sano, pero ni los unos ni los otros se sienten responsables de ese Moloch de hormigón al que han dado forma nuestros deseos compartidos.
Sí, tenemos la ciudad que hemos querido, y acaso también la que nos hemos merecido. Modelada por colosales fuerzas históricas -demográficas y técnicas-, que la política apenas encauza y la arquitectura sólo hace visibles, la ciudad contemporánea no es una geografía voluntaria, sino la expresión construida de lo que somos. Rasgarse las vestiduras ante la manifestación material del poder financiero, o escandalizarse frente a la extensión indiscriminada del asfalto, es tan farisaico como deplorar que los faraones construyeran pirámides, y tan hipócrita como llorar la destrucción de la costa donde hemos comprado el apartamento. Una sociedad desigual, que rinde culto al éxito económico y siente devoción por la celebridad, no puede lamentar que los contrastes se adviertan en el perfil urbano; y una sociedad hedonista, que persigue la satisfacción personal con ensimismamiento narcisista, no debe censurar que el ámbito de lo colectivo haya sido desventrado por una miríada de apetitos individuales. Nuestra Babel horizontal es el resultado del asilvestramiento de la humanidad, y los que predican la liberalización como panacea prefieren ignorar que seguramente no necesitemos más libertad, sino menos. La crisis de la ciudad no se dirime tanto en los tribunales de justicia como en el tribunal de la opinión, y ese escenario está ensordecido por unos medios adictos a la sensación, que entienden el escándalo como una variedad del espectáculo.
El que Vladímir Putin quiera llevar a su San Petersburgo natal la sede de Gazprom, levantando un rascacielos que dejará pequeña la catedral de Smolny al otro lado del río Neva, es tan explicable como el empeño de las cajas de ahorro sevillanas por construir, al borde del Guadalquivir, una torre que duplique la altura de la Giralda para albergar su futura sede común. Rusia exhibe la musculatura energética con la que intimida a la Unión Europea o a las repúblicas ex soviéticas de la misma manera que Sevilla se afirma frente a Málaga como capital económica andaluza: erigiendo colosos en ciudades históricas, y utilizando para ello a compañías controladas por el poder político. Tanto en el Neva como en el Guadalquivir, los arquitectos son comparsas en dramas urbanos cuyos argumentos no escriben -por más que se brinden a ofrecer imágenes seductoras o lemas publicitarios-, y cuyos protagonistas son ciertamente otros; una buena ilustración es la indiferencia con que fue acogida la renuncia a participar en el jurado del concurso ruso de los tres arquitectos extranjeros invitados, entre los cuales Norman Foster, que construye en Moscú una torre de mayor altura que la que hoy ostenta en Taipei el récord del mundo, una circunstancia que no le impidió dar en San Petersburgo una muestra tristemente estéril de independencia.
Nada parece ser capaz de detener la arrogancia del dinero y el petróleo. En España, el boom inmobiliario ha producido una nueva generación de millonarios, y unas empresas constructoras que están orientando su expansión hacia el sector de la energía, pero en otras partes del mundo son más bien los recursos energéticos los que alimentan la explosión urbana. Dubai, por ejemplo, que se jacta de usar la cuarta parte de las grandes grúas del planeta, tenía dos rascacielos en 1999, tiene hoy veinte, y tendrá noventa en 2012: un formidable crecimiento impulsado por los pozos del Golfo y canalizado a través de empresas respaldadas por el Gobierno, que espera convertir la ciudad en un centro financierocon este Manhattan del desierto, donde ya está a medio construir la torre que superará a Taipei y Moscú en la carrera de la altura. Son igualmente pujanzas petroleras las que impulsan el auge urbano de lugares tan remotos como Astana, la nueva capital de Kazajistán en las heladas estepas de Asia central, donde el mismo Foster ha inaugurado una monumental Pirámide de la Paz y tiene en marcha una ciudad del ocio con golf, playa y clima artificial bajo una carpa titánica; o como el nuevo centro de negocios de Khartoum en la confluencia del Nilo Blanco y el Nilo Azul, el mayor complejo en construcción de África, coronado por las sedes de las dos compañías petroleras que extraen el crudo de Sudán para los mercados chinos.
El maremoto urbano impulsado por la prosperidad acelerada, que está transformando los paisajes del planeta, arrastra también a los arquitectos con su ímpetu caudaloso, y muchos juzgarán ocioso entretenerse con melindres. ¿Coquetear con Putin, el líder de una superpotencia que está renovando viejos modos despóti-cos, pero cuyos favores se disputan Angela Merkel y Jacques Chirac? ¿Trabajar para Nursultan Nazarbayev, el dictatorial y mesiánico presidente kazajo, pero al que no se recatan de recibir ni la reina de Inglaterra ni el rey de España? ¿Construir para un régimen sudanés que está en guerra con parte de su propio pueblo, pero cuyo petróleo protege de la condena internacional por las matanzas de Darfur? Son preguntas sin respuesta, porque en su formulación maniquea está implícita la vigencia de una realpolitik que excluye cláusulas de conciencia, y que ha hecho de la gobernanza global una ficción consoladora estrepitosamente desnudada por la crisis climática. Y no muy distintas son las cosas en nuestro patio de Monipodio, con el agravante de que las disputas de galgos y podencos impiden perseguir siquiera los egoístas intereses nacionales en el puerto de arrebatacapas del desgobierno planetario.
Construyan para tiranos o contribuyan a la suburbanización insostenible, los arquitectos tienen tan escaso control sobre las mutaciones urbanas como los políticos venales o los promotores codiciosos. En nuestro país, la inmensa mayoría de las obras que nos hieren, de los edificios que nos ofenden y de los desarrollos que nos desmoralizan son previsiblemente legales: aprobados por instituciones democráticas, diseñados por profesionales cualificados y promovidos por empresas cuyo ánimo de lucro sólo puede reputarse de legítimo. Es cierto, hacemos la ciudad y ella nos hace a nosotros; pero la ciudad que hemos hecho nos produce tanto desasosiego que tenemos que hallar la causa del malestar en desviaciones o patologías del sistema, y buscamos la responsabilidad última de la enfermedad en un hatajo de pícaros, sinvergüenzas y mafiosos, confiando en que la tarea purificadora de los jueces drene el organismo social de sus humores mefíticos. Sin embargo, es dudoso que la persecución de la corrupción urbanística suministre por sí sola una ciudad mejor. Necesitamos otras leyes, y sobre todo otro marco de valores que no haga del individuo indócil el protagonista de la historia, porque la cupiditas aedificatoria que nutre la construcción oceánica del territorio reside en nuestros corazones y en nuestras cabezas. Parafraseando al Borges de la Nueva refutación del tiempo, la ciudad es un tigre que nos devora, pero nosotros somos el tigre.
*El País, 08/Enero
Exorcismos urbanos
Las recalificaciones sólo benefician a unos pocos
R. M. - El País 07/Enero - ENTREVISTA:
Jesús Lizcano (Madrid, 1956) preside Transparencia Internacional, una ONG encargada de desmenuzar y combatir la corrupción. Lizcano, catedrático de Análisis Economicos de la Universidad Autónoma de Madrid, defiende que se aireen los casos de corrupción y pide más agilidad a la justicia.
Pregunta. En el último índice de Corrupción de TI España ha bajado puestos. ¿A qué se debe?
Respuesta. España está en la posición 23 de 163 países, algo que aparentemente no está mal. Pero ha bajado la nota: si en 2004 obtenía un 7,1, ahora, es un 6,8, una tendencia preocupante. Se debe principalmente a un sector, el inmobiliario.
P. ¿Hay tanta corrupción urbanística, está tan extendida o es una impresión errónea?
R. Creo que no está ahora más extendida que antes, pero los jueces, la policía y los medios están sacando a la luz casos, y la población se está sensibilizando. Además, el boom inmobiliario ha facilitado la corrupción urbanística. Cuanto más desarrollo urbanístico, más corrupción potencial existe. No es malo que haya un desarrollo del sector de la construcción, es bueno para la economía, y beneficia a otros sectores, pero es necesario que se haga con controles para que no haya dudas sobre la forma en la que se gana el dinero por parte de unos y de otros.
P. ¿Por qué se produce?
R. Entre otras cosas, porque los Ayuntamientos tienen una especie de varita mágica que permite que un particular obtenga enormes beneficios. Hablo de las recalificaciones de suelo. Se trata de una decisión de un poder público, elegido por el pueblo, pero que genera beneficios a unos pocos, no a la colectividad. Esas enormes plusvalías van a bolsillos privados, y puede pensarse que a veces son bolsillos cercanos a los gobernantes o a los partidos políticos.
P. Ocurre con la urbanización, pero no con otras obras públicas. Nadie se enriquece porque designen su terreno como parte del trazado del AVE.
R. No, porque en esos casos se va a la expropiación, mediante un precio razonable y los propietarios no reciben toda la plusvalía.
P. Los casos están aflorando, pero en Marbella la justicia ha tardado 15 años en condenar a los responsables de unos atropellos urbanísticos clamorosos.
R. Habría que agilizar los procesos judiciales. Cuando la justicia es lenta es menos justicia, y genera una cierta impunidad.
P. Los ayuntamientos hacen muy complicado el urbanismo. ¿Es para que sea opaco o es que no hay forma de simplificarlo?
R. El urbanismo es complejo y en los detalles técnicos prácticamente sólo aparejadores y arquitectos los comprenden. Pero lo fundamental, cuánto y dónde se va a poder construir, qué beneficios genera..., esto se puede resumir para que lo entienda bien el ciudadano. Necesitaríamos una ley de acceso a la información pública, ya que somos uno de los cuatro países europeos sin ella. Además, habría que obligar a los ayuntamientos a colgar en su web los planes generales de ordenación urbana y hacerlos comprensibles. Pero sobre todo, deberían publicar los convenios urbanísticos, en los que pueden cambiar a su antojo el planeamiento urbanístico, y deberían publicarlo, no cuando esté aprobado, sino durante toda la tramitación. Además también deberían publicar las modificaciones de las obras, que a veces no se justifican y dan beneficios a los promotores. Se necesita más transparencia en los Ayuntamientos.
P. ¿Qué más medidas?
R. Que toda operación urbanística que suponga un porcentaje importante del presupuesto municipal debería estar supervisada por otra administración, la autonómica o la central.
P. ¿Tienen demasiado poder los ayuntamientos?
R. Hay municipios muy pequeños donde hay empadronamientos ficticios, lo que facilita luego autorizar determinadas urbanizaciones. Tienen que estar tutelados en algunos casos, porque hay ayuntamientos realmente pequeños que hacen luego operaciones espectaculares. Además, hay que hacer que los procedimientos judiciales sean más fluidos y controlar más las sociedades públicas municipales. Y se podrían crear secciones especializadas en delitos urbanísticos en las Audiencias provinciales para que llegue a haber jueces especialistas al respecto.
Hay corrupción en la financiación de los partidos
ENTREVISTA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - RAFAEL MÉNDEZ - El País 07/Enero
En medio de la tormenta de escándalos urbanísticos, dos expertos en asuntos de corrupción aportan propuestas para combatirla. Coinciden en que las decisiones sobre urbanismo no pueden estar sólo en manos de los ayuntamientos. La financiación de los partidos políticos emerge como uno de los problemas de fondo por resolver.
Fernando Jiménez, nacido en Almería hace 43 años es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Murcia.
Pregunta. ¿Está tan extendida la corrupción?
Respuesta. Es muy difícil de saber. Corrupción es sacrificar el interés público en beneficio privado, pero según la ideología varía la definición de interés público. En términos mundiales, España no está en mal lugar, pero debería preocuparnos porque afecta a la calidad de la democracia.
P. ¿Dónde está la corrupción?
R. En el urbanismo, la contratación pública y la financiación de los partidos políticos y todos estos terrenos están frecuentemente relacionados. Está concentrada principalmente en el nivel local por problemas en el diseño institucional que dan lugar a fallos en los sistemas de control.
P. Dice que corrupción es sacrificar el interés público en beneficio privado. Hay casos en los que un alcalde regala suelo público a una promotora e inmediatamente lo recalifica. En ese caso la plusvalía de un suelo público va a la promotora. Pero el alcalde no se esconde, dice que lo ha hecho para que haya empleo y el pueblo lo apoya. ¿Eso es corrupción?
R. Muchas veces el 90% de los electores respaldan esas decisiones. ¿Aun así se vulnera el interés público? Puede ser. Está el derecho de la minoría y el derecho de las generaciones futuras a disfrutar de esos lugares, del medio ambiente. Aunque todo un pueblo quiera construir 10 alturas en una playa virgen o talar un pinar, puede haber corrupción. Un aspecto fundamental de la democracia es que la mayoría no puede hacer lo que le venga en gana. No hay peor tiranía que la de la mayoría. Hay límites legales. Y el interés particular de los ciudadanos de Águilas, de Carboneras o de Las Navas del Marqués no está por encima del interés público de los españoles y de las próximas generaciones a disfrutar de playas vírgenes o pinares.
P. Sin embargo, en España, un pueblo de 100 habitantes en el Pirineo puede decidir construir 10.000 viviendas.
R. En esos casos está el interés de todo el país. Vivimos en un sistema compuesto. No puede ser que la decisión esté en un solo nivel, el local. No es fácil de arbitrar, pero debería haber más intervención y coordinación con el nivel de gobierno autonómico y el central. La decisión de un ayuntamiento afecta a los de alrededor, a todo el entorno. No vivimos en pueblos aislados. Hoy uno trabaja en un ayuntamiento, vive en otro, veranea en otro y sus padres están en otro. No son comunidades rurales aisladas como en el siglo XIX que puedan actuar cada una por su cuenta.
P. ¿Cuánto dinero de la corrupción acaba en los partidos políticos?
R. Tenemos un cierto conocimiento de las finanzas de los partidos a nivel central, pero no en los gastos a nivel local. Son muy significativas las declaraciones del recaudador de Telde. Decía que el partido les mandaba dos millones para la campaña y que ellos gastaban 15. Nuestro nivel de conocimiento es bajísimo, pero las campañas cada vez son más caras, nadie respeta los topes de gastos. Y eso atenta contra la base de la democracia, que es la equidad. Si tu rival gasta más que tú, uno está tentado a meter más cuñas en la radio, a hacer más encuestas. Si permitimos esto, quien tiene más dinero influirá más. Hay que reformar el sistema de financiación de los partidos para hacer más eficaz la fiscalización.
P. Si al que Gobierna le va bien, nunca va a cambiar.
R. Es difícil porque los partidos en la oposición asumen que les toca tener menos dinero durante un tiempo, hasta que gobiernen una diputación o un ayuntamiento y se de la vuelta a la tortilla. CiU ha perdido muchas donaciones desde que no gobierna en Cataluña.
P. ¿Cómo afectarán los casos de corrupción electoralmente?
R. La primera reacción ante estos casos es el cinismo. Es decir que todos son iguales, unos trincones y que "yo si pudiera haría lo mismo". El sentido de lo público está muy poco desarrollado en España. La gente no siente que el bosque, la playa, el suelo sea suyo.
P. O sea, que no tiene impacto electoral.
R. Lo tiene generalmente en momentos de crisis económica. Si el mercado urbanístico se hubiera venido abajo en la época del GIL, no creo que esta partido hubiera controlado durante tantos años Marbella.
